IDD-Lat 2008

Hace exactamente un año, el presidente Felipe Calderón acudió a una polémica e inédita toma de protesta en San Lázaro. Bajo la amenaza de una explosión política y social logró cumplir con el protocolo y superó su primer gran reto. Su confianza en la cordura de la sociedad civil y su capacidad para sentar las bases para recuperar la confianza en el gobierno dieron buenos frutos. Calderón llegó muy cuestionado a ejercer la primera magistratura debido al estrecho margen de la votación que lo consagró. En su primer año de gobierno, el Presidente ha "tejido fino" con el objetivo de eliminar, poco a poco, los antagonismos que se le presentaron al asumir el poder.

Uno de los problemas más endémicos de la sociedad: el narcotráfico, fue enfrentado de inmediato por el Presidente que tenía la convicción de que este problema podía ser resuelto en el largo plazo, no sin un enorme costo en término de vidas humanas y de inversión en desarrollo.

Felipe Calderón identificó desde el principio al Congreso de la Unión como su principal interlocutor político. Junto con ello, sentó las bases para llevar adelante una política de diálogo, que significó una suerte de interpelación hacia el mismo parlamento, en el momento en que se acercó la fecha de entrega de su primer informe de gobierno. Esa política abierta al diálogo sirvió de base para el logro de acuerdos con fuerzas políticas distintas a las de su partido, y posibilitó arribar a dos de las reformas pendientes más importantes —la reforma fiscal y la reforma electoral—, y es previsible que continuará en esta línea en tanto permanezcan en el tintero reformas como la energética, judicial, laboral o educativa, que necesariamente requerirán acuerdos y trabajo en equipo con el Congreso.

No todos han sido logros en el último año. Existen rezagos importantes y es necesario, como el mismo Presidente dijo, “enderezar” a México y transformarlo en diversos aspectos. Entre los más importantes están el de una mejor distribución de la riqueza, una reducción de la violencia y acortar la gran desigualdad que existe en el país, para superar dos problemas perversos: pobreza y desempleo; quedan aún pendientes las promesas de campaña en estos dos aspectos fundamentales de la justicia social, pues de lo contrario no podrá abatirse el narcotráfico, la economía informal, la migración y la delincuencia organizada.

Si bien ha habido un incremento en el porcentaje del PIB per cápita y en la creación de empleos —que ha llegado casi al millón en este año, según datos del IMSS—, el resultado todavía no se ha visto reflejado en la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Tras denunciar un “fraude electoral” por la victoria de Calderón, su principal opositor, Manuel López Obrador formó, en noviembre de 2006, un “gobierno legítimo” paralelo, compuesto por 12 ministerios, 12 asistentes, 12 subsecretarios y 12 administrativos. Pero el “gobierno paralelo” no se consolidó como un desafío para la gobernabilidad de Calderón. Tras realizar una serie de manifestaciones, López Obrador convocó, el 2 de julio de 2007, a una concentración, en la simbólica Plaza del Zócalo, para protestar por el “fraude electoral”. A pesar de la masiva asistencia de simpatizantes, la concentración evidenció síntomas de pérdida de vitalidad política y social. Cinco gobernadores del PRD no acudieron a la cita, lo cual demostró signos de cambio de rumbo en diversos cuadros del partido en relación a la estrategia de López Obrador.

Paralelamente, se consumaba la persistencia de diversos pactos políticos institucionales con el gobierno de Calderón por parte de varios miembros del PRD y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ideológicamente más próximo a López Obrador.

El caso del PRI es significativo dentro del nuevo mapa político mexicano. Tras perder, en las elecciones de 2000, su hegemonía política ejercida durante 70 años y confirmar su declive electoral en los comicios del 2006, el PRI convocó a un congreso nacional para elegir su nueva dirección, resultando elegida Beatriz Paredes como nueva presidenta. Con 17 gobiernos estaduales en su poder y brindando un inicial apoyo a Calderón para formar gobierno en diciembre, el PRI se concentró -en el corto y mediano plazo- en una urgente renovación política. No obstante, el objetivo del PRI es buscar alternativas electorales de cara a los comicios de 2011, apartándose momentáneamente del intento de unir sus esfuerzos a los objetivos de López Obrador de denuncia de la “fraudulenta” presidencia de Calderón. Incluso, la cooperación entre el PRI y el PAN resultó efectiva en determinados ámbitos, como fue para apuntalar al gobernador Ulises Ruíz (PRI) en Oaxaca, durante la crisis de agosto de 2006.

