IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	3,427 15º	2,220 15º	-2,209 16º	-1,808 17º	0,888 18º

1. Guatemala presenta este año un descenso en su desarrollo democrático, con una puntuación similar a la peor de su serie, que había registrado en el 2014, y reitera los resultados negativos de prácticamente toda la serie de medición del IDD-Lat (gráfico 3.41). Esto le significa permanecer en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático y, nuevamente, ocupa el último lugar del ranking regional. El puntaje más bajo obedece a los resultados obtenidos en democracia de los ciudadanos y de las instituciones, con descensos de 13 % y 36 %, respectivamente, aunque en democracia social y democracia económica presenta mejores desempeños que el año anterior. En tres de las cuatro dimensiones, las puntuaciones recibidas califican al país con bajo desarrollo democrático, salvo en democracia de las instituciones donde clasifica con mínimo desarrollo democrático. En el IDD-Lat 2016, forma el grupo de países con mínimo desarrollo democrático junto con Colombia, Brasil, Venezuela y, de América Central, Nicaragua y Honduras. El puntaje de Guatemala es el peor de la región, al igual que en los años 2014 y 2015.

2. El valor obtenido por Guatemala en la dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, democracia de los ciudadanos, presenta un descenso del orden del 12 %, con respecto al puntaje obtenido en el 2015. Esta situación la aleja aún más del promedio regional, aunque conserva el 15° lugar en el ordenamiento regional (gráfico 3.42).

Varios indicadores han mantenido sus valores muy lejos del promedio latinoamericano, pero el desequilibrio es producido por los indicadores que miden respecto a los derechos políticos y la tasa de secuestros, que no son compensados por las mejoras en otras variables como género en el Gobierno y tasa de homicidios. Guatemala y República Dominicana son los únicos países que presentan peor puntaje en respeto de los derechos políticos. Logra mantenerse en el conjunto de países con bajo desarrollo democrático, sin descender al mínimo desarrollo democrático como lo había hecho en el 2014. De la región, solo Honduras comparte esta clasificación.

3. La dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, presenta la misma tendencia decreciente que la que mide los derechos y las libertades, aunque en esta dimensión es todavía más elevada que en la otra: del orden del 32 % (gráfico 3.43). Guatemala muestra una serie con importantes variaciones, ya que en el 2002 tenía una puntuación cercana a los 6,000 puntos y tres años después apenas superaba los 2,000 puntos. La caída en esta medición es producto del retroceso en el indicador de percepción de la corrupción y de que resulta afectada por el factor de anormalidad democrática por primera vez desde el 2002 a la fecha. Las variables que presentan un comportamiento positivo son participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y accountability, especialmente la legal. Uno de los problemas que sigue enfrentando Guatemala es el puntaje altamente negativo recibido en el indicador de desestabilización de la democracia, que hace difícil cualquier proceso de mejora de su desarrollo democrático.

Guatemala desciende del noveno al décimo lugar del ranking regional, con una puntuación de 2,220. El país sigue alejado del promedio regional. Pertenece al grupo de mínimo desarrollo democrático, junto con Argentina, Brasil, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. De la región geográfica a la cual pertenece, solo Costa Rica se destaca con alto desarrollo democrático en esta dimensión; mientras que El Salvador, Honduras y Panamá califican con desarrollo democrático medio y República Dominicana con bajo desarrollo democrático.

4. Con respecto a la dimensión capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, Guatemala ha mejorado levemente la puntuación del 2015, pero ello no alcanza para salir de la situación crítica en esta dimensión, en la que presenta un puntaje muy cercano al del año anterior, que fue el peor desde el 2002 a la fecha (gráfico 3.44). Con este resultado, Guatemala sigue manteniendo el mismo 16° lugar del ranking desde el 2014.

Presenta incrementos en algunas variables, como las correspondientes a gasto en salud y matriculación secundaria, pero estos son neutralizados por los peores resultados en mortalidad infantil, tasa de egreso del nivel secundario y gasto en educación, con lo cual el resultado final de eficiencia en salud y en educación es el peor de los 18 países de América Latina analizados. Debemos destacar que de los 18 países analizados, Guatemala lidera el indicador de desempleo desde hace tres años. En esta dimensión forma parte del grupo de países con bajo desarrollo democrático y se mantiene por debajo del promedio regional. Dentro de América Central, comparte con República Dominicana y Nicaragua el mismo grado de desarrollo; mientras que Costa Rica presenta alto desarrollo y Panamá, Honduras y El Salvador muestran desarrollo democrático medio.

