IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	2,903 17º	3,647 11°	-0,613 13º	0,207 8º	2,982 13º

1. Colombia muestra un descenso de más del 8 % en el IDD-Lat 2016, que le determina alcanzar el peor valor de la serie, por debajo de la puntuación registrada en el 2005 y muy lejos de su mejor valor del 2002 (gráfico 3.21). Este descenso es producto de peores resultados en democracia de los ciudadanos y en desarrollo económico. Este resultado, sin embargo, no impide el avance de un lugar en el ordenamiento regional, del 14º al 13º, debido al descenso en el valor menor del índice 2016 respecto al año anterior, que incidió también en el descenso del promedio regional.

Colombia se mantiene muy por debajo del promedio regional y abandona el grupo de bajo desarrollo democrático para pasar a integrar el conjunto de mínimo desarrollo democrático junto con Brasil, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Guatemala.

2. En la dimensión I,que evalúa el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, democracia de los ciudadanos, Colombia ha mantenido su nivel a pesar de un leve retroceso del orden del 2 %, lo que significa que no ha podido avanzar en el desarrollo democrático. Sigue obteniendo resultados parecidos a los del 2005, 2014 y 2015, que presentaron sus evaluaciones más negativas de la serie (gráfico 3.22). Aunque ha mejorado una posición en el ordenamiento regional, pasando del 18º al 17º lugar, sigue ocupando los últimos lugares del ranking y mantiene su calificación de mínimo desarrollo democrático, en esta edición compartida con Venezuela.

Dentro de la región andina, junto con su vecina Venezuela son los países con peor comportamiento, lejos del resto que se ubican en el segmento de países con desarrollo democrático medio. Colombia solo logra mejorar la puntuación en el indicador de género en el Gobierno y en la variable que mide la tasa de homicidios, mientras que muestra retrocesos en las variables voto de adhesión política y tasa de secuestros. Por otro lado, repite sus anteriores bajos valores en los índices de respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles, donde recibe una de las peores calificaciones junto con Venezuela. Esa situación genera que el país continúe por debajo y muy lejos del promedio regional.

3. Colombia ha mejorado levemente su desempeño en calidad institucional y eficiencia política, en un 2 % respecto del año anterior (gráfico 3.18). Así detuvo la curva descendente de 2012 a 2015, pero continúa muy por debajo del promedio regional. A pesar de su mejor puntuación, baja cuatro posiciones en el ranking regional, como consecuencia de que otros países han tenido mejor desempeño, por el mejor resultado obtenido en 2016 por el líder Uruguay y porque la peor puntuación es superior a la del año anterior, cuestiones que hacen que el promedio de la dimensión sea más alto que el del 2015.

La puntuación obtenida sitúa a Colombia en el grupo de países con bajo desarrollo democrático en esta dimensión de democracia de las instituciones, junto con República Dominicana, Perú, México y Ecuador. Los mejores desempeños en el índice de percepción de la corrupción y en el indicador participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo justifican el resultado. A pesar de que Colombia ya no sufre el factor de anormalidad democrática, castigo que le se había aplicado en el 2014 por la crisis política vivida en el 2013, no le alcanza para superar la categorización de desarrollo democrático medio. Como se dijo, tampoco logra alcanzar el promedio regional.

Dentro de la región andina es, junto con Perú y Bolivia, uno de los países con mejor puntaje, en una zona geográfica en que la calidad institucional constituye un déficit enorme de la democracia regional.

4. En lo relativo a la dimensión III, la democracia social, el valor que obtiene Colombia muestra un avance del orden del 50 %, lo que le permite salir de la zona de mínimo desarrollo democrático, situación que se venía arrastrando desde el 2013, para integrar ahora el grupo de países con desarrollo democrático medio (gráfico 3.24). El promedio regional aún sigue inalcanzable. En el 2016 todos los países de la América andina califican con este mismo grado de intensidad democrática, aunque Bolivia, Ecuador y Perú están más cerca de acceder al grupo de alto desarrollo democrático.

Colombia logra mejorar dos ubicaciones en el ordenamiento regional y pasa al 12° lugar del ranking regional. El ascenso se produce por mejores resultados en eficiencia en salud y en educación y fundamentalmente en la variable de población bajo la línea de la pobreza, donde alcanza un valor superior al promedio. El indicador que no logra mejorar es el desempleo, que obtiene la peor calificación de la región. Colombia debe reforzar el trabajo hacia mejores resultados en el combate a la pobreza y la desigualdad.

