IDD-Lat 2010 |
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Argentina |
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El desempeño de la República Argentina, considerando todo el período de medición del IDD-Lat desde el año 2002, ha sido desparejo. Inicia la serie por encima del promedio de la Región, para descender al año siguiente, obteniendo la peor puntuación de la serie, como producto de la grave crisis 2001-2002. A partir del 2004 comienza su curva ascendente, con un pequeño descenso en el 2008. En el 2009 vuelve a crecer, aunque en la medición 2010 vuelve a caer más del 3%. Sin embargo, logra mantenerse por encima del promedio de la Región y forma parte del grupo de países de desarrollo democrático medio (Ver Gráfico 3.1).
Sigue ocupando el 6º lugar del Ranking de los 18 países latinoamericanos y lidera junto a Chile y Uruguay el desarrollo democrático en la zona MERCOSUR. Es necesario destacar que el retroceso de este año se origina por los peores comportamientos observados en las Dimensiones II (derechos y libertades donde el país se ubica en el 4° lugar de la región) y III (calidad institucional y eficiencia política donde se encuentra en 15° lugar), mientras que las subdimensiones que miden la capacidad para generar políticas que aseguren bienestar y eficiencia económica presentan una leve suba.
Las características de enfrentamiento y disenso que hicieron eclosión en la crisis político-institucional de fines de 2001 parecen reaparecer erráticamente y con diversos temas en el seno de la sociedad argentina. A su vez, el gobierno parece reconocer ese emergente y lo utiliza con variados temas que, aunque dividen a la población, le permiten lograr alineamientos incondicionales de sectores que adhieren fervorosamente a los temas planteados como encrucijadas políticas. Esta situación, sin embargo, profundiza en los sectores más independientes una visión de la política como algo ajeno, turbio o peligroso. Esa desconfianza se refleja en las encuestas de opinión que indican que la imagen negativa de los dirigentes es muy superior a la positiva, no sólo para los representantes del Gobierno nacional sino también para los de la oposición. Esta circunstancia de caída vertical de la consideración ciudadana sobre la práctica política en general y sobre los políticos en particular -ya sin distinción partidaria- muestra el clima en que se desarrolla la opinión pública tras los diversos escenarios de conflicto que escalaron en una confrontación que aún no concluye.
 Los indicadores que conforman la dimensión Derechos Políticos y Libertades Civiles, detienen la curva de ascenso de los últimos cuatro años, con una pequeña caída en la puntuación. Sigue ocupando el cuarto lugar del ranking. La puntuación de la dimensión es 6% menor que la obtenida el año anterior,
aunque sigue superando el promedio regional (Ver Gráfico 3,2). Al igual que otros países de la Región, Argentina no ha podido lograr mejoras en el indicador Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.
Uno de los indicadores de la Dimensión II, que tuvo variación en esta medición, fue el Voto de adhesión política, porque se realizaron las elecciones para la renovación parcial del Congreso, es decir se eligió la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los miembros de la Cámara de Senadores. Se adelantó la fecha de la elección. De acuerdo a la normativa vigente, la elección debía realizarse el último domingo de octubre, pero el Ejecutivo decidió adelantarla al último domingo de junio mediante una ley del Congreso, aclarando que esta decisión se adoptaba por única vez. Tres fueron las razones que llevaron al oficialismo a adoptar esta decisión: la derrota que había tenido en la elección de la provincia de Catamarca, la primera en abrir el calendario electoral; el anuncio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de que adelantaría la elección en la Capital al último domingo de junio; y la percepción de que la economía iba a estar peor a fines de octubre que a finales de junio por lo que resultaba conveniente el adelantamiento. Además, de esta forma la oposición no contaría con tiempo para lograr unificarse, lo que aumentaba las chances del oficialismo de imponerse como primera minoría, aunque ya era previsible que perdiera bancas.
En la elección del 28 de junio se produjo la derrota nacional del oficialismo. El mismo líder del sector, el ex presidente Néstor Kirchner, encabezando la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires, fue derrotado por Francisco de Narváez. El Kirchnerismo perdió en los distritos más importantes -que en conjunto representan el 80% de los votos del país-. Incluso fue derrotado en la provincia de Santa Cruz, de la que surgieran políticamente Néstor y Cristina Kirchner para proyectarse en el orden federal.
A nivel nacional, el oficialismo obtuvo solo un 30% de los votos, 15 puntos menos que en la elección presidencial de 2007. La oposición obtuvo el 70%, aunque dividida. Con este resultado, el oficialismo perdió ampliamente la mayoría en Diputados y ajustadamente en Senadores.
E n la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, el puntaje obtenido es apenas menor al obtenido en el 2009, casi en un 1% (Ver Gráfico 3.3), debido a que casi todos los indicadores se han mantenido estables y sólo mejoró, levemente, el indicador de corrupción y más fuertemente el de accountability, aunque sin poder compensar la situación anterior. El indicador Participación de Partidos Políticos en el Poder Legislativo no ha mejorado, manteniéndose la fragmentación del Poder Legislativo en Argentina.
