IDD-Lat 2016

Bolivia


Valor
Posición
Dimensión I Dimensión II Dimensión III Dimensión IV IDD-Lat 2016

5,959
6º

4,765
7°

1,292

2º

-1,262

14º

5,218

7º

Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles
Fortalezas Debilidades

Género en el Gobierno

Adhesión política

Inseguridad

Dimensión Calidad institucional y Eficiencia Política
Fortalezas Debilidades

Percepción de la corrupción

Accountability

Desestabilización de la democracia

Dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren Bienestar
Fortalezas Debilidades

Desempeño en educación

Desempleo

Mortalidad infantil

Población bajo la línea de pobreza

Dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica
Fortalezas Debilidades

Endeudamiento

Brecha de ingreso

Libertad económica

Inversión

PIB per cápita

1. En esta edición del índice de desarrollo democrático, Bolivia ha incrementado nuevamente su puntuación en más del 9 % respecto al año anterior, logrando su mejor desempeño desde el 2002 a la fecha (gráfico 3.6). Había estado en el grupo de países con bajo desarrollo democrático durante la mayor parte del período de medición y había descendido al grupo de mínimo desarrollo en los años 2003, 2006, 2008, 2009 y 2012; este año, por segunda vez, forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio. Este avance en la puntuación le significa, además, escalar una posición en el ranking regional, ubicándose en la séptima posición. El avance de Bolivia es producto de mejores resultados en tres de las cuatro dimensiones, salvo en la democracia de los ciudadanos. En todas las dimensiones califica con desarrollo democrático medio, salvo en la dimensión económica, donde aún, a pesar de su mejor puntuación, sigue perteneciendo al conjunto de países con bajo desarrollo democrático. Un comportamiento similar sucede con respecto a los promedios generales: en todas las dimensiones logra, este año, superar los promedios, excepto en democracia económica, en que se posiciona por debajo del valor regional.

2. En la democracia de los ciudadanos, dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles (gráfico 3.7), los resultados indican que su puntuación desciende levemente en un 1 % respecto del año anterior, con una estabilidad en los últimos tres años en torno a los 6,000 puntos. Este comportamiento se sustenta en que solo mejora el puntaje en condicionamiento de las libertades por inseguridad y el resto de los indicadores mantiene sus puntuaciones. Con este desempeño se mantiene en la misma posición en el ordenamiento regional, el sexto lugar. Es para destacar que Bolivia se mantiene dentro del conjunto de países con desarrollo democrático medio y logra superar el promedio regional. Son cuentas pendientes en esta dimensión lograr un mayor y mejor respeto de los derechos políticos y las libertades civiles y combatir con mayor eficiencia el delito en todas sus expresiones.

La mejor puntuación obtenida por Bolivia fue en el 2002 con 6,216 puntos; mientras que la peor fue la alcanzada en el 2005 con 3,937 puntos. El promedio histórico de Bolivia es de 5,452 puntos, de lo que se infiere que es un país con un valor intermedio en el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles. Es uno de los países de la América Andina que presenta mejor desempeño en esta dimensión junto a Perú y Ecuador.

3. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones, luego de quebrar su curva ascendente del período 2009-2011, en el 2012 Bolivia obtenía el peor valor de su serie; se recuperó en el 2013, con un incremento de su puntaje en más del 40 %, pero en el 2014 volvía a registrar incluso un valor más bajo. Nuevamente en el 2015 lograba mejorar su puntuación en más del 45 %, obteniendo un puntaje similar al de 2007, y en este informe 2016 vuelve a mejorar en un 41 %, alcanzando el mejor valor de su serie (gráfico 3.8). Así, logra salir de la calificación de bajo desarrollo democrático y pasa a formar parte del grupo de países con desarrollo democrático medio.

Ha ascendido cuatro lugares en el ranking, pasando del 11º al 7º lugar. Este avance es producto fundamentalmente del mejor resultado alcanzado en la variable que mide la desestabilización de la democracia, en la que Bolivia ha mostrado signos positivos, en cuanto no presenta víctimas de la violencia política. Presenta también leves incrementos en las variables percepción de la corrupción y accountability legal. Bolivia presenta déficit democrático en lo que respecta a la acoountability política y social. Logra superar el promedio regional y es uno de los países de América Andina que califica con desarrollo democrático medio junto con Perú y Colombia. El resto de los integrantes de la región registran desarrollo democrático mínimo.

