IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	4,896 9º	5,843 4º	0,984 5º	1,347 4º	6,342 5º

1. Panamá muestra un descenso del orden del 11 % respecto al 2015, lo que le significa abandonar el grupo de países con alto desarrollo democrático, categoría en la que había estado cuatro años y descender a la categoría de desarrollo democrático medio, nivel en el que estuvo el resto de los años del IDD-Lat (gráfico 3.61).

La puntuación recibida en el IDD-Lat 2016 no es la peor de la serie, y se instala alrededor de los 6,000 puntos, valor de referencia habitual de Panamá. El retroceso se explica por el descenso de las puntuaciones recibidas en las dimensiones de respeto de las libertades civiles y derechos políticos y eficiencia de la gestión pública en materia social y económica. La única dimensión que muestra un comportamiento positivo es la que presenta los resultados en democracia de las instituciones. El mayor retroceso se produce en democracia social.

El descenso implica la pérdida de una ubicación en el ordenamiento regional y pasar a la quinta posición. Sigue superando largamente el promedio latinoamericano. Logra ubicarse con calificación de desarrollo medio en las cuatro dimensiones; aunque esto no significa, recuérdese, que el objetivo central del desarrollo democrático se haya alcanzado, ya que la democracia es el camino por el cual los países deben lograr superar los desafíos que a mediano y a largo plazo propone la misma dinámica de las sociedades.

2. En la dimensión I, que mide el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, la democracia de los ciudadanos, el resultado final es menor que el obtenido en la medición anterior, aunque lejos del peor valor de la serie, obtenido en 2004. Esto es producto, fundamentalmente, del retroceso del indicador que mide género en el Gobierno y de la tasa de secuestros, una de los componentes de la variable condicionamiento de las libertades por inseguridad; aunque debe destacarse que en algunos de los indicadores, como respeto de las libertades civiles, Panamá mantiene un óptimo nivel. Registra un índice final inferior al del 2015 en más del 10 % perdiendo lo que había recuperado el año anterior (gráfico 3.62).

Se mantiene en el 12° lugar del ranking regional. Producto de este descenso, no alcanza el promedio regional. Este resultado lo sigue calificando como un país de desarrollo democrático medio, junto con otros ocho países.

3. Tras dos años de caída y luego de la fuerte mejora del 2015, Panamá ha mantenido la tendencia positiva en el puntaje de la dimensión II, que mide calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones (gráfico 3.63), con un valor similar al del 2015. El ascenso se explica por el mejor desempeño en percepción de la corrupción y el indicador de accountability. Presenta un leve retroceso en participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo.

Este avance lleva al país a ubicarse nuevamente por encima del promedio de la dimensión; a calificar como un país con desarrollo democrático medio, aunque no a mejorar su ubicación en el ranking regional, ya que se mantiene en el cuarto lugar. Con este resultado, Panamá integra, junto a El Salvador y Honduras, el grupo de países que califican con desarrollo institucional medio dentro de América Central.

4. En la dimensión III, democracia social, Panamá registra un descenso del orden del 20 %, resultado por el que pierde el impulso positivo que había logrado en el 2014. Con este puntaje se acerca a la puntuación del 2006 (gráfico 3.64) y se mantiene por encima del promedio regional. Todos los indicadores producen un descenso, menos población bajo la línea de la pobreza y gasto público en salud. Las variables de eficiencia en salud y en educación presentan un peor comportamiento con respecto al 2015; así como el indicador de desempleo.

A pesar del retroceso, Panamá mejora una posición en el ranking regional y pasa al quinto lugar. A causa de este retroceso, el país sale del grupo de países con alto desarrollo democrático en esta dimensión, pasa al de desarrollo democrático medio, junto con Costa Rica y El Salvador, marcando una excepción positiva al panorama social de la zona de América Central.

