IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	8,439 2º	7,368 3º	2,741 1º	2,060 1º	10,000 1º

1. Chile ha sostenido y mejorado su puntuación, luego de dos años de descenso (2013 y 2014). En esta ocasión recupera la máxima puntuación del índice y, por lo tanto, el liderazgo en el ordenamiento regional, situación que había conseguido en ocho oportunidades a lo largo de la serie histórica (gráfico 3.16). Este avance es producto de mejores puntajes en tres de las cuatro dimensiones; la única que ha mostrado un leve descenso es la democracia de los ciudadanos. Chile lidera también el conjunto de países con alto desarrollo democrático, seguido de Uruguay y Costa Rica. Continúa, como en toda la serie, muy por encima del promedio regional. En la región del Cono Sur, junto con Uruguay son los países que mantienen su calificación de alto desarrollo democrático. Lidera dos dimensiones del desarrollo democrático, la democracia social yla económica.

2. En la dimensión I, que evalúa el comportamiento de derechos políticos y libertades civiles, la democracia de los ciudadanos, Chile pasa al segundo lugar, luego de haber liderado esta dimensión en el 2015, producto de un leve descenso respecto al año anterior (gráfico 3.17). Lejos está de su mejor puntuación, obtenida en el 2010 con más de 9,000 puntos. El descenso es producto de retrocesos en algunos de sus indicadores, especialmente en lo que refiere a la participación de la mujer en los poderes del Estado y en condicionamiento de libertades por inseguridad.

Chile es un país con alto desarrollo democrático, al igual que Costa Rica y Uruguay. Se ubica ampliamente por encima del promedio de la dimensión, que en el IDD-Lat 2016 es menor al del año anterior. Continúa liderando los valores de los indicadores de respeto de los derechos políticos y las libertades civiles. Tiene oportunidad de mejorar en los indicadores de participación electoral y de participación de género en la política. De los países de la región Cono Sur, y Uruguay presentan alto desarrollo democrático en esta dimensión, mientras que Argentina y Paraguay pertenecen al conjunto de países con desarrollo democrático medio. Es justamente por los puntajes recibidos por Chile y Uruguay que la subregión del Cono Sur lidera en democracia de los ciudadanos.

3. En la dimensión II,democracia de las instituciones, Chile se posiciona en el tercer lugar en el ranking regional, ascendiendo dos posiciones con respecto al año anterior, como producto del incremento en su puntuación general de más del 30 %. Aún se mantiene lejos de sus mejores valores, obtenidos en los años 2002 y 2003 en que había liderado el ranking regional. El valor obtenido, 7,368 puntos, le permite superar el promedio regional e incorporarse al grupo de países que califican con alto desarrollo democrático, junto con Uruguay y Costa Rica. Se observa que, tras las mejoras de 2009 y 2010, Chile había sostenido cinco años de caída, y había registrado sus peores puntuaciones en 2014 y 2015 (gráfico 3.18).

Entre los países del Cono Sur es el segundo, luego de Uruguay, y ambos integran el grupo de alto desarrollo democrático; mientras que Argentina y Paraguay califican con mínimo desarrollo democrático.

El comportamiento de los indicadores que componen esta dimensión presenta una importante mejora respecto al año anterior, especialmente en lo que se refiere a accountability social y percepción de la corrupción, donde junto con Uruguay lideran la región. Chile mejora también notablemente en el indicador de desestabilización de la democracia. En la agenda pendiente de Chile registramos la necesidad de avanzar hacia una menor fragmentación parlamentaria y desarrollar una democracia más inclusiva en lo que se refiere a las minorías que no logran representación institucional en el sistema.

4. En la dimensión que mide el desarrollo social y humano, muestra un avance de alrededor del 21 %, lo que es determinado por el comportamiento positivo de casi todos los indicadores, salvo el que mide la población bajo la línea de la pobreza. Chile solo lidera en el indicador de mortalidad infantil y mantiene puntuaciones relevantes en los índices de eficiencia en salud, en educación y en población bajo la línea de la pobreza.

