IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	7,191 3º	9,206 1º	1,211 3º	1,667 3º	9,353 2º

1. Desde que se calcula el índice de desarrollo democrático, Uruguay siempre se ha ubicado en alguno de los tres primeros lugares, en lo alto del ordenamiento regional. Este año pierde el liderazgo logrado en los tres años anteriores y en el primer año de medición del IDD-Lat, en el 2002 (gráfico 3.81). Desciende al segundo lugar, precedido por Chile y seguido por Costa Rica. Este descenso es producto de caídas en todas las puntuaciones, con más fuerza en democracia social y democracia económica.

Uruguay obviamente supera con amplitud el promedio regional e integra el grupo de alto desarrollo democrático. Mantiene el liderazgo en la dimensión calidad institucional y eficiencia política. En el resto de las dimensiones logra ubicarse en las posiciones más altas. Comparte en la zona del Cono Sur este grado de desarrollo con Chile, mientras que Argentina se sitúa entre los países con desarrollo democrático medio y Paraguay califica con bajo desarrollo democrático.

2. Uruguay dejó de liderar ladimensión I,respeto de los derechos políticos y civilesen el 2014 y por tercer año consecutivo se ubica en la tercera posición, a pesar de que este año muestra incluso un leve descenso en su puntuación (gráfico 3.82). Este comportamiento negativo se debe a una caída en una de las variables que componen el indicador de condicionamiento de las libertades por inseguridad, tasa de secuestro. El resto de los indicadores se mantienen en el mismo puntaje, salvo género en el Gobierno y tasa de homicidios que presentan mejores desempeños.

Su puntaje en esta dimensión está muy por encima del promedio regional. Uruguay, a pesar del descenso, permanece en el grupo de alto desarrollo democrático, calificación que comparte únicamente con Chile en el Cono Sur. Por su parte, Argentina y Paraguay reciben la calificación de desarrollo democrático medio.

3. En la dimensión II,que mide la calidad institucional y la eficiencia política, Uruguay tuvo un comportamiento levemente negativo, con un retroceso del orden del 3 %, pero que le permite mantenerse sobre los 9,000 puntos y liderar esta dimensión (gráfico 3.83). Permanece en esta ubicación fruto de los resultados en los indicadores de percepción de la corrupción y desestabilización de la democracia, donde Uruguay lidera las puntuaciones entre los 18 países analizados. Las variables que presentan una caída son la de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y la de accountability, fundamentalmente la legal.

Supera ampliamente el promedio regional y obtiene la calificación de país con alto desarrollo democrático en esta dimensión; junto con Chile son los únicos países del Cono Sur en recibir esta valoración. Argentina y Paraguay clasifican como países con mínimo desarrollo democrático.

4. En la dimensión social,Uruguayalcanza una menor puntuación con respecto al año anterior; igualmente le permite continuar posicionándose en un valor intermedio de su serie, próximo a los del 2006 y 2010, en la medición del IDD-Lat (gráfico 3.84). A pesar de su peor desempeño, logra mejorar su ubicación en el ordenamiento regional y pasa del cuarto al tercer lugar. Su puntuación está por encima del promedio regional; es uno de los diez países que alcanza esta condición. Uruguay lidera el indicador de población bajo la línea de la pobreza.

Las variables que contribuyen al descenso de la puntuación de esta dimensión son la caída en gasto en salud y en desempleo. Algunos indicadores muestran mejores resultados, como mortalidad infantil, gasto público en educación y matriculación secundaria. Uruguay recibe la calificación de desarrollo social medio, junto con todos los países del Cono Sur salvo Chile, que califica con alto desarrollo democrático.

5. Uruguay disminuye la puntuación de ladimensión económica en más del 7 % (gráfico 3.85), lo que le hace perder su condición de líder que había alcanzado en el 2015. Es uno de los nueve países de la región que supera el promedio. El indicador que motorizó el retroceso de Uruguay es el de inversión. Debemos resaltar que en todas las otras variables Uruguay presenta mejores resultados, especialmente en endeudamiento. Sigue liderando el indicador de brecha de ingreso.

El grado de desarrollo democrático que presenta Uruguay en esta dimensión es alto, junto con Chile y Perú. Comparte este sitial con Chile en el Cono Sur, en tanto que Argentina y Paraguay califican con desarrollo medio.

Conclusiones

- Uruguay no logra repetir el desempeño de los tres años anteriores, cuando obtuvo el puntaje ideal de 10,000 puntos.