5. Luego del fuerte avance en democracia económica que manifestó Colombia en los años 2014 y 2015, cuando había alcanzado los mejores valores desde el 2002 a la fecha, en la medición 2016 retrocede fuertemente, en más del 80 % (gráfico 3.25). Podemos observar que al tocar el piso de su serie en 2003 se ubicaba con -1,297 puntos y su curva ascendente lo había llevado a estar por encima del promedio con 1,127 puntos, en un camino muy positivo recorrido en esta dimensión. El retroceso en el IDD-Lat 2016 ubica a Colombia en el octavo lugar del ranking regional, retrocediendo dos posiciones con respecto al año anterior. Su puntaje de este año lo ubica en el grupo de países con desarrollo democrático medio, perdiendo la calificación de alto desarrollo democrático. En la región andina comparte ese grado de desarrollo con Venezuela y Ecuador; mientras que Perú califica con alto desarrollo democrático y Bolivia con bajo.

El resultado del 2016 es consecuencia de peores resultados en brecha de ingreso y endeudamiento, y de que el resto de las variables presenta leves mejoras con amesetamiento en niveles críticos. Colombia tiene un largo camino de desarrollo y necesita redoblar sus esfuerzos para lograr una democracia más equitativa e inclusiva.

Conclusiones

- Colombia muestra un descenso en el IDD-Lat 2016, del orden del 8 %, que le hace alcanzar el peor valor de la serie.

- Mejoran levemente la democracia de las instituciones dentro de una pésima puntuación, y eleva más fuertemente su puntaje en democracia social.

- Avanza un lugar con respecto al 2015 en el ranking regional.

- Pasa a calificar como país con mínimo desarrollo democrático.

- Se mantiene por debajo del promedio regional.

- En democracia de los ciudadanos, se presenta como un país con mínimo desarrollo democrático, mientras que en las dimensiones de eficiencia social y económica califica con desarrollo democrático medio, y, por último, en democracia de las instituciones con bajo desarrollo democrático.

Colombia: ¿pasos de gigantes con pies de barro?

Fredy A. Barrero Escobar

Grandes pasos se dieron en 2015 en el camino hacia la paz, en un contexto en el que el poder político local se reconfiguró en las elecciones de octubre, y cuyas implicaciones hicieron que se movieran algunas fichas del ajedrez nacional para enfrentar las elecciones presidenciales de 2015, en medio de los roces políticos propios de la disputa entre el uribismo y el santismo. A continuación, se resaltan los principales hechos que acaecieron en el año y que sentaron las bases para comprender el desarrollo de la democracia colombiana.

Democracia electoral

El 25 de octubre de 2015 los colombianos asistieron a las urnas para elegir a mandatarios y miembros de los cuerpos colegiados, tanto departamentales como municipales y distritales. En total, estaban en disputa: 32 gobernaciones (departamentales), 1102 alcaldías (municipales o distritales), 418 diputados a las asambleas departamentales, 12.603 concejales -entre municipales y distritales- y 4627 ediles para las juntas administradoras locales. Tras revisar las tasas de participación electoral, se identifica que las elecciones subnacionales (departamentales y municipales) tienen una mayor relevancia para los electores, pues la participación tiende al 60 %, mientras que para las elecciones de presidente o de Congreso de la República la participación electoral históricamente fluctúa entre el 40 % y el 50 %. Ello podría explicarse porque los mandatarios locales son finalmente los que responden a las necesidades y a las exigencias directas de los ciudadanos.

Aunado a ello cabe resaltar que estas elecciones evidencian cierta ruptura entre las agendas nacional y local, como se evidenció en el tratamiento que los mandatarios locales y departamentales dieron al tema de la paz. Pese a que el Gobierno nacional invitó a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones a incluir en sus programas de gobierno el eje temático de la paz, esto no sucedió de forma sistemática, y lo que se pudo observar fue solo una inclusión tangencial o abstracta. Entre las principales causas de este desaire al Gobierno nacional pueden estar: los mandatarios no quisieron amarrar a sus electores a un tema que generó controversia en las elecciones presidenciales de 2014 (no en vano Juan Manuel Santos ganó la segunda vuelta presidencial por tan solo 800.000 votos, tras haber perdido en primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga) y que implicó la división de la sociedad en dos opciones: a favor o en contra del proceso de paz que se adelantaba en La Habana; de igual forma, aunque la implementación de los acuerdos de La Habana se realizarán en los territorios, los candidatos saben que los electores quieren escuchar propuestas que atiendan a sus necesidades inmediatas y propias, y el tema de la paz se convierte, tal vez, en resorte del Gobierno nacional -al respecto, se prevé que los candidatos hayan tomado distancia frente al proceso de paz, o al menos no lo hayan asumido como propio, por el desconocimiento que tienen respecto a cómo será la implementación de los acuerdos y cuál será el costo que tengan que asumir, en especial, en temas relacionados con la desmovilización y la reintegración, así como sobre el manejo de la tenencia de tierras.

