IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	2,807 18º	1,508 18º	-0,689 14º	0,502 7º	2,003 16º

1. Venezuela logra mejorar su rendimiento en el 2016. Había iniciado un proceso leve de mejora en el IDD-Lat desde el año 2007, pero esa tendencia se había quebrado a partir del 2010, con una breve interrupción en el 2013, y presentó nuevamente retrocesos en 2014 y 2015. La mejora le significa avanzar al 17° lugar, ganando una posición con respecto al año anterior. A pesar del leve incremento del puntaje, igualmente no logra salir de la clasificación de país con mínimo desarrollo democrático y permanece cercano al peor valor de su serie, obtenido en el 2004. Solo ha accedido al grupo de bajo desarrollo democrático en cuatro oportunidades (2008, 2009, 2010 y 2013); mientras que en el resto de la serie ha sido catalogado con mínimo grado de desarrollo (gráfico 3.86).

El avance en el puntaje es motorizado por los ascensos de las dimensiones de democracia de las instituciones y democracia económica, más fuertemente. Estos avances han podido neutralizar los descensos en democracia de los ciudadanos y democracia social. En esta edición, Venezuela es acompañada, en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático, por Colombia, Brasil, Nicaragua, Honduras y Guatemala. De la región andina, solo Colombia comparte esta calificación, mientras el resto de los países son valorados con desarrollo democrático medio. En dos dimensiones, democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones, Venezuela se sitúa en el último lugar del ordenamiento regional.

2. En ladimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles,democracia de los ciudadanos, el valor es un 8 % más bajo que el del año anterior, por el peor comportamiento que tuvieron los indicadores de voto de adhesión política y género en el Gobierno; y, por otro lado, por las críticas puntuaciones que sigue recibiendo Venezuela en los índices de percepción de respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos, que son las peores de la región (gráfico 3.87).

Como en toda la serie del IDD-Lat, en esta dimensión no logra alcanzar el promedio regional. Por otro lado, Venezuela es valorada con mínimo desarrollo democrático junto con Colombia. En América andina, el resto de los países reciben la calificación de desarrollo democrático medio en esta dimensión. El valor obtenido por Venezuela ratifica el endeble respeto de los derechos y libertades. Se acerca a su peor puntuación, recibida en el 2009. En esta dimensión, es la quinta ocasión que recibe puntuaciones que la colocan en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático.

3. Ladimensión calidad institucional y eficiencia política Venezuela tiene un comportamiento positivo, del orden del 2 % (gráfico 3.88), lo que significa que aún no logra superar el umbral de los 3,000 puntos y en este caso recibe una puntuación por debajo de los 2,000, cercana al peor valor de su serie, en el año 2004. Este avance no le representa ningún cambio, ni en la ubicación del ranking regional, donde sigue ocupando el último lugar, ni en el grado de desarrollo que presenta, que es de mínimo desarrollo democrático, lugar de donde salió solo en el período 2006-2010.

Los indicadores que presentan una peor puntuación son participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y desestabilización de la democracia, y en el resto de las variables alcanza valores críticos. Este año Venezuela es, nuevamente, castigada con el factor de anormalidad democrática por la crisis de gobierno que vivió durante el 2015. Los indicadores de percepción de la corrupción y desestabilización de la democracia presentan los puntajes más bajos de la región. De América Andina, Venezuela es el único país que recibe la calificación de mínimo desarrollo democrático en esta dimensión; mientras que el resto de esos países califica con bajo desarrollo democrático, salvo Bolivia, que clasifica con desarrollo democrático medio.

4. La dimensión social presenta un peor desempeño con respecto al año anterior (gráfico 3.89), debido a la puntuación obtenida en los indicadores que miden el desempeño en salud y desempleo. Presentan ascensos las puntuaciones de los indicadores que corresponden a la eficiencia en educación y la variable que mide población bajo la línea de la pobreza. Producto de este descenso, Venezuela pierde tres lugares en el ranking regional con respecto al 2015 y se ubica en el 14º lugar.

Continúa, como en toda la serie, por debajo del promedio regional; y, aunque en esta dimensión nunca había logrado salir del grupo de países con bajo desarrollo social, desde el 2015 logra integrar el grupo de países con desarrollo democrático medio, como todos los países que pertenecen a la zona de América andina.