- La pérdida de liderazgo es producto de retrocesos en todas las dimensiones, especialmente las que miden las variables económicas y las sociales.

- Supera con amplitud el promedio regional.

- Integra el grupo de alto desarrollo democrático.

- Lidera la dimensión de calidad de las instituciones y eficiencia política.

- En democracia de los ciudadanos, Uruguay se mantiene en la tercera ubicación. Permanece con valores muy por encima del promedio regional. Clasifica con alto desarrollo democrático.

- En democracia de las instituciones tuvo un comportamiento levemente negativo. De todos modos, se ubica nuevamente en el primer lugar del ranking regional. Supera ampliamente el promedio regional y obtiene la calificación de país con alto desarrollo democrático.

- En democracia social ocupa el tercer lugar del ranking regional. Su puntuación está por encima del promedio regional. Recibe la calificación de desarrollo social medio.

- En la dimensión económica pierde el liderazgo. Supera el promedio regional. El grado de desarrollo democrático que presenta Uruguay en esta dimensión es medio.

El gobierno y las oposiciones en un escenario de incertidumbre

Federico Irazabal

Si alguien hubiese podido preguntar el 1.º de marzo al presidente Tabaré Vázquez cómo creía que iba a cerrar el año 2015 -el primero de su segundo mandato en la presidencia de la República-, probablemente encontraríamos en ese racconto muchos elementos que concuerdan con la realidad, pero otros que se alejan de esta.

Por ejemplo, como en todo año de discusión presupuestal, el presidente seguramente hubiera mencionado una serie de etapas de negociaciones, solicitud de recursos y partidas para la creación de nuevos programas o implementación de políticas públicas, algunos reclamos de índole salarial de sindicatos y diferentes objeciones de la oposición.

También, como es habitual cuando ingresa un nuevo gobierno, el año debió haber contenido diferentes instancias de acuerdo entre el gobierno y los sectores de su propio partido para la integración del gabinete, y también consensos con la oposición para la incorporación de delegados de esta a los directorios de las empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados. A diferencia de lo que aconteció en el primer período de Vázquez, que transcurrió entre 2005 y 2010, esta vez la mayoría de los partidos de oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) resolvieron aceptar la propuesta de integrar los mencionados directorios para ejercer la función de contralor. Solamente Asamblea Popular -partido de izquierda radical que cuenta con un diputado- declinó el ofrecimiento del gobierno. Esta integración de partidos de oposición no es novedosa, ya que también ocurrió durante el período presidencial que antecede a este, a instancias del entonces presidente José Mujica.

Otra de las predicciones que Vázquez podría haber formulado como casi certezas tiene que ver con el proceso de ajuste de los nuevos integrantes de su gabinete y demás órganos de gobierno a los objetivos trazados para este período. Muchos de esos objetivos fueron expuestos en el mensaje emitido por cadena nacional la misma noche de su asunción, el 1 de marzo. Entre estos destacaba el mantenimiento del rumbo económico -puesto de relevancia ante el nombramiento nuevamente de Danilo Astori al frente del Ministerio de Economía y con un rol de coordinador de todo el equipo económico-, con el control de la inflación, que no debería superar la meta de 10 % anual; un crecimiento del PIB, con la expectativa de crecimiento ajustada a un 3 %. Además de los anuncios en materia económica, se hizo un fuerte hincapié en la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Cuidados (SNIC), buque insignia de las políticas sociales de este gobierno. Trazando un paralelismo con el primer período de Vázquez al frente del Poder Ejecutivo, podría equipararse el SNIC al Plan de Emergencia o al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Con un panorama económico previsible, una oposición integrada a los órganos de gobierno, y políticas públicas definidas, el panorama para Vázquez se vislumbraba auspicioso. Sin embargo, los resultados en materia económica, así como los sondeos de opinión pública al cierre del año estuvieron lejos de las expectativas. En aspectos menos mensurables la situación parecía aún más negativa, ya que si se tiene en cuenta que la oposición, a pesar de integrarse al gobierno, iba a tener desde su rol de contralor un papel vigilante y hasta confrontativo, algunos de los episodios más fuertes de oposición a medidas del gobierno provino de una nueva oposición, esta vez surgida en el interior del Frente Amplio, y que tuvo en los sectores más cercanos al expresidente Mujica sus principales bastiones. Así, este derrotero opositor al gobierno ha tenido momentos claramente definidos a lo largo del período.

