IDD-Lat 2006

Uruguay

· Uruguay es el 3º país en el Ranking 2006, detrás de Chile y Costa Rica. En todas las ediciones del IDD-Lat, desde el 2002 Uruguay ha estado en lo alto de la tabla, aunque este año ha superado el valor del año pasado en medio punto.

· Ha mejorado levemente el valor obtenido en la Dimensión “Respeto de los Derechos Políticos y Civiles” con respecto al 2005, pero aún sin poder alcanzar el puntaje del 2002 (8,112). Su comportamiento se debe a que mejoró fuertemente el indicador de Género. Y también se destaca el crecimiento del indicador de Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad.

· Lo mismo sucede con la Dimensión III, y este año Uruguay ha alcanzado su mejor puntaje desde el 2002, debido a su mejor desempeño en Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y en Accountability.

· Con respecto al “Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar” (Dimensión IV), baja el subíndice Económico con respecto al del año anterior por el peor comportamiento en el indicador de Endeudamiento; y también baja el subíndice Social, debido a peores desempeños en los Indicadores relacionados a la Pobreza y a la Educación.

MEMORIA DEMOCRATICA

URUGUAY

La izquierda uruguaya asumió el poder el 1º de marzo. Tabaré Vázquez arrancó su gobierno bajo excelentes auspicios y no solo disponía de mayoría parlamentaria, sino de un de popularidad inédito para un presidente uruguayo: 85%. Encuestas de opinión revelaban que la gente estaba dispuesta a darle un tiempo al nuevo gobierno, solo el 3% creía que se iban a ver cambios significativos inmediatamente. La identificación de la gente con el nuevo gobierno era muy fuerte y explícita.

Otro hecho auspicioso, con ribetes históricos pero también demostrativo del nivel de desarrollo democrático alcanzado por la comunidad política uruguaya, fue la suscripción -por parte de los cuatro partidos con representación parlamentaria- de un acuerdo que fijaba un marco de consenso mínimo en torno a políticas económicas, políticas de estado para la enseñanza y para las relaciones internacionales. Las concordancias en materia económica no eran menores: se respaldaba el mecanismo de canje de deuda instrumentado en 2003, que originalmente había sido duramente criticado por Vázquez. Se ratificaba la política monetaria, basada en metas inflacionarias y stock de circulante. El documento también señalaba que era necesario "consolidar un ambiente propicio para la inversión, apoyando reglas claras de juego y el compromiso de mantenerlas" y realizar una profunda reforma del aparato estatal.

Sin embargo, también era cierto que el nuevo gobierno arrancaba bajo el signo de la incertidumbre y la contradicción. De algún modo este signo era previsible, dado que la estrategia de acumulación de fuerzas que lo llevó al poder se basó en la fuerte confrontación con los partidos tradicionales, estimulando todas las reivindicaciones sociales, incluso algunas contradictorias con otras, como bajar impuestos y subir el gasto. Llegados al poder, a los principales protagonistas de la izquierda les quedaba claro que con sus visiones tradicionales era imposible abordar exitosamente la realidad. Pero esta transición no fue uniforme, no la procesaron igualmente todos los dirigentes. Estas contradicciones se expresaron en una polémica respecto de tres temas que globalmente representaban inversiones por algo así como dos mil millones de dólares: un conjunto de doce edificios en Punta del Este cuestionado por su impacto paisajístico, dos plantas de celulosa en las costas del Río Uruguay, cuestionadas por su impacto ambiental, y un puerto privado en Montevideo. Los miembros del gobierno en la línea del Ministro de Economía, Danilo Astori, reivindicaban su derecho a decidir en estos temas y obviamente apoyaban la realización de las inversiones. Mientras, el Ministro de Obras Públicas y ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, las criticaba, junto buena parte de la dirigencia radical del oficialismo. Astori aparecía con mucho poder, pero muy solo, por más que tuviera todo el apoyo del Presidente. Y eso empezaba a ser percibido.

El nuevo gabinete ministerial estuvo conformado de modo tal de comprometer con la gestión de gobierno a todos los sectores de la heterogénea fuerza política mayoritaria. Para los directorios de las empresas del estado, que en Uruguay son muchas y muy poderosas, el nuevo gobierno abandonó (con una sola excepción) la práctica histórica de blancos y colorados de designar dirigentes políticos que no habían logrado ser electos como legisladores y armó en cada uno de estos directorios una combinación de académicos, empresarios y sindicalistas, de bajo perfil político.

El Partido Nacional, que había aceptado el ofrecimiento de participar en minoría en los directorios y en la dirección de la enseñanza, también había propuesto directores de bajo perfil político partidario, con énfasis en la competencia profesional. Los colorados no aceptaron cargos, pero de todos modos suscribieron "el histórico acuerdo".

En materia de derechos humanos, el gobierno inició una política diferente a sus antecesores blancos y colorados y, a cuatro días de asumir Tabaré Vázquez, con toda decisión, una frágil abuela de 75 años -Azucena Berruti, ministra de Defensa- abrió las puertas de los cuarteles para que un grupo de antropólogos buscara los restos de los detenidos desaparecidos de la dictadura militar

Uno de los temas a resolver para el gobierno de Tabaré Vázquez era, sin duda, la cohesión del oficialismo, ya que su fuerza política, el Frente Amplio, no acompañó las decisiones del gobierno y –en algunos casos- las enfrentó, en tanto que sus legisladores estuvieron en una zona intermedia que osciló permanentemente entre la fuerza política y el gobierno. El análisis del Tratado de Inversiones con Estados Unidos y la sombra de un eventual Tratado de Libre Comercio, hicieron crujir no sólo las relaciones entre el Frente Amplio y el gobierno, sino también la relación entre las estructuras de base de esa fuerza política y la estructura de dirigentes.

El hecho saliente en materia regional fue el conflicto suscitado con la Argentina por la instalación de dos fábricas de pasta celulósica en la orilla uruguaya de un río común, que tensó las relaciones entre los gobiernos y entre dos gobernantes, Kirchner y Vázquez, que aparecían inicialmente como socios políticos.

volver