 Una de las novedades más llamativas para el sistema electoral fue la presentación de candidatos “testimoniales” cuya característica esencial fue que se presentaron personas que no tenían la intención de asumir el cargo en caso de resultar electos. Su legalidad estuvo discutida entre los especialistas: quienes aceptaban la misma sostenían que un Estado de derecho no puede juzgar anticipadamente los actos futuros de los ciudadanos ni prohibirles renunciar a un cargo; quienes la rechazaron sostenían que presentarse como candidato sin intención de asumir es incompatible con la función representativa. Entre los analistas políticos, quienes aceptaron la legitimidad de la candidatura testimonial consideraron que la base de la democracia radicaba en los partidos políticos y no en las candidaturas individuales, en tanto que quienes rechazaron su legitimidad, hicieron hincapié en la relación personal entre representante y representado.
Sobre el final del mandato de los legisladores del Congreso, que terminaba a principios de diciembre, el oficialismo ejerció en plenitud su poder, que sería el inicio de un creciente conflicto de poder con el nuevo Legislativo y con el Poder Judicial. En esa etapa el kirchnerismo logró la aprobación de la ley de medios que buscaba desarticular al grupo Clarín y sucesivamente, con amplias mayorías, obtuvo la renovación de los superpoderes, la aprobación del presupuesto y la prórroga de la emergencia económica y diversos impuestos por dos años, previendo que en la segunda parte del mandato de Cristina Fernández de Kirchner no tendría la mayoría legislativa con la que había contado hasta ese momento. Finalmente obtuvo la aprobación de la reforma política, que postergaba hasta entrado el año 2011 la definición de los candidatos presidenciales.
En el marco del enfrentamiento político, en diciembre, la oposición –ya con la nueva composición del Congreso- logró tomar el control de las comisiones en Diputados. El oficialismo -ante la posibilidad de que sucediera lo mismo en Senadores- postergó para febrero del año siguiente la definición de la integración de las comisiones en esta Cámara.
En esta Dimensión que analiza el comportamiento de los países según su calidad institucional y eficiencia política, la Argentina continúa ubicada bastante por debajo del promedio regional, y se encuentra entre los países menos desarrollados. La caída de algunos de sus vecinos ha producido que suba un escalón en el ranking regional, ocupando el lugar 15°.
En la Dimensión “Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar”, el valor obtenido en la subdimensión económica ha sido más bajo (Ver Gráfico 3.4), a pesar que algunos de los indicadores que la componen han tenido un comportamiento positivo, pero el mal comportamiento de los indicadores de Libertad Económica y de Brecha de Ingreso generan un promedio de comportamiento negativo. Del sexto lugar que ocupaba en el ranking en el 2009, cae al 7º.
 Los indicadores de PIB per cápita y de Endeudamiento han mejorado. La política financiera del gobierno que tuvo que enfrentar fuertes restricciones que limitaron el acceso al crédito externo, estuvo dirigida a reforzar las expectativas de cumplimiento del servicio de la deuda y a plantear la regularización de las obligaciones con el Club de París y con los tenedores de bonos que se habían excluido de la reestructuración llevada a cabo en 2005.
En 2009, tras seis años de crecimiento intenso, la economía argentina experimentó una marcada desaceleración, y el crecimiento fue del 0,7%. Si bien a lo largo del año se registró una cuantiosa salida de capitales privados y, en ciertos momentos, las incertidumbres, económica y política, se reflejaron en los mercados financieros, el elevado superávit de la balanza comercial (resultante de una mayor reducción de las importaciones respecto de la de las exportaciones) y la disponibilidad de reservas acumuladas previamente contribuyeron a que la política macroeconómica conservara su capacidad para regular la evolución del mercado cambiario y los niveles de liquidez. Así, no se produjeron tensiones financieras severas y la demanda de títulos locales se recuperó significativamente a lo largo del período, en consonancia con la evolución internacional.
Ante un escenario económico recesivo, el gobierno respondió con diversos instrumentos. La política económica se orientó a mantener la inversión pública y movilizar los recursos transferidos al sector público (gracias a la reforma del sistema previsional implementada en 2008) a fin de orientar la oferta de crédito particularmente hacia las actividades de producción de bienes duraderos y de construcción. Asimismo, se concedieron ayudas a las empresas para facilitar los pagos de salarios, aunque sujetas al mantenimiento de la cantidad de personal, y se recurrió a las normas que regulan las importaciones a fin de orientar la demanda hacia bienes de origen interno. Por otra parte, se redujeron los impuestos sobre los ingresos de los asalariados y se implementó una moratoria para las obligaciones previsionales y tributarias, incluida la exteriorización de los activos no declarados. Durante los últimos meses de 2009 se observaron señales de un repunte de la actividad económica, lo que podría dar lugar a una fase de recuperación.
 En la Subdimensión Capacidad para Generar Políticas que aseguren Bienestar, la Argentina ha mejorado con respecto al año anterior recuperando el nivel de 2007, como representa el Gráfico 3.5; y esto es producto más por la caída general de los países de la región que por una buena performance de sus indicadores sociales que tienen un comportamiento diverso. Sigue ocupando el cuarto lugar del ranking. Pese a ello, algunos indicadores han tenido un peor comportamiento, tal el caso de Mortalidad Infantil y Desempleo que han acusado el impacto de la crisis. Otras se han mantenido estables, salvo Gasto Público en Educación que ha mejorado sustancialmente.
Un aspecto significativo del panorama social fue que hacia fines del año el gobierno dispuso que los desempleados y trabajadores no registrados reciban una asignación mensual por cada hijo, lo que podría repercutir favorablemente en próximas mediciones fundamentalmente en la disminución de la pobreza y en la matriculación secundaria. |
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