IDD-Lat 2008 |
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Colombia |
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Memoria Democrática 2007
No obstante, el Plan ha tenido efectos en el comercio internacional de drogas. "Los colombianos han perdido el control de los mercados (de drogas ilícitas) en el occidente de Estados Unidos", reconoce, el profesor Francisco Thoumi, del Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Thoumi concluye que "hoy en día los narcos colombianos tienden a recibir precios más bajos de los que obtendrían si llevaran la droga directamente a Estados Unidos, pero les es más cómodo vender en México para que los grandes carteles (de ese país) reexporten".Terminó el 2007 con Colombia autorizando un plan del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para recibir a tres rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chávez había solicitado a Bogotá que permitiera el ingreso de helicópteros y aviones venezolanos a territorio colombiano, portando insignias de la Cruz Roja, para recoger a los tres secuestrados. En París el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, señalaba a través de un comunicado que deseaba felicitar a Chávez "por sus esfuerzos y su iniciativa", y también elogiaba a Uribe "por el sentido de responsabilidad que ha demostrado". Chávez había señalado que la operación contaba con comisionados de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Francia. Las FARC habían prometido entregar a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, a la ex candidata a la vicepresidencia, Clara Rojas y a su hijo Emmanuel, de 3 años, nacido en cautiverio. Debemos recordar que los últimos esfuerzos de mediación para la liberación de los secuestrados en manos de las FARC encabezados por el presidente Hugo Chávez, y la senadora colombiana, Piedad Córdoba, se frustraron cuando Uribe los desautorizó tras un desacuerdo respecto al protocolo. Ello desencadenó la "congelación" de las relaciones entre Caracas y Bogotá por parte de las autoridades venezolanas. A principios de diciembre de 2007 el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, había confirmado que su gobierno estaba preparado para intercambiar rehenes por prisioneros de la guerrilla, pocas horas después de que el presidente Álvaro Uribe autorizaba "una zona de encuentro" para el diálogo. Uribe dio luz verde a la creación de una zona en la que no hubiera presencia armada del ejército ni de la guerrilla, para llevar a cabo un diálogo entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en busca de un intercambio humanitario. Uribe explicó que la zona de encuentro tendrá una extensión de 150 kilómetros cuadrados, estaría situada en cualquier lugar del país, en un área preferiblemente rural, sin presencia de población civil o con muy poca presencia. Uribe también anunció la creación de un fondo de US$ 100 millones para pagar recompensas a grupos de las FARC que se desmovilizaran y liberaran a secuestrados. Ocho años después de iniciado el Plan Colombia, el narcotráfico no ha desaparecido y, a pesar de los millonarios recursos invertidos, Colombia sigue siendo uno de los principales abastecedores de cocaína de Estados Unidos y Europa. Aunque gracias a ese plan se fortalecieron las fuerzas militares, en Colombia se sigue sembrando coca y se continúa exportando cocaína directamente, a través de carteles locales, o indirectamente, por medio de alianzas con organizaciones criminales de otros países. Mientras el gobierno del presidente Álvaro Uribe defiende los logros conseguidos por el Plan Colombia, en el que Estados Unidos ha invertido más de 4.200 millones de dólares entre 1999 y 2007, otros observadores independientes los cuestionan. Por un lado, el gobierno insiste en que, gracias al Plan Colombia, los cultivos de coca se han reducido casi en un 50% y que, al mismo tiempo, se ha fortalecido la capacidad operativa de las fuerzas militares. Pero, por otro lado, Ricardo Vargas, de Acción Andina, un grupo de expertos que estudia el fenómeno del narcotráfico, cuestiona los resultados del Plan Colombia. "El Plan Colombia contuvo la producción en las zonas de cultivo, pero no obtuvo resultados contundentes en términos estratégicos", enfatiza Vargas. Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, afirma que el balance del Plan Colombia "es ambiguo". "Fue un éxito en el fortalecimiento del Estado colombiano y en la recuperación de la seguridad, pero ha sido un real fracaso frente al narcotráfico", sostiene. En materia de política internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), falló sobre su competencia para dirimir en la disputa territorial que enfrenta a Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe. Nicaragua consideraba que la Corte era el mecanismo adecuado para resolver este tipo de conflictos. En marzo de 2007 se produjo la visita del presidente de Estados Unidos, George Bush a Colombia. Álvaro Uribe aprovechó la visita de Bush para hacer una acalorada defensa de su compromiso por investigar el escándalo de paramilitares que ha afectado a un círculo cercano de su gobierno. El presidente Bush dijo sentir plena confianza en la gestión de Uribe y aseguró que la Casa Blanca seguiría apoyando la ampliación del Plan Colombia y prometió