Primer acto: el conflicto con los gremios de la enseñanza

El primer episodio que marcó la división interna en el Frente Amplio tuvo lugar en ocasión de la presentación del gabinete de ministros que Vázquez realizó a finales de 2014, antes de asumir como presidente. La senadora Lucía Topolansky -esposa de Mujica y referente de su movimiento político- manifestó su disconformidad ante el desbalance en las carteras distribuidas según la performance electoral, y deslizó críticas sobre la idoneidad de algunos ministros, en particular del exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa, designado al frente de la Cancillería, y de María Julia Muñoz -figura de extrema confianza de Vázquez- al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Precisamente fue en la orbita de este ministerio donde se desató el primer conflicto importante del año.

Como en todo año de votación del presupuesto quinquenal, las pulseadas por obtener recursos del gobierno estuvieron a la orden del día y los sindicatos -tradicionalmente alineados con el Frente Amplio- asumieron una posición más combativa que en el resto del período. Así, los gremios de la enseñanza plantearon sus principales reivindicaciones, que mayormente pasaban por aumentos salariales a las franjas más bajas y el reclamo de cumplimiento con la meta de 6 % del PIB a la educación, en coincidencia con uno de los planteos programáticos del Frente Amplio durante la pasada campaña. Tras diversas negociaciones en las que el gobierno ofreció aumentos progresivos y estableció la meta del 6 % para el final del período, los docentes decidieron entrar en una huelga con ocupación rotativa de centros de enseñanza.

Tras algunas semanas de huelga, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura decretó la esencialidad de los servicios educativos y obligó a los docentes a terminar la huelga y presentarse en sus lugares de trabajo, bajo pena de sanciones. La medida fue repudiada por los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes y por los gremios estudiantiles. La situación se zanjó en un camino del medio, que difirió la aplicación de la esencialidad en una semana, lo que permitió a los gremios mantener la huelga y al gobierno negociar, sin quedar expuestos ninguno de los dos lados.

El momento de mayor tensión de este conflicto se produjo a fines de setiembre, cuando la policía recibió la orden de desalojar el edificio del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que se encontraba ocupado por integrantes de diferentes gremios de la enseñanza, mayoritariamente estudiantes. Durante el procedimiento del desalojo se registró un fuerte enfrentamiento con la policía, producto de la incorporación a la ocupación de integrantes del Sindicato del Taxi y de la organización de izquierda radical Plenaria Memoria y Justicia. Los incidentes cerraron con un saldo importante de heridos y detenidos, algo inédito en la tranquila Montevideo.

Los cruces de declaraciones entre gremios y gobierno continuaron a pesar de los avances en las negociaciones, pero a este conflicto le restaba un episodio más para dejar al desnudo las diferencias en el interior del gobierno. A finales de octubre, el director nacional de Educación, Juan Pedro Mir, fue cesado por el presidente Vázquez al conocerse un video donde Mir realizaba duros cuestionamientos a la política educativa del gobierno y en particular al director de la Administración Nacional de Educación Publica, Wilson Netto, perteneciente al sector de Mujica. Algunos de esos cuestionamientos incluían la acusación a Netto de ser parte de un boicot a las reformas propuestas desde el gobierno, comunicacionalmente expresadas como un cambio «en el ADN de la educación». El desplazamiento de Mir ocasionó la renuncia del subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, quien por su idoneidad técnica era una de las figuras a las que se confiaba ese cambio en el ADN de la educación planteado como plataforma de campaña.

Segundo acto: la comisión investigadora de ANCAP

Así como Vázquez no hubiese esperado, en el momento de asumir, un año difícil como el que tuvo, tampoco la oposición debe haber esperado contar con una oportunidad tan efectiva de lograr espacios en los medios y de pegarle a la gestión del gobierno en un primer año, como la que tuvo con la puesta en marcha de una comisión investigadora a nivel parlamentario sobre la gestión de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Esta empresa, la de mayor facturación en Uruguay, tiene el monopolio sobre la refinación de combustibles, y fue presidida en el período anterior por el actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

Desde filas opositoras comenzó a denunciarse un abultado déficit de la empresa y se deslizaron acusaciones de uso indebido del patrimonio y de recaudación de Sendic para lanzar su carrera político electoral. Como parte de un gesto que a esta altura no podré calificar de ingenuidad o exceso de confianza, parte de la bancada oficialista acompañó la solicitud de la oposición para crear la comisión investigadora. Los avances de la investigación mostraron un déficit superior al esperado, del entorno de los 900 millones de dólares, y una serie de gastos cuestionables desde el punto de vista de una administración transparente.

