IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	3,161 16º	5,249 6º	-2,946 18º	-2,190 18º	1,589 17º

1. Honduras ha empeorado su puntuación global en casi un 21 % respecto de la medición de 2015. El avance de las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y de las instituciones no alcanzó para motorizar un crecimiento, debido a los retrocesos producidos en la democracia social y en la económica. Ello le significa no poder salir del conjunto de países con mínimo desarrollo democrático y ni siquiera alcanzar el promedio regional. Con estos valores, Honduras empeora dos posiciones en el ranking regional y se coloca en el penúltimo lugar solo arriba de Guatemala. La puntuación obtenida es la peor desde el 2002 a la fecha. Se mantiene muy lejos de su mejor puntaje, obtenido en el 2007, con 4,780 puntos (gráfico 3.46).

Con Nicaragua y Guatemala son los países de América Central que califican con el peor nivel de desarrollo, mientras que Costa Rica y Panamá se presentan en lo alto de la tabla. Dos caras de una misma región geográfica. La caída de Honduras hubiera podido ser peor si no presentara avances en las dimensiones democracia de los ciudadanos y de las instituciones que minimizan los retrocesos en las otras dos dimensiones.

2. La dimensión I, que mide el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles, democracia de los ciudadanos, mejora alrededor del 2 % respecto al año anterior (gráfico 3.47). Esta variación positiva es producto de mejores resultados en las variables género en el Gobierno y tasa de homicidios, uno de los componentes de la variable condicionamiento de las libertades por inseguridad, pero ello no se traduce en una mejor ubicación en el ranking regional, pues mantiene en el 16° lugar.

La puntuación alcanzada sigue por debajo del promedio regional y ubica al país en el grupo de bajo desarrollo. De la región de América Central, Honduras y Guatemala son los países de peor comportamiento en esta dimensión. Honduras presenta bajas puntuaciones en los indicadores respeto de las libertades civiles y derechos políticos y tasa de secuestros, otro de los componentes del indicador condicionamiento de las libertades por inseguridad. Con este desempeño, el país no logra mejorar las bajas puntuaciones recibidas en el índice de libertades civiles y en el de derechos políticos desde el 2010 a la actualidad.

3. El valor obtenido en calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones es mayor al puntaje logrado en 2015, con un avance del 15 % (gráfico 3.48). Es el segundo año consecutivo que Honduras logra mejorar su puntuación y, en esta ocasión, producto de mejores puntajes obtenidos en percepción de la corrupción y accountability, por un lado, y por el otro, que el resultado que presenta en participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo es uno de los más altos de la región. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores relativamente bajos.

En esta dimensión, por segunda vez Honduras se ubica por encima del promedio regional y se mantiene entre los países que presentan desarrollo democrático medio: El Salvador, Panamá y Bolivia. A pesar del crecimiento en esta dimensión, Honduras se mantiene en el sexto lugar que había alcanzado en el 2015.

4. La caída de Honduras en la dimensión social hace que se aleje del promedio regional que había superado en 2011 y 2012 (gráfico 3.49). Obtiene el peor valor desde el 2002 a la fecha, lo cual se traduce en una peor ubicación en el ranking, pasando de 15° al último lugar. Con este resultado se vuelve a ubicar en el conjunto de países con mínimo desarrollo democrático, y es el único de los 18 países que clasifica en esta categoría. EL resto de los países de América Central se sitúan entre los que presentan desarrollo democrático medio o bajo.

El resultado se explica por el pobre rendimiento en los indicadores que componen los subíndices de desempeño en salud y en educación, y fundamentalmente por la caída en la variable que mide el desempleo urbano y la persistencia del peor puntaje en población bajo la línea de la pobreza.

5. En lo relativo a su desarrollo económico, las peores puntuaciones recibidas en todas las variables que conforman esta dimensión hacen que Honduras reciba la puntuación más baja desde el 2002 a la fecha. Se aleja, por tanto, del puntaje del 2005, que le había permitido situarse por encima del promedio regional por única vez en el IDD-Lat (gráfico 3.50). El descenso es de alrededor del 8 % y esto modifica su ubicación en el ranking; desciende una posición y pasa del 17º al último lugar.

