IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	4,911 11º	5,319 5º	-0,617 13º	-1,331 15º	4,019 10º

1. El Salvador presenta en 2016 una tendencia levemente negativa, de casi el 4 %, que comenzó el año anterior, interrumpiendo la recuperación iniciada en el 2012. Esta situación lo aleja de los mejores valores de la serie, obtenidos en 2002 y 2003 (gráfico 3.36). El descenso no le reporta un peor lugar en el ranking regional y, por el contrario, logra ascender una posición, alcanzado el décimo lugar. Sigue integrando el grupo de países con bajo desarrollo democrático y se sitúa por debajo del promedio regional. Los resultados negativos obtenidos en esta edición se deben al peor resultado en democracia de las instituciones. El resto de las dimensiones ha mostrado signo positivo, especialmente la democracia social. El Salvador solo supera el promedio regional en la dimensión de calidad de las instituciones y eficiencia política, mientras que en las otras tres queda por debajo del valor de referencia.

De la región de América Central, El Salvador y República Dominicana son los dos países que presentan un desarrollo democrático bajo, mientras que Costa Rica se caracteriza por alto desarrollo, Panamá por desarrollo medio y el resto de los países se ubica dentro del conjunto de mínimo grado de desarrollo.

2. La puntuación obtenida en la dimensión I, que mide el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, democracia de los ciudadanos, sube un 2 % respecto de la medición anterior (gráfico 3.37). El avance es producto de mejores resultados en los indicadores que miden género en el Gobierno y condicionamiento de las libertades por la inseguridad. El resto de los indicadores se mantuvo estable, en valores similares al año anterior, salvo la variable voto de adhesión política que sufrió un retroceso en su puntuación. Este avance sitúa a El Salvador en el undécimo lugar del ranking regional, avanzando dos lugares respecto a 2015.

Su puntuación no alcanza el promedio regional de 5,375 puntos. En esta dimensión, integra el grupo de países con desarrollo democrático medio por cuarta vez desde el 2002, junto a otros tres países de América Central: Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Solo Costa Rica se destaca en lo alto de la tabla, mientras que Honduras y Guatemala se caracterizan por bajo desarrollo democrático.

3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política,democracia de las instituciones, El Salvador observa una caída de más del 11 % respecto del año anterior, aunque se mantiene por encima del promedio regional, sin llegar a la situación crítica del período 2009-2011. También se mantiene alejado de su mejor valor de la serie, obtenido en 2003 (gráfico 3.38). Se ubica en el quinto lugar del ranking, perdiendo dos lugares con respecto al 2015. Es precedido por Uruguay, Costa Rica, Chile y Panamá, aunque a gran distancia de los primeros tres mencionados. Recordemos que en el 2014 El Salvador había ascendido al segundo lugar en el ordenamiento regional, con una puntuación de cercana a los 7,000 puntos.

Los indicadores que muestran un signo positivo son los de percepción de la corrupción y accountability, especialmente la política y la social, mientras que las variables participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y desestabilización de la democracia muestran un retroceso que explica en buena medida la caída general. En esta dimensión, también, forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio junto con Panamá, Honduras y Bolivia. Con lo cual, más de la mitad de los países que conforman la región de América Central reciben calificaciones de alto y medio desarrollo democrático. El resto califica con mínimo desarrollo democrático

4. El comportamiento de los indicadores de la dimensión capacidad para generar políticas que aseguren bienestar muestra en 2016 una mejora que interrumpe la curva negativa iniciada tras el ciclo de mejoras 2011-2012, cuando El Salvador había alcanzado su mejor puntuación de toda la serie (gráfico 3.39). El puntaje recibido muestra un incremento de más del 32 % respecto del año anterior, lo que lo acerca al promedio regional, aunque está todavía lejos del mejor valor de la serie, obtenido en 2012.

El incremento de este año se origina por las mejores puntuaciones en algunos de los indicadores que evalúan la eficiencia en salud y en educación y principalmente por el mejor desempeño en población bajo la línea de la pobreza. Las variables que tienen un comportamiento negativo son desempleo y mortalidad infantil. El incremento en el puntaje no produce ninguna mejora en la ubicación en el ordenamiento regional y mantiene el 13º lugar. Forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio; en la región de América Central comparte esta calificación con Costa Rica y Panamá. El resto de los países de esta zona se caracteriza con bajo y mínimo desarrollo democrático.