Las dinámicas de los partidos políticos

Como resultado de las elecciones se pueden identificar algunos cambios importantes, no solo en la reconfiguración del poder político local, sino también de las nuevas dinámicas electorales y partidistas, y de sus implicaciones futuras para el ejercicio político en el ámbito nacional. En general, los partidos de la Unidad Nacional (Partido de la U, Cambio Radical y Partido Liberal) obtuvieron el mayor número de alcaldías en el país. La mayoría de las gobernaciones fueron obtenidas por coaliciones partidistas, en diversas combinaciones. Cabe resaltar que uno de los grandes ganadores de la jornada electoral fue el Partido Cambio Radical, cuyo líder natural es Germán Vargas Lleras, actual vicepresidente de la República. Este hecho no solo llamó la atención por la creciente penetración y expansión en gran parte del territorio nacional de este partido, sino que le permitió a Vargas Lleras sentar las bases electorales de cara a sus aspiraciones presidenciales para 2018.

Por otra parte, estas elecciones subnacionales sirvieron para medir el impacto electoral del Centro Democrático (uribismo) en lo municipal y en lo departamental. Este partido no obtuvo los resultados esperados, pues solo ganó una gobernación y sus triunfos en alcaldías no fueron satisfactorios, con excepción de los departamentos de Antioquia (de donde es Uribe), Caldas (de donde es Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático a las presidenciales de 2014) y Cundinamarca.

Frenos y contrapesos

En el transcurso del año la situación fue relativamente parecida a la de 2014. En especial, por los choques que se dieron entre el Gobierno nacional y el procurador general de la República, así como entre este y el fiscal general de la Nación, en particular por las posiciones que cada uno asumió a favor (fiscal) o en contra (procurador) del proceso de paz.

Uno de los principales problemas que tuvo la justicia en 2015 fue haber iniciado el año con un paro judicial, promovido por Asonal Judicial (sindicato de la rama) debido a temas salariales, el cual se extendió en buena parte del año. Esto tuvo graves efectos para el desempeño judicial del país. Adicionalmente, la Corte Constitucional vivió uno de sus más oscuros episodios cuando su presidente Jorge Pretelt fue denunciado por haber recibido un supuesto soborno para favorecer una tutela interpuesta por una empresa privada. Este hecho no solo significó la salida de Pretelt de la presidencia, aunque no la renuncia a su cargo, sino que tuvo implicaciones para la Corte. En materia interna, se dio una división de los magistrados que entorpeció algunos procesos que la Corte debía evacuar. De igual forma, Pretelt se defendió acusando a otros magistrados de participar en actividades non sanctas. La crisis interna tuvo sus efectos colaterales y en lo externo implicó que la Corte quedara expuesta y deslegitimada. Por supuesto, este hecho tuvo repercusiones políticas, en la medida en que significó un nuevo pulso entre el santismo y el uribismo, toda vez que fue Uribe quien ternó a Pretelt como magistrado de la Corte Constitucional.

La agenda legislativa en 2015

En un sistema presidencialista como el colombiano, en el que adicionalmente el Gobierno nacional cuenta con mayorías en el Congreso (por intermedio de la coalición denominada Unidad Nacional), la agenda legislativa sirve al Ejecutivo para que este adelante sus principales políticas o reformas. En ese orden, ante la importancia y el avanzado estado del proceso de paz, el Legislativo discutió dos iniciativas favorables a los intereses del Ejecutivo para encarar este proceso:^[38]