Chile lidera esta dimensión, producto no solo de mejores desempeños sino además por descensos importantes de otros países, como son los casos de Costa Rica y Argentina, que lideraban la democracia social en la región desde hace algunos años. De acuerdo con el gráfico 3.19, Chile muestra una tendencia positiva tras su caída del año anterior y su rendimiento es muy superior a los peores valores de su serie, que se habían registrado en 2004 y 2013, con valores por debajo de 1,000 puntos. Su puntuación lo coloca como líder en el grupo de países con alto desarrollo democrático; dentro de la zona del Cono Sur, Chile es el único país con esta calificación positiva.

5. En democracia económica, luego de su importante caída en la medición de 2009, el país había venido sosteniendo una tendencia creciente entre 2010 y 2014, que lo había llevado a liderar el ranking regional; sin embargo, en 2015 se había registrado una interrupción de aquella curva positiva (gráfico 3.20). En esta edición, Chile muestra un importante avance del orden del 55 %, que le permite ascender tres posiciones y ubicarse en el primer lugar en el ranking regional. La puntuación obtenida es la mejor de su serie histórica. Su condición de líder regional en libertad económica y PIB per cápita y su bajo nivel de endeudamiento son las razones que explican la puntuación final de Chile, aunque es necesario destacar la señal de alerta que mantiene en la variable brecha de ingreso, donde expresa diferencias sociales, económicas y políticas muy lejanas de los niveles de equidad necesarios para un óptimo desarrollo democrático.

Con este resultado, Chile supera largamente el promedio regional y lidera en democracia económica la categoría de alto desarrollo democrático, grupo que integra este año junto con Perú y Uruguay. De la región del Cono Sur, Chile y Uruguay registran puntuaciones de alto desarrollo democrático, mientras que Argentina y Paraguay califican con desarrollo democrático medio.

Conclusiones

- Chile ha vuelto a crecer en la puntuación general del IDD-Lat 2016, alejándose del peor puntaje de su serie, que había registrado en el año 2014.

- Avanza en el ranking como consecuencia de mejores puntajes en democracia de las instituciones y en eficiencia social y económica.

- Lidera el ordenamiento regional por novena vez desde el 2002 a la fecha.

- Lidera también el conjunto de países con alto desarrollo democrático.

- Sigue ubicándose muy por encima del promedio regional.

- Democracia de los ciudadanos es la única dimensión en la que Chile no presenta un mejor desempeño.

- Chile es un país con alto desarrollo democrático en todas las dimensiones.

- Lidera los indicadores de respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, mortalidad infantil, PIB per cápita y libertad económica.

Tiempos de cambio en Chile

Michel Figueroa Mardones

Cuando nos referimos a los tiempos, no estamos hablando de aquella unidad de medida cronológica que nos ayuda a separar el ayer del hoy, sino a ese conjunto de circunstancias materiales y espirituales que nos hacen identificar el momento en que vivimos, a diferenciar el pasado, ese momento, que podría determinar el curso que tomara el futuro.

Los tiempos de la revolución nos hacen pensar en momentos de crisis, nos dejan entre ver que existen cuestionamientos y evidencian las fallas de la democracia. Sin embargo, en este caso cuando hablamos de revolución no lo hacemos refiriéndonos a «la sublevación contra el orden preexistente, sino la implantación de un nuevo orden que tergiversa el tradicional» (Ortega y Gasset, 2014, p. 115), en particular, nos referimos a aquel momento en donde confluyen circunstancias y actores capaces de preguntarse si el camino que se está cursando nos llevará al lugar al que queremos llegar.

Hoy los múltiples actores, tanto del ámbito social como del político, se están preguntando si el camino es el correcto. No son los gobernantes, no son los políticos, ni aquellos prohombres que de vez en cuando nacen en la escena política los que tienen las respuesta. Hoy en día es sobre todo la ciudadanía, de forma aún desorganizada, la que ha comenzado a cuestionar su rol en la vida política, la función de los políticos y la equidad del sistema económico, y ella misma la destinados a construir, en conjunto con los actores políticos, el camino para el mañana.

El dilema de la política: ¿cómo avanzar hacia las reformas y recuperar la credibilidad?

Los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Bachelet estuvieron puestos en concretar las reformas transformadoras que el país necesita para concretar «una nueva generación de acuerdos de cara a la ciudadanía», tal como versaba su programa de gobierno (Bachelet, 2013), reconociendo, implícitamente, la necesidad de introducir modificaciones sustanciales a las estructuras estatales.