4. En la dimensión III, democracia social, que mide los resultados sociales de la gestión democrática, Bolivia ha mejorado nuevamente, y en esta ocasión de una manera muy significativa, lo que le permite alcanzar el segundo lugar en el ranking regional, mejorando cinco posiciones con respecto al año anterior. Este puntaje es el más alto obtenido desde el 2002 a la fecha, calificando ahora como país con alto desarrollo democrático. Supera el promedio regional (gráfico 3.9). Esta puntuación es consecuencia de los avances en los indicadores que presentan el gasto público en salud y educación y el que registra los resultados en la lucha contra la pobreza. La variable que mide el desempleo presenta un leve retroceso.

La peor puntuación de Bolivia en esta dimensión fue la obtenida en el 2012 con -0,718 puntos. De la región andina a la que pertenece, Bolivia lidera esta dimensión, seguida por Ecuador y Perú. Debemos mencionar que todos los países que pertenecen a esta área geográfica superan el promedio regional. Es en la dimensión que mayor homogeneidad presenta la región.

5. En la dimensióndemocracia económica, Bolivia empeora su valoración final en más del 16 % (gráfico 3.10), permaneciendo en el grupo de países con bajo desarrollo democrático, y continúa si alcanzar el promedio regional. Desciende también un lugar en el ordenamiento regional, ocupando el 14°lugar. Su descenso es producto de que, aunque registra un leve mejor comportamiento en la mayoría de los indicadores, otros países de la región presentan aún mejor comportamiento, lo que ha elevado el promedio regional en esta dimensión. Por otro lado, el puntaje obtenido por Chile, superior a la mejor puntuación del 2015, hace que el promedio crezca y relegue aun más a Bolivia.

Los indicadores que tienen un comportamiento positivo para el país este año han sido: PIB per cápita, endeudamiento e inversión; mientras que el resto sufre un retroceso. De la región andina, Bolivia es el único país que se ubica muy por debajo del promedio latinoamericano; el resto se ubica bastante por encima del promedio, siendo Perú y Ecuador los países de la región que registran alto desarrollo democrático en esta dimensión.

Conclusiones

- Bolivia logra su mejor puntuación desde el 2002 a la fecha.

- Por segunda vez forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio.

- El avance de Bolivia es producto de mejores resultados en tres de las cuatro dimensiones, especialmente en la dimensión de la democracia de las instituciones.

- Logra calificar con desarrollo democrático medio en tres de las dimensiones, solo con desarrollo mínimo en la dimensión económica. Lo mismo sucede con respecto a sus valores en relación con la región andina.

- La dimensión que presenta mayor déficit es la que mide los resultados de la gestión económica.

- En democracia de las instituciones y en democracia social, Bolivia presenta sus mejores puntuaciones históricas.

- Bolivia no logra salir del grupo de países con desarrollo democrático mínimo en democracia económica.

Otro año del ciclo de Evo Morales

Rubén Darío Cuéllar Suárez

El año 2015 fue muy importante para el gobierno de Evo Morales, quien se convirtió en el presidente que ha gobernado mayor tiempo el país de manera continua, desde su fundación en 1825. Este año, recibió la «amistosa» visita del hermano papa Francisco y celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para conocer la demanda que Bolivia ha interpuesto contra Chile.

A nivel doméstico el gobierno de Morales tomó la decisión de impulsar un referéndum para viabilizar su postulación a un cuarto período consecutivo, que comenzaría en enero de 2020 hasta enero de 2025 y posibilitaría su permanencia en el poder por 19 años ininterrumpidos.