5. En capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, el índice obtenido es inferior al del año anterior (gráfico 3.65). Panamá presenta un comportamiento errático a lo largo de la serie. Su puntuación más baja la había obtenido en el 2003, luego siguió con altibajos hasta 2008 y desde allí se observa un avance sostenido, con una buena puntuación en el 2011, un marcado descenso en 2012 y mejoras en 2013 y 2014, hasta alcanzar el mejor valor de la serie en 2015. El retroceso es consecuencia de peores resultados en endeudamiento e inversión. El resto de las variables tuvo leves incrementos que no han impactado suficientemente hacia una mejora de la puntuación final.

Producto del puntaje obtenido es que desciende en el ranking regional, con respecto al año anterior, del segundo al cuarto lugar, y pierde la calificación de país con alto desarrollo democrático. En el IDD-Lat 2016 Panamá se distancia de los otros integrantes de América Central, ya que Nicaragua se ubica en la décima posición y el resto de los países de la zona se ubican en el fondo de la tabla latinoamericana.

Conclusiones

- Panamá muestra una caída con respecto al 2015.

- Pierde la categoría de alto desarrollo democrático y pasa a integrar el conjunto de países con desarrollo democrático medio.

- El retroceso se explica por el descenso de las puntuaciones recibidas en las dimensiones respeto de las libertades civiles y derechos políticos, y eficiencia de la gestión pública en materia social y económica. La única dimensión que muestra un comportamiento positivo es la que presenta los resultados en calidad institucional y eficiencia política.

- Baja a la quinta posición en el ranking regional.

- Supera el promedio regional.

- En democracia de los ciudadanos, el puntaje lo coloca en el 14° lugar del ordenamiento regional. No logra alcanzar el promedio regional. Califica como un país de desarrollo democrático medio.

- En democracia de las instituciones, Panamá se ubica por encima del promedio de la dimensión, califica como un país con desarrollo democrático medio.

- En democracia social registra un descenso del orden del 20 %. Se mantiene por encima del promedio regional. Pasa del sexto al quinto lugar. Ya no forma parte del grupo de países con alto desarrollo social.

- La dimensión económica presenta un resultado inferior al del año anterior. Se posiciona en una peor ubicación en el ranking regional, pasa del segundo al cuarto lugar y pierde la calificación de país con alto desarrollo democrático.

Cambios y continuidades en la democracia panameña

Ana Jacoby

Introducción

Juan Carlos Varela llegó a la presidencia de Panamá en julio de 2014 con un discurso centrado en el combate a la corrupción y la democratización institucional del país. Actualmente es una de las figuras públicas con mejor imagen del país. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2015 su saldo de opiniones positivas se redujo a casi la mitad, de 78 % a 42 %.^[59]

¿Cómo se explican el alto nivel de popularidad registrado a comienzos de año y el drástico deterioro en los meses posteriores? Para responder a esta pregunta es necesario conocer los alcances del cambio propuesto por Varela. ¿Qué se ha modificado en Panamá, más allá del recambio en las elites gobernantes? ¿Hubo también una transformación institucional y en la manera de ejercer el poder? En suma, ¿ha dado Panamá un paso sustantivo en la consolidación de su democracia? Este análisis busca ofrecer algunas respuestas a estas interrogantes y ayudarnos a comprender un año de transición en la vida política panameña.

La democracia de los ciudadanos

Los ciudadanos panameños participan activamente en los procesos electorales y desde el retorno a la democracia en 1989 ha existido una frecuente alternancia entre partidos políticos. Juan Carlos Varela llegó al poder luego de unas elecciones reñidas, en las que la fórmula opositora fue acusada de comprar votos y recurrir a mecanismos de clientelismo político. Por ello, a poco de asumir, el primer mandatario convocó a una Comisión Nacional de Reformas Electorales para elaborar un nuevo marco regulatorio de los futuros comicios. Luego de un año de debate, el organismo elaboró una propuesta de código electoral, que aborda cuestiones como los topes de campaña, la transparencia en el financiamiento electoral o los usos de la propaganda electoral y las encuestas. El proyecto será debatido en 2016 por la Asamblea Nacional y se espera que el nuevo marco regulatorio esté vigente antes de los comicios generales de 2019.

