IDD-Lat 2016

Valor Posición	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2016
	6,826 4º	2,489 14º	1,180 4º	0,137 9º	5,159 8º

1. Argentina presenta, en su medición del período 2002-2016, una tendencia, con marcadas oscilaciones, que evidencian la inestabilidad de la democracia en el país (gráfico 3.1), la mayoría de las veces en valores cercanos a los 5,000 puntos, con las excepciones de los años 2007 y 2014, cuando logró superar los 6,000 puntos y de los años poscrisis 2001, cuando descendió, colocándose en la franja de los 3,000 puntos. A partir del 2004 comenzó su curva ascendente, con un pequeño retroceso en los años 2008, 2010 y 2011. A partir del 2011, muestra un camino de avances y retrocesos, en el cual el 2016 es un nuevo paso hacia atrás. Recordemos que en 2014 Argentina había logrado la mejor puntuación de su serie histórica. Este descenso representa un 13 % menos que el valor obtenido el año anterior. A pesar de ello, logra mantenerse por encima del promedio de la región, aunque pierde el liderazgo entre los países de desarrollo democrático medio, que encabeza este año el Perú.

En términos generales, logra ubicarse en el 8º lugar del ranking de los 18 países latinoamericanos, es decir, desciende dos posiciones con respecto al 2015; alejándose aún más de las primeras posiciones, que obtuvieron sus vecinos Chile y Uruguay.

Argentina en el 2016 presenta descensos en las cuatro dimensiones, aunque la caída es más fuerte en los indicadores que evalúan la gestión de gobierno en lo social y en lo económico. