IDD-Lat 2010 |
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Colombia |
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recibe en Libertades Civiles y en Derechos Políticos son unas de las peores de la región. Es lógico que por estos resultados permanezca, en esta dimensión, bastante por debajo del promedio regional.
El país se encuentra en una etapa de revisión de la forma en que el Estado se relaciona con sus ciudadanos, y en correspondencia con ello, el año parlamentario se inició con la aprobación de una Ley de Inteligencia, en la que se prohibía la recolección y registro de información sobre una persona en función de su afiliación política o su pertenencia a un sindicato o a una organización social o de derechos humanos. En septiembre, en un decreto para la aplicación de esta Ley de Inteligencia, se ordenó una revisión de los expedientes elaborados en función de dichos criterios por todos los servicios de seguridad, incluidos los militares. Dichos expedientes se habían utilizado a menudo para iniciar procedimientos penales infundados contra activistas. Al finalizar el año no se había facilitado información alguna sobre los resultados de la revisión. En abril, los medios de comunicación habían revelado que el DAS, organismo nacional de inteligencia que operaba bajo la autoridad directa del presidente, había estado llevando a cabo durante mucho tiempo actividades de espionaje ilegales y generalizadas contra defensores de los derechos humanos, políticos de la oposición, jueces y periodistas con el fin de restringir o neutralizar su trabajo. Según los informes, la operación se había realizado en estrecha colaboración con grupos paramilitares. Debido a dichas acusaciones, en septiembre, el gobierno anunció que iba a desmantelar el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Por otro lado, el gobierno se negó a apoyar un proyecto de ley, conocido como Ley de Víctimas, encaminado a otorgar reparación a las víctimas del conflicto de manera no discriminatoria, es decir, con independencia de que el perpetrador fuera un agente del Estado o no. El Congreso rechazó el proyecto de ley.
Las consultas internas para definir candidatos presidenciales en Colombia se llevaron a cabo parcialmente el 27 de septiembre de 2009. En ellas se elegía a los candidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático que buscaban la presidencia del país en las Elecciones de 2010. En el Partido Liberal Colombiano, el candidato Rafael Pardo fue quien sacó la mayor cantidad de votos, con el 37,7%. En el Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro obtuvo el 52% de los votos.
Adicionalmente, ha mejorado el valor en Accountability. El resto de los indicadores ha sufrido pequeños retrocesos respecto al año anterior tanto en Percepción de la Corrupción, como en el indicador de Desestabilización.
Se firmó un Acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, de tipo militar, con el que ambos países buscaban combatir con mayor eficacia el narcotráfico y el terrorismo en territorio colombiano. A Estados Unidos se le permitiría mayor acceso a siete bases militares, incluyendo la Base Militar de Palanquero que era considerada estratégica por su posición en el continente americano.
El presidente Alvaro Uribe pidió a los miembros de Unasur que se realizara una sesión extraordinaria en el Consejo de Defensa Suramericano. La reunión se realizó en Bariloche, Argentina. El presidente Hugo Chávez y el presidente Evo Morales fueron los críticos más fuertes contra la decisión del presidente Uribe de permitir que Estados Unidos accediera a bases militares colombianas ya que según ellos representaba una amenaza para la seguridad de Sudamérica. Chávez hizo referencia a la presunta participación de Estados Unidos en el Golpe de Estado de Honduras de 2009. Por el contrario, el presidente peruano Alan García, alegó que los países tenían el derecho de realizar acuerdos bilaterales con el país que quisieran en el marco del estado de derecho. García criticó que el presidente Chávez le vendiera petróleo y negociara con Estados Unidos y al mismo tiempo lo acusara de querer "invadirlo".
Las FARC lanzaron ataques indiscriminados, que afectaron sobre todo a la población civil. Según cifras del gobierno, el número total de secuestros descendió de 437 en 2008 a 213 en 2009. La mayor parte de los secuestros se atribuyeron a bandas de delincuentes, pero los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayoría de los relacionados con el conflicto.
El 21 de diciembre, las FARC secuestraron y mataron al gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.
En materia de mecanismos de democracia directa, enero de 2009 despertó con una nueva polémica en torno a las posibilidades de reelección para un tercer mandato de Alvaro Uribe y la convocatoria a un referendo. El representante por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, denunció a 86 colegas suyos por votar el referendo reeleccionista cuando había dudas sobre la financiación de la recolección de firmas. El parlamentario acusó a sus colegas de incurrir en el delito de prevaricato al no tener en cuenta los vicios de la iniciativa. Eran elementos suficientes para que el Consejo Nacional Electoral, el 25 de marzo, decidera que había méritos para investigar a los promotores del referendo reeleccionista por violar los topes de financiación y una semana después vinculara, entre otros, a David Murcia, cerebro de la comercializadora DMG, por su supuesto aporte millonario al referendo. En la opinión pública quedaba un sabor amargo de un proyecto tramitado en modo ilegal pese a la sensación generalizada de que, con su popularidad, el presidente Uribe no necesitaba un montaje de tales dimensiones para convocar a un referendo.