El mayor problema que enfrentó el gobierno en esta instancia -ya que la oposición coincidió en el cuestionamiento a la administración pasada al frente de ANCAP- vino de filas del actual ministro de Economía y Finanzas, y exvicepresidente del país, Danilo Astori, que mantuvo un enfrentamiento sostenido en materia económica con el entonces presidente Mujica, por el que se habló de la existencia de dos equipos económicos trabajando en paralelo. Discrepancias planteadas por el sector de Astori en torno a algunos puntos defendidos por el oficialismo en la gestión de ANCAP demoraron el proceso de redacción de un informe común del Frente Amplio, lo que pone de manifiesto, una vez más, las diferencias internas en el partido de gobierno.

Tercer acto: la votación por el presupuesto

El último de los indicios de una incipiente oposición interna en el gobierno estuvo dado por el voto negativo de los diputados Sergio Mier y Darío Pérez, del sector Liga Federal, al artículo de la Ley de Presupuesto que suprime las vacantes de hasta un 50 % de soldados de primera y segunda para financiar un aumento salarial en los grados inferiores del escalafón militar. Durante la etapa de discusión estos dos diputados -más Victor Semproni, quien finalmente acató la decisión partidaria- habían solicitado libertad de acción para ejercer su posición. Dado que contaba con la mayoría simple por un solo voto de diferencia, el Frente Amplio transformó la cuestión presupuestaria en un asunto de disciplina partidaria e instó a los legisladores rebeldes a acompañar la posición del colectivo.

Finalmente la votación del artículo perdió 51 a 48 y quedaron de manifiesto, aunque la cuestión sobre la que se legislaba pareciera nimia, profundas diferencias conceptuales y de conducción dentro del partido de gobierno. Habrá que ver hasta cuándo se sostendrá con tanta firmeza la unidad y disciplina partidarias, tan características en la toma de decisiones de esta fuerza política.

Las elecciones municipales de mayo de 2015

El ciclo electoral que comenzó con las elecciones primarias de junio de 2014 tuvo su colofón en 2015 con los comicios departamentales y municipales. Para esta instancia se realizaron elecciones simultáneas en los diecinueve departamentos y se eligieron intendentes, juntas departamentales -el legislativo departamental- y alcaldes municipales (estos últimos son cargos electivos recién desde 2010).

Entre los resultados más llamativos está la pérdida del Partido Colorado, a manos del Frente Amplio, de la intendencia de Salto, una suerte de bastión del intendente y candidato a vicepresidente colorado Germán Coutinho. También, por primera vez en la historia, el Frente Amplio ganó la intendencia de Río Negro. Sumada a la victoria frentista en Paysandú deja a la región litoraleña como un enclave frenteamplista.

Por el lado del Partido Nacional, la pérdida de Paysandú y Río Negro se vio compensada con el triunfo en Artigas y principalmente en Maldonado, por la importante afluencia de ingresos de este departamento derivada de su intensa actividad turística.

La cuestión de género sigue rezagada en el ámbito de los Ejecutivos departamentales. De las dos intendentas electas en el período anterior, una de ellas perdió la reelección. Adriana Peña logró retener el Ejecutivo de Lavalleja, mientras Patricia Ayala, de Artigas, fue derrotada por uno de los candidatos del Partido Nacional.

Economía: las expectativas que no fueron

En términos económicos, el año 2015 cierra de manera menos auspiciosa de lo que se esperaba al comienzo. La proyección de crecimiento de entre 2,5 y 3 % se concretó en solamente 1 %, pero el rasgo económico más preocupante es un enfriamiento de la actividad económica, con sectores afectados por el contexto internacional desfavorable, entre los que se destacan el agrícola y el de la construcción.

A su vez, la inflación aparece algo corrida del rango meta de entre 5 y 7 %; se situó en 9,80 %, una cifra muy cercana al temido umbral del 10 %, que el Gobierno se empeña en no traspasar, merced a descuentos a clientes de empresas públicas como compensación de fin de año, o incluso difiriendo los cierres de ejercicio de empresas públicas deficitarias.

Para 2016 se prevé la necesidad de realizar ajustes macroeconómicos, pero habrá que ser cautos para no afectar la ya disminuida percepción positiva de la gestión de gobierno que, según los estudios de opinión pública, mostraba al cierre del año números inéditos para las dos anteriores administraciones frenteamplistas.