5. El valor de la dimensión económica vuelve a estar por debajo del promedio, aunque en esta ocasión la puntuación general presenta un avance del orden del 14 %, lo que la coloca a Guatemala de nuevo entre los países con bajo desarrollo democrático (gráfico 3.45). El país mejora su ubicación en el ranking regional y ocupa ahora el 17° lugar entre los 18 países evaluados. Guatemala y Honduras tienen las puntuaciones más bajas de su zona geográfica. Las variables que descienden son PIB per cápita, brecha de ingreso e inversión, que hacen que los mejores rendimientos en endeudamiento y libertad económica no alcancen para que logre mejores resultados que el año anterior.

Conclusiones

- Guatemala presenta un deterioro en desarrollo democrático del 43 %.

- Con esta puntuación persiste en resultados negativos en prácticamente toda la serie de medición del IDD-Lat.

- Por tercera vez consecutiva se ubica en el último lugar del ordenamiento regional.

- Se mantiene en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático.

- Obtiene mejores resultados en democracia social y democracia económica, mientras que en democracia de los ciudadanos y de las instituciones registra un descenso con respecto al año anterior.

- En democracia de los ciudadanos no alcanza el promedio regional. Guatemala sigue presentando bajo desarrollo democrático en esta dimensión.

- En democracia de las instituciones pertenece al grupo de países con mínimo desarrollo democrático.

- En democracia social, Guatemala forma parte del grupo de países con bajo desarrollo democrático y se mantiene por debajo del promedio regional.

- En democracia económica se coloca entre los países evaluados con bajo desarrollo democrático.

Guatemala: Proceso electoral enmarcado por una crisis política

Hugo Novales

En 2015, Guatemala llevó a cabo de manera exitosa el octavo proceso de elecciones generales desde la transición a la democracia en 1985. Dicho proceso se desarrolló en el marco de la crisis política de mayor envergadura desde el autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías en 1993. A continuación se presenta un contexto de la crisis, un resumen y descripción de los sucesos y fenómenos más importantes del desarrollo de esta, y una descripción de los inusuales resultados electorales que la crisis aparentemente produjo.

La CICIG

En el año 2007 se estableció en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dicha comisión fue solicitada por la República a la Organización de Naciones Unidas para apoyar en la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y de seguridad que funcionan al amparo de la debilidad institucional del sistema de justicia guatemalteco, remanentes mafiosos de grupos participantes en el conflicto armado interno que se desarrolló en el país entre 1960 y 1996. La CICIG ha colaborado con el Ministerio Público en diversas investigaciones y procesos penales, entre ellos uno contra el expresidente Alfonso Portillo y varios miembros de su gabinete, por corrupción en el manejo de fondos públicos, y otro en contra del exministro de Gobernación Carlos Vielmann y exfuncionarios a su cargo por ejecuciones extrajudiciales. Los casos desarrollados por la CICIG no siempre han sido exitosos. No obstante, muchos en Guatemala atribuyen, al menos parcialmente, los relativos avances que hubo en materia de seguridad en los últimos años al trabajo de dicha comisión.

Durante los primeros meses de 2015, el presidente Otto Pérez Molina había dejado ver la intención de que el mandato de la Comisión en Guatemala no fuera renovado (La Hora, 7.1.2015; Prensa Libre, 4.3.2015), lo cual habría implicado que la CICIG se retirara del país en septiembre de ese año. Para tomar la decisión sobre la continuidad de la CICIG en Guatemala, Pérez Molina se apoyó en una comisión ad hoc, integrada por funcionarios públicos, políticos y dirigentes empresariales y de la sociedad civil que, tras evaluar el desempeño de la comisión, emitiría una recomendación sobre el tema a finales de abril.

Inicia la convulsión

Sin embargo, el 16 de abril, apenas dos semanas antes de la fecha en que de acuerdo con la ley el TSE convocaría al nuevo proceso electoral, la CICIG reveló la existencia de una red de corrupción en la Intendencia de Aduanas, que habría facilitado el contrabando a diversas empresas importadoras. Las acusaciones alcanzaron al superintendente de Administración Tributaria y al secretario privado de la vicepresidencia.

Las denuncias de la CICIG contribuyeron a crear un clima de opinión pública favorable a su permanencia y desfavorable al Gobierno, lo cual debilitó la posición de este último para promover la salida de la CICIG. A pocos días de las acusaciones, la comisión ad hoc creada para el efecto emitió su informe recomendando al presidente Pérez la continuidad del mandato de la CICIG. El 23 de abril, el presidente confirmaba la prórroga del mandato por dos años más. Así, la CICIG logró su permanencia en el país, lo cual a la sazón le ha permitido ampliar su trabajo con acciones dirigidas en contra de otros políticos y funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción.