En paralelo a este proceso político, se amplificó en la opinión pública y en los medios de comunicación, la idea de que López Obrador era un “perdedor político”. Esta caída en la imagen de López Obrador contrastaba con el aumento del respaldo popular al presidente Calderón y a sus medidas de “mano dura” contra el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad fiscal. Diversas encuestas daban cuenta de un 65% de respaldo a Calderón, y de esa manera éste obtuvo un margen de maniobra importante para llevar a cabo su programa de gobierno.

Las visitas a México del presidente George W. Bush, en marzo de 2007, y del mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, a mediados de julio, confirmaban este reconocimiento internacional al gobierno de Calderón.

El gobierno de Calderón debió acometer otro problema político y de seguridad nacional: la reaparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla de inspiración proletaria y marxista creada en 1996 y que reactivó sus ataques a las instalaciones petroleras de la estatal Petróleos de México (PEMEX), propiciando un importante colapso energético en estados como Querétaro y Guanajuato. El desafío de la guerrilla del EPR se había trasladado también al conflicto en el estado de Oaxaca, donde la elección del gobernador en agosto de 2006 había provocado una fuerte rebelión popular contra el ganador, Ulises Ruíz (PRI), que contó con el apoyo tácito del entonces presidente Vicente Fox. La rebelión en Oaxaca había sido momentáneamente controlada por la fuerza en septiembre del 2006, pero el EPR (cuya base principal de operaciones situada en los estados de Guerrero e Oaxaca) fue el factor clave en la reactivación de los enfrentamientos sociales contra las fuerzas públicas del gobernador Ruíz.

Dentro de la problemática social, un factor de fricción y crispación entre el gobierno y la sociedad fue la aprobación de la legalización del aborto en abril de 2007, por parte de la Asamblea de Ciudad de México. En un país marcadamente católico como México, donde hasta hace pocos años era un tema tabú hablar del aborto, esta histórica medida provocó un fuerte debate público y fue motivo de confrontación política entre el gobierno federal del PAN, abiertamente contrario a la medida, y el oficialismo local liderado por el PRD, cuya militancia de izquierda progresista junto a diversas asociaciones feministas, avalaron la decisión de legalizar el aborto.

En temas de seguridad el gobierno de Calderón ha declarado una nueva campaña contra el narcotráfico, en la que involucró al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en operativos especiales en Michoacán, Tijuana, Nuevo León y Guerrero, donde los niveles de ejecuciones han aumentado. Además ha propuesto una serie de Reformas en materia Penal, como un nuevo Código Penal único para toda la República. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al Presidente Calderón evitar el uso de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, ante lo que el Presidente decidió sostener su decisión y mantuvo a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.

En materia económica, Calderón aplicó un decreto de austeridad por el que se redujo su propio sueldo y el de sus Secretarios de Estado en un 10%. También se ha dado una reforma a la Ley del ISSSTE, por la cual se individualizan las cuentas de los trabajadores del Estado. Esta ley fue negociada con el Gobierno, el PRI, el PAN, el SNTE y la FSTSE. Esta no sólo individualiza las cuentas, además crea un organismo dirigido por el ISSSTE. Quienes la apoyan han mencionado que evitará futuros problemas económicos mientras que los críticos impugnan no solo el método con que se aprobó, sino también un supuesto golpe al ahorro del trabajador. Además, se comenzó con los proyectos de Primer Empleo eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año cuando estos contraten nuevo personal que no tiene experiencia laboral previa y por lo tanto, también se eliminó su registro en el IMSS.

Desde diciembre de 2006 y hasta el 15 de septiembre de 2007, el precio promedio de la canasta básica se elevó en 34.17%, mientras el costo promedio de los alimentos considerados en ese universo repuntó 36.01%, 7.5 veces el aumento a los salarios concedido a los trabajadores en enero de 2007, según estableció una medición de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía. El precio de 42 de los 43 productos que integran la canasta básica de consumo ha superado al repunte de la inflación general, que oficialmente es de 4.2% anual.

Una de las materias mas polémicas ha sido la Educación, entre algunos temas, entre ellos a principios de la discusión del presupuesto donde se dio un recorte amplio a la Educación, siendo la UNAM una de las mayores afectadas, la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, el Conacyt, el SNTE, la UNAM y la mayoría de los Partidos Políticos lo criticaron, pero Calderón y su Gobierno rectificaron la medida revirtiendo el recorte. El balance económico del primer año del presidente Felipe Calderón fue positivo porque se consolidó la estabilidad macroeconómica y se lograron acuerdos políticos para aprobar reformas coma la fiscal y de pensiones.