5. En la dimensión económica, luego de haber alcanzado en el 2014 el peor valor de la serie, El Salvador mejora este año su puntuación en más del 17 %, con lo cual vuelve a obtener un valor similar al que recibió en el 2003 (gráfico 3.40) y quiebra la tendencia negativa de los anteriores años. Los indicadores que dan cuenta de la capacidad de generar políticas que aseguren eficiencia económica han tenido, en general, un mejor comportamiento en comparación con el año anterior, fundamentalmente las variables de libertad económica, PIB per cápita y endeudamiento. Brecha de ingreso e inversión muestran retrocesos.

Como resultado de su mejor puntuación, El Salvador recupera una posición en el ranking regional y pasa al 15° lugar. Por supuesto que el valor obtenido continúa ubicando a este país muy lejos del promedio de la región y entre los países con bajo desarrollo. Ninguno de los países de América Central califica con alto desarrollo democrático; todos se distribuyen en los grupos de medio y bajo desarrollo.

Conclusiones

- El Salvador presenta en 2016 una tendencia levemente negativa en el IDD-Lat. Ha empeorado su puntuación respecto al valor obtenido en el año anterior en más de un 3 %.

- Se ubica en el ranking regional en el décimo lugar.

- Sigue integrando el grupo de países con bajo desarrollo democrático.

- Se sitúa por debajo del promedio regional.

- Sube en casi todas las dimensiones, salvo en democracia de las instituciones. La suba más importante se verifica en la dimensión democracia social.

- En democracia de los ciudadanos, mejora casi un 2 % respecto de la medición anterior. Se ubica en el 11º lugar. No alcanza el promedio regional. Integra el grupo de países con desarrollo democrático medio.

- En democracia de las instituciones presenta una caída del 11 % y se ubica en el quinto lugar del ranking. Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio y supera el promedio regional.

- En democracia social muestra un avance del 37 %. Se ubica aún por debajo del promedio regional. Mantiene el 13º lugar en el ranking regional. Forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio.

- En la dimensión económica, El Salvador mejora su puntuación en más de 17 % y pasa al 15° lugar. Sigue debajo del promedio de la región y pertenece al conjunto de países con bajo desarrollo democrático.

Elecciones, (in)seguridad y fallos judiciales

Luisa María Solano de Martínez

En términos generales, la historia del año 2015 no difiere mucho de la de 2014. Los actores y hechos principales siguen estando marcados por lo ocurrido en el sistema electoral, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional y la escalada de la violencia. Primero, el ciclo electoral nuevamente permitió que en 2015 los salvadoreños acudieran a las urnas para elegir diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y concejos municipales. En segundo lugar, importantes fallos judiciales se volvieron elementos clave en el desarrollo de los comicios y empezaron a permear en la lucha contra la corrupción. Finalmente, el número de homicidios se presenta como una variable con crecimiento exponencial y sin acciones claras de parte del Gobierno para detener su avance.

Democracia de los ciudadanos

El proceso electoral de marzo de 2015

Los comicios de marzo de 2015 marcaron historia por la introducción de varias reformas electorales que modificaron la dinámica del sistema. En total hubo cuatro modificaciones: 1) la cuota de género del 30 % en la integración de planillas para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa y al PARLACEN y miembros de concejos municipales; 2) la implementación de concejos municipales plurales que rompe con la integración unipartidista de los gobiernos locales y da cabida a la designación de espacios a través del sistema de representación proporcional; 3) la elección directa de los legisladores del PARLACEN bajo las mismas reglas de los diputados del Órgano Legislativo; anteriormente estos funcionarios se elegían con base en los votos de los comicios legislativos; y 4) la habilitación de las listas abiertas para la votación de diputados, que amplió la libertad de elección del votante. Las tres primeras reformas son producto del consenso de los partidos políticos con representación legislativa y la última fue motivada por un fallo de la Sala de lo Constitucional.

