IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	5,772 8º	3,181 12°	0,845 7º	1,205 5º	5,339 6º

1. Ecuador continúa su curva ascendente en el IDD-Lat con respecto al año anterior, en una magnitud de crecimiento similar a la que presentaba en el 2015, de alrededor del 7 % (gráfico 3.31). Llega así a su mejor puntuación de toda la serie y supera los 5,000 puntos. Con este resultado se integra al conjunto de países con desarrollo democrático medio, junto con Perú, Panamá, Argentina y Bolivia. Es la tercera vez que Ecuador logra dar este paso; en las anteriores mediciones transitaba entre los grupos de bajo y de mínimo desarrollo. También es el tercer año consecutivo que Ecuador logra superar el promedio regional.

Como consecuencia de este incremento logra subir una posición en el ranking regional latinoamericano, del séptimo al sexto lugar. El principal argumento para ello ha sido el avance verificado en las dimensiones de la democracia de las instituciones y en aquellas que miden la capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica y social. En democracia de los ciudadanos muestra un leve retroceso, principalmente en los resultados de la participación de las mujeres en el Gobierno. En la región andina, Ecuador, Bolivia y Perú son los países que presentan mejores resultados en el IDD-Lat 2016, mientras que Venezuela y Colombia califican con mínimo desarrollo democrático.

2. En la dimensión I, democracia de los ciudadanos, obtiene un valor inferior en más del 4 % al alcanzado el año anterior (gráfico 3.32), interrumpiendo una curva ascendente que se había iniciado en el 2012. Este descenso se debe, por un lado, a la caída de la variable que mide género en el Gobierno, y por el otro, a que el resto de los indicadores se mantienen en valores que no aportan calidad a esta dimensión. Ecuador debe generar políticas que mejoren esta situación, especialmente las que se refieren al respeto de los derechos políticos y las libertades civiles el condicionamiento de las libertades por inseguridad.

Sin embargo, la peor puntuación de este año no tiene como consecuencia un cambio en la ubicación en el ranking, y se mantiene en el octavo lugar. Por tercera vez se ubica en esta dimensión por encima del promedio regional y forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio, junto con nueve países de la región. En la región andina, solo Venezuela y Colombia no integran este grupo de países, porque presentan mínimo desarrollo democrático.

3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, Ecuador muestra un ascenso de más del 27 % en su puntaje del año anterior (gráfico 3.33), con lo que se acerca al promedio regional, aunque permanece distante del mejor valor que había obtenido en el 2005. Mejora cinco lugares su posición en el ranking regional, pasando del 17° al 12° lugar. Logra salir del grupo de países que presentan mínimo desarrollo democrático en esta dimensión, y clasifica con bajo desarrollo democrático junto con República Dominicana, Perú, México y Colombia.

Los factores que explican este ascenso son los mejores resultados en las variables accountability y desestabilización de la democracia. Es de destacar que por quinto año consecutivo Ecuador no es castigado con el factor de anormalidad democrática, cuestión que se había producido en tres ocasiones a lo largo de la serie. En la región andina Bolivia es el país que obtiene mejor categorización e integra el conjunto de países con desarrollo democrático medio. Mientras que Venezuela obtiene la categoría de mínimo desarrollo democrático.

4. La dimensión capacidad para generar políticas que aseguren bienestar tuvo un avance respecto del año anterior (gráfico 3.34), como consecuencia de los mejores resultados en desempeño en salud y en educación y población bajo la línea de la pobreza. Solo retrocede la variable de desempleo. Producto de esto, Ecuador gana dos lugares en el ranking regional y pasa al séptimo lugar.

Por este crecimiento, se mantiene por encima del promedio regional y forma parte del conjunto de trece países con desarrollo democrático medio, en el que está incluida toda la región andina. Algunos de estos, entre ellos Ecuador, se acercan más a los niveles de alto desarrollo, mientras que otros se ubican cerca del bajo desarrollo democrático.

5. En la dimensióncapacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, el incremento que muestra Ecuador, lo coloca con el mejor valor de su serie (gráfico 3.35). Este resultado le permite mantenerse por encima del promedio regional junto a otros nueve países y, por otro lado, consolida su pertenencia al conjunto de países con desarrollo democrático medio, a pocos pasos de alcanzar valores que lo podrían colocar en el segmento superior de desarrollo democrático.

El resultado es producto de un mejor comportamiento de casi todos los indicadores salvo el de endeudamiento. Este incremento de su puntuación lo ubica también en una mejor posición en el ranking regional, subiendo dos posiciones del séptimo al quinto lugar con respecto al año anterior. Ecuador y Perú son los países de la región andina que mejores resultados presentan en esta dimensión.