El promedio de su propia serie histórica lo ubica en torno a un punto por debajo del promedio regional latinoamericano. Con la calificación recibida se ubica en el conjunto de países con bajo desarrollo democrático, junto con Bolivia, Brasil, El Salvador y Guatemala. En América Central ningún país califica con alto desarrollo democrático. El resto de la región muestra desarrollo democrático medio.

Conclusiones

- Honduras ha empeorado su puntuación final en casi un 21 % respecto de la medición anterior.

- El peor comportamiento de las dimensiones de democracia social y democracia económica motoriza este descenso.

- Permanece en el conjunto de países con mínimo desarrollo democrático y no alcanza el promedio regional.

- Desciende dos posiciones en el ordenamiento regional.

- Presenta avances en democracia de los ciudadanos y de las instituciones, que son neutralizadas por los pobres desempeños en las dimensiones de la democracia social y económica.

- En democracia de los ciudadanos Honduras mejora alrededor del 2 % respecto al año anterior. El signo positivo no se traduce en una mejor ubicación en el ranking regional (16° lugar). Pertenece a los países con bajo desarrollo democrático.

- En democracia de las instituciones, la puntuación es 15 % mayor a la obtenida en 2015. Por segunda vez se ubica por encima del promedio regional y forma parte de los países que presentan desarrollo democrático medio.

- En democracia social, Honduras presenta una fuerte caída. Obtiene el peor valor desde el 2002 a la fecha, lo cual se traduce en la caída al fondo del ordenamiento regional. Es el único país con mínimo desarrollo democrático.

- La dimensión económica muestra puntuaciones negativas en todas las variables que conforman esta dimensión. Honduras recibe el peor valor desde el 2002 a la fecha. Desciende al fondo de la tabla, 18° lugar. Se ubica en el conjunto de países con bajo desarrollo democrático.

El desafío de la estabilidad

José Alejandro Cepeda

En 2015 Honduras comenzó a consolidar ciertas mejorías a nivel económico, social y político, llenando de expectativas a su ciudadanía y asumiendo a la vez el complejo reto que eso conlleva. Se trata del segundo año en que el abogado Juan Orlando Hernández como quincuagésimo quinto presidente constitucional, proyectado hasta 2018, ha definido un estilo pragmático sin desligarse de la línea ideológica de centroderecha que caracteriza al Partido Nacional.

Enfrentar los desafíos de que Honduras reduzca sus altas tasas de violencia, apuntale una economía más estable y genere un nuevo modelo de comunicación política son las metas concretas que han caracterizado al país en los últimos meses, ante una difícil realidad donde aún los homicidios, la corrupción y la pobreza son altamente visibles. Recordemos que Hernández fue elegido en 2013 por el 36 % de votantes en unos comicios en que participó el 61 % de la población, venciendo una tendencia abstencionista, momento desde el cual ha intentado proyectar una imagen renovada de la nación y del ejercicio del poder. A continuación aparecen los acontecimientos principales que permiten analizar la agenda de un país aún convulso que busca cambiar.

La seguridad como punto de partida para la democracia

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, visitó Honduras en enero de 2015 y fue recibido como huésped de honor. Conoció allí los avances en materia de seguridad, educación y salud que han sido la carta de presentación del Gobierno, relacionándolos con la disminución del número de asesinatos, logros en la lucha contra el narcotráfico y la generación de empleo.

En efecto, la seguridad ciudadana ha sido uno de los elementos centrales de la administración Hernández, quien ha admitido que sin recuperar el monopolio de la fuerza en todo el país es imposible avanzar en los frentes sociales. El éxito en la baja de asesinatos se debe a las acciones de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), un cuerpo institucional mixto que ha integrado a cerca de 18.000 miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, agentes migratorios y de inteligencia, para revertir coordinadamente la tendencia de que Honduras sea considerado año tras año uno de los países más violentos de América Latina. En línea con estos avances, el Congreso Nacional inició el debate de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, que tiene como objetivo establecer las bases jurídicas fundamentales y generales, así como la estructura organizacional básica de la Secretaría de Seguridad para garantizar un eficiente control, administración y funcionamiento de la institución policial.