En lo que refiere al ejercicio de las libertades civiles, no existen en Panamá graves denuncias. Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la actual administración tiene una actitud menos hostil hacia los medios que la de Ricardo Martinelli (2009-2014) y no se han reportado casos significativos de agresión a la prensa. Entre las asignaturas pendientes del actual Gobierno en materia de libertad de expresión se encuentran el mejoramiento del acceso a la información pública y la regulación de la publicidad oficial, que actualmente se asigna de manera arbitraria. La asociación periodística también cuestionó una polémica iniciativa de ley presentada por un copartidario de Varela, que impone la colegiación obligatoria y establece sanciones de cárcel por el ejercicio ilegal del periodismo.

Un tercer aspecto que interfiere en el funcionamiento democrático es la presencia de grupos criminales, que afectan los derechos y libertades ciudadanas. Si bien por el momento no han adquirido la misma magnitud que en otros países centroamericanos, hay dos fenómenos asociados al crimen que preocupan a las autoridades panameñas: el narcotráfico y la existencia de pandillas callejeras. En 2015 Panamá decomisó más de 58 toneladas de drogas en 2015, un récord histórico que representa un incremento de 48 % respecto a las 39,2 toneladas de 2014. Según un reporte del Bureau Internacional de Estados Unidos sobre la estrategia internacional de control de narcóticos, Panamá es un líder regional en la interdicción antinarcóticos. El organismo considera que en 2015 el país hizo esfuerzos para mejorar sus instituciones de seguridad y su capacidad para interceptar drogas en tránsito. Sin embargo, según el Anuario de la seguridad regional en América Latina y el Caribe 2015, de la Fundación Friedrich Ebert, la venta, el consumo y el tráfico continúan creciendo. Otro informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, clasifica a Panamá como parte de la ruta del narcotráfico hacia los Estados Unidos y señala que los traficantes hacen uso del sistema de infraestructuras panameño, que incluye la segunda mayor zona de libre comercio del mundo, cuatro puertos de gran calado y la autopista panamericana. Una de las zonas más conflictivas del país es la región fronteriza con Colombia, conocida como el Tapón de Darién, en la que se ha denunciado la presencia activa de paramilitares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El narcotráfico también estaría comenzando a infiltrarse a través de las pandillas callejeras. Muchas de ellas parecen estar pasando de las actividades delictivas de pequeña escala y el narcomenudeo al tráfico internacional de drogas, gracias a la vinculación con organizaciones transnacionales de México y Colombia. En el año 2014 se desarticularon entre 10 y 12 pandillas. Sin embargo, un censo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado no registra una reducción sustancial en el número de pandillas que operan en el país: en el año 2013 eran 200 y en 2015 son 204. Muchos especialistas atribuyen la falta de avances al sistema judicial, ya que entre 2013 y principios de 2015 ningún caso llegó a audiencia ni hubo condenados.

Entre los principales logros del Gobierno en materia de seguridad se cuenta el récord ya mencionado en la incautación de drogas. Asimismo, hubo una reducción sustancial en la tasa de homicidios, que decreció un 22 % respecto a 2014. En casi dos años, los asesinatos bajaron de 17 a 12 por cada 100.000 habitantes. El Gobierno atribuyó la disminución de los crímenes a la creación de la Fiscalía Antipandilla y a la creación del programa Barrios Seguros, que procura sacar de las calles a pandilleros, rehabilitarlos y prepararlos para algún trabajo. Pese a estos avances, la inseguridad es la principal preocupación de los panameños, por encima de cuestiones como el agua, el desempleo y el costo de vida.

La democracia de las instituciones

Uno de los ejes de la campaña electoral de Juan Carlos Varela fue la transparencia y la lucha contra la corrupción. Desde su llegada al poder se interpusieron cerca de 200 denuncias por presuntas coimas, por enriquecimiento ilícito y por sobrecostos en programas de ayuda social y en construcciones de obras públicas. Estas comprometían tanto al expresidente Martinelli como a muchos funcionarios de alto rango de su administración. Mientras que varios de los procesos continúan abiertos, otros han desembocado ya en el encarcelamiento de exfuncionarios, del expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de empresarios, acusados de lesión patrimonial.

Los altos niveles de popularidad que tenía el presidente a comienzos de año se asociaban, en buena medida, a la gran expectativa que generó este enérgico combate a la corrupción. Del mismo modo, la decisión de frenar muchas de las obras públicas iniciadas durante el Gobierno de Martinelli, sobre las que pesaban sospechas de corrupción, trajo aparejada una ralentización económica y una percepción de falta de iniciativa que terminaron perjudicando la imagen pública del primer mandatario hacia finales de año.

Sin embargo, más allá de la percepción de la opinión pública, vale la pena preguntarse por los cambios de fondo que hubo en Panamá, en relación con el combate a la corrupción. Especialistas en la materia, como la periodista Sabrina Bacal, sostienen que -más allá del enjuiciamiento a las personas que ejercieron cargos públicos- es necesario concretar cambios institucionales. Entre ellos, destaca la importancia de modificar las normas de contratación pública, que fueron parte del andamiaje que se construyó en los últimos diez años para facilitar la corrupción.

El cambio institucional también está pendiente en lo que refiere a la reforma de la Constitución, que prometió el actual presidente al calor de la campaña electoral. Desde antes de asumir el poder, Juan Carlos Varela se comprometió a convocar a una Asamblea Constituyente con el objetivo de «fortalecer la separación de poderes, impulsar la descentralización y garantizar el desarrollo con equidad». Originalmente, propuso iniciar este proceso en julio de 2015. Al acercarse la fecha, sin embargo, consideró que no era oportuno realizar la convocatoria hasta que «el país [estuviera] en calma en la parte judicial para poder hacer un diálogo de todos los panameños». De este modo, Varela ha pospuesto uno de los proyectos insignia de su campaña electoral y otro de los pilares de la reforma institucional del país.

En lo que refiere a la independencia del Poder Judicial, Varela propuso que la nueva Carta Magna contemple mecanismos para designar al procurador y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en forma independiente y en consulta con representantes de organizaciones sociales. Actualmente, la Constitución establece que los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia sean designados por el presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional. A mediados de año se abrieron dos vacantes en la Corte Suprema, como resultado del apartamiento de dos magistrados acusados de corrupción. Al designar sucesores (uno por seis meses y otro por diez años), Varela eligió a los nuevos magistrados de manera unilateral, lo cual le valió de numerosas críticas. Sin embargo, pocos meses después, resolvió someter otros dos nombramientos a la votación del Consejo de Ministros y a un proceso de consulta ciudadana, aun cuando la Constitución le permitía nombrarlos discrecionalmente.

Democracia social

La economía panameña crece de manera ininterrumpida desde hace más de veinte años. Sin embargo, aún enfrenta serios desafíos para poder lograr un desarrollo sustentable e incluyente: desarrollar su capital humano, mejorar el acceso a la educación y la salud y proveer de servicios básicos como el agua y luz.