5. El país presenta un avance importante en la dimensión económica, tras alcanzar el mejor puntaje en el 2009; este crecimiento es el séptimo del 2002 a la fecha (gráfico 3.90). Esta dimensión del desarrollo democrático es la que presenta mejores resultados, al lograr mantenerse por encima del promedio regional. En esta edición, el ascenso se explica por los mejores desempeños registrados en los indicadores brecha de ingreso, endeudamiento y más fuertemente, inversión. Las variables que logran un peor puntaje con respecto al 2015 son libertad económica y PIB per cápita, aunque sus bajas no fueron lo suficientemente importantes como para neutralizar las alzas.

Venezuela ocupa el séptimo lugar, ganando siete lugares con respecto a su ubicación en el ranking regional de 2015. A lo largo de la serie ha pasado a formar parte del grupo de países con alto desarrollo democrático en dos ocasiones (2009 y 2010), con desarrollo democrático medio en ocho años, incluyendo el actual, con bajo desarrollo democrático en cuatro años y en la edición 2015 con mínimo desarrollo económico. Esto demuestra su comportamiento errático.

Conclusiones

- Venezuela presenta un avance del 24 %.

- Avanza al 16° lugar, ganando una posición con respecto al año anterior.

- Venezuela califica como país con mínimo desarrollo democrático.

- El avance en el puntaje es motorizado por los ascensos de las dimensiones de la democracia de las instituciones y la democracia económica.

- En democracia de los ciudadanos, el valor es un 3 % más bajo que el del año anterior. No alcanza el promedio regional. Venezuela es valorada con mínimo desarrollo democrático.

- En democracia de las instituciones tiene un comportamiento positivo, del orden del 2 %. Ocupa el último lugar en el ranking regional. Califica con mínimo desarrollo democrático. Este año Venezuela es, nuevamente, castigada con el factor de anormalidad democrática.

- En democracia social presenta un peor desempeño que el año anterior. Venezuela se ubica en el 14º lugar. Está por debajo del promedio regional. Integra el grupo de países con desarrollo social medio.

- La dimensión económica presenta un avance importante. Venezuela ocupa el séptimo lugar. Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio.

Lo acontecido en el año 2015

Miguel Ángel Martínez Meucci

Democracia de los ciudadanos

Aunque la oposición logró hacerse con dos tercios de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre -hecho que parece marcar un punto de inflexión en la menguante legitimidad democrática del régimen que preside Nicolás Maduro-, el proceso se desarrolló en medio de un hostigamiento constante por el oficialismo, entremezclado con el aumento de la violencia -27.875 homicidios y la segunda mayor tasa al respecto en América (90 homicidios por cada 100.000 habitantes), según el Observatorio Venezolano de Violencia-. Igualmente se constató la consolidación de mecanismos represivos para controlar el descontento popular, expresado en protestas y saqueos por falta de acceso a alimentos y medicinas.

El 29 de enero apareció en Gaceta Oficial la resolución n.º 008610 del Ministerio de Defensa, que autorizaba a la fuerza armada para intervenir en manifestaciones con uso de «fuerza potencialmente mortal»; el hecho fue cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Poco después, en una protesta que tuvo lugar el 24 de febrero en San Cristóbal, Kluivert Roa (14 años) recibió un disparo mortal a quemarropa de parte de Javier Mora, agente de la Policía Nacional Bolivariana que luego fue detenido y juzgado.

Varios ciudadanos y dirigentes vinculados a las protestas del 2014 han sido privados de libertad y sometidos a irregulares procedimientos judiciales, en función de motivaciones claramente políticas. Tal es el caso del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido el 19 de febrero luego de ser acusado por el oficialismo de participar en actividades conspirativas y de suscribir un documento público en el que llamaba a la «transición». Aunque luego se le dio el beneficio de casa por cárcel, por motivos de salud, las condiciones de su procesamiento judicial (al igual que las de otros presos políticos como Daniel Ceballos, Manuel Rosales o decenas de ciudadanos que fueron detenidos en 2014) han sido permanentemente cuestionadas por su falta de apego al debido proceso.

El caso más sonado seguramente ha sido el de Leopoldo López, máximo dirigente del partido Voluntad Popular, quien permaneció todo el año retenido en la cárcel militar de Ramo Verde afrontando cargos de incitación a la violencia. Sus familiares y allegados han denunciado vejámenes de las autoridades carcelarias en sus visitas a López, así como condiciones violatorias de los derechos humanos del reo. Luego de repetidas suspensiones y postergaciones de las audiencias, el 10 de septiembre se le condenó a casi 14 años de prisión. La sentencia fue emitida por la jueza Susana Barreiros (34 años), quien el 15 de septiembre fue juramentada como nueva defensora pública general por una saliente mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, instancia que de hecho ya contaba con relevo electo por voto popular el 6D.

