IDD-Lat 2008

 

·   Perú muestra un mejor nivel, de hecho crece más del 22% y sube 4 lugares en el Ranking, del puesto 10º al 7º. Con este comportamiento logra integrar el grupo de países con desarrollo democrático medio. Además, obtiene el mejor puntaje de la serie, superando el valor del 2003.

·    La puntuación en Respeto de los Derechos y Libertades Civiles ha crecido con respecto al año anterior, en más del 6%. Esto se debe a un importante avance en el indicador de Inseguridad. El resto se mantuvo estable, salvo el de Género, que bajó levemente. Sigue ocupando el 6º lugar en el ranking y su índice está ya por encima del promedio regional.

·    El desempeño de la Dimensión III ha sido positivo, basado en mejores valores en Percepción de la Corrupción, Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y Accountability. El resto de los indicadores no presenta variaciones. Perú alcanza la mejor puntuación de la serie y ocupa el 5º lugar de la tabla. Su índice ya ha superado el promedio regional y presenta un nivel de desarrollo democrático alto.

·    En la Subdimensión Económica, el resultado ha sido superior al obtenido el año anterior. Producto de resultados favorables en el Indice de Libertad Económica, PIB per cápita e Inversión. El resto de los indicadores se ha mantenido sin modificaciones. Ocupa el 10º lugar  de la tabla (ha subido un escalón con respecto al 2007) y está apenas por debajo del promedio regional.

·    El leve ascenso en Capacidad para generar políticas que aseguren Bienestar ha sido sólo producto de un fuerte crecimiento del indicador de Matriculación Secundaria; sin embargo, el resto ha descendido con respecto al año anterior. Aún ocupa uno de los últimos lugares de la tabla regional (15º) y su índice está por debajo del promedio regional.

Comenzó el 2007 con la realización de la evaluación a los maestros en enero de ese año, programa que fue rechazado por Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú y su Secretaria General, Caridad Montes, por considerarlo inadecuado, y además por la satanización de la que estaban siendo víctimas los maestros; el proceso había sido propuesto por el Presidente García con la aprobación de importantes líderes políticos y sociales.

El 11 de enero de 2007, el Congreso de la República rechazó el proyecto para aplicar la pena de muerte para aquellos que cometan actos de terrorismo, votando a favor el aprismo y el fujimorismo y en contra los nacionalistas, upepistas, Unidad Nacional y miembros de la Alianza Parlamentaria. Sin embargo, el mismo día, se propuso un referéndum para consultarle al pueblo sobre tal materia, aún cuando antes habría de realizarse un cambio constitucional, ya que la Carta Magna no permite referéndums para restringir derechos fundamentales (en este caso la vida). Sobre esta materia, recibió las críticas de los dos líderes opositores. Ollanta Humala expresó su rechazo a las opiniones del Presidente sobre el allanamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que el Perú debía acatar el fallo. De la misma manera, Lourdes Flores Nano afirmó que García no podía volver a "tener caprichos" como los tuvo durante su primera gestión en el caso de la estatización de la banca y el no pagar la deuda externa.

Desde el 6 de enero, Alan García vino criticando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigía pagar indemnizaciones a terroristas confesos, caídos en el motín del Penal Castro. García y el Ministro Rafael Rey hablaron incluso del retiro del Perú de dicha instancia. Además, su bancada congresal planteó una acusación constitucional contra su antecesor, Alejandro Toledo, y su último Ministro de Justicia por haberse allanado al fallo y permitir que la Corte de el veredicto que actualmente está en debate. Así mismo, la congresista Keiko Fujimori y otros líderes del fujimorismo afirmaron que el allanamiento ante el fallo propiciado por Toledo, sólo buscaba perjudicar a su padre para así acelerar su extradición, diciendo que el odio a su padre ahora le costará millones al Perú. Esto fue tomado por algunos sectores como una "alianza tácita" entre el fujimorismo y el APRA.

Durante este año se produjo el primer cambio ministerial del gabinete de Alan García, cuando el 24 de febrero de 2007, Pilar Mazzetti renunció al despacho del Interior, siendo reemplazada por el aprista Luis Alva Castro. También Juan José Salazar renunció a la cartera de Agricultura, siendo reemplazado por el empresario agrícola Ismael Benavides Ferreyros.

El presidente Alan García cumplió el 28 de julio de 2007 su primer año de gestión con un balance de exitosas cifras macroeconómicas, que contrastaban con un descontento social manifiesto en el interior del país y entre las clases populares. Las cifras macroeconómicas mostraban una economía creciente por encima del 7% y había una reducción pequeña de la pobreza al 44,5%, pero se mantenía el malestar de la población. Y es que varios sectores de la población exigían que mejore la distribución de la riqueza, cuando el Gobierno tenía grandes dificultades de gastos en todos sus niveles, especialmente el vinculado a la inversión pública.