Mejorar la calidad de la educación es uno de los principales retos que enfrenta Panamá. Por un lado, el acceso a recursos humanos calificados es una de las demandas frecuentes de las empresas que se radican en el país. Por otro, la formación es el principal camino para lograr que el crecimiento que experimenta la economía panameña derrame en la población y se consolide un modelo de crecimiento incluyente. El Gobierno de Varela tomó nota de esta carencia y proyectó para el año 2015 un presupuesto de USD 1286 millones, una cifra que supera los aproximadamente USD 1000 millones destinados en 2014 y 2013. Parte de los recursos frescos se destinaron a mejorar la infraestructura de las escuelas y a afrontar viejos compromisos salariales con los docentes. También, se lanzaron varias iniciativas para apuntalar la calidad de la educación, como los proyectos insignia Aprende y Emprende y Panamá Bilingüe. A su vez, en los próximos cuatro años el Gobierno planea invertir más de USD 1000 millones para 200 proyectos educativos, como la eliminación de las aulas rancho y la realización de obras de sanidad básica en todas las escuelas del país; la construcción de 50 escuelas de educación secundaria y de 10.000 nuevas aulas para ir a jornada única. En el sistema educativo panameño persisten, sin embargo, algunos desafíos como la reforma a la Ley Orgánica o la aprobación de la carrera docente. Según Juana López, secretaria de Magisterio Panameño Unido, la postergación de la carrera docente se debe a los compromisos salariales que implica su implementación. Panamá invierte actualmente un 4 % del PIB en educación, una cifra inferior al promedio latinoamericano (5,3 %) y de los países de la OCDE (6,1 %).

En lo que refiere al sector salud, Panamá también presenta rezagos importantes. Por un lado, la infraestructura hospitalaria es precaria e insuficiente. A esta situación se suman conflictos heredados de la gestión anterior, como la necesidad de concluir una faraónica Ciudad Hospitalaria, de 45.000 metros cuadrados y un costo operativo de USD 300 millones. Luego de una detallada evaluación, el Gobierno ha decidido finalizar esta obra y trasladar hacia allí el Hospital Oncológico, la Facultad de Medicina y el Instituto Gorgas, para aprovechar la superficie construida y abaratar costos.

Otra herencia de la gestión saliente son los centros de atención primaria construidos sin planificación. Tres de ellos no tienen acceso a agua potable o a electricidad y la obra para realizar el tendido eléctrico tiene un costo equivalente al de la construcción. Más allá del déficit de infraestructura, Panamá tampoco cuenta con recursos humanos capacitados para abastecer las demandas de la población. Por un lado, los 6234 médicos del país no son suficientes para atender a casi cuatro millones de panameños. Un segundo problema es la excesiva concentración en zonas urbanas, ya que más de la mitad (3853 profesionales) se encuentran en Ciudad de Panamá. Una mesa de diálogo del sector salud convocada por el Gobierno ha detectado asimismo problemas en el suministro de medicamentos. Una primera medida ha sido aumentar a 100 los cupos anuales de ingreso a la Facultad de Medicina. A su vez, se están abriendo mecanismos para revalidar y homologar diplomas de profesionales extranjeros. Por lo demás, el Gobierno de Varela ha casi duplicado el presupuesto del sector: la partida de 2015 fue de USD 1987 millones, contra los USD 1300 millones de 2014, los USD 936 millones de 2013 o los USD 861 millones de 2012.

En los últimos quince años Panamá ha reducido el nivel de desempleo a menos de la mitad. Sin embargo, desde hace tres años el nivel de empleo se viene deteriorando de manera lenta pero sostenida. Si en 2013 había un 4,1 % de desempleados, en 2014 pasó a 4,8 % y a 5,1 % en 2015. El desempleo afecta principalmente a las mujeres y a los jóvenes, lo cual pone de manifiesto, una vez más, los problemas del sistema educativo panameño.

Otro dato preocupante es que los nuevos empleos generados son de baja calidad. Según un informe de la Fundación del Trabajo, el 64 % de los empleos generados en 2015 fueron de naturaleza informal. El deterioro en el mercado laboral ha sido asociado a la paralización de varias obras públicas suspendidas por irregularidades desde el inicio de la gestión de Varela y a la culminación de varios megaproyectos financiados con inversión pública. En el ámbito privado, el empleo también cayó en 0,6 % entre agosto de 2014 y 2015. En este escenario, los sectores más dinámicos fueron la construcción (donde se crearon 99.587 empleos), el comercio al por mayor (68.315), las actividades administrativas (29.653), seguidos por los hoteles y restaurantes (16.949).

El panorama panameño resulta más alentador en relación con la lucha contra la pobreza. En los últimos quince años Panamá ha reducido a la mitad la población que vive con menos de un dólar diario. Esta tendencia también se reflejó entre 2014 y 2015, cuando los índices de pobreza bajaron de 25,6 % a 22,3 %, mientras que la pobreza extrema o indigencia se redujo de 10,8 % a 10,3 %. Estos avances pueden explicarse, en buena medida, gracias al crecimiento económico sostenido del país y a la mejora del salario mínimo, que en 2015 fue de 8,5 %, que han posicionado a Panamá como el país con el salario mínimo más alto de Latinoamérica. A su vez, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas atribuye esta reducción, en buena medida, a los diversos programas de transferencia monetaria condicionada que impulsa el Gobierno, como 120 a los 65, Beca Universal, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, SENAPAN, Cohesión Social y Redes Territoriales.

Tal como muestran los guarismos, el avance ha sido mucho mayor en los indicadores de pobreza que en los de indigencia. En efecto, Panamá tiene aún pendiente llegar al núcleo duro de la pobreza, que se concentra principalmente en las comarcas habitadas por poblaciones indígenas y en las zonas rurales como Bocas del Toro, Veraguas y Darién. Según el estudio Latinoamérica indígena en el siglo XXI. Primera década, del Banco Mundial, la población indígena panameña vive principalmente en zonas rurales. El 93 % tienen acceso a electricidad, el 95 % tienen acceso a agua corriente, mientras que el 54 % tiene acceso a alcantarillado. Solamente un 33 % de los indígenas que viven en zonas rurales cuentan con educación primaria, mientras que la cifra aumenta a 62 % entre quienes viven en zonas urbanas. El nivel de escolarización está mejorando en los últimos años. En efecto, hoy en día un 92 % de los niños indígenas acuden a la escuela primaria y un 72 % a la secundaria.

Democracia económica

La propia geografía de Panamá le ha asegurado, históricamente, una posición de influencia internacional. Con la recuperación del control sobre el canal que une ambas costas en 1999, el país inició un proceso de expansión económica sostenida. En el año 2015, la economía panameña creció un 5,8 %. La cifra resulta bastante alentadora, si se compara con los resultados económicos del resto de la región, que se contrajo 0,5 % en el mismo período. Sin embargo, si se contrasta con el dinamismo reciente del país, ha sido la tasa de crecimiento más baja de los últimos años: En 2011, la economía panameña creció 11,8 %, 9,2 % en 2012, 6,6 % en 2013 y 6,1 % en 2014.

La ralentización del crecimiento puede ser atribuida, en parte, al contexto internacional. Uno de los pilares de la economía panameña es la exportación. Esta se ha visto afectada por una profunda crisis en la zona libre de Colón, arrinconada por las deudas de los empresarios venezolanos, los aranceles que Colombia ha impuesto a algunas reexportaciones y la desaceleración china. A este deterioro en el comercio exterior se ha sumado la culminación de importantes obras como la ampliación del Canal de Panamá y la construcción de la línea 1 del metro. Muchos especialistas, como el economista Juan Jované, también atribuyen el deterioro económico a la falta de proyectos públicos de envergadura, uno de los motores del desarrollo del país en los últimos años. Para acallar las críticas por su falta de dinamismo, el Gobierno anunció un plan de inversiones de USD 20.000 millones para los próximos cinco años. En sus primeros 18 meses de gobierno ya se han licitado más de USD 6000 millones. También se dio inicio a varias obras públicas como la línea 2 del metro -un proyecto de casi USD 2000 millones que va a generar cerca de 4000 empleos directos-, la reconstrucción de la ciudad caribeña de Colón y la tercera fase del saneamiento de la bahía de Panamá. En los próximos meses se anunciarían asimismo licitaciones para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y para el nuevo Hospital del Niño. Varela también ha prometido la extensión del sistema de alcantarillado en todas las cabeceras de distrito y la construcción de una planta potabilizadora para solucionar las severas restricciones en el acceso a agua potable que afrontan muchos panameños.