Las denuncias de la CICIG fueron recibidas con sorpresa por la ciudadanía y dieron origen a la crisis política de mayor envergadura desde el autogolpe de Jorge Serrano Elías en 1993. A pesar de los persistentes señalamientos de corrupción publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de la gestión de Gobierno, la denuncia de la CICIG el 16 de abril motivó expresiones de indignación generalizadas en redes sociales, que eventualmente se transformaron en una convocatoria a una manifestación el sábado 25 de abril. En dicha manifestación participaron principalmente personas provenientes de los estratos medios urbanos, sin afiliaciones políticas evidentes. A partir de ese día, manifestaciones masivas se desarrollaron todos los fines de semana en la ciudad capital. Grupos más pequeños mantuvieron manifestaciones diarias frente a la casa presidencial.

Se empezaron a desarrollar protestas también en diversos centros urbanos del interior del país. A la crítica por corrupción en las aduanas se sumó el rechazo por el destape de la contratación anómala de una empresa para prestar servicios a los pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), presidido por el ex secretario privado del presidente Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, quien actualmente se encuentra ligado a proceso y en prisión preventiva. Durante los procesos judiciales que siguieron a ambas acusaciones se evidenció la existencia de redes de corrupción a lo interno también del organismo judicial.

La coyuntura política se complicó a lo largo de los meses. Las investigaciones en el caso de corrupción en las aduanas avanzaron, y en la opinión pública creció la percepción de que el presidente y, con mayor certeza, la vicepresidenta, estaban involucrados en el esquema de corrupción en las aduanas. A inicios de mayo de 2015, diputados de bancadas diversas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el inicio de un proceso de antejuicio contra la presidencia, un paso necesario para retirar la inmunidad que le corresponde al cargo y que impedía el inicio de una investigación sobre su participación. Dicho proceso de antejuicio requería un dictamen favorable de la CSJ y una votación en el Congreso de la República. La CSJ dio trámite al antejuicio y, cuando el Congreso se preparaba para conocerlo, el 8 de mayo de 2015, Roxana Baldetti presentó su renuncia al cargo de vicepresidenta de la República (Prensa Libre, 8.5.2015). Su sustituto fue designado por el Congreso de la República de una terna propuesta por el presidente Pérez Molina, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución para el efecto. Fue designado el abogado conservador y político de arraigada trayectoria Alejandro Maldonado Aguirre.

La renuncia de Baldetti no contribuyó a la disminución de las manifestaciones. Conforme las investigaciones por el caso de defraudación aduanera avanzaron, aumentaron las sospechas del involucramiento del presidente Pérez Molina en dicho caso. Por otro lado, el 15 de junio, en una investigación sin relación con el caso La Línea, la CICIG y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio contra el candidato vicepresidencial del partido que encabezaba las encuestas, Manuel Barquín, del Partido Lider, por su involucramiento en una red de lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas políticas (CICIG, 2015).

Si bien, en un inicio, las manifestaciones en la Plaza de la Constitución tuvieron como centro de sus demandas la exigencia de renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, con cada nueva convocatoria los mensajes se diversificaron. Los nuevos señalamientos de corrupción, así como las nuevas revelaciones derivadas de las investigaciones, motivaron que las protestas pasaran de estar dirigidas al organismo ejecutivo a constituirse en una crítica al sistema político en su conjunto. Esta crítica se convirtió en expresiones de rechazo al partido de gobierno, a los candidatos y partidos que encabezaban las encuestas de intención de voto -especialmente Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada y, en menor medida, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de Esperanza-, así como en exigencias de reforma política centradas en el régimen electoral y el sistema de justicia.

La crítica se expresó más allá de las manifestaciones en la Plaza de la Constitución; hubo intervenciones de manifestantes en las actividades propagandísticas de diversos partidos políticos y grupos de ciudadanos retiraron propaganda de los partidos. La participación en estas manifestaciones aumentó rápidamente. Medios de comunicación estimaron que en la manifestación del 25 de abril participaron alrededor de 32.000 personas (Soy502, 27.4.2015). Las estimaciones para la manifestación del 16 de mayo, posterior a la renuncia de Baldetti, indicaban una participación de 60.000 personas (Prensa Libre, 17 de mayo de 2015). Todas estas actividades fueron llevadas a cabo por ciudadanos individuales sin aparente filiación partidaria. Un análisis conjunto de ASIES y la Dirección de Incidencia Pública (DIP) de la Universidad Rafael Landívar (URL), identificó al menos doce propuestas que varían entre algunas más moderadas y asequibles en el corto plazo -continuar los procesos judiciales por corrupción, impedir la inscripción de candidatos no idóneos o señalados de corrupción-, otras moderadas y radicales que requieren de una perspectiva de largo plazo -como las reformas institucionales, incluyendo la reforma al régimen electoral, a la Constitución, o a otros cuerpos legales- y algunas más radicales y de corto plazo como la instalación de un gobierno de transición o la postergación de las elecciones (Novales, 2015).