1. El plebiscito por la paz, iniciativa del Partido de la U. Por medio de esta figura, consignada como uno de los mecanismos de participación ciudadana a los que puede acceder la ciudadanía, el Gobierno nacional inicialmente recurrirá a los ciudadanos para preguntar si están de acuerdo o no con la posibilidad de finalizar el conflicto armado, y adicionalmente servirá para refrendar los acuerdos logrados con las FARC en La Habana. Aunque el Gobierno nacional no está en la obligación de recurrir a este mecanismo, siempre ha mencionado la importancia que este tiene, en particular para legitimar lo que se acuerde en los diálogos. Al respecto, cabe resaltar que el Gobierno nacional con esta estrategia se juega una alta carta en materia de legitimidad, pues, aunque los resultados del plebiscito no son vinculantes, un revés en materia de apoyo ciudadano puede generar distorsiones en la implementación de los acuerdos. De igual forma, se puede considerar que el Gobierno nacional juega con candela, ya que en diversas encuestas realizadas acerca de la posibilidad de que los ciudadanos apoyen el proceso de paz y los acuerdos, los resultados no son favorables, o al menos no de forma arrolladora. En este punto, será determinante la campaña que realice el uribismo, por intermedio del Centro Democrático, en contra del plebiscito.

2. El Acto Legislativo para la Paz. Este proyecto fue radicado por el Gobierno nacional y tramitado en el Congreso. En 2015 pasó la primera vuelta legislativa (cuatro debates) de las dos requeridas para que se materialice. Con este acto legislativo se busca generar las condiciones necesarias para la implementación de los acuerdos, así como contar con una serie de instrumentos que permitan al Congreso abreviar las reformas constitucionales y las leyes requeridas para dicha implementación, al tiempo que se le darán facultades extraordinarias al presidente de la República.

Como resalta Congreso Visible, «el Presidente de la República sancionó seis nuevas leyes. Cuatro de ellas fueron de iniciativa legislativa y dos de iniciativa ejecutiva. Las primeras se refieren a temas de carácter cultural fundamentalmente, y las segundas versan sobre justicia penal militar y sobre el presupuesto general de la Nación para 2016».

La agenda en La Habana

Dos hechos relevantes se desarrollaron en La Habana en 2015. El primero fue la socialización del borrador conjunto, en diciembre de 2015, del punto 5 de la Mesa de Conversaciones, referido al tema de las víctimas del conflicto, denominado: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos. En este acuerdo se resalta la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación.

El segundo hecho destacado fue el apretón de manos entre Juan Manuel Santos, presidente de la República, y Timochenko, máximo líder de las FARC. Este hecho se registró en La Habana y no solo significó el primer encuentro entre ambos, sino que evidenció el compromiso de ambas partes en poner fin al conflicto. Resultado de lo anterior, el presidente Santos puso una fecha límite para el fin de las negociaciones. Esta fue el 23 de marzo de 2016. Pese a que esta fue la apuesta del presidente ante la presión que recibió de diversos sectores políticos, al terminar el año las FARC se mostraron escépticas de que se cumpliera con esa fecha.

Libertades individuales

Aunque en general el 2015 fue un año que se caracterizó por el desescalamiento del conflicto armado colombiano, en el último semestre se dio una reducción importante en el número de acciones ofensivas de las FARC, tal y como lo planteó el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). No obstante, este centro llamó la atención de «graves denuncias de extorsiones».

Respecto a la libertad de expresión, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en su informe anual, denunció que en 2015 se dio un incremento en las violaciones, que pasaron a 147 (de 131 el año anterior), así como un inusitado y preocupante incremento en el número de víctimas (de 166 a 232).

Un panorama económico sombrío

Una de las grandes apuestas del Gobierno nacional habían sido los commodities y la caída de estos ha afectado a la economía en los últimos años. No obstante, aunque evidencia un proceso de desaceleración, la economía creció en un 3,1 % en 2015. Sin embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) manifestó que la tasa de desempleo durante 2015 fue la más baja de los últimos años: 9,1 %. Finalmente, de acuerdo con el DANE, en 2015 disminuyó tanto la pobreza monetaria (que pasó de 28,5 % en 2014 a 27,8 % en 2015) como la pobreza extrema (que pasó de 8,1 % en 2014 a 7,9 %). En suma, los esfuerzos del Gobierno nacional en materia económica han tenido resultados positivos, aunque, por supuesto, el manejo que el Gobierno dé al futuro de la economía permitirá o no que la desaceleración afecte las principales variables del desarrollo social. En ese sentido, el Gobierno tendrá el desafío de comprender cómo manejar las posibles inversiones de empresas privadas que buscan explotar los recursos naturales de la nación, en un contexto en el que la ciudadanía ha evidenciado madurez respecto a la importancia de la sustentabilidad de estos recursos y una actitud crítica frente a todo aquello que pueda ir en detrimento del patrimonio medioambiental, en especial en lo que atañe a los recursos hídricos.