El balance de 2015 ofrece la desarticulación de 176 bandas criminales. Más de 700 de sus integrantes fueron puestos a la orden de los tribunales de justicia y se ejecutaron 3600 órdenes de captura, gran parte de las cuales eran acusaciones por homicidio, lo que muestra la grave situación de violencia que aún amenaza al país. La Policía Nacional y la Fuerza Nacional Antiextorsión lograron recuperar millones de lempiras cobradas por impuestos de guerra forzados o extorsiones a favor de las bandas criminales. En perspectiva, las cifras cuantifican resultados positivos, aunque para varios sectores de la población se tiene la percepción de que estos esfuerzos aún son insuficientes y deben ser reforzados, como lo ha prometido el Gobierno.

El lastre de la corrupción sobre las instituciones públicas

A pesar de los logros señalados en materia de seguridad, el Gobierno de Juan Orlando Hernández se ha visto cuestionado por la oposición, ya que miles de hondureños se han movilizado como indignados en las calles para protestar contra la corrupción, demandando la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, un efecto réplica del caso guatemalteco, donde se generó una comisión similar, la CICIG. El suceso tiene un aspecto positivo, pues muestra una activación de la sociedad civil sobre los asuntos públicos, pero a la vez confirma la alta percepción de corrupción que vive el país.

Ante la presión, el Gobierno solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU) una misión facilitadora para resolver la crisis. La petición fue formalizada a finales de junio de 2015 en Washington y Nueva York por el canciller hondureño Arturo Corrales. La misión fue presidida por el diplomático chileno John Biehl, del Departamento de Asuntos Políticos de la OEA, y Andrés Salazar, jefe del equipo para Centroamérica del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU. Se puede catalogar que Honduras actuó correctamente, pues a pesar del riesgo de perder soberanía en un asunto interno como es la lucha contra la corrupción, evitó caer en el desprestigio completo de la experiencia guatemalteca. Si hubiese decidido poner una cortina sobre la situación de los diversos escándalos que aquejan al país, aunque no implicasen directamente al Gobierno, la crisis podría haber escalado.

Tras varios encuentros entre la misión facilitadora, el gobierno y grupos de la sociedad civil, se creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La polémica no dejó de existir, pues los grupos de oposición de indignados insinuaron que la MACCIH no tenía capacidad efectiva de combatir la corrupción y solo era un ente de asesoramiento y apoyo. Sin embargo, a finales de 2015 se supo que la misión escogería autónomamente los casos que investigará con total independencia, lo que motivó a que la oposición resolviera darle una oportunidad.

Paralelamente, entre los polémicos escándalos que causaron revuelo destaca el caso Rosenthal, en el que hondureños de supuesta alcurnia social fueron acusados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. Se relacionaron con el tráfico de drogas a los propietarios del Banco Continental, Jaime Rosenthal Oliva, su hijo Yani y su sobrino Yankel Rosenthal, este último detenido en Miami, Florida. Además se entablaron cargos contra Andrés Acosta García, abogado del Grupo Continental. Esta situación provocó el cierre del Banco Continental, el cual ha sido sometido a liquidación forzosa por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Ante este oscuro panorama, el presidente Hernández aclaró que los problemas con la justicia de los Estados Unidos deberán resolverse, pero que en principio ante cualquier solicitud de extradición tendrán que agotarse primero los procedimientos de justicia domésticos.

Como si este tipo de situaciones negativas no fueran suficientes entre muchas otras, fueron acusados por corrupción el expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y el abogado Alfredo Hawit Banegas, como parte del comportamiento mafioso que envuelve a la FIFA en el mundo. Callejas, miembro confeso de una red de crimen organizado de las confederaciones deportivas regionales Concacaf y Conmebol, a las que se acusa de haber aceptado cerca de doscientos millones de dólares en presuntos sobornos para obtener derechos de transmisión y comercialización de torneos y partidos, evitó la extradición al entregarse voluntariamente a la justicia estadounidense, mientras que Hawit fue extraditado desde una prisión en Suiza hacia los Estados Unidos para responder por sobornos relacionados en el ámbito del fútbol.

Reelección presidencial: ¿consolidación o riesgo?