La sentencia 48-2014, promulgada el 5 de noviembre de 2015, permitió que los electores tuvieran la opción de elegir candidatos de diferentes partidos políticos con la única limitante de no superar el número de marcas según los escaños que se eligen en cada circunscripción. Esta modalidad de votación se conoce popularmente como voto cruzado.

Previo a las elecciones de marzo de 2015 la autoridad electoral no había sido cuestionada por su desempeño en la administración de los eventos electorales. Sin embargo, los más recientes comicios establecen un quiebre en la confianza depositada en el TSE. Si bien la implementación del Plan General de Elecciones (PLAGEL) estuvo condicionada por una aprobación tardía del presupuesto que incluía recortes de fondos y la inclusión del voto cruzado a escasos meses de las elecciones -variables que entorpecieron el cumplimiento del PLAGEL-, la falta de transparencia y de diligencia de los funcionarios del Tribunal pusieron en evidencia importantes debilidades que deberán ser superadas antes de las elecciones de 2018.

Desde inicios de la campaña electoral, organizaciones de la sociedad civil hicieron serios señalamientos sobre retrasos en la ejecución que afectaban negativamente el desempeño del proceso. No obstante, estos no tuvieron eco en las autoridades correspondientes. El día de las elecciones las fallas señaladas se vieron materializadas en la imposibilidad de transmitir y divulgar los resultados electorales preliminares, lo que afectó la calidad del proceso electoral y disminuyó los niveles de transparencia y legitimidad que habían caracterizado a elecciones anteriores. Las fallas técnicas y logísticas dieron paso a la incertidumbre política respecto a los resultados, ya que no se contó con información oportuna sobre la distribución del poder según lo registrado en las urnas.

La etapa poselectoral estuvo caracterizada por la ineficacia del conteo de votos y la transmisión de resultados, que derivaron en una serie de inconsistencias consignadas en las actas. Entre las anomalías se detectaron, entre otros problemas, registros inadecuados de las preferencias de diputados, actas con votos superiores al máximo permitido por Junta Receptora de Votos (JRV), actas con errores aritméticos. Algunos de los factores relacionados con las debilidades descritas son la contratación de alrededor de veinte empresas para el sistema de transmisión, que finalizó en un fracaso tecnológico, y la falta de capacitación a los miembros de las JRV frente a un conteo complejo, en el que había que distinguir entre votos enteros y cruzados y preferencias legislativas.

A pesar de las inconsistencias señaladas, se realizó el escrutinio final y el TSE declaró en firme los resultados. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el principal partido de oposición, obtuvo 35 diputados; el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido oficial, se quedó con 31 diputados; la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), se ubicó como la tercera fuerza política con 11 diputados; el Partido de Concertación Nacional (PCN) ganó 6 diputados y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1. La participación electoral alcanzó al 48,23 % de los habilitados en las elecciones legislativas.

Hubo además elecciones de gobiernos locales en 262 municipios. ARENA tuvo obtuvo la mayoría de concejales en 119 municipios, el FMLN en 82, GANA en 19, el PCN en 16 y el PDC en 5. El resto de los concejos se distribuyeron entre las coaliciones aprobadas y otros partidos minoritarios. Esta declaratoria se vio mermada por la admisión del amparo 177-2015 por la Sala de lo Constitucional, que ordenó como medida cautelar el recuento de los votos para el departamento de San Salvador. Ello no modificó los resultados originales para la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa pero retrasó la toma de posesión de los diputados de esta circunscripción y permitió la recuperación de 20.991 votos válidos.

En cuanto a la aplicación de la cuota de género contenida en el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos, el TSE certificó que todos los partidos cumplieran con la normativa respecto a la integración de las planillas. En razón de los espacios de participación ganados por las mujeres en los comicios de marzo de 2015, el 32 % del Parlamento salvadoreño es ocupado por el género femenino; es decir, 27 diputadas propietarias. En los concejos municipales solo 27 mujeres fueron elegidas como alcaldesas de un total de 262 municipalidades, lo que representa el 1 % del total. En el PARLACEN, 7 diputaciones son ocupadas por mujeres, o sea, un 35 % del total de 20 escaños.