Esta decisión no solo ha sido considerada atentatoria a la alternancia democrática, sino que implica un nuevo desconocimiento a la Constitución que el mismo Gobierno impulsó y que establece un máximo de dos mandatos consecutivos para el presidente. Al mismo tiempo, parece desconocerse algunos hechos como: la evidente reducción del caudal de votos favorables al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones subnacionales de marzo con respecto a las últimas elecciones nacionales; el rechazo abrumadoramente mayoritario de los estatutos autonómicos propuestos por el partido de gobierno en los departamentos donde pretendía ponerlos en vigencia; las denuncias de grandes hechos de corrupción; las crecientes críticas, sobre todo internas, a una gestión cada vez más personalista; el evidente desgaste y desintegración del conjunto de los actores políticos y una cada vez menos hábil capacidad de imponer un relato político permeable a todas las esferas sociales.

A nivel económico, la crisis que ya se percibe en la región, debido principalmente a la baja de los precios internacionales de las materias primas, en nuestro país no se ha dejado sentir como muchos agoreros habían anunciado. Por el contrario, la economía boliviana registró uno de los índices de mayor crecimiento en Latinoamérica, conjurando -momentáneamente según algunos entendidos- los efectos de la crisis asociada a los bajos precios.

Democracia de los ciudadanos

Procesos electorales

En 2015 se celebraron dos procesos electorales subnacionales. El primero, en marzo, para la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales. El segundo, en septiembre, para la aprobación o rechazo de estatutos autonómicos y cartas orgánicas en cinco departamentos. En ambas contiendas el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) sufrió serios reveses en comparación con las elecciones de generales de 2014, en las que había obtenido el 62 % de los votos, con una distancia de casi 40 puntos sobre el segundo en preferencias, y había triunfado en ocho de los nueve departamentos, resultado inédito hasta entonces.

A solo cinco meses de esta clara victoria, el MAS fue derrotado en territorios que consideraba bastiones electorales, tanto en el nivel departamental como en el municipal. Los indicadores más importantes de este retroceso son las derrotas en la alcaldía de El Alto y la gobernación de La Paz, circunscripciones en las que el partido de Gobierno había mantenido una clara dominación durante la última década.

Consecuentemente, el fuerte rechazo ciudadano a los referendos autonómicos -la opción por el no obtuvo 68 % de los votos en La Paz, 62 % en Cochabamba, 57 % en Chuquisaca, 69 % en Potosí y 74 % en Oruro-, evidencia claramente el descontento popular respecto del modelo de autonomía impulsado desde el Gobierno. Así también, la ineficacia de la gestión del Gobierno y la poca transparencia de sus actos administrativos, sobre todo si se toma en cuenta que el MAS y los legisladores oficialistas de esas regiones realizaron una campaña intensa y abierta por la aprobación de estos referendos.

Este último indicador es particularmente importante, pues el voto castigo desbarata la tesis de que el MAS representa una estructura político-partidaria con la capacidad de cohesión suficiente para mantener una correlación entre el desempeño de su electorado en las elecciones generales y en las subnacionales, y más aún, que esa cohesión se funda en una ideología originaria-campesina y comunitaria predominante en el imaginario colectivo boliviano. Esta noción populista de la democracia es permeable a todas las esferas de gobierno, incluso aquellas cuya razón de ser es justamente defender el pluralismo y la institucionalidad frente a estas visiones organicistas.

Un dato a resaltar es que, al igual que en las elecciones de 2014, cerca del 90 % de los ciudadanos concurrieron a votar, confirmando a Bolivia como uno de los países con mayores porcentajes de participación electoral en la región.

Participación de la mujer en los procesos políticos

En las elecciones de marzo de 2015 se eligieron 29 alcaldesas, es decir, el 8,5 % de esos cargos en los 339 municipios del territorio nacional. Sin embargo esta cifra, todavía baja para los estándares de paridad buscados en Bolivia, es la más alta en la historia democrática del país. De las 29 mujeres, solo una de ellas, Soledad Chapetón, está a cargo de uno de los tres municipios más grandes del país. De las 29 alcaldesas electas, 19 pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS), dos al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), dos a Demócratas (MDS) y las seis restantes provienen de otras tantas tiendas políticas opositoras.

