IDD-Lat 2008

Brasil

IDD-LAT 2002	IDD-LAT 2003	IDD-LAT 2004	IDD-LAT 2005	IDD-LAT 2006	IDD-LAT 2007	IDD-LAT 2008
3,932	5,028	3,348	3,820	4,468	4,576	4,520

IDD-LAT 2008

Dimensión II

Dimensión III

Dimensión IV

Datos Económicos

Dimensión IV

Datos Sociales

4,613

3,561

0,322

0,545

Brasil prácticamente ha mantenido el Índice con respecto al 2007, y sigue manteniendo el 9º lugar del Ránking. Este desempeño se debe al fuerte crecimiento alcanzado en la Dimensión IV y al puntaje de la Dimensión II, hecho que compensa el descenso de la dimensión III. El valor del 2008 está por debajo del promedio regional, aunque podemos considerarlo un país de desarrollo democrático medio.
Brasil, en Respeto de los Derechos Políticos y Civiles, sigue con su tendencia positiva y ha obtenido el mejor valor de la serie, aunque ha descendido un lugar en el ránking. El mejor puntaje se debe fundamentalmente al desempeño del indicador que mide la inseguridad y la estabilidad que alcanzan los indicadores de derechos políticos y libertades civiles y el de Voto de adhesión política. Ha descendido la participación de Género en el Gobierno. En la Dimensión II sigue sin alcanzar el promedio de la Región.
El desempeño de la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política es uno de los peores desde el 2002, sólo superado por el valor obtenido en el 2004. Brasil ocupa el lugar Nº 14 del ránking. Su resultado no se debe a un pobre desempeño de los indicadores que conforman la dimensión, sino porque ha sido castigado con el Factor de Anormalidad Democrática, debido a la crisis institucional que vivió durante el 2007, provocada por las reiteradas denuncias de corrupción a miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si no fuera por esta deducción, el valor que habría obtenido hubiera sido superior al del año anterior. De hecho han mejorado el Indice de Percepción de la Corrupción (recordemos que este puntaje lo califica Transparencia Internacional en base a los acontecimientos 2006), y Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo. El único indicador que ha empeorado levemente es Accountability. Por lo tanto, el puntaje de la dimensión está por debajo del promedio regional y con respecto al IDD-Lat 2007 ha descendido más del 12%.
Las dos subdimensiones de la Dimensión IV no tuvieron el mismo comportamiento. En la Subdimensión Social se evidencia un mejor desempeño de los indicadores. Su tendencia positiva hace que escale dos lugares en el ránking, con respecto al 2007 y que supere el promedio de la Región. Los logros más importantes se producen en Matriculación Secundaria y en Gasto en Salud como % del PIB.
El puntaje obtenido en Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica es el mejor de la serie; aunque sigue ocupando el 7º lugar del ránking. Supera el promedio de la Región. Este desempeño se debe al mejoramiento de algunas variables, tales como PIB per cápita, Brecha de Ingreso y nivel de Endeudamiento, que compensan los puntajes recibidos en el Indice de Libertad Económica y en Inversión.

Memoria Democrática 2007

Una línea que atravesó la agenda política del 2007 fueron las diversas denuncias de corrupción a distintos aliados del Presidente, entre ellos familiares directos suyos. Un caso emblemático fue el del presidente del Senado, Renán Calheiros, que renunció a su cargo a fin de evitar un juicio político, que implicaría su destitución inmediata, luego de un largo escándalo por acusaciones de corrupción y delitos fiscales. Calheiros, un aliado del presidente brasileño, estaba acusado de usar testaferros para comprar dos estaciones de radio y un periódico. El presidente del Senado había sostenido una batalla feroz para preservar su trabajo y sobrevivió a una votación secreta que amenazó su posición en septiembre de 2007.

El nivel de controversia alrededor del senador alcanzó tales magnitudes que debió pedir licencia por 45 días en octubre de 2007, luego de que senadores amenazaran con boicotear las sesiones que presidía. A principios del escándalo, el senador fue acusado de recibir dinero de una empresa que participaba en licitaciones públicas para mantener a una ex amante y a la hija que tuvo con ella. Calheiros admitió haber usado un cabildero, pero siempre alegó que el dinero era suyo.

Otro caso resonante fue el de uno de los hermanos del presidente, que también fue implicado en un escándalo de presunto tráfico de influencias. Se trata de José Ferreira da Silva, conocido como "Frei Chico", quien admitió que su voz aparecía en escuchas telefónicas realizadas por la Policía Federal brasileña, que investigaba a una banda de juego clandestino. Por el escándalo ya estaba procesado el hermano mayor de Lula, Genival da Silva, apodado "Vavá", por aparente tráfico de influencias. La Policía Federal creía que "Vavá" utilizaba el nombre del mandatario para acelerar negocios con la red delictiva y actuar como intermediario en negociaciones entre empresarios y algunos ministerios. Sin embargo el hermano mayor de Lula, quien negó los cargos, no fue arrestado por el caso. El presidente brasileño, entre tanto, había salido en defensa de "Vavá" afirmando que no creía que estuviera vinculado con la organización de juego ilegal. El mandatario mantuvo la inocencia de su entorno íntimo. Para él, la Policía Federal desempeñó "un papel extraordinario" y la investigación debía continuar hasta encontrar la verdad.