Conclusiones

- Ecuador ha mejorado su puntuación en un 7 %.

- Es el mejor puntaje desde el 2002 a la fecha y supera los 5,000 puntos.

- Pertenece por segunda vez al conjunto de países con desarrollo democrático medio.

- Mejora su ubicación en el ranking regional latinoamericano, pasando del séptimo al sexto lugar.

- Avanza en democracia de las instituciones, democracia económica y democracia social.

- En democracia de los ciudadanos, Ecuador se ubica por encima del promedio regional. Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio.

- En democracia de las instituciones continúa por debajo del promedio regional. Logra salir del grupo de países que presentan mínimo desarrollo democrático.

- En democracia social, Ecuador se mantiene por encima del promedio regional y forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio. Obtiene el mejor valor de la serie.

- En la dimensión económica, Ecuador obtiene el mejor valor desde el 2002. Se mantiene por encima del promedio regional. Forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio.

Reformas constitucionales marcaron la agenda política del Ecuador en el 2015

Carla Bonilla E.

Las enmiendas constitucionales, la economía y las movilizaciones ciudadanas fueron durante 2015 las protagonistas de la agenda política ecuatoriana. La caída del precio del petróleo representó un dolor de cabeza para el régimen. A continuación, un análisis de cada uno de los aspectos relevantes para el país.

Democracia de los ciudadanos

En 2015 hubo varios atentados a la libertad de expresión, que se evidenciaron luego de la aprobación de la Ley de Comunicación. Esta tiene como objetivo obtener un mayor control de las instituciones públicas sobre la información que se emite a través de los medios masivos y las redes sociales.

Es necesario recordar que en el Ecuador existe la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), creada a través de la Ley de Comunicación, y que se define, según su artículo 55, como «el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la información y comunicación».

En este contexto, y basándose en la mencionada ley, las entidades estatales han emitido sanciones importantes a medios y periodistas. El caso más preocupante fue la intención de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) de cerrar la organización no gubernamental Fundamedios, cuyo fin es promover y defender la libertad de expresión en el Ecuador. Varios casos muestran que la libertad de expresión ha sido quebrantada en el país. Entre ellos el del reconocido periodista Martín Pallares, despedido de su cargo en Diario El Comercio por negarse a poner límite a los comentarios en su cuenta personal de Twitter, principalmente aquellos sobre el régimen, tal como se lo había pedido en diferentes ocasiones el director del periódico, según relató el periodista, o el del tuitero Crudoecuador, quien cerró su cuenta por amenazas incluso de muerte por su disenso con el régimen.

Democracia de las instituciones

Los proyectos de ley de herencias y de la plusvalía desataron marchas y concentraciones ciudadanas multitudinarias en las ciudades más importantes del país -Quito, Machala, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga y otras-. En ellas que participaron autoridades locales, como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien manifestó que las manifestaciones de los ciudadanos no se debían únicamente al proyecto de ley de herencias sino a las malas decisiones adoptadas por el Gobierno en materia económica y social. En las marchas, que duraron aproximadamente dos semanas, participaron grupos de maestros, médicos, jubilados y ciudadanos de a pie. Sin embargo, también hubo manifestaciones a favor de la política implementada por el Gobierno de Alianza País, concentradas en las inmediaciones del Palacio de Carondelet.

El 15 de junio de 2015, el presidente Correa no tuvo más opción que retirar los dos proyectos de ley. Según manifestó, lo hizo para garantizar la seguridad frente a la llegada del papa Francisco al país, evento que calmó por un momento los ánimos políticos tanto del régimen como de la oposición.

Pero las protestas se reactivaron en agosto, cuando sectores sociales de trabajadores, estudiantes y jubilados marcharon por las principales avenidas de ciudades como Quito, Ambato, Cuenca, Guayaquil y Zamora, movilizados contra las políticas aplicadas por el régimen. El principal pedido de los marchantes refería al archivo definitivo de las famosas enmiendas constitucionales.

Las marchas de agosto terminaron en algunos casos en confrontaciones directas entre los defensores del poder y los opositores. Uno de los casos más notorios fue el maltrato y la detención que sufrió el presidente de la organización indígena Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, y el proceso de deportación que se inició contra su pareja, la periodista y profesora universitaria Manuela Picq.