El creciente descontento popular se vio reflejado por primera vez en las elecciones municipales y regionales del 19 de noviembre de 2006, en las que el partido Aprista de García sólo retuvo tres de los doce gobiernos regionales, que había conseguido en 2002. Después fueron constantes las huelgas y protestas, que alcanzaron su punto crítico, en julio de 2007, con el paro nacional de los maestros públicos y otras movilizaciones sindicales y regionales, que dejaron tres muertos, una treintena de heridos, alrededor de 300 detenidos y millonarias pérdidas.

A partir de diciembre de 2006 se empezaron a vislumbrar los primeros problemas cuando salió el asunto de que había fracasado el famoso "shock" de inversiones, una de las promesas de García para desarrollar el país, y las primeras denuncias de corrupción sobre la compra de patrulleros y ambulancias.

En doce meses García vio caer su aprobación inicial de un 63% hasta un 32%. Sin embargo, en su mensaje anual ante el Congreso, García ratificó la continuidad del rumbo económico, aunque admitió que el gobierno había fallado “en profundizar las áreas sociales”, pidió disculpas por los agravios que había lanzado contra los maestros, que mantuvieron una huelga de quince días y reconoció que los conflictos sociales habían disminuido la confianza en el gobierno y “dejado la sensación de que el país no tiene rumbo”. “Pido una tregua para mostrar resultados”, exclamó García al inicio de su mensaje, dedicado fundamentalmente a hacer un listado de obras y acciones del gobierno y a lanzar promesas para el año 2011, cuando concluyera su mandato.

A pesar de no tener mayoría en el Congreso, donde contaba con 36 representantes de un total de 120, el oficialismo controlaba el Parlamento, donde se había aliado con el fujimorismo y había neutralizado a una oposición dispersa y dividida. Mientras el fujimorismo apoyaba, García devolvía el favor convocando a notorios fujimoristas a puestos claves de su gobierno y manteniendo silencio, y renunciando a ejercer presión diplomática sobre Chile, en el proceso de extradición de Fujimori. La ausencia más notoria en su mensaje fue, precisamente, el tema Fujimori.

En octubre de 2007, el Presidente anunció cambios ministeriales a cargo de Jefe de Ministros, Jorge Del Castillo, ratificándolo de alguna manera en el cargo. Esto podría considerarse como un "hito histórico" en el Perú, pues fue la primera vez que se hablaba de cambios ministeriales sin la salida del Presidente del Consejo de Ministros. El 19 de diciembre de 2007 se dieron a conocer los cambios Ministeriales y hubo 6 cambios, 2 rotaciones y 4 nuevos Ministros, que juraron el 20 de diciembre de 2007. También anunció la creación de la Oficina Nacional anticorrupción. El anuncio fue criticado por el Contralor de la República, la Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial ya que podía darse una "duplicidad de funciones".

A fines del 2007, se reanudó el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, en un caso de violación de los derechos humanos. Fujimori está siendo juzgado por dos casos: la matanza de Barrios Altos (1991), en la que murieron 15 personas; y la de La Cantuta (1992), en la que fallecieron nueve estudiantes y un profesor. Ambas fueron perpetradas por el grupo militar Colina. La Fiscalía peruana busca establecer si Fujimori ordenó o encubrió las acciones de este grupo. Al ex mandatario peruano también se le acusa de los secuestros en 1992 del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

En materia de política exterior, García priorizó su alineamiento con Washington, que incluía la apuesta por un cuestionado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a pesar de que el presidente peruano, siendo candidato, se había opuesto a ese tratado. Por ello el gobierno anunció una profunda reforma del Estado ante las exigencias del TLC con Estados Unidos. El TLC ha provocado críticas de los sectores contrarios al libre comercio en Perú y preocupación en Ecuador y Bolivia por las repercusiones en sus respectivas economías. El sector agrario y los sindicalistas peruanos son los más críticos con el TLC pues temen que los productos norteamericanos, en especial los agrícolas subsidiados, invadan Perú. El tratado recibió también críticas del vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores de Perú, Olmedo Auris, quien dijo que la competencia será absolutamente desigual en favor de las empresas norteamericanas. Por su parte, el congresista opositor Werner Cabrera, del Partido Nacionalista, dijo que esa fuerza seguirá luchando contra el TLC, en defensa de los agricultores, y en el plano legal impugnará la constitucionalidad del acuerdo.

Terminó el año con la solicitud por parte del gobierno peruano a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para resolver una disputa marítima con Chile. Perú alegaba soberanía sobre un área de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. Chile decía que la frontera marítima fue delimitada por tratados en la década de 1950. Sin embargo, Lima sostenía que dichos tratados solo buscaban regular la actividad pesquera. Perú perdió territorio a Chile como resultado de guerras peleadas en el siglo 19, cuando el aliado peruano, Bolivia, también perdió acceso al mar. Perú planteaba en su demanda ante La Haya una línea divisoria equidistante entre ambas fronteras, y no el actual paralelo que delimita tanto el mar territorial como la zona económica exclusiva de ambos países. La presentación de esta disputa ante un tribunal internacional podría tener un impacto negativo para las aspiraciones bolivianas de obtener acceso al Océano Pacífico, pues se trata del área donde Bolivia reclama territorios para llegar al mar.