Cabe recordar que en Bolivia rige la obligatoriedad de observancia de la paridad de género y alternancia en la representación política. Este avance en el marco normativo le posibilita ser uno de los cinco países a la vanguardia de la paridad de género en América Latina. Sin embargo, la incidencia femenina en la conducción política aún es marginal. Ninguna de las nueve gobernaciones y menos del 10 % de las alcaldías de Bolivia son lideradas por una mujer. El hecho de que en las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales haya mayoría de mujeres no implica que estas se encuentren empoderadas.

Violencia, narcotráfico y afectación de derechos y libertades

La violencia de género, la violencia contra la mujer, este año marcó un récord en Bolivia. Pese a la aprobación y puesta en vigencia de sendas leyes de protección, en los hechos poco se ha logrado en el cambio de actitud de una sociedad marcada por un machismo atávico, que permanece impune pese a las promesas gubernamentales. Entre los ciudadanos persiste la certeza de que no se está haciendo lo necesario para educar a la sociedad eficientemente, de forma tal que se erradiquen efectivamente los distintos tipos de violencia contra la mujer.

Durante 2015 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó que, en alrededor de 11.000 operativos antidroga, llegó a incautar más de 20 toneladas de cocaína, 78 de marihuana, detuvo a más de 3000 personas, confiscó 39 avionetas utilizadas por redes de traficantes, destruyó 72 laboratorios de purificación de cocaína, al tiempo que se habrían erradicado 11,025 hectáreas de cultivos ilegales de coca.

Pese a la espectacularidad de estas cifras, el gobierno de los Estados Unidos, por cuarto año consecutivo, reprueba la lucha antinarcóticos en Bolivia a quien acusa, junto con Birmania y Venezuela, de no haber hecho los esfuerzos suficientes por cumplir con sus obligaciones de acuerdos antinarcóticos internacionales durante los últimos doce meses.

La cercanía con el Brasil, segundo mayor consumidor de drogas ilegales del mundo, y la extensa frontera que comparte con Perú, considerado el principal productor de cocaína del mundo, y con el Paraguay, principal productor de marihuana en la región, gravitan fuertemente en la efectividad de la lucha contra este flagelo de la humanidad.

Democracia de las instituciones

Reforma constitucional

La decisión del presidente Evo Morales de buscar una nueva reelección movilizó a los cuatro órganos del Estado, que en el breve lapso de 45 días aprobaron la propuesta de reforma, al igual que la Ley de Reforma Constitucional, que fue remitida al Tribunal Constitucional y este, luego de exigir ajustes de forma, la aprobó. Mientras este trámite se sustanciaba, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Convocatoria al Referéndum, para dar vía libre a la reforma constitucional que sería sometida al voto popular en un referéndum en febrero de 2016.

Este nuevo intento de prolongar la permanencia del presidente y del vicepresidente del Estado recibió, como era de esperarse, la desaprobación de la oposición, cuyos recursos constitucionales presentados fueron desestimados por el Tribunal Constitucional y que optó entonces por enviar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando anular el proceso.

Interinatos públicos contravienen las normas

Concluido el noveno año de gobierno, ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni el MAS, que cuenta con dos tercios en ambas Cámaras, han priorizado la institucionalización de los más altos cargos públicos, pese a que algunas autoridades interinas llevan ejerciendo el cargo desde el 2008, en abierta contravención con las normas que regulan esta situación. Específicamente se debe elegir constitucionalmente a los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, del Banco Central de Bolivia, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de la Corporación Minera de Bolivia, de la Aduana Nacional, del Servicio de Impuestos Nacionales, de Administradora de Servicios Portuarios Bolivia, entre los más importantes. La permanencia de los interinatos deja muchas dudas respecto de la idoneidad y sobre todo de la independencia que estos funcionarios pueden tener para un eficaz desempeño de sus funciones. Paradójicamente, el Defensor del Pueblo, el único de los altos cargos designado conforme al procedimiento constitucional, ha sido objeto de muchas críticas y agresiones verbales de altos funcionarios, inclusive del propio presidente del Estado que no ha dudado en señalar públicamente que se equivocó al apoyar la candidatura del actual defensor Rolando Villena.