Antes de terminar el año, y al igual que en junio de 2014, la Corte Constitucional falló a favor de que el proyecto de enmiendas a la Constitución de 2008 fuera debatido y aprobado por la Asamblea Nacional. El 3 de diciembre el Legislativo, tras diez horas de debate, aprobó quince enmiendas a la Constitución de la República, con 100 votos a favor, ocho en contra y una abstención. La jornada se realizó en un edificio blindado y acordonado por un centenar de policías que impidieron el paso a los manifestantes que se oponían a la aprobación de los cambios.

Veamos las modificaciones más importantes. La reelección indefinida fue uno de los cambios a la Carta Magna. Tras la aprobación de las enmiendas por parte de la Asamblea, se determinó que «Todas las autoridades de elección popular podrán postularse para el mismo cargo», avalando así que esta sea indefinida para cualquier cargo, incluyendo la Presidencia de la República. En la Constitución de 2008, se establecía que la reelección podría hacerse por una sola vez, sea ésta de manera consecutiva o no al período de funciones de la autoridad en cuestión.

En la disposición transitoria segunda se indica que las enmiendas «referidas a los derechos de participación política entrarán en vigencia desde el 24 de mayo de 2017», lo cual implica que la medida regirá a partir del 2021.

Esta enmienda genera dudas, a pesar de que fue el propio presidente Correa quien propició la inclusión de la medida a partir de 2017». Integrantes de la oposición y varios analistas coinciden en que la Corte Constitucional podría abrir la puerta para que Correa sea nuevamente candidato en 2017, por cuenta propia o por pedido de algún colectivo ciudadano.

La edad mínima para ser candidato a la presidencia de la República se redujo de 35 a 30 años.

La enmienda contempló también un cambio respecto a la misión de las Fuerzas Armadas. Si bien mantuvo que el rol de esta entidad es «la defensa de la soberanía y la integridad territorial», añadió a su misión fundamental la de «complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley». Esto implica que las Fuerzas Armadas también se podrían ocupar de la seguridad interna del Estado ecuatoriano, lo que implica, por ejemplo, que puedan dar apoyo en tareas como el control de armas y vigilancia en las calles a la Policía Nacional. Esto llevó a varios analistas a señalar que el país podría vivir en un estado de excepción permanente o podría generarse una militarización de la sociedad en cualquier momento.

En cuanto a los mecanismos de consulta popular, la enmienda entregó a los gobiernos autónomos descentralizados la opción de impulsar una consulta popular sobre temas de su competencia, o de interés para su jurisdicción, en el ámbito administrativo. En el caso de consultas de carácter nacional, la solicitud de referéndum continuará necesitando de la firma de al menos el 5 % de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Una de las enmiendas más cuestionadas se relaciona con la eliminación de la posibilidad de que la Contraloría General del Estado controle el cumplimiento de los objetivos del Estado ecuatoriano por todas las instituciones del sector público; esto se hizo a través de la supresión de la frase «la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado» del artículo 211, que quedó así: «La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos».

Con esto, la labor de la Contraloría se limita ahora a vigilar el uso de recursos públicos pero no tendrá competencia para el control y seguimiento de la eficiencia del gasto público ni para que este se encamine a cumplir con los objetivos de cada entidad estatal. Los asambleístas del bloque de Gobierno señalaron que es función de la Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo (SENPLADES) encargarse de dar seguimiento y controlar el cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir desde cada entidad pública.

En política laboral, la enmienda propuso que todos los obreros del sector público ya no estén sujetos al Código del Trabajo, y al respecto incluyó en su artículo 326 que «los servidores públicos se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública», con lo cual se busca que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) sea el único cuerpo jurídico que rija para dichos servidores.

Con este cambio, y a decir de los representantes del Gobierno, se pretendía evitar las desigualdades entre los obreros y los servidores públicos, a pesar de que sus funciones y su naturaleza son distintas. En este sentido, la enmienda tenía como afán dar mayor estabilidad a los servidores públicos, quienes se beneficiarán de treinta días de vacaciones a partir de los once meses continuos de trabajo y pertenecerán a una escala remunerativa con salarios más altos respecto a la establecida por el Código del Trabajo.

En este sentido, la principal crítica se refirió a los derechos colectivos adquiridos por los obreros públicos, a través del Código del Trabajo, entre los cuales están la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva, entre otros. Sin embargo, la cláusula transitoria primera de la enmienda señala que «Las obreras y obreros que antes de la entrada en vigencia de la presente Enmienda Constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados por este cuerpo legal. Una vez en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los servidores públicos que ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo». Esto se podría entender como una restricción de derechos ya otorgados.

