IDD-Lat 2006 |
Paraguay |
· Paraguay es uno de los seis países que han empeorado su puntuación. Ha descendido más de un 16% con respecto al puntaje alcanzado en el IDD-Lat 2005. En el ranking general, bajó al puesto Nº 12 desde el Nº 7, que ocupaba el año pasado, colocándose nuevamente en el grupo de países con bajo desarrollo democrático. Este comportamiento se evidencia en todas las dimensiones. El país muestra una tendencia fluctuante, ya que en el IDD-Lat 2005 se había destacado por su crecimiento y este año sobresale por su caída.
· Con respecto a su pobre desempeño en la Dimensión II, el deterioro se debe al menor puntaje obtenido en el indicador de inseguridad, más allá que el resto de los indicadores se mantuvieron estables con respecto a los valores del año pasado. Aunque esa estabilidad manifiesta los pocos esfuerzos puestos en mejorar el comportamiento en esta dimensión.
· En la Dimensión III “Calidad Institucional y Eficiencia Política” ha mejorado fuertemente en el indicador de Percepción de la Corrupción, aunque ha empeorado fuertemente en el indicador de desestabilización, por un incremento en víctimas de la violencia política.
· En la Dimensión IV, Paraguay, obtiene un bajo puntaje en la Subdimensión “Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica” por un descenso en el valor del PIB per Cápita, aún mostrando sus esfuerzos en lograr un menor grado de endeudamiento y un mayor nivel de inversión. La Subdimensión Social tiene un comportamiento similar debido a un pobre desempeño en los indicadores de Pobreza y de Matriculación Secundaria; a pesar de haber mejorado su valor de Mortalidad infantil y ampliado su Gasto en Salud y en Educación.
MEMORIA DEMOCRATICA
PARAGUAY
El presidente Nicanor Duarte Frutos ha conseguido mantener durante este tiempo una reconocible estabilidad política, en un contexto potencialmente conflictivo y turbulento, enfrentando amenazas persistentes como la atomización e indisciplina de los partidos políticos, la creciente conflictividad social y la presencia inexorable del ex general Lino Oviedo, preso en una cárcel militar aunque ya absuelto del cargo de conspiración golpista.
Pero lo que no ha logrado el Presidente, es una plataforma de liderazgo para la gestión y las políticas transformadoras. La estabilidad y gobernabilidad son mantenidas a costa de inestables alianzas con facciones y "caciques", poco sólidas a la hora de constituir apoyos perdurables a sus medidas de gobierno.
Duarte Frutos está perdiendo años favorables del período, ya que lo que tiene por delante son años de popularidad decreciente y un período electoral constante que impedirá retomar cualquier otra agenda: elecciones municipales en 2006 (con las previas internas por las candidaturas), internas de candidatos legislativos y presidenciales en 2007, y generales (presidenciales y parlamentarias) en 2008, las que se convierten en el centro de la escena.
Muestra de la inestabilidad de sus alianzas, fueron las renovaciones anuales de las autoridades legislativas para el período 2005-06, las que expresaron en cierta forma a la coalición parlamentaria mayoritaria. Una de las mayores deficiencias institucionales de Paraguay, señalada repetidamente por especialistas en instituciones políticas, es que tanto los poderes públicos como los partidos políticos cuentan con calendarios de renovación electiva permanente: la rotación de las mesas directivas parlamentarias todos los años, de las autoridades partidarias cada dos años, sumadas a las municipales y generales, y sus respectivas –y prolongadas- internas de candidatos y otros procesos, reducen la acción política a una campaña permanente, que generan tensiones y discusiones recurrentes sobre los apoyos del gobierno.
En esta oportunidad, las elecciones de autoridades legislativas pusieron de manifiesto nuevamente la conflictividad interna de las estructuras políticas y los curiosos realineamientos tácticos. Como sucediera en años anteriores, este ritual anual estuvo caracterizado por denuncias de corrupción, compra de votos y desafiliaciones partidarias.
En la Cámara alta, eligieron al opositor senador de País Solidario, Carlos Filizzola, como nuevo presidente con el voto de 24 miembros (sobre un total de 45), quedando en segundo lugar el oviedista Enrique González Quintana, con 14 votos. Los bloques resultantes son imprevistos, ya que han "cruzado" de ambos lados del mostrador a sectores otrora irreconciliables. Del lado de la endeble inter-bancada opositora, quedaron los liberales oficiales, los oviedistas y un senador de Patria Querida, ya que los otros siete abandonaron el recinto y se abstuvieron. Y la nueva alianza oficialista une a los 17 colorados (subdivididos en nicanoristas, argañistas, stronistas y otros) con los dos socialistas y los liberales "históricos".
En la Cámara de Diputados, por su parte, no hubo mayores sorpresas, ya que se repitió la alianza entre la ANR y algunos sectores de la oposición, pero con mayorías holgadas: Víctor Bogado (ANR) fue elegido presidente con 44 voto, quedando Francisco Rivas (PLRA) segundo con 30 votos, el colorado disidente Edmundo Rolón tercero con 4 votos, y hubo dos votos en blanco. Luis Neumann (liberal disidente) y Lino Agüero (País Solidario) son los nuevos vicepresidentes.
Un tema que mantuvo caliente la agenda internacional, fue que 500 marines del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses se instalaron el 1º de julio de 2005 en Paraguay para realizar maniobras conjuntas con militares de ese país. El arribo de las tropas generó dudas en diferentes organizaciones sociales paraguayas sobre las posibles consecuencias de la impunidad otorgada a los contingentes extranjeros por el Congreso Nacional. Mientras el gobierno paraguayo negaba cualquier posibilidad de que se instalara una base estadounidense, analistas internacionales y organizaciones sociales coincidían en señalar que la aprobación de la Ley de Inmunidad que habilitaba la entrada de los marines, marcaba un antecedente de consecuencias impredecibles para el futuro de América Latina.