Corrupción

En materia de corrupción, sin lugar a dudas el millonario caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC) fue el hecho más significativo, tanto que remeció la misma estructura social del MAS. De acuerdo con las denuncias, alrededor de dos mil indígenas, campesinos e interculturales están involucrados en el irregular manejo de 1100 proyectos aprobados en esta entidad, que dispusieron de alrededor de 100 millones de dólares de dicho fondo, manejados desde casi un millar de cuentas particulares de otros tantos dirigentes afines al partido en función de gobierno. Producto del escándalo que siguió a estas denuncias y posteriores investigaciones, la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, y presidenta del Fondo, se vio forzada a presentar su renuncia. Además de la ministra, dos senadores, varios altos dirigentes del partido gobernante y cerca de un centenar de dirigentes campesinos y funcionarios del Fondo se encuentran procesados. Sin embargo, desde la oposición se exige mayor transparencia en la investigación, pues varios dirigentes que habrían recibido montos millonarios siguen en la dirigencia y ejerciendo cargos públicos.

Hechos relevantes que afectaron la libertad de expresión

Durante 2015 las relaciones del Poder Ejecutivo nacional con los medios considerados independientes no mejoraron sustancialmente. Ante el férreo control que ejerce el MAS en la Asamblea Legislativa a través de los dos tercios que poseen sus miembros, la prensa independiente y las redes sociales se han convertido en verdaderos instrumentos de fiscalización de los excesos en los que se ve involucrado el gobierno. Por ello, existe una clara intencionalidad en los funcionarios del ramo de desacreditar dicho periodismo, acusándolo de ser un enemigo del proceso de cambio, corrupto y por tanto antiboliviano, y despliegan para ello una poderosa ofensiva propagandística. A ello se deben sumar las constantes amenazas de inicio efectivo de acciones judiciales en contra de periodistas, a pesar de la vigencia de la Ley de Imprenta en Bolivia, cuyo fuero es reconocido por la propia Constitución del Estado.

Consiguientemente, las intenciones por controlar, o al menos regular, las redes sociales también han estado presentes en el discurso oficial. Ha sido el propio vicepresidente del Estado quien, en reiteradas oportunidades, ha advertido a los ciudadanos de las consecuencias judiciales que podrían acarrearles la difusión de mensajes e informaciones interpretadas por el Gobierno como falsas, tendenciosas o discriminatorias.

Así las cosas, durante 2015 el Ejecutivo continuó su labor de desacreditación del periodismo independiente aplicando una serie de escarmientos económicos que ponen en riesgo la supervivencia de dichos medios. Nuevamente la Agencia de Noticias Fides (ANF), el periódico Página Siete y la cadena radial ERBOL fueron blanco de las agresiones de funcionarios públicos que no dudaron en calificarlos de «paraopositores» y «paraderechistas», y de hacer campaña por el no en el referéndum para permitir una nueva reelección del presidente y el vicepresidente. Este nivel de tensión y enfrentamiento fue responsable de que en agosto la prestigiosa periodista Amalia Pando renunciara a ERBOL, no sin antes hacer públicas serias denuncias de acoso político de funcionarios del más alto nivel en el Gobierno, al tiempo de demostrar que se ejercía una sistemática asfixia económica en contra dicha cadena radial. Pocos días después, otro conocido periodista, John Arandia, se retiraba en forma intempestiva del medio televisivo en el que desempeñó las funciones de jefe de prensa y presentador durante varios años, aduciendo la insostenibilidad por la asfixia económica al que se había sometido al canal de TV en el que trabajaba.

Movimientos y organizaciones sociales

A mediados de 2015, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) encabezó una movilización desde Potosí a La Paz como medida de presión para la resolución de 26 puntos de un pliego petitorio incumplidos hasta entonces por el Gobierno. La marcha, que comenzó integrada por una decena de miembros de COMCIPO, fue fuertemente atacada desde el oficialismo, acusada de tener objetivos políticos que buscaban «desestabilizar el proceso de cambio».