Sobre las competencias de los Gobiernos autónomos descentralizados y del Gobierno central, los cambios que se incluyeron al artículo 261 de la Constitución otorgan al Estado la competencia exclusiva sobre «planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en educación y salud». Dicha competencia le pertenecía a cada uno de los GAD; sin embargo, con la enmienda estos se verán obligados a contar con una autorización previa del ente rector de la política pública para la construcción, mantenimiento o equipamiento de centros educativos o de salud.

El argumento de la comisión que elaboró las enmiendas es que estos dos ámbitos (salud y educación) son prioritarios en cuanto a políticas públicas que deben ser de carácter nacional y que deben cumplirse a través de la inversión estatal.

Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó la enmienda al artículo 384, a través de la cual se determinó que «la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana». El sector oficialista defendió el cambio argumentando que con este se pretende garantizar el derecho de todos los ciudadanos a una información veraz y objetiva de cada hecho noticioso y garantizar que este servicio sea prestado con responsabilidad y niveles óptimos de calidad.

Periodistas y analistas señalaron en su momento que, al cambiar la naturaleza de la comunicación de derecho fundamental a servicio público, se pretende tener mayor control sobre la información que emiten los medios de comunicación. Para la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios esta enmienda «implica un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión», debido a que el Estado se convierte en el titular de un derecho humano.

Democracia social

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el desempleo a nivel nacional cerró el 2015 con una tasa de 4,77 %, la tasa de empleo adecuado cerró en 46,50 % y el subempleo creció hasta cerrar en 14,01 %. Por su lado, el índice de pobreza se ubicó en 23,3 % y la extrema pobreza afecta a un 8,45 % de la población. Estas últimas cifras no han variado considerablemente respecto a 2014.

Democracia económica

El presupuesto del Estado fue afectado de manera importante debido a la baja en el precio del barril de crudo, que había superado en 2014 los USD 100 pero a mediados de 2015 se cotizó en USD 38. Esto implicó un recorte importante de los ingresos petroleros por aproximadamente 2220 millones de dólares y una reducción del presupuesto estatal de USD 36.317 millones aprobados para el 2015 a USD 29.835 millones de la proforma presupuestaria para 2016, enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación. El Ministerio de Finanzas indicó que este recorte en el presupuesto se debía a la caída del precio del petróleo y a la situación económica internacional. En este sentido, el plan anual de inversiones previsto para 2016 bajó a los USD 5300 millones, en comparación con los USD 8116 millones de 2015.

A fines de año, muchos proveedores del Estado afirmaron tener haberes pendientes en varias instituciones estatales, lo que también fue reconocido por el presidente Rafael Correa, que aseguró que todas ellas serían canceladas hasta finales de enero de 2016. El presidente fue enfático en señalar que el país no atravesaba por una crisis económica. Sin embargo, hechos como el cierre de empresas, la falta de inversión nacional e internacional y el crecimiento del subempleo y desempleo indicaban que el 2016 sería un año complicado para el Gobierno nacional en materia económica.

El 5 de junio de 2015, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la justicia tributaria para la redistribución de la riqueza, más conocida como Ley de Herencias, en el cual se introdujo una tabla de impuesto a las herencias con un techo máximo de 47,5 %. Esa tabla tenía previsto gravar las herencias directas de padres, hijos, nietos y abuelos con dicho porcentaje y con hasta un 77,5 % a los herederos no directos. El presidente Correa informó en ese entonces que el impuesto sería progresivo y que no se aplicaría a las herencias menores a 35.400 dólares.

Las reacciones no se hicieron esperar y el Comité Empresarial Ecuatoriano pidió al primer mandatario mantener un diálogo público-privado para que el sector conociera el proyecto y se trabajara en conjunto en un solo documento. Esto debido a que gran parte de las empresas ecuatorianas son de carácter familiar y la medida afectaría fundamentalmente a la clase media y limitaría la inversión principalmente en bienes inmuebles. Finalmente, el proyecto de ley fue archivado.

Conclusiones

Las enmiendas constitucionales derivaron en un mayor fraccionamiento de la sociedad, que se tradujo en la protesta social hacia las formas de gobierno implementadas por el presidente Correa, que debilitan a varias instituciones como la Contraloría General del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, y entregan mayor poder de decisión al Poder Ejecutivo.

La baja del precio del petróleo y el excesivo gasto gubernamental marcarán un camino complicado para el Gobierno nacional durante el 2016, ya que deberá cubrir un déficit importante en el presupuesto estatal, pero además deberá afrontar el crecimiento de las tasas de desempleo y subempleo y posiblemente una crisis económica nacional.