La demanda de renuncia del presidente Otto Pérez Molina se intensificó, mientras que este se mostraba reacio a renunciar. No obstante, el 21 de agosto el Ministerio Público, con el apoyo de la CICIG, solicitó el inicio de un proceso de antejuicio en contra del presidente Pérez, que calificó dicho proceso como espurio (Prensa Libre, 21 de agosto de 2015). La movilización ciudadana se intensificó y llegó a su punto más alto el 27 de agosto, cuando organizaciones sindicales, estudiantiles, empresariales y grupos surgidos a raíz de la crisis apoyaron un paro nacional de labores y movilizaron una manifestación que superó los 70.000 participantes en la Plaza de la Constitución (Soy502.com, 27.8.2015). Otto Pérez se mantuvo en la presidencia hasta que el 1 de septiembre el Congreso le retiró la inmunidad tras realizar el proceso de antejuicio, y el Ministerio Público solicitó su aprehensión. Pérez renunció a la presidencia y se presentó ante un juez de manera voluntaria en la madrugada del 3 de septiembre (Prensa Libre, 3.9.2015).

Elecciones en crisis

A pesar de los llamados al boicot de las elecciones, estas se realizaron con normalidad. No obstante, se requirieron medidas extraordinarias del Tribunal Supremo Electoral. Aunque la crisis política se circunscribió originalmente al ámbito de la política nacional, alcanzó a la política local con la revocatoria de la inscripción de al menos cinco candidatos a alcalde y cuatro candidatos a diputado distrital, decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral luego de que estos no pudieran demostrar, mediante un documento de la Contraloría General de Cuentas -institución que tiene a su cargo la fiscalización del uso de los recursos públicos- su solvencia en el manejo de dichos recursos (la presentación de este documento es un requisito formal de la legislación electoral) (Prensa Libre, 4.9.2015). La revocatoria de las candidaturas alcanzó al expresidente Alfonso Portillo, quien se postulaba en la primera casilla del listado nacional de diputados por el partido TODOS, luego de haber cumplido condena en una cárcel de Nueva York tras declararse culpable ante un juez de ese estado de haber lavado dinero producto de la corrupción en bancos estadounidenses. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a propuesta de algunos actores de la sociedad civil organizada, hizo uso de un artículo constitucional que establece que los funcionarios públicos deben cumplir con los criterios de «idoneidad, capacidad y honradez». El TSE también se mostró particularmente drástico con las infracciones al régimen de financiamiento partidario. Un ejemplo lo constituye la orden al partido Líder, que encabezaba las encuestas, de suspender la realización de actividades de propaganda electoral tras haber superado el techo de gastos de campaña, infracción que había sido común e impune en procesos electorales anteriores.

Las elecciones se realizaron en la fecha establecida, el 6 de septiembre de 2015, con una participación de 71,13 %, la más alta de la era democrática, y un porcentaje de votos válidos que está entre los más altos desde 1985 (TSE, 2015).

El binomio presidencial del partido Líder, integrado por Manuel Baldizón y Edgar Barquín, que lideró las encuestas de intención de voto durante la mayor parte del año electoral, quedó en tercer lugar con apenas una quinta parte de los votos válidos. En contraposición, Jimmy Morales, un popular actor de comedia sin participación política previa salvo una malograda candidatura a alcalde en las elecciones de 2011, vio un ascenso vertiginoso a lo largo del proceso. La tendencia mostrada por las encuestas, en donde la intención de voto por Manuel Baldizón se redujo drásticamente a lo largo del proceso electoral mientras que la de Jimmy Morales y Sandra Torres aumentaba sostenidamente, se confirmó con el conteo de los votos del 6 de septiembre. Jimmy Morales obtuvo el mayor número de votos en primera vuelta, con 23,85 %, Sandra Torres obtuvo el segundo lugar, con 19,76 %, y Manuel Baldizón quedó fuera de la segunda vuelta con 19,64 % de los votos válidos (TSE, 2015).