Los primeros cambios se centraron en dar respuesta a demandas ciudadanas arrastradas desde el año 2006 sobre el sistema educativo del país. Lo que involucra asegurar un sistema educativo gratuito y de calidad, reforma gradual que se comenzó a gestar en 2014, pero que logró concretarse a fines de 2015, con una propuesta de eliminación gradual del copago en establecimientos educaciones de tipo subvencionados, la prohibición de mecanismos de selección en establecimientos con financiamiento del Estado para evitar discriminación, y, quizás la medida más controversial, iniciar un proceso gradual hacia la gratuidad en la educación superior. Esto consistió en que el Estado se hace cargo de financiar los costos de la educación del grupo de estudiantes más vulnerables del país, siempre y cuando las instituciones en que ellos decidan realizar sus estudios superiores acrediten su calidad educativa, por medio del sistema de acreditación educacional y declaren, formalmente, que sus instituciones no persiguen ánimo de lucro. Todo esto causó gran debate entre estudiantes, controladores de universidades y centros de formación técnica, e incluso dentro de la misma coalición de gobierno. Alumnos y estudiantes siguen manifestándose en contra los avances de la amplia reforma, criticando su velocidad de implementación así como insuficientes medidas para garantizar un cierto nivel de calidad.

Fortalecer la acción sindical y los mecanismos de negociación entre trabajadores y empresas fue el eje central del proyecto de ley presentando por el Gobierno, con el que se pretende poner fin a las asimetrías existentes en el mercado laboral. El proyecto se planteaba promover el desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas, con una justa retribución de rentas y respeto a los trabajadores. Ello generó gran controversia no solo entre trabajadores, sindicalistas y empresarios, sino que dentro del mismo Gobierno. Estas diferencias hicieron que al término del año aún no pudiera lograrse un consenso entre los actores que participaban del debate y la reforma quedara en punto muerto a la espera de que algunos de los actores cediera.

Los cuestionamientos de falta de representatividad política que en los últimos años se venían arrastrando en el país tienen un hito crucial al promulgarse la ley que sustituye el sistema electoral binominal -mecanismo proporcional en que el candidato elegido es aquel que obtiene la mayor cantidad de votos dentro de la lista más votada y el segundo elegido es el candidato que obtiene más votos de la segunda lista más votada- por uno que se ha denominado proporcional inclusivo, el que debiese generar mayor representatividad, más parlamentarios para regiones y que disminuye las barreras de entrada para candidatos independientes y desafiantes. La misma reforma incentiva la participación femenina en la política al introducir una cuota del 40 % de mujeres en sus listas de candidatos, aumentando el aporte financiero del Estado a las campañas de mujeres.

Poner fin a los enclaves de la dictadura militar (Moulian, 2002) es uno de los desafíos pendientes para cerrar el proceso de democratización del país. En este sentido, contar con una nueva Constitución política es un acto simbólico crucial para dar por cerrado este capítulo oscuro de la historia de Chile. Así, el anuncio del comienzo de un proceso constituyente es el fruto esperado por muchos y una incertidumbre preocupante para otros. Más allá de valoraciones particulares, el proceso considera una primera etapa de educación cívica y constitucional, diálogos ciudadanos, un consejo ciudadano de observadores y diversas alternativas de representatividad en las que la sociedad chilena debe opinar y decidir para reformar su Constitución. Sin embargo, a varios meses de anunciado el proceso, aún existen infinitas dudas que hasta el momento no encuentran respuestas de parte del Gobierno, como por ejemplo cómo se priorizarán los aportes ciudadanos, quién será el encargado de analizar las opiniones surgidas de los cabildos autoconvocados, qué fuerza vinculante tendrán las opiniones ciudadanas en la propuesta del Gobierno, entre otras.

Sin embargo, los casos de conflictos de intereses y tráfico de influencias que se evidenciaron durante todo el año 2015, y que dejaron en evidencia la existencia de una enraizada corrupción -en el sentido amplio del término y no necesariamente en su variante penal-, que tocaba el ámbito de los negocios, la forma de financiar la política y las costumbres más cotidianas de relación de la política y los políticos con los ciudadanos, empañaron cualquier esfuerzo que el Gobierno pudo hacer en materia política y obligaron a la agenda política a dar un giro hacia los temas de integridad.