Aspectos claves sobre la situación general de (in)seguridad

Según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), durante 2015 se cometieron 6643 homicidios; comparados con los registrados durante 2014, representan un 70 % de incremento. En este mismo sentido, el promedio de homicidios diarios pasó de 10,7 en 2014 a 18 en 2015. Se registraron 63 muertes de policías, que también han pasado a ser víctimas del embate de la violencia. la PNC reportó 2121 denuncias de extorsión, otro de los delitos que más afecta a la ciudadanía, y ello sin contar la cifra negra que caracteriza a esta transgresión a la ley (FUSADES, 2016). El costo de la violencia e inseguridad, de acuerdo con declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), se calcula en $ 2,800 para 2015, una cifra superior a la registrada en años anteriores (Kiste, 2015).

La espiral de la violencia parece no tener salida y las acciones del Gobierno no se perciben como suficientes para enfrentar la ola de criminalidad que afecta a la población salvadoreña. Ni el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) ni el Plan El Salvador Seguro han sido motores para generar un cambio. La falta de recursos es una excusa constante de las autoridades y derivó en la aprobación de nuevos impuestos con el fin de financiar los planes y acciones de seguridad; sin embargo, la ciudadanía no ve avances. De acuerdo con la encuesta de noviembre de 2015 de LPG Datos y de diciembre de 2015 de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la seguridad sigue siendo el principal problema: un 72,1 % y 75,7 % de encuestados, respectivamente, así lo afirman.

Democracia de las instituciones

La justicia y su impacto en la institucionalidad del país

El año 2015 también estuvo marcado por las elecciones de funcionarios de segundo grado. Según la normativa, para ese período debían haberse renovado la tercera parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República (FGR) y los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Estas dos últimas elecciones debieron culminarse antes del 3 de diciembre y del 22 de septiembre de 2015, respectivamente; sin embargo, finalizados los plazos y al cierre del año aún no se contaba con los funcionarios electos. Tanto la elección del fiscal general como de los magistrados de la CSJ se realizaron con retrasos por la Asamblea Legislativa. Ambas elecciones juegan un papel clave en la institucionalidad salvadoreña; el primero por su rol protagónico en la persecución del delito y los segundos postularán 15 abogados a elección de magistrados CSJ en 2018, cuatro de los cuales integrarán la Sala de lo Constitucional. Casi tres meses después de la fecha establecida, los diputados eligieron y juramentaron a cinco nuevos magistrados propietarios del Órgano Judicial y cinco suplentes. El atraso ha sido el más amplio desde la firma del Acuerdo de Paz; no obstante, la elección tuvo ciertas mejoras en comparación con procesos anteriores (FUSADES, 2016).

La sentencia de inconstitucionalidad 139-2013, publicada el 22 de julio de 2015 por la Sala de lo Constitucional, da origen a la ciudadanización de los organismos electorales temporales (OET). La modificación contenida en el fallo se refiere a que, si bien los partidos políticos aún tienen la facultad de proponer a los integrantes de los OET, estos no deben tener vínculos formales o materiales con ningún instituto político. El ARENA, el FMLN, GANA y el PCN han presentado distintas propuestas para llevar a cabo esta reforma; sin embargo, al cierre de 2015 la Asamblea Legislativa aún no legislaba al respecto. Los magistrados del TSE han señalado la urgencia de tener una normativa sobre el tema con suficiente antelación al evento electoral de 2018, pues es un proceso complejo que no solo involucra la elección sino también la capacitación de sus miembros (Meléndez, 2015).

El Instituto de Acceso a la Información Pública (ILAIP) estableció, en julio de 2015, que las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos, salvo datos privados, son información pública. La decisión fue respaldada unánimemente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En agosto se conoció el patrimonio acumulado de un diputado propietario de la Asamblea Legislativa y por primera vez en la historia del país la Corte Suprema de Justicia confirmó, el 6 de octubre, que existían suficientes indicios de enriquecimiento ilícito para iniciar un juicio civil contra dicho funcionario. El presunto implicado aún mantiene su escaño en el Parlamento. A finales de noviembre de 2015, la CSJ ordenó el segundo juicio civil por enriquecimiento ilícito en contra del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), quien fungió durante el período 2011-2014. Al cierre de 2015 ambos casos continuaban el debido curso legal, sin resolución definitiva alguna. Siempre sobre este tema, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre una nueva Ley de Probidad, que omite la posibilidad de ordenar juicio civil por enriquecimiento ilícito; la ley fue sancionada por el presidente el último día hábil del año, en medio de serios cuestionamientos de parte de la sociedad civil organizada y con un total hermetismo sobre la medida tomada.