Democracia de las instituciones

La ausencia de independencia entre las ramas del poder público se evidenció en múltiples actuaciones del Estado venezolano a lo largo de todo el año, sobre todo en el proceso que condujo a las elecciones parlamentarias del 6D. El 15 de marzo la Asamblea Nacional de mayoría oficialista promulgó una ley habilitante al presidente Maduro (la segunda que se otorga), permitiéndole legislar por decreto hasta el 31 de diciembre. El 22 de junio, después de una gran incertidumbre en torno a la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó oficialmente los comicios para el 6 de diciembre. Durante los meses siguientes, el presidente Maduro promulgó medidas que afectaron la zona limítrofe con Colombia, desde el cierre de la frontera hasta la expulsión de ciudadanos colombianos y el decreto de estado de excepción, por etapas, en varios estados y municipios fronterizos. Las medidas fueron criticadas como violatorias de los derechos humanos y por su proximidad a los comicios del 6D.

El 14 de octubre la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la jubilación anticipada de 13 de sus magistrados, quienes legalmente debían cesar en sus funciones en diciembre de 2016. El hecho fue visto como una maniobra para impedir que la nueva composición de la Asamblea Nacional (previsiblemente de mayoría opositora) pudiera nombrar a los nuevos magistrados en el momento correspondiente, garantizándose así previamente el oficialismo que los nuevos designados le fueran cercanos. Tales hechos, así como el claro ventajismo implementado por el gobierno de Maduro, ocasionaron que el 10 de noviembre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunciara en una carta abierta la ausencia de transparencia y condiciones de equidad de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre y exigiera al gobierno corregir tal situación. Las exigencias de Almagro se redoblarían durante la campaña electoral, concretamente el día 25 de noviembre, cuando fue asesinado a tiros en Altagracia de Orituco el secretario regional del partido Acción Democrática en esa localidad, Luis Manuel Díaz, quien justo entonces se encontraba en una tarima junto a Lilián Tintori, esposa de Leopoldo López.

El día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo abiertas las mesas de votación hasta las 7 p. m., contraviniendo el artículo 308 del Reglamento Electoral y el artículo 121 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Durante varias horas de incertidumbre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló el respaldo y custodia de los resultados por la fuerza armada, mientras varios políticos de oposición y algunos «acompañantes» internacionales (fuertemente cuestionados entonces por el CNE, que prohíbe la figura de «observadores») expresaban su preocupación por la demora en dar los resultados. Estos fueron comunicados a cuentagotas, hasta que el 8 de diciembre el CNE reconoció que la MUD obtuvo 112 diputados y la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, de inmediato se produjeron maniobras para adulterar los efectos del resultado electoral. El 28 de diciembre la Sala Electoral del TSJ suspendió sus vacaciones y anunció despacho hasta el día 30, y así el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pudo introducir seis recursos contenciosos y cautelares con los que impugnaba a ocho diputados de la MUD. Dos días después, la Sala Electoral aceptó todas las impugnaciones, pero admitió solo uno de los recursos cautelares, suspendiendo así la juramentación de los diputados electos en el estado Amazonas (tres diputados de la MUD y uno del PSUV), lo cual podría afectar la mayoría calificada obtenida por la oposición. Por su parte, la MUD sostuvo que la sentencia es nula e inejecutable, y declaró que sus 112 diputados electos el 6D serían juramentados al instalarse la Asamblea el 5 de enero del 2016.

También cabe resaltar los vicios registrados en los procesos judiciales de relevancia política. El 7 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó restablecer la señal de la emisora Radio Caracas Televisión, medida que fue (como tantas de la CIDH) desconocida por el Estado venezolano. Y en octubre, el fiscal 41 en lo nacional, Franklin Nieves, publicó un video en el que afirmaba que había decidido «salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López».