2015 abrió la puerta a un hecho trascendente para el futuro de Honduras. La Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno a la reelección presidencial, al derogar el artículo constitucional 239 que la prohibía desde 1982. La Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, falló a favor de los 15 diputados del Partido Nacional y uno de la Unificación Democrática y contaba además con el apoyo del expresidente Rafael Leonardo Callejas.

La despenalización del artículo 239 de la Constitución de la República, que prohibía referirse al tema de la reelección, abrió las puertas a una polémica donde el interés coyuntural de los actores políticos pareciera primar sobre la lógica institucional a largo plazo. La oposición ha asegurado que la campaña para hacer inaplicable dicho artículo -promovida por algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia o el expresidente Callejas, del mismo partido de Gobierno- buscaba favorecer una posible reelección del presidente Hernández e incluso del propio Callejas.

Por otro lado, el cambio constitucional se presentó seis años después de que el presidente Manuel Zelaya fuera derrocado y expulsado de Honduras en junio de 2009, justamente por intentar una consulta popular para reformar la carta y permitir la reelección, en línea con la tendencia de países gobernados por líderes de izquierda en años recientes como Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, aunque también en el club reeleccionista se incluye al derechista Álvaro Uribe de Colombia.

El expresidente Zelaya, principal opositor del Gobierno, afirmó que la Corte Suprema de Justicia no tenía las facultades para resolver el tema de la reelección y acusó al proceso de fraudulento e ilegal. No obstante, el derrocado presidente no ha confirmado ni negado una futura candidatura presidencial, lo que demuestra un doble rasero en las intenciones de criticar una reforma de este tipo según la conveniencia de quien lo mire, pero ha sugerido que tiene la intención de vencer al presidente Hernández electoralmente.

Esta polémica se ha desarrollado en una era en que la política nacional ha intentado superar el predominio exclusivo del bipartidismo tradicional (Partido Nacional y Partido Liberal), y cuando Honduras ha querido desterrar definitivamente los fantasmas del tutelaje militar del pasado y un entorno sociológico autoritario. Sobre el primer aspecto, en los últimos años partidos como el PINU (Partido de Innovación y Unidad), el PUD (Partido Unificación Democrática) y el PDCH (Partido Demócrata Cristiano de Honduras), sumados a otros más recientes tras la crisis de 2009 como el Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Anticorrupción (PAC), Partido Alianza Patriótica (Alianza) y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), han ofrecido un sistema de partidos más abierto y no institucionalizado, aunque el futuro de algunos de estos es incierto, como en los casos de FAPER y Alianza, debido a sus pobres resultados.

Más allá de estos cambios, es sostenible que Honduras ha logrado estabilizarse institucionalmente tras el golpe contra Zelaya, una sombra que no debería volver a repetirse. En términos generales, el país, aunque sigue teniendo un desempeño democrático bajo, ha recuperado la relación entre los ciudadanos y las instituciones. Se puede hablar de una mayor eficiencia en términos de la participación de los partidos políticos en la rama legislativa y de un esfuerzo del Gobierno por ofrecer una rendición de cuentas de sus políticas. De seguir este rumbo, Honduras podría alcanzar en el mediano plazo una mejora de su desempeño democrático, como lo ha venido logrando El Salvador, alejándose de los niveles preocupantes que agobian a Guatemala y a Nicaragua.

En una nación que según la organización Freedom House en su informe de 2016 aún es catalogable solo como «parcialmente libre» y que el PNUD clasifica con un índice de desarrollo humano medio, el segundo año del gobierno de Juan Orlando Hernández ha ofrecido algunos vientos positivos. Sin embargo, si se aceptara la tesis de que el Partido Nacional y el Gobierno de Hernández están haciendo bien las cosas y Honduras estaría mejorando, vale la pena preguntarse: ¿ameritan ciertas mejoras la reelección del presidente?, ¿sería preferible aumentar el período presidencial para dar mayor continuidad a los planes de gobierno?, ¿estaría diseñada esta reforma para favorecer al presidente de turno?, ¿podría el Partido Nacional estar jugando con fuego al promover la reelección y llegar a ver a su archirrival, el expresidente Manuel Zelaya, reelegido en un futuro?