que haría todo lo posible para que el Congreso de los EE. UU aprobara el Tratado de Libre Comercio que ya habían firmado ambos gobiernos. Uribe se estaba enfrentando al escándalo conocido como el "para-gate", que ya había culminado con el encarcelamiento de ocho congresistas oficialistas y de su ex jefe de inteligencia, mientras se investiga si tuvieron vínculos con los paramilitares. Los dos mandatarios abordaron también el tema de la inmigración y Bush prometió que una reforma integral seguiría siendo la prioridad de su gobierno. Un año después de estallar el escándalo por vínculos de políticos con grupos paramilitares de derecha, la Corte Suprema de Justicia había comenzado el juicio contra el primero de los 44 congresistas que estaban siendo investigados. Se trataba del representante a la Cámara Erik Morris, detenido en noviembre de 2006 y acusado de haber tenido vínculos desde 1997 con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando fue elegido gobernador del departamento de Sucre, en la costa Caribe. Es la primera vez en este proceso que se hace un juicio contra un congresista activo en la Corte Suprema. El tribunal ha iniciado investigaciones contra 44 miembros de la Cámara de Senadores y de la de Representantes. La gran mayoría de esos 44 congresistas y ex congresistas hacen parte de la coalición que apoya al presidente Álvaro Uribe. En octubre de 2007, en medio de amenazas y ataques que le han costado la vida a casi una treintena de candidatos, Colombia realizó elecciones para escoger a 1.098 alcaldes municipales, 32 gobernadores departamentales y miles de legisladores locales y regionales para los próximos cuatro años. Un total de 86.754 candidatos se disputaron 18.527 cargos. Son las primeras elecciones que se realizan en este país después de que en 2006 estalló el escándalo por los nexos entre políticos y paramilitares de derecha, que involucró judicialmente a medio centenar de congresistas, dos gobernadores, un ex jefe de la policía secreta y decenas de dirigentes y funcionarios. En las últimas elecciones locales, en octubre de 2003, esos grupos llegaron a tener casi la tercera parte del poder electoral del país e influencia en siete gobernaciones, 271 alcaldías y 3.600 concejales municipales. Mientras la guerrilla izquierdista de las FARC está contenida militarmente y optó por hacer ataques selectivos contra candidatos, desde hace 10 años los paramilitares comenzaron a "cooptar" partidos y movimientos políticos. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, en lo que va de 2007, han sido asesinados 27 candidatos a alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales. En Bogotá, el ex alcalde Enrique Peñalosa, quien aspiraba nuevamente al cargo, reconoció su derrota frente a Samuel Moreno, del partido Polo Democrático Alternativo. El triunfo de la izquierda en Bogotá fue el hecho más destacado de las elecciones locales. La izquierda ganó la Alcaldía de Bogotá con su candidato, el ex senador Samuel Moreno Rojas, y mantuvo esa posición, que había conquistado por primera vez en la historia hace cuatro años con el dirigente sindical Luis Eduardo Garzón. Samuel Moreno tendrá una gobernabilidad difícil, pues como alcalde tendrá que concertar muchos temas con el gobierno nacional. Pero al oficialismo no le fue mal. Los partidos que integraban la coalición que apoyaba al presidente Álvaro Uribe, ganaron buena parte de las gobernaciones y alcaldías, así como de los escaños en las asambleas departamentales y concejos municipales. Y, si se suman sus votos, siguen siendo la primera fuerza electoral del país. Un segundo lugar fue compartido por el Partido Liberal y por grupos cívicos que apoyaron a candidatos independientes. El actual partido gobernante de Colombia, el Partido Social de Unidad Nacional, anunció que lanzaría una campaña para promover un referendo popular que permitiera al presidente presentarse para una segunda reelección consecutiva. Indicaban que los sondeos de opinión mostraban que más del 50% del electorado apoyaba la idea de un tercer término de Uribe. Para lograr el referendo, había que conseguir las firmas del 5% de los votantes y que, luego, el 25% participara en la votación. Sería la primera vez que un presidente es elegido tres veces en Colombia. En lo económico un hecho destacado fue la decisión de liquidar los servicios de salud del estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS). Alegando problemas financieros insolubles, el gobierno decidió que, en un plazo de seis meses, esos afiliados deberán pasar a una nueva entidad donde el Estado tendrá la mitad de las acciones y estará asociado con empresas privadas. El gobierno ha dicho que aunque se asociara con el sector privado para prestar servicios de salud, el pago de las pensiones a jubilados y la atención de riesgos profesionales a sus afiliados seguirán siendo estatales y están garantizados. La Empresa Prestadora de servicios de Salud (EPS) del seguro Social estaba arrojando pérdidas anuales del orden de 200 millones de dólares. En 1993, una ley abrió la seguridad social colombiana a las empresas privadas. Desde entonces, surgieron varios competidores para el ISS, que hoy ocupa el segundo lugar en cuanto a afiliados en salud. |
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