IDD-Lat 2006

Ecuador

· Ecuador ha sido el país que más ha descendido en el Índice de Desarrollo Democrático 2006 con respecto al 2005 (casi el 39%), alcanzado el puesto más bajo del Ranking. El valor obtenido este año se asemeja al peor obtenido en la serie (Año 2002). Sus peores comportamientos se muestran en las Dimensiones III y IV.

· En la Dimensión II, “Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles”, el valor final obtenido es mejor al alcanzado el año anterior, debido a un mejor desempeño en el indicador de Género, aún con peores resultados en lo que respecta a Inseguridad.

· La Dimensión III “Calidad Institucional y Eficiencia Política”, ha sido la más afectada por la crisis institucional que vivió el país durante el 2005, luego de la renuncia del ex presidente Lino Gutiérrez. Y esto se evidenció en el castigo impuesto por el Factor de Anormalidad Democrática (40%). Debemos recordar que Ecuador sufre reiteradas crisis institucionales desde el 2003, y ha recibido castigos de distinta intensidad por el mencionado Factor. En la misma dimensión, el país muestra retrocesos en los indicadores de Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo, en Accountability y en el Factor de Desestabilización.

· Las subdimensiones que conforman el “Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar” han tenido distinto comportamiento. La que corresponde a la eficiencia económica tuvo un decrecimiento muy marcado fundamentalmente por su mayor valor en Endeudamiento y la caída en la Inversión. En tanto que la Subdimensión “Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar”, tuvo un mejor desempeño, debido a mejores valores en Mortalidad Infantil, en Desempleo y en Gasto en Educación. Debemos resaltar el fuerte crecimiento del indicador de Pobreza.

MEMORIA DEMOCRATICA

ECUADOR

El presidente ecuatoriano, coronel Lucio Gutiérrez, quien había ganado las elecciones de noviembre del 2002 al frente del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, en alianza con movimientos de militares retirados, indigenistas y organizaciones de izquierda y con el 55% de los votos en la segunda vuelta electoral, en una turbulenta gestión y ante el debilitamiento de su base de sustento -asediado además por un intento de juicio político- debió pactar con Bucaram (líder desde el exilio del Partido Roldosista Ecuatoriano) para fortalecer su posición en el Legislativo.

Aquel pacto implicó la incorporación de nuevos jueces a la Corte Suprema de Justicia, quienes anularon las causas abiertas contra los ex mandatarios, los habilitaron para regresar al país y, potencialmente, contender en los próximos comicios. La población independiente, los partidos de oposición (liderados por los alcaldes Moncayo de Quito y Nebot de Guayaquil), los sindicatos, las asociaciones indigenistas y, en una última fase, las Fuerzas Armadas, se movilizaron en repudio de estas medidas y de la declaración por el presidente del estado de excepción en Quito. La protesta fue subiendo de tono, provocando muertes y gran cantidad de heridos; al tiempo que los intentos de darle una salida institucional vía reformas (Congreso) o diálogo (propiciado por los Estados Unidos y la OEA) no prosperaron. Finalmente, en abril de 2005 y en medio de revueltas populares, en un confuso episodio que redundó en la demora del reconocimiento del nuevo gobierno por parte de diversos Estados, Gutiérrez fue destituido por el Congreso, siendo reemplazado por el vicepresidente Alfredo Palacio.

Alfredo Palacio, cardiólogo (vinculado no por su actuación política sino por sus servicios médicos con la élite política y económica), devino en Ministro de Salud y luego, resultó candidato autoproclamado de "izquierda" para acompañar a Gutiérrez en el binomio de Sociedad Patriótica (calificado de "partido de los outsiders"). Como en muchos otros países de la región, en Ecuador la figura del vicepresidente no tiene un rol claramente definido, tendiendo a producir roces y distanciamientos entre éste y el presidente. Palacio y Gutiérrez no fueron una excepción a la regla; de hecho, el presidente había calificado al vice de "francotirador" y éste no había dudado en mostrarse en los medios a favor de un levantamiento popular que exigiera el cambio de gobierno ya que el régimen habría "perdido el rumbo" (agregando que "Gutiérrez se había convertido en un dictador").

Luego de los días turbulentos de la poco clara remoción de Gutiérrez, Palacio logró aglutinar apoyos, calmar temporalmente los ánimos de la ciudadanía y asumir como presidente. Sus primeros actos de gobierno se orientaron a obtener el reconocimiento internacional de las nuevas autoridades, ya que, especialmente, los países latinoamericanos se habían mostrado reticentes a otorgarlo. Paralelamente se abocó a renovar el staff de gobierno, desplazando a los allegados a Gutiérrez (tanto en las carteras civiles como en la jefatura de las Fuerzas Armadas) reemplazándolos por personalidades afines a él, incluyendo algunos dirigentes de Acción Democrática Nacional, que habían sido partícipes activos con el mote de “forajidos” en el proceso de movilización y destitución de Gutiérrez.