Sin embargo, los continuos ataques contra los manifestantes de Potosí, una región donde el partido de gobierno y el mismo presidente habían mantenido niveles altísimos de aceptación y de caudal de votos, no hicieron más que multiplicar el número de adherentes al movimiento, que pasaron en pocas semanas de una decena a miles de manifestantes, y durante días marcharon hasta llegar a las puertas del Palacio de Gobierno, a pesar de que el presidente Morales había adelantado que no los recibiría. La movilización en La Paz duró varias semanas mientras que en Potosí se realizaban bloqueos y manifestaciones masivas en apoyo a sus dirigentes movilizados.

El descontento social es sintomático, pues evidencia frente a la población dos grandes males del Gobierno: su incapacidad para la gestión pública y su menosprecio -e incluso discriminación- de cualquier causa ajena a su agenda, sin importar el origen obrero o campesino-originario que pueda tener. Esto llevó luego a la población potosina a ejercer un voto castigo y a rechazar de manera contundente los estatutos autonómicos propuestos por el MAS, dejando en claro su desencanto.

Crisis institucional

Los comicios de marzo se vieron ensombrecidos por el cuestionado papel desempeñado por las autoridades del Órgano Electoral. A muy pocos días de las elecciones de marzo, en una polémica decisión, el Tribunal Supremo Electoral aplicó la máxima sanción prevista en el Código Electoral a los 228 candidatos propuestos por la alianza Unidad Demócrata, la organización política opositora de mayor presencia en el departamento del Beni. Y no solo eso, sino que decidió realizar los comicios utilizando las papeletas electorales en las que aparecían la opción y las fotografías de los 228 candidatos inhabilitados. Este hecho, por demás irregular, mereció una condena generalizada, tanto a nivel interno como internacional. En otra polémica actuación, el Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca anuló los votos del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y de esta manera benefició directamente al candidato del MAS, evitando que este tuviera que someterse a una segunda vuelta.

Estas irregulares actuaciones sumieron al Órgano Electoral en una profunda crisis, motivando la renuncia de la totalidad de sus miembros a nivel nacional y la de los vocales de Chuquisaca, quienes actualmente se encuentran enjuiciados por su cuestionable desempeño.

Democracia social

Durante 2015 continuó el avance de los planes y programas de reducción de la pobreza extrema y el hambre. Sin embargo, alrededor de dos millones de personas todavía se encuentran en esa situación.

Los esfuerzos dirigidos al combate del sida, paludismo y otras enfermedades han sido exitosos y han permitido mejorar el índice de desarrollo humano. Sin embargo, no se ha logrado reducir la mortalidad infantil, que sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe.

Los datos indican un buen avance en la cobertura de la enseñanza primaria universal, aunque resultará muy difícil cumplir con la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 100 % de cobertura neta del nivel primario en 2015.

Democracia económica

Las exportaciones del país disminuyeron de USD 13.028 millones en 2014 a USD 8.909 millones en 2015. Las importaciones, pese a haber bajado en USD 878 millones respecto a 2014, fueron mayores que las exportaciones. Como resultado, hubo un déficit en la balanza comercial -de USD 774 millones-, lo que no ocurría desde 2003. Las reservas internacionales netas también cayeron significativamente.

La reducción de ingresos afectó en forma directa a las gobernaciones, alcaldías y universidades por las transferencias del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH). Para compensar la pérdida de ingresos, el Gobierno recurrió al endeudamiento externo y así garantizar la ejecución de las grandes obras e inversión principalmente en sectores productivos. Este año también asistimos a la consolidación del pacto entre el Gobierno central y los principales actores de la economía empresarial agropecuaria, a pesar del decaimiento relativo del precio de las exportaciones agroindustriales.

Para asegurar el flujo de divisas se suscribió una operación de crédito con el Gobierno de China por un monto de 7400 millones de dólares, a ejecutarse en su mayoría por empresas chinas, a pesar de que muchas de ellas no cumplen con la legislación laboral boliviana. Así, alrededor de cien empresas chinas se han asentado en nuestro país y ejecutan las principales obras de infraestructura.

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