El 31 de agosto, tras un pantanoso trámite con 85 votos a favor y 5 en contra, fue aprobado el informe de conciliación del referendo reeleccionista que buscaba habilitar a Uribe para que se presentara a una nueva reelección. La Cámara de Representantes aprobó definitivamente el referendo reeleccionista, sin embargo las dudas sobre su financiación seguían por otros caminos. El 20 de septiembre los promotores del referendo le pidieron al CNE que les devolvieran la documentación de la financiación de la recolección de firmas con el fin de hacer “unas correcciones”. Es así como la sala plena del CNE decidió, el 6 de octubre, dejar la investigación de las cuentas del referendo en manos de tres conjueces, quienes el 12 de noviembre declararon inválidas las firmas que respaldaban el referendo pues la financiación de su recolección violó los topes establecidos por la ley, decisión que fue calificada por el gobierno como una arbitrariedad. Posteriormente surgió un nuevo vicio de forma. La sesión extraordinaria que había realizado la plenaria de la Cámara para aprobar el texto del proyecto de referendo reeleccionista durante la madrugada del 17 de diciembre de 2008, quedaría sin piso por considerarse que la citación fue irregular. Sin embargo, esta denuncia luego se diluyó y no tuvo mayor trascendencia. El año 2009 concluyó sin una resolución final para el mayor dilema político colombiano, sin saber si el presidente Uribe podría o no intentar acceder a un tercer mandato consecutivo.
Unos 80 miembros del Congreso se encontraban sometidos a investigaciones penales por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En septiembre, la Corte Suprema de Justicia había resuelto que era competente para investigar a los legisladores que habían renunciado a sus escaños con el fin de asegurarse de que sus casos los investigara la Fiscalía General de la Nación, donde esperaban ser tratados con mayor indulgencia.
El crecimiento de la economía colombiana logró eludir la crisis internacional. Sin embargo, sus efectos en el comercio y el deterioro de la confianza de los agentes económicos se sintieron en la actividad económica del país durante la primera parte de 2009, mientras que en el segundo semestre la recuperación se vio parcialmente afectada por los efectos de las restricciones comerciales impuestas por la República Bolivariana de Venezuela, que se tradujeron en una marcada caída de las exportaciones a ese país. Durante 2009 se redujo la inflación, lo que ha permitido una flexibilización de la política monetaria, y se estima que a fines de año no supere el 3,0% y que en 2010 se ubique en un rango del 3,0% al 4,0%. La principal estrategia del gobierno para contrarrestar la crisis consistió en ejecutar más rápidamente el gasto en infraestructura, lo que permitió otorgar dinamismo a algunos sectores. Para 2010 se espera que continúe la recuperación de la actividad económica y un crecimiento en torno al 2,5%, impulsado principalmente por el repunte del consumo privado.
A pesar de que durante los ocho años de la administración Uribe hubo notorios avances en materia social, muchos de esos logros fueron opacados por fenómenos como la crisis del sistema de salud y la ineficacia de las políticas estatales para doblegar el desempleo. Y fue precisamente la escasez de plazas laborales el “talón de Aquiles” de la era Uribe. A pesar de los esfuerzos de su Gobierno, no se cumplió la promesa de llevar el índice de desocupación a una cifra de un solo dígito. En el 2002, el Gobierno heredó una tasa de desempleo del 14%, la cual saltó a 15,2% en diciembre de ese año. Finalizó con una del 12,1%, considerada un avance, pero insuficiente tras crecimientos económicos anuales promedio del 5,5%. En estos ocho años, la cifra de desempleados se redujo de 3,5 millones a 2,4 millones, pero la informalidad se disparó, al punto de que se estima que seis millones de colombianos viven actualmente del “rebusque”, mientras que en 2002 el fenómeno alcanzaba a menos de cuatro millones de personas.
Por otro lado, y luego de un tiempo de calma relativa en el período 2002-2006, los problemas en el campo de la salud estallaron durante 2009 al agravarse la situación financiera de hospitales y clínicas, a las cuales se adeudaban más de $3 billones. Tal coyuntura obligó al Gobierno a adoptar en diciembre del 2009 una polémica Emergencia Social para reformar y unificar los regimenes subsidiado y contributivo y conseguir más recursos. Pero la Corte Constitucional la declaró inexequible. Sin embargo, los Ministerios de la Protección Social y Hacienda lograron la aprobación en el Congreso de la República de una reforma tributaria para el sector salud.
Pese a las críticas y a los problemas, la cobertura en servicios de salud saltó de 13 millones de personas en el régimen contributivo en el 2002, a 17,2 millones, mientras la población en el régimen subsidiado pasó de 10 millones a 22,4 millones. La población no cubierta es de 4,7 millones de personas.
Uno de los logros de la política social fue el impulso al programa Familias en Acción el cual pasó de beneficiar a 320.000 personas con subsidios y ayudas, a 10 millones de colombianos pobres y desplazados por la violencia. Los recursos entregados y las inversiones superaron los $7 billones en mil municipios.
Igualmente, en el campo educativo, la cobertura en educación superior pasó de 24,5% en el 2002 a 35,5% en el 2009. El 82% de los nuevos cupos se crearon en el sector oficial y cada vez son más los jóvenes de bajos recursos que logran acceder a la educación superior. En educación primaria y secundaria se amplió la universalización de la educación secundaria. El punto negativo, sin embargo, es la baja calidad en muchos programas, sobre todo en las ciudades intermedias y en los municipios más pequeños del país. |
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