Durante el 2014 se hizo conocido el primer caso de corrupción que vinculaba a empresarios y políticos, vinculado a la tramitación legislativa de la ley de pesca y más tarde al financiamiento irregular de campañas electorales, lo que parecía un hecho aislado en ese momento. El año 2015 revelaría la generalización de malas prácticas que hacían desaparecer la línea entre los negocios y la política. En el ámbito político-económico se dieron a conocer varios fraudes tributarios por medio de la emisión de boletas de honorarios sin contraprestación de servicios, con la finalidad de justificar el financiamiento a políticos y sus campañas electorales, el cohecho de funcionarios públicos así como el uso de influencias indebidas de personeros políticos y sus familiares para obtener beneficios personales.

Estos acontecimientos tensionaron aún más la relación entre la ciudadanía y la política, que ya venía cuestionando la representatividad de las autoridades y la legitimidad de sus decisiones. Más aun, se pone en cuestiónla credibilidad de la forma en que los representantes ejercen el poder político encomendado, los mecanismos en que los diferentes actores participan en la conformación de políticas programas o regulaciones, los intereses que realmente representan y gestionan las autoridades públicas. En definitiva, queda en entredicho la capacidad del sistema democrático representativo de unir las necesidades y demandas ciudadanas con las respuestas que el poder político ofrece.

Estos acontecimientos impulsaron una batería de proyectos de ley para aumentar la transparencia del financiamiento de campañas electorales y de los partidos políticos chilenos en sí, garantizándoles un financiamiento estatal a los partidos legalmente constituidos y prohibiendo prácticas de financiamiento basado en donaciones anónimas.

¿El estancamiento del desarrollo o la falta de equidad?

Los modelos de desarrollo económico son una forma de planificar la forma en que los Estados pretender lograr ciertas metas. El desarrollo puede tener diferentes objetivos, como mayor productividad, equidad o la sustentabilidad. Chile desde mediados de los ochenta optó por un modelo económico basado en exportaciones, en donde las materias primas son la principal fuente de riqueza del país.

Por varios años, esto le dio al país la posibilidad de exhibir resultados positivos sostenidos de desarrollo. Pero los indicadores macroeconómicos parecen haberse estancado, el IMACEC (indicador mensual de actividad económica) comenzó a descender, el crecimiento anual se mantiene por debajo de las expectativas, el precio del cobre cayó a niveles solo superiores a los de la crisis económica del 2001. A pesar del reducido crecimiento económico, el desempleo se mantuvo por debajo las expectativas y los indicadores de pobreza se mantiene estables.

Las irregularidades no solo alcanzaron la esfera política sino que calaron dentro de los grupos económicos del país. La denominada colusión del confort, en donde un grupo de productores de papel tissue acordaron subir los precios de venta del papel para poner fin a la libre competencia de precios y así mantener estable la participación de cada proveedor en el mercado, quedó en evidencia tras una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, la que de paso constató que dicha colusión funcionaba como un cártel organizado, con reuniones secretas, eliminando evidencia y utilizando intermediarios. Estos hallazgos, que no solamente se limitaron al subsector económico del papel, generaron un deterioro de la imagen del mercado nacional y un disgusto generalizado en la ciudadanía, incitaron manifestaciones sociales y llamados a boicotear las empresas coludidas y adquirir productos de las empresas que no habían sido parte de la colusión.

Chile tiene diversos desafíos: lograr consolidar un modelo de desarrollo que permita al país ampliar la base de crecimiento a mediano y largo plazo, diversificar la matriz productiva, hacer más competitivo y justo el mercado y, por sobre todo, lograr un crecimiento inclusivo en donde todos los sectores sociales puedan lograr acceder a las mismas oportunidades.

¿Estamos avanzando hacia un Chile más justo?

La consolidación de derechos sociales es siempre un anhelo para Estados que quieren pasar de subsidiarios a garantes, pero aquello no se puede lograr sin saldar las deudas en derechos civiles y políticos.

En esa senda, durante el 2015 se logró aprobar y entrar en vigencia el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que permite que las personas que conviven en conjunto regulen la administración de sus bienes y de su patrimonio, sin importar el sexo de los convivientes. El AUC representa el primer avance en la discusión de si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y para otros debates relacionados, así como también dicho avance representa la diversidad y tolerancia que se está viviendo en el Chile de hoy.

