IDD-Lat 2008

En abril de 2007, se realizaron fuertes protestas por el aumento del precio de los combustibles. Zelaya había prometido bajar el precio de la gasolina en la campaña electoral, pero se vio forzado a dar marcha atrás por el marcado incremento en la cotización internacional del petróleo.

La huelga de transportistas ocurrió mientras se agudizaba el conflicto con los médicos que exigían la convalidación de estudios de aquéllos que hubieran trabajado en Cuba. Se les exigía un año de internado rotatorio y otro de servicio social para conseguir homologar sus títulos cubanos.

En Honduras las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo han sido históricamente de supeditación del segundo al primero, sin embargo, este tipo de relación parece ir cambiando. Cada vez más el poder legislativo logra su autonomía. En el transcurso del año 2007 las relaciones entre el Poder Legislativo y el  Poder Ejecutivo se han caracterizado por un aparente divorcio, el hecho más significativo fue la propuesta de una ley de transparencia que fue una de las promesas de campaña del mandatario actual que en su primer día de gobierno se aprobaría dicha ley. Sin embargo, la aprobación de la misma en el Congreso Nacional ha llevado todo el año y ha generado no sólo una distancia entres los poderes, sino, también, con sectores de la sociedad civil, que desde el año pasado habían iniciado un proceso de elaboración de una propuesta de una ley de acceso a la información.

El poder ejecutivo no ha sancionado varios proyectos entre los cuales las reformas a la ley de transparencia. Según la Vice presidenta del Congreso Nacional, Lizzi Flores, la desorganización en el poder ejecutivo no permite sanción de proyectos, falta de comunicación, y un enlace que agilice la sanción de los proyectos aprobados. Asimismo la ausencia del Presidente en los actos protocolarios del Congreso, asistiendo únicamente un representante y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, refleja un cierto distanciamiento de estos poderes del Estado.

Dentro de la agenda legislativa se tenía previsto la reforma a la ley electoral. Sus principales promotores eran las bancadas de los partidos mayoritarios quienes, con el pretexto de consolidar relaciones entre políticos y evitar crisis, desean perpetuar de manera continua el número de asientos en el Congreso Nacional. La sociedad civil y los partidos políticos emergentes consideraban que tales reformas eran un retroceso a la democracia y a la forma de escoger a los diputados. Los políticos, tanto liberales como nacionalistas, han venido negociando más de veinte reformas electorales. Una de las que mas preocupaba a los partidos minoritarios es la elección de diputados por “cascada” o por “plancha”, ya que desaparecería el principio de representatividad gracias al cual los partidos políticos, como Unificación Democrática, Democracia Cristiana y PINU, tienen diputados en el Congreso Nacional.

Por otro lado la disposición del presidente del Congreso Nacional a aspirar a la presidencia de la República sin renunciar a su cargo como presidente de este Poder del Estado, generó controversia en los sectores civiles y políticos del país. A inicios de 2007 el mismo presidente anunció no estar interesado en aspirar a la presidencia, sin embargo los activistas del partido liberal se movilizaron a apoyar esta candidatura de manera prematura. La bancada liberal, que apoyaba al Presidente del Congreso, argumentaba que está dentro de la legalidad constitucional aspirar a la presidencia, por lo cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia se ampare su candidatura bajo el artículo 240 de la constitución de la República.

En julio de 2007 los países de América Central, República Dominicana, México y Estados Unidos acordaron, en Guatemala, impulsar una estrategia conjunta para el combate de las pandillas juveniles, el tráfico de ilícito de armas y el narcotráfico. Representantes de los servicios de seguridad de estos países suscribieron una declaración conjunta que contemplaba, entre otros, el fortalecimiento de los sistemas de intercambio, uso y difusión de la información entre los países del Sistema de la integración Centroamericana (SICA) y EE.UU. La declaración también establecía que el combate contra las pandillas juveniles, conocidas como Maras, "se basará no solamente en actividades policiales, sino también en programas de prevención y rehabilitación" de los jóvenes miembros de estos grupos.

Honduras no terminaba de celebrar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que dirimió un litigio limítrofe con Nicaragua, y ya se encontraba con las baterías enfocadas a resolver otro, ésta vez con Cuba. El presidente Zelaya llegó a Cuba donde se esperaba que firmara un acuerdo para definir los límites marítimos entre los dos países. Sin embargo, la rúbrica del documento fue postergada hasta que se revisara en detalle el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo entre Honduras y Nicaragua. Ambos gobiernos reanudaron relaciones diplomáticas hacía sólo tres años. Habían estado rotas desde comienzos de los años 60, pero desde la década de los 70 las relaciones fueron creciendo al margen de los canales oficiales.

En una sesión del Parlamento Centroamericano, el presidente de Honduras propuso orientar los esfuerzos regionales hacia la creación de un pasaporte común y una moneda única. Manuel Zelaya fue incluso más allá, y en su entusiasmo por la unidad de los países miembros del Parlacen, abogó por el establecimiento de una sola nacionalidad centroamericana. Como ejemplo a seguir, mostró el caso de la Unión Europea; pero a la hora de bautizar la eventual supernación, eligió el nombre de "Estados Unidos de Centroamérica". En su postura fue secundado por el presidente de El Salvador, Elías Saca, quien subrayó la importancia de que los países centroamericanos trabajen juntos.

En 2007, la economía de Honduras se expandió un 6%, por lo que el PIB por habitante acumuló un crecimiento del 12% en el último quinquenio. Este desempeño obedeció al impacto de las remesas familiares (25% del PIB) en el consumo privado y al auge de la construcción privada impulsada por la expansión del crédito bancario. La inflación se aceleró y registró una variación anual del 9,6% en noviembre (5,3% a fines de 2006), debido principalmente a factores de oferta, por lo que no se cumplió la meta inflacionaria establecida de entre el 4% y el 6%. El déficit del gobierno se elevó del 1,3% del PIB en 2006 al 2,4% en 2007.

La tasa de desempleo urbano abierto se redujo del 4,9% en 2006 al 4,1% en mayo de 2007, pero la tasa de informalidad siguió siendo elevada dados los numerosos empleos temporales y de baja productividad. Para mayo, la tasa de subempleo urbano se estimó en un 25%.

Si en los primeros dos años la Administración Zelaya tuvo la suerte de disponer de un marco macroeconómico relativamente estable, lo que está por venir tiene el signo de la incertidumbre. El principal ingreso, las remesas familiares, está en riesgo y a ello se suma el temor de sufrir las consecuencias de la recesión que se asoma en el horizonte de Estados Unidos.

Con el Presidente Zelaya la diplomacia del gobierno tuvo un éxito relativo al lograr la renovación del TPS en Estados Unidos (aunque menos se reinscribieron en el), pero fue incapaz de frenar, disminuir o mitigar las deportaciones masivas de hondureños, que son devueltos en cifras sin precedentes. Esa tragedia migratoria no impide, ni disuade, a centenares de hondureños y hondureñas que a diario abandonan el país por no encontrar las oportunidades laborales y sociales que desean para sus familias. Con un crecimiento económico basado en el consumo, y un consumo que descansa en las remesas familiares, el pronóstico no es alentador para el futuro inmediato.

La Unión Europea anunció que donará más de US$ 300 millones a Honduras durante los próximos cinco años para combatir la pobreza, la inseguridad y la deforestación. A su vez  España condonó cerca de US$187 millones. Y por último el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un programa de alivio de deuda por un monto de casi US$ 4.500 millones para cinco países en América Latina y el Caribe.