Una respuesta tentativa sugiere que lo más lógico es trabajar para que los esfuerzos del Gobierno de Juan Orlando Hernández en materia de seguridad, sumados a mejoras en el empleo y a su discurso integrador, se consoliden en este período de gobierno y se puedan cerrar espacios a la violencia y a la corrupción. Si Hernández está pensando en el futuro y en pasar a la historia como un hombre sensato, el Partido Nacional también debería apostar por la continuidad de sus políticas públicas, antes que a nombres específicos. El reto para Honduras sigue siendo poder contar con líderes que prefieran aspirar a ser estadistas antes que líderes carismáticos o irremplazables cabezas políticas, pero este no es un desafío exclusivo del país, sino de buena parte de América Latina. Honduras encara con especial ahínco esta disyuntiva.

Hacia una educación más competitiva

Honduras ha venido haciendo esfuerzos por implementar un sistema educativo más eficiente. La gestión, a cargo de la Secretaría de Educación en manos del ministro del ramo, Marlon Escoto, se desarrolla en torno al Plan Estratégico Institucional 2014-2018. El plan está orientado a resultados y tiene un enfoque de valor público, lo que implica que la planificación educativa se orienta hacia la consecución de logros concretos que generen cambios positivos comprobables de beneficio público, esencialmente en el servicio educativo ofrecido a niños y niñas, jóvenes y adultos.

El Plan Estratégico, concordante con la Ley Fundamental de Educación, el Plan de Nación y Visión de País y el Plan Educación para Todos (EFA, por sus siglas en inglés), se ha propuesto objetivos que venían siendo reclamados desde hacía varios lustros. Se implementa a través de seis áreas estratégicas concentradas en realizar mejoras en el acceso, la calidad, la eficacia, la competitividad, la gestión y la participación. Dentro de un espíritu de buscar ofrecer una inserción adecuada al contexto global para superar el aislacionismo de décadas pasadas, Honduras se ha planteado fortalecer la enseñanza del idioma inglés. También aplicar tecnologías de la información y la comunicación, impartir formación técnica profesional, empresarial y ocupacional, así como construir y mejorar la infraestructura física y pedagógica de los centros de educación técnica vocacional y profesional.

En 2015 es aún precipitado evaluar todos los logros de esta política pública, pero destaca el alcance de la meta de los 200 días de clases, que desde 2014 se había convertido en el marco bajo el cual el Gobierno comenzó a delinear los objetivos educativos. Esto implica una mayor cobertura geográfica y temporal para miles de estudiantes a lo largo del país. A partir de aquí los retos deberán apuntar a mejorar la calidad educativa, pasando por el remozamiento del 75 % de los centros educativos, invertir más recursos en textos escolares y garantizar que todos los espacios físicos tengan acceso a Internet. Se espera que la gestión en diferentes etapas de más de 3000 millones de lempiras arroje frutos en los años posteriores, lo que requiere a la vez de una nueva cultura del proceso educativo que apele por igual a docentes y padres de familia.

Salud para la salud

Aunque la Secretaría de Salud posee la mayor cobertura de servicios en la población, se considera que es necesario aumentar la calidad de la atención. Según datos del Foro Nacional de Derecho a la Salud se calcula que 72 % de los hondureños tienen cobertura a través de los 28 hospitales y centros de salud de todo el país. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cubre la mayor parte de este porcentaje, mientras que una minoría lo hace la empresa privada. Sin embargo, el problema radica en cómo dar atención a la población que no está asegurada y vive en lugares remotos del país, esto es, entre 20 % y 30 % de los habitantes del territorio.

Estos problemas se agudizan cuando se recuerda que la cobertura implica atención curativa, pero en salud es vital hablar de atención preventiva, desde la vacunación, el saneamiento ambiental o la lucha contra enfermedades. Para atender a los ocho millones de hondureños se necesitan aproximadamente 56 hospitales, el doble de los actuales, que se ubican en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Danlí,pero no tienen presencia en las áreas fronterizas y en La Mosquitia, entre otras. La Secretaría de Salud trabaja con modelos descentralizados de gestión, sumada al reciente esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con el programa de atención primaria en salud, enfocado en la prevención, para las zonas postergadas. Este enfoque diferencial se ha hecho necesario pues, por ejemplo, en Honduras existen más de 80 comunidades que tienen modelos descentralizados de gestión, donde la comunidad organizada recibe el presupuesto, contrata el personal, compra los medicamentos e insumos, además de promover la atención primaria en salud.