Luego de tres votaciones consecutivas en el Congreso, el pleno eligió a Alejandro Serrano Aguilar como vicepresidente de la República. El presidente Palacio le encargó el manejo de las mesas de diálogo y el frente social.

Los proyectos a mediano y largo plazo del presidente Palacio, según manifestó en el discurso de asunción de la presidencia, pasaban por la refundación institucional, la reconciliación nacional a través del diálogo con los diferentes actores y la recuperación de la autonomía en la política económica (fortalecer la posición negociadora frente al FMI, preocuparse por los aspectos sociales, someter el TLC a consulta popular) y de los principios tradicionales en la política exterior.

En principio, el discurso no se alejó demasiado de lo que había sido proclamado por el propio Gutiérrez durante la campaña de 2003. Él no logró llevarlo a la práctica enajenándose así el apoyo de las agrupaciones políticas y la ciudadanía; algunas evaluaciones iniciales de las medidas de Palacio despertaron preocupación de que podía suceder lo mismo. En particular con lo relacionado a la recomposición del Tribunal Supremo Electoral otorgando "cuotas políticas", la designación de personal de cuestionable idoneidad en la administración en reemplazo de los contratados por Gutiérrez, la "autodepuración" del Congreso con el desplazamiento de legisladores gutierristas, el manejo del tema "dolarización". En ese contexto, le resta a Palacio y su equipo un largo (y accidentado) camino para fortalecer y depurar el sistema político, y desactivar vía diálogo al movimiento "forajido" que no ha dejado las calles de Quito.

En ese contexto, un hecho importante lo constituyeron las presiones sociales por la reforma constitucional, que no lograron superar la valla del Congreso. Desde que la Asamblea del 1998 puso un "candado" a la Constitución para que no pueda ser reformada hasta un año después de que se haya realizado el primer debate de cualquier proyecto de modificación, los gobiernos de turno han presentado diez proyectos sea de reforma o de consulta y ninguno ha sido viabilizado por el Congreso, que ha modificado hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impedirlo. El temor a perder el poder en las instituciones públicas, especialmente en los organismos de control como tribunales Supremo Electoral y Constitucional, la Contraloría y el Ministerio Público, ha hecho que los partidos políticos bloqueen los intentos de reforma propuesta por las organizaciones sociales o el Ejecutivo.

Ante la impermeabilidad del Congreso, el 17 de octubre Palacio envió directamente al TSE un decreto convocando a la Consulta Popular para la instalación de una Asamblea Constituyente. Los diputados expresaron que la Asamblea no estaba contemplada en la Constitución, que tenía que ser Constitucional porque los poderes estaban constituidos y que el Estatuto no respetaba el derecho a las minorías, entre otras cosas. Además, lo condenaron por querer "saltarse" al Congreso para convocar a consulta. El Gobierno "rectificó" y el 1 de noviembre volvió a enviar al Congreso la propuesta de consulta con dos preguntas y la opción a escoger entre Constituyente y Constitucional. Pero los diputados siguieron resistiéndose al cambio, hasta que el 30 de noviembre Palacio envió, en un último intento, un decreto al TSE, en el cual convocaba a una consulta popular y, los diputados apresurados, se reunieron el lunes 5 de diciembre e impidieron que el TSE diera un aval a la propuesta del Ejecutivo, cambiando su integración, con lo que terminó con cualquier intento del gobierno, que ya se encaminaba hacia su último año de gestión.

La política económica aplicada por el ministro Rafael Correa hasta el mes de agosto de 2005 giró en torno a tres ejes: privilegiar el gasto social; un giro importante en las relaciones económicas internacionales, relativizando la vinculación con el FMI y con la banca multilateral, y buscando ampliar relaciones hacia el Sur, particularmente con Venezuela; y un cambio en las políticas petroleras para reducir la dependencia de la empresa estatal de las transnacionales, igualmente actuando en consonancia con Venezuela. Pero el ministro Correa y el presidente de Petroecuador sucumbieron ante las presiones y fueron sustituidos, al tiempo que se desarmaba la estrategia de estrechar vinculaciones con Venezuela y se buscaba la reconciliación con el FMI y el Banco Mundial.

Otro aspecto importante de la política ecuatoriana han sido los vaivenes en relación con la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se negoció inicialmente en conjunto con Colombia y Perú. Ecuador buscaba concluir hasta febrero la negociación conjunta del tratado ya que Estados Unidos es actualmente su principal mercado. Perú se adelantó a los dos países, y cerró su acuerdo. El tiempo confirmará si Ecuador y Colombia llegarán, realmente, a firmar el tratado. En el marco de una alta conflictividad social y política, Manuel Chiriboga, jefe del equipo nacional negociador del TLC, subrayó que los asuntos más duros que quedaban por encontrar consensos son textiles, atún y agrícola, y la negociación se encaminaba hacia un seguro estancamiento.

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