Más allá de la inversión pública, Panamá también ha captado altas cifras de inversión privada. Según el informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2015, de la CEPAL, el país tiene las tasas más altas de inversión extranjera directa (IED) con relación al PIB de América Latina. Con una tendencia al alza casi ininterrumpida desde 2009, Panamá alcanzó en 2015 una cifra récord de IED que supera los USD 5000 millones. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 76 % de las utilidades generadas por esta inversión fueron remitidas al extranjero y el resto fue reinvertido en suelo panameño.

Entre las tareas pendientes del Gobierno panameño se encuentra lograr una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento económico. Actualmente, el 1 % de la población más rica concentra el 30 % de las riquezas del país. De todos modos, el coeficiente Gini, que se usa para medir la desigualdad, se ubicó en 2014 por debajo de 0,5, por primera vez en 23 años. Al cierre de la medición, en marzo de 2015, esa tendencia a la baja se mantuvo, con 0,48, según cifras del Ministerio de Economía.

Otro de los desafíos del Gobierno panameño es mantener un nivel de endeudamiento manejable para el tamaño de su economía. Entre 2009 y 2014, Ricardo Martinelli incrementó la deuda externa en USD 6837 millones. Para el tamaño de la economía panameña, estas cifras representan un incremento sustancial. La gestión de Varela ha mantenido la misma tendencia al endeudamiento: si a comienzos de 2014 la deuda había llegado a USD 15.683 millones, al cierre del ejercicio ya eran USD 18.230 millones. Durante el año 2015 se incrementó en otro 15 % hasta alcanzar los USD 20.350 millones. Un dato que relativiza la gravedad del endeudamiento panameño es el rápido crecimiento que ha experimentado el PIB en estos años: si en 1995 el endeudamiento representaba más del 80 % del PIB y en 2005 superaba el 62 %, en 2015 se ha reducido al 38,7 % del PIB, o sea, 1,7 puntos más que en 2014.

A modo de cierre

Este ha sido un año de transición en el modo de hacer política de Panamá. Con 18 meses en el poder, Juan Carlos Varela ha podido plasmar ya algunas de sus promesas electorales, como el combate a la corrupción, un mayor respeto a la autonomía de la prensa, la implementación de mecanismos más democráticos para elegir a los jueces de la Corte Suprema y el inicio del proceso de reforma electoral. A nivel social, el Gobierno redujo sustancialmente las tasas de pobreza y la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Mediante un mayor presupuesto, también ha sentado algunas bases para atender las grandes carencias que enfrenta el país en materia de salud y educación.

Más allá de estos importantes logros, le queda pendiente avanzar con la prometida reforma constitucional y desarmar el andamiaje legal que facilitó la corrupción, mediante nuevas normas de contratación pública. Pero al margen de las cuestiones institucionales, el talón de Aquiles del actual Gobierno parece ser la economía. El ritmo de crecimiento y el empleo venían decayendo de manera paulatina desde el año 2013. En un contexto internacional poco favorable, la economía panameña se siguió ralentizando y con ello se han resentido más algunas variables como el empleo o el endeudamiento público. La decisión del Gobierno de suspender varias obras públicas sospechadas de corrupción y la demora en lanzar otros proyectos de envergadura tampoco han ayudado a recuperar el dinamismo.

Varela espera revertir estos resultados con el ambicioso plan de obras públicas que ha anunciado para los próximos cinco años. Las tasas récord de inversión extranjera directa seguramente también contribuyan a que Panamá siga siendo uno de los países con mayor dinamismo económico de la región. Está ahora en manos del Gobierno seguir trabajando en las reformas institucionales que requiere la democracia panameña y aprovechar los recursos económicos del país, para consolidar un modelo de desarrollo sustentable e incluyente.