Para concretar estos cambios el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha tenido que ceder a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos del sector, por lo cual determinó otorgarles un aumento salarial de 1800 lempiras. Por ello, a partir de 2015 se ha logrado que ningún servidor de la salud gane menos de 7300 lempiras. Además se anunció que la proyección en recaudaciones permitirá que más hondureños reciban este beneficio, pero el presidente solicitó paciencia en estas decisiones porque se debe evaluar el impacto a largo plazo. Este mensaje fue dirigido a los empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP), la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Empresa Nacional de Artes Gráficas que también se sumaron a las peticiones.

Género y violencia

En Honduras la situación que envuelve a las mujeres es tradicionalmente difícil en la mayoría de aspectos, pues es un país que excluye en los niveles culturales, laborales y simbólicos, lo cual se refleja en una alta violencia. Iniciativas como el programa GEDEON de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), han venido promoviendo una discusión pública de estos temas, comentando que el primer paso para combatir especialmente la violencia contra la mujer y la infancia es romper el silencio y hablar de ella. Justamente uno de los mensajes importantes en este sentido es explicar que la violencia se sostiene porque hay mucho silencio o porque no se aborda en ningún ámbito, sea familiar, escolar, laboral o en el interior de los grupos religiosos.

La posición de la ASJ plantea que la violencia es una conducta aprendida y, por lo tanto, se puede desaprender. Un ejemplo es la cultura del machismo, aún imperante en Honduras y en el resto de Latinoamérica, para cuya ruptura es necesario influir en los hombres y exigir el cumplimiento de la legislación existente contra la violencia, la proveniente de tratados internacionales, así como promover una sociedad más justa y con equidad de género en las instituciones educativas y los medios de comunicación. Honduras es uno de los países con mayor estructura patriarcal convencional, pero en la cual paradójicamente ante los niveles de violencia son las mujeres las que deben sacar adelante sus hogares o ser víctimas de los femicidios o la violencia sexual.

Uno de los mayores aportes a esta temática apareció en mayo de 2015 con el informe Violencia y seguridad ciudadana. Una mirada desde la perspectiva de género, un trabajo conjunto del Proyecto de Convivencia y Seguridad Ciudadana, impulsado por el PNUD y ONU Mujeres y apoyado financieramente por la agencia de cooperación de los Estados Unidos USAID, con el soporte de las Corporaciones Municipales y las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM).

El estudio ratifica que Honduras es uno de los países de la región latinoamericana más afectado por la criminalidad y la violencia. Por eso sus desafíos en seguridad ciudadana son grandes, el principal de los cuales es revertir las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales para hombres y mujeres, mediante la construcción social de políticas públicas que tomen en cuenta este hecho y consideren a las mujeres en su formulación. El diagnóstico visualiza la violencia de género como un asunto de seguridad ciudadana, y estudia y desarrolla un abordaje diferenciado entre hombres y mujeres dentro de un marco territorial que abarca los municipios de San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Choloma y Distrito Central, los mismos en los que tuvo intervención el proyecto de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Organizaciones y redes de mujeres feministas formaron parte del proceso de investigación.

Significativamente, desde que el femicidio fue tipificado como delito en el Código Penal (2013), entendido como la «muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer», no hay ingresos por este delito en los juzgados penales o en los tribunales de sentencia. El informe señala que se siguen registrando los casos como parricidio, homicidio o asesinato de mujeres, lo cual da cuenta de la necesidad de sensibilizar y formar a la ciudadanía y al personal de los sectores salud, justicia y al Ministerio Público sobre las especificidades del femicidio, para que se le pueda identificar, denunciar, investigar, judicializar y sancionar como tal.

Durante los diez años investigados que se reproducen (2005-2014), las autoridades públicas reportaron una cifra acumulada de 4018 muertes violentas de niñas, mujeres y femicidios, ocurridos a un ritmo ascendente que bajó por primera vez en 2014, cuando se registraron 531 casos, 105 menos que el año previo. Esto significa que el problema creció en un 263 % desde el año 2005, cuando se registraron 175 decesos, y el año más crítico fue 2013, con 636 casos. La tarea para acabar con esta lamentable realidad está por hacerse.