Democracia social

Los números de la realidad social del país

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2014, presentada en octubre de 2015, se convierte en una fuente importante de información para medir el desempeño de algunas variables sociales. De acuerdo con esta medición, un 31,9 % de los hogares viven en condición de pobreza,lo que indica un leve aumento respecto al año anterior. En términos del nivel educativo, la escolaridad promedio de los salvadoreños sigue siendo baja y se ubica en 6,7 años aprobados. Según los datos de la EHPM, el desempleo de la población en edad de trabajar pasó de 5,9 % a nivel nacional, en 2013, al 7 % en 2014; a nivel urbano el subempleo alcanzó el 31 %, registrando un ligero incremento en relación con el dato del año anterior.

El período analizado es el primer año calendario del actual Gobierno, cuya gestión inició en junio de 2014. Durante la campaña electoral la premisa del presidente fue la de profundizar los programas sociales. Son parte de estos, en el área de la educación, la entrega de paquetes escolares; para 2015 por primera vez se incluyó en esta cobertura a los estudiantes de bachillerato con una inversión total de $ 67,1 millones y 1,33 millones de alumnos beneficiados. La ampliación de la medida fue una promesa de campaña y no responde a una evaluación de impacto que demuestre una relación positiva entre la distribución de paquetes y la permanencia y matrícula de las escuelas. Esta iniciativa es identificada por estudios de opinión como el principal logro del presidente Sánchez Cerén.

En el área de salud, el 2015 se caracterizó por las quejas por falta de medicamentos, la construcción de cierta infraestructura hospitalaria y la puesta en marcha de la primera farmacia especializada, otra promesa de campaña del presidente de la República. En cuanto al perfil epidemiológico, se experimentó un fuerte embate de dengue y chikungunya, y a finales del año se confirmó también la presencia de zika, enfermedades que tienen en común el mismo vector de transmisión, el mosquito Aedes.

Democracia económica

La difícil situación económica del país

El crecimiento económico sigue siendo el talón de Aquiles de la economía salvadoreña. De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), al cierre de 2015 se crecería un 2,5 %, casi imperceptible en comparación con 2014. Esta cifra difiere del 2,3 % registrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para El Salvador. Entre los factores que han favorecido la actuación económica en 2015 se encuentran la baja en los precios del petróleo y el crecimiento en el flujo de remesas recibidas durante todo el año ($ 4279,7, un 3 % más que el período anterior, según datos oficiales del BCR). Las finanzas públicas continúan es un espiral de deterioro imparable, en donde la deuda pública sigue creciendo y para 2015 representaba el 63,3 % del PIB,producto de un mal manejo de la relación entre ingresos y gastos públicos.

Finalmente, se inició en 2015, de forma informal y sin una propuesta pública y técnica de parte del Gobierno, el debate sobre la reforma al sistema de pensiones. Al 31 de diciembre aún no se conocía el proyecto defendido por el Ejecutivo ni tampoco se había cumplido la sentencia de inconstitucionalidad 42-2012/61-2013/62-2013 que mandaba a incrementar la tasa de interés que el Gobierno pagaba por el uso de los fondos de los certificados de inversión previsional (CIP).

Bibliografía

FUSADES (2016). Informe de coyuntura legal e institucional 2.° semestre de 2015. San Salvador: FUSADES, Departamento de Estudios Legales.

Kiste, F. (29.12.2015). «Presidente del BCR: %u201CRespecto a 2011 se está elevando (el costo de la violencia)%u201D», Diario El Mundo.

Meléndez, C. (30.7.2015). «TSE pide AL reformas rápidas en el tema de ciudadanización», La Prensa Gráfica.