Otro caso fue el del ministro de Energía y Minas de Brasil, Silas Rondeau, quien presentó su dimisión al Presidente Lula en medio de un escándalo de corrupción por la adjudicación de obras públicas. La policía brasileña realizó redadas a lo largo del país en una investigación que había sido denominada "Operación Navaja". Las autoridades policiales sospechaban que una compañía de contratistas pagaba sobornos a funcionarios para obtener ventajas en las licitaciones públicas del nordeste brasileño. El ex ministro de Energía y Minas fue investigado por un presunto pago de unos US$ 50.000 que habría recibido para aprobar un contrato de suministro eléctrico a zonas rurales del país, lo que fue negado por Rondeau. Cerca de 50 personas fueron arrestadas como parte de la investigación, entre ellos un ex gobernador, varios alcaldes y ex alcaldes y empleados federales y estatales.

A diferencia de anteriores denuncias donde sólo estaban involucrados miembros del partido oficialista, los imputados pertenecían a diversas agrupaciones políticas.

El 28 de agosto de 2007, el Supremo Tribunal Federal de la justicia brasileña aceptó investigar la denuncia que el 30 de marzo de 2006 el procurador general de Brasil había formulado contra 40 personas —entre ellas, los principales líderes del Partido de los Trabajadores — por haber montado desde el poder un gigantesco esquema de corrupción, en un caso conocido en Brasil como el “mensalao”, o el “mensualón”, que incluyó el pago de coimas de 12.500 dólares por mes a numerosos congresistas para que votaran los proyectos de ley que enviaba el Poder Ejecutivo.

Después de una profunda investigación, el procurador general llegó a la conclusión de que desde el año 2003 (cuando asumió Lula) hasta el 2005, el gobierno brasileño puso en marcha “una sofisticada organización delictiva, dividida en sectores de actuación, que se estructuró profesionalmente para la práctica de delitos como peculado, lavado de dinero, corrupción activa, gestión fraudulenta, además de las más diversas formas de fraude”. José Dirceu, Jefe de la Casa Civil y mano derecha del presidente, era el líder de la “quadrilha” criminal. También la integraron José Genoino (presidente del PT), Delúbio Soares (tesorero del PT), Silvio Pereira (secretario del PT) y Luiz Gurshiken (ministro de Comunicación y Gestión Estratégica de Lula). Todos ellos fueron removidos de sus cargos. Mientras la Justicia brasileña anunciaba su histórica decisión de iniciar el proceso a los corruptos del entorno de Lula, el PT realizó su tercer Congreso Nacional, con la presencia del presidente y de muchos de los que debían presentarse con abogados defensores ante los tribunales judiciales. Lula afirmó allí que “nadie en este país tiene más autoridad moral y ética que nuestro partido”.

Un acontecimiento significativo de ese año fue que, por primera vez desde el retorno de la democracia, hacía 25 años, Brasil responsabilizaba oficialmente al régimen militar de violaciones de los derechos humanos. El documento "Derecho a la memoria y la verdad", registró 479 casos de detenidos-desaparecidos. El reconocimiento del Estado brasileño del accionar de los militares podría generar una ola de juicios. Se trataría de algo inédito en el país, donde las fuerzas armadas han eludido los procesos por delitos de lesa humanidad desde el retorno de la democracia. El informe de casi 500 páginas afirmaba que los crímenes sucedieron por una "decisión consciente de los gobiernos de la época" y con "pleno conocimiento de los más altos jefes de las fuerzas armadas". De este modo rechazaba la teoría de que los abusos de los derechos humanos habrían sido cometidos por individuos que actuaron fuera del control de sus superiores.

El presidente dijo que en 2007 la economía de su país creció en más de un 5% y el desempleo cayó al 8,2%, el nivel más bajo en los últimos cinco años. Según él, no sólo ha disminuido el desempleo, sino también han aumentado los salarios. Lula señaló que en los últimos cinco años, 20 millones de personas (de una población de 184 millones) subieron de nivel, desde las clases más bajas. "Por todo esto, este año la ONU incluyó a Brasil, por primera vez, en el grupo de países con alto índice de desarrollo humano". Lula prometió que "en 2008, Brasil será una cantera de obras".

El presidente destacó que en 2007 se lanzó y consolidó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). "El PAC significa, ante todo, crecimiento y empleo", dijo. "Las décadas perdidas por la falta de confianza en el país y por la falta de planificación y de acción del Estado quedaron atrás", aseguró.

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