Morales ganó en la mayoría de los departamentos, incluyendo el de Guatemala, que concentra al 22,33 % de los empadronados. Sandra Torres obtuvo el primer lugar únicamente en Alta Verapaz, San Marcos, Izabal y Quiché. Manuel Baldizón ganó en Totonicapán, Baja Verapaz, Sololá y Petén. En Jalapa ganó Mario Estrada, de UCN. En la segunda vuelta electoral, realizada el 25 de octubre, Jimmy Morales derrotó a Sandra Torres con un 67,44 % de los votos válidos, el mayor porcentaje alcanzado en elecciones presidenciales (TSE, 2015).

Más allá del sorpresivo desempeño electoral de Jimmy Morales y del desplome de Manuel Baldizón, otro aspecto novedoso es la disparidad entre los resultados de las distintas elecciones. Aunque Líder obtuvo apenas el tercer lugar en la elección presidencial, logró el mayor número de alcaldías -más de un tercio del total- y diputaciones. Como contraparte, FCN-Nación no obtuvo una sola alcaldía y apenas 11 de los 158 diputados, por lo que se constituirá como una bancada minoritaria (TSE, 2015).

Los resultados de la crisis

Un factor que fortaleció el movimiento ciudadano y que pudo haber sido determinante en el incremento de la participación en las manifestaciones fue la incorporación de actores organizados a la segunda manifestación. En ella participaron el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organizaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de universidades privadas, grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil. El resultado de esta articulación fue la creación de un consenso social sobre la necesidad de una reforma política profunda. En junio de 2015, el Tribunal Supremo Electoral presentó al Congreso de la República una iniciativa de reforma al régimen electoral que conjugó demandas de la plaza, tales como la imposición de límites -inexistentes a la fecha- a la reelección de los miembros del Congreso, así como un más riguroso régimen de fiscalización del financiamiento partidario, con propuestas que organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas venían realizando por décadas, tales como la implementación de procesos democráticos dentro de los partidos políticos, el fortalecimiento del órgano electoral y la inclusión de grupos subrepresentados, tales como mujeres e indígenas, a través de acciones afirmativas. A finales de 2015, la reforma había avanzado considerablemente en el proceso legislativo y restaba su aprobación final. Mientras tanto, los procesos judiciales en contra de funcionarios señalados de corrupción continuaba su curso normal.

Bibliografía

La Hora (7.1.2015). «Pérez Molina: Fase de la CICIG en el país ya terminó», <http://lahora.gt/perez-molina-fase-de-la-cicig-en-el-pais-ya-termino>.

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Contrapoder (7.7.2015). «Candidaturas frustradas: CGC revoca finiquitos y quedan fuera del proceso electoral», <http://contrapoder.com.gt/2015/07/07/candidaturas-frustradas-cgc-revoca-finiquitos-y-quedan-fuera-del-proceso-electoral>.

Novales, H. (2015). «Corrupción, protesta, ¿reforma?», en Revista Actualidad Politica, n.º 10, agosto, Guatemala, ASIES, disponible en: <https://s3.amazonaws.com/asies-books/books/2015_DISOP_Revista_ActualidadPoliticaNo10.pdf>.

Prensa Libre (21.8.2015). «Solicitan antejucio contra presidente Otto Pérez Molina», <www.prensalibre.com/guatemala/justicia/solicitan-antejuicio-contra-presidente-otto-perez-molina>.

- (3.9.2015). «Renuncia el presidente Otto Pérez Molina», <www.prensalibre.com/guatemala/politica/renuncia-el-presidente-otto-perez>.

- (17.5.2015). «Así se escucha el himno cantado por 60 mil personas», <www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/renunciayafase2---si-defienden-su-tierra-y-su-hogar-asi-gritaron-60-mil-guatemaltecos>.

- (8.5.2015). «Roxana Baldetti renuncia a la vicepresidencia», <www.prensalibre.com/guatemala/politica/roxana-baldetti-renuncia-a-la-vicepresidencia>.

- (4.3.2015). «Otto Pérez afirma que no aceptará imposición para que siga CICIG», <www.prensalibre.com/guatemala/politica/otto-perez-afirma-que-no-aceptara-imposicion-para-que-siga-cicig>.

Soy502.com (27.8.2015). «Paro27A: 70 mil personas piden la renuncia de Otto Pérez en la Plaza», <www.soy502.com/articulo/paro27a-70-mil-personas-piden-renuncia-otto-perez-plaza>.

Tribunal Supremo Electoral (2015). «Resultados elecciones generales de 2015», disponible en: <http://resultados2015.tse.org.gt/resultados-2015>.