En el mismo sentido de abrir debate sobre temas valóricos, se ingresó al Congreso un proyecto de ley, que ha generado bastante controversia, que despenaliza el aborto terapéutico en tres causales: i) en caso de peligro de la vida de la madre; ii) inviabilidad fetal de carácter letal; y iii) embarazo por violación. Con este proyecto de ley el Ejecutivo busca reposicionar la dignidad de la mujer como atributo de respeto y protección, reconocer una realidad nacional y fortalecer las políticas en salud para la mujer, tal como consigna el boletín n.º 9895-11.

Las instituciones democráticas son claves para lograr los objetivos que un país requiere. Si sus instituciones no van avanzando en la misma medida en que avanzan los requerimientos sociales, se generan distorsiones en la entrega de servicios públicos esenciales para el funcionamiento de un país. Un ejemplo evidente es la brecha que existe en el sector de la salud y las evidentes falencias de especialistas, centros asistenciales y recursos para responder a las crecientes demandas sanitarias; ello trae como consecuencia para los usuarios largos períodos de espera para acceder a la atención de salud, falta de oportunidad en la resolución de las patologías, inhabilitación para desarrollar actividades cotidianas y, en los casos más graves, incluso la muerte.

La falta de modernización en las instituciones públicas no queda solo en el paro del Registro Civil, sino que también en los órganos que deben dar respuesta en situaciones de emergencia o catástrofe. La erupción de los volcanes Villarrica y Calbuco, los innumerables incendios forestales, el aluvión que afectó a la Segunda región y el terremoto ocurrido en septiembre de 2015 en la región de Coquimbo dejan en evidencia la necesidad de repensar cómo las instituciones no solo dan respuesta a las catástrofes, sino cómo el Estado en su conjunto previene la ocurrencia de este tipo de hechos por medi o de la planificación a largo plazo, el involucramiento ciudadano y la responsabilidad pública.

¿Qué ha pasado con el capital social?

La habilidad de las personas para reunirse, trabajar en conjunto sobre la base de los mismos valores y normas, ser honestos o, si se quiere, la capacidad de confiar en otras personas, en general de relacionarnos socialmente, es como Fukuyama define el capital social. Este concepto pone en el centro del análisis la confianza para que la eficacia de las instituciones y políticas pueda ser entendida en el marco general de la cultura de una nación.

Las anteriores crisis democráticas se solucionaban con una menor presencia del Estado y con un mayor espacio para el mercado en la resolución de los problemas sociales (Villoria e Izquierdo, 2016). Por ello es que algunos quieren desconocer los síntomas que evidencian la decadencia que ha generado la ausencia del Estado en la solución de los problemas públicos, como lon ha sido la salud, la educación o la inversión en obras públicas.

Los actores que intervienen en los procesos democráticos, ya sean políticos, ciudadanos, empresarios, académicos o sociedad civil organizada, aún no han comprendido que «la vida pública no es solo política, sino, a la par y aun antes, intelectual, moral, económica, religiosa» (Ortega y Gasset, 2014).Exponerse en la vida pública nos hace enfrentarnos a circunstancias o dilemas frente a los cuales tenemos que ponderar los intereses a los que nos enfrentamos, tomar decisiones y actuar con base en los valores que la democracia requiere.

Nos enfrentamos en un tiempo vital, en que la actual generación tiene las condiciones de elegir el camino por el que avanzará la democracia chilena. Los cambios que enfrenta el capital social, a raíz de la debilidad en las estructuras que deben otorgar confianza, nos plantean un conjunto de incertidumbres y no otorgan ninguna certeza de hacia dónde nos dirigimos. Esto se debe fundamentalmente a que esperamos que el desarrollo, en todas sus dimensiones, se produzca por inercia natural y no por las decisiones adecuadas que el Estado tome para fortalecer la confianza entre los actores que intervienen en el curso de nuestra democracia.

Referencias bibliográficas

Bachelet, M. (2013). Programa de Gobierno. Michelle Bachelet 2014-2018. Santiago: s. e.

Bauman, Z. (2011). En busca de la política. Buenos Aires: FCE.

Moulian, T. (2002). Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: LOM.

PNUD (2015). Desarrollo humano en Chile. Los tiempos de la politización. Santiago: PNUD.

Ortega y Gasset, J. (2014). La rebelión de las masas y otros ensayos. Madrid: Alianza Editorial.

Villoria, M. E., e Izquierdo, A. (2016). Ética pública y buen gobierno. Renegando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público. Madrid: Tecnos.