Democracia social

Durante el 2015 se registró un severo deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos, evidenciado principalmente en la progresiva desmejora en sus condiciones de seguridad personal y en el cada vez más difícil acceso a la justicia, alimentos, electricidad, agua y medicinas. La capacidad del Estado para brindar servicios básicos ha mermado sensiblemente frente al avance de dinámicas propias de la anomia y del crimen organizado. Los servicios de electricidad y agua potable se deterioran año tras año. Según Transparencia Internacional, Venezuela se mantiene como uno de los países más corruptos del continente. En 2015 hubo 287 saqueos o intentos de saqueos (cifras del OVCS).

No se trata ya de problemáticas aisladas, sino de una crisis general de las capacidades del Estado. En tal sentido, preocupa sobremanera el retardo cada vez mayor (denunciado por expertos y organismos nacionales e internacionales) que las instituciones gubernamentales están registrando a la hora de publicar estadísticas oficiales sobre indicadores básicos, así como su eventual adulteración. Esta circunstancia hace que sea imprescindible recurrir a las cifras que ofrecen ONG y otras instituciones especializadas.

Democracia económica

La oscilación de la cotización del barril venezolano entre los $ 55 y $ 30, luego de una década de precios muy altos, es sumamente grave para un país en el que dicho producto representa el 96 % del valor de sus exportaciones. Tras el visible agotamiento de un modelo económico sustentado en el continuo crecimiento del gasto público, el gobierno de Maduro no ha detenido el agravamiento de la escasez y la inflación ni la caída del poder adquisitivo. Si la inflación se contó entre las más altas del planeta (180,9 % anual según el Banco Central de Venezuela), el ingreso mínimo de los trabajadores cerró el año en Bs. 16.399, reuniendo salario y bono alimentario (menos de 20 dólares al cambio paralelo). El desabastecimiento reportado por organizaciones civiles y cámaras de empresarios en materia de alimentos y medicinas alcanzó el 70 % en ciertos rubros básicos.

A pesar de reconocer parcialmente la gravedad de la situación, Maduro no presentó en todo el año un programa económico integral para enfrentarla, y se limitó a anunciar cambios de ministros y ligeros retoques al complejo sistema de control cambiario, así como aumentos salariales que de ningún modo compensaron la creciente inflación. En vez de reconocer las causas de la crisis, siguió culpando de esta a la «guerra económica» que supuestamente adelantan enemigos internos y externos de la Revolución bolivariana, y en su discurso de memoria y cuenta ante la AN señaló que «Dios proveerá».

Otros hechos destacados

Mención aparte merecen las presuntas conexiones del gobierno de Maduro con el narcotráfico y el lavado de dinero. En enero, el diario ABC de España aseguró que Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Diosdado Cabello (para muchos el número dos del gobierno venezolano en aquellos momentos), había desertado y acusaba a este de conexiones con el tráfico de drogas. Posteriormente, entre febrero y marzo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos destapó grandes tramas de corrupción. A través de la llamada lista Falciani se supo que Venezuela era el tercer país con mayores activos en el banco HSBC, y que de los $ 14.800 millones de dólares registrados a nombre de venezolanos, más de 12.000 millones habrían sido depositados entre 2006 y 2007 por el gobierno de Venezuela (particularmente por la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro), presuntamente a nombre de un exguardaespaldas de Hugo Chávez. También se supo cómo el dinero procedente de la corrupción en Venezuela se lavaba a través de la Banca Privada de Andorra. Alrededor de USD 2.000 millones provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se habrían lavado mediante empresas fantasma creadas con la complicidad de empleados de dicho banco.

Ello dio pie para que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmara el 9 de marzo una orden ejecutiva contra funcionarios de Venezuela presuntamente vinculados con violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción, por la cual se les inmovilizaron bienes dentro del territorio estadounidense y se les prohibió la entrada a dicho país. Entre los afectados se cuenta a Antonio José Benavides Torres, Manuel Gregorio Bernal Martínez, Gustavo Enrique González López, Katherine Nayarith Haringhton Padrón, José Noguera Pietri, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta y Miguel Alcides Vivas Landino. Como respuesta a la medida, el presidente Maduro promovió a González López (uno de los afectados) al cargo de ministro del Interior, Justicia y Paz.

El 11 de noviembre dos jóvenes familiares de la primera dama, la diputada Cilia Flores, fueron arrestados en Haití por agentes encubiertos de la DEA, acusados de narcotráfico y conspiración para llevar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Los detenidos permanecieron el resto del año bajo custodia del gobierno de Washington, mientras Caracas se negó a rendir declaraciones.