Efectivamente, el desembarco en Paraguay y la posible instalación de una base militar en Mariscal Estigarribia, a unos 200 kilómetros de la frontera con Bolivia significa un importante avance para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Desde ese punto geográfico las tropas militares podrán controlar tanto las grandes reservas de hidrocarburos del norte argentino y Bolivia, como la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní.
Una escalada de la protesta social amenaza con convertirse en un problema grave para la gobernabilidad guaraní. La creciente protesta está localizada en las zonas rurales, y es producto de transformaciones socioeconómicas y políticas profundas, frente a las cuales el gobierno nacional no cuenta con las herramientas necesarias. Ni para anticiparlas, ni para darles respuesta.
La punta del iceberg del problema social rural, desde hace algunos años, aparenta ser el del fenómeno de los campesinos sin tierra. La introducción masiva de los grandes campos sojeros cambió muchas cosas en un país eminentemente campesino y que cuenta desde tiempos de la colonia con una importante población de pequeños productores rurales. La llamada sojatización del campo paraguayo arrojó, como antes en Brasil, nuevos casos de "campesinos sin tierra", que como si se tratasen de un primer batallón de infantería, fueron puestos al frente de la movilización de las organizaciones rurales y llamaron la atención del mundo. Los principales conflictos de 2004, que escalaron en en 2005 fueron las ocupaciones de tierras protagonizadas por labriegos sin campo. Y el gobierno ha apuntado este problema a partir del Gabinete de la Crisis Rural que conduce el vicepresidente Luis Castiglioni.
Pero esto no es así. El problema de fondo no es el de los "sin tierra", sino el empobrecimiento de la mayoría de los campesinos "con tierra", y en menor medida la confluencia de algunos "sindicatos" campesinos con grupos de izquierda radicalizada en Asunción y otras ciudades, que ya han renunciado a toda expectativa de competencia electoral y se han lanzado de lleno al movilizacionismo.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo preparado para la asunción del gobierno de Duarte Frutos, mencionaba que el 76% de las familias pobres paraguayas posee fincas de entre 2 y 20 hectáreas en el campo. Es decir, que si bien aumentó la cantidad de los campesinos sin tierra, existe una gran mayoría de pequeños productores que la conservan, pero cuyas rentas y perspectivas se han desplomado.
Existen varias agrupaciones de campesinos movilizados, y se destacan tres: la Federación Nacional Campesina (FNC), que es la más numerosa, la Organización Nacional Campesina (ONAC), y la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Esta última, aunque de menor peso, integra el llamado Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FLSV), creado en julio de 2004 por grupos de izquierda radicalizada. Las tres ahora conversan con el gobierno a través del Gabinete de Crisis Rural. De las últimas reuniones participaron otras organizaciones, entre ellas la Coordinadora Agrícola de Paraguay (CAP), que representa a campesinos mecanizados. La Iglesia ha intentado convertirse en mediadora, negociando diferentes treguas, pero la Sociedad Rural, que reúne a los grandes propietarios, cree que la Conferencia Episcopal y monseñor Fernando Lugo son parciales y tendientes a apoyar a los campesinos movilizados.
Los conflictos se producen en forma de ocupaciones de grandes propiedades en producción –no de tierras fiscales o improductivas-, bloqueos de rutas y boicots a fumigaciones aéreas. Asimismo, en las zonas de frontera se producen diferentes choques entre campesinos paraguayos y llamados "brasiguayos" -colonos brasileños, en general pequeños y medianos productores de soja que luego comercializan su producción a través de exportadoras brasileñas, y no pagan sobornos a la política local-, y tanto la prensa local como algunos dirigentes de distrito del gobernante Partido Colorado sólo contribuyeron a encenderlos, como ocurriera en Vaquería – Caagazú.
También, cabe recordar, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) inició su propia campaña de ocupaciones de tierras (se llegaron a contar 70 propiedades ocupadas) acusando a "la ruptura del diálogo con el gobierno" la responsabilidad. Aun que luego se reanudó. Los "paros nacionales" promovidos por la MCNOC tuvieron poca respuesta en Asunción y las ciudades, aunque sí los cortes de caminos –inspirados en la experiencia piquetera argentina.
Lo cierto, es que aumentó la cantidad de manifestantes campesinos detenidos y procesados, y la cantidad de enfrentamientos violentos en el campo –que permanece militarizado en los departamentos de San Pedro y Caazapá-, las ocupaciones de tierras siguen sin detenerse, y se producen nuevos choques entre paraguayos desplazados y "brasiguayos". A fines de 2005, se publicaron diferentes informes nacionales e internacionales sobre la situación de derechos humanos en Paraguay y todos en general hablaban de un deterioro respecto de 2004, como consecuencia de los choques armados, los más de 600 campesinos encarcelados y del decreto presidencial que permite la intervención de las fuerzas armadas para la represión del conflicto en zonas rurales. El Gabinete que lidera el vicepresidente Castiglioni, como decíamos, no logra resultados, y la Federación Nacional Campesina continúa distanciándose del diálogo. Y lo más preocupante de este panorama no se reduce a todos los indicadores que describen un problema creciente: lo alarmante es que estamos frente a un conflicto complejo y de trasfondo real, para cuya solución el Estado paraguayo se muestra insuficientemente equipado. Todo lo cual anticipa que el problema se profundizará a lo largo del 2006. |
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