En busca de prosperidad económica

Uno de los diagnósticos recurrentes respecto a Honduras es su potencial. Recordemos que el país se encuentra ubicado en la parte más ancha del istmo centroamericano, con una valiosa variedad de diversidad natural y geográfica, y tiene comunicación con el Atlántico a través de una amplia costa y con el Pacífico por medio del Golfo de Fonseca. ¿Cómo se explica entonces que en los últimos años, según datos del Banco Mundial, Honduras mantenga el promedio de pobreza extrema más alto de la región centroamericana, con una tasa de 19,6 % de su población, seguido por el 15,5 % en Guatemala, país que tiene casi el doble de habitantes?

Según el Banco Mundial, la pobreza en Honduras apenas ha cambiado desde 1998, a pesar del crecimiento económico positivo de alrededor de 3 % anual en términos reales. Si bien el PIB per cápita se ha mantenido estancado en 0,3 % anual, esto explica solo parcialmente la falta de progreso en los indicadores de la pobreza, que aún amenaza a cerca del 60 % de la población. También existe la percepción de que el empleo ha aumentado pero es inestable o transitorio. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esta situación?

Una salida ha sido buscar la prosperidad económica, aprovechando la condonación de deuda obtenida por Honduras gracias a la iniciativa País Pobre Altamente Endeudado (HIPC), esperando destinar los recursos liberados a la implementación del programa Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). En ese sentido, una alianza importante ha sido el Triángulo Norte de Centroamérica, en el que Honduras junto con Guatemala y El Salvador vienen perfilando una ruta de desarrollo. Por ello el presidente Juan Orlando Hernández y sus homólogos se reunieron en Guatemala con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para explicarle los alcances del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAP), impulsado con apoyo de ese país y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este tipo de alianza destaca por apartarse de la orientación política que prima en la vecina Nicaragua bajo el Gobierno de Daniel Ortega, insistentemente orientado a la izquierda populista y afectado por la disminución de recursos provenientes de Venezuela. Hernández anunció así la aprobación de una partida de 750 millones de dólares para el fortalecimiento institucional del Triángulo Norte de Centroamérica.

Entre las medidas internas, en Honduras las reformas fiscales, las asociaciones público-privadas y la caída del precio del petróleo internacional, entre otros factores, han generado un marco posible para corregir su endeble economía. En primer lugar, Centroamérica está favorecida por la coyuntura internacional, pues accede a mejores precios del petróleo y busca mayor crecimiento en sus actividades. Por otro lado, Estados Unidos aún marca un factor de dinamismo en términos económicos, que permite a Honduras beneficiarse de las remesas que han venido aumentando y afectando positivamente la balanza comercial. Al margen de esta coyuntura, el país se ha propuesto la meta de sostener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, para al mismo tiempo promover mejoras en la calidad de la educación y la productividad laboral.

Desde la infraestructura el Gobierno de Juan Orlando Hernández viene prestando atención a varios aspectos, como son la atención en carreteras y el transporte aéreo. Por ejemplo, para mejorar la capacidad de exportación del país, se ha planteado la renovación del importante puerto regional de Puerto Cortés, además de fortalecer la carretera CA-5 que conecta con Centroamérica, cuidar el corredor al Pacífico, su ventana agrícola y su conexión hacia Guatemala. En estos proyectos el capital privado y externo serán necesarios para complementar las partidas nacionales. Igualmente, se ha proyectado la apertura del aeropuerto de Palmerola para el año 2018, que contribuirá a la renovación de la conexión aérea del país.

Se puede concluir que justamente solo una mejoría en la perspectiva económica permitirá afianzar la estabilidad gubernamental que perfila la administración de Juan Orlando Hernández como su legado. Si estos proyectos tienen impacto en la ciudadanía y se combinan con resultados continuos en materia de seguridad, educación y salud, podremos hablar en un mediano plazo de un país con una democracia prometedora. De lo contrario, nos resignaremos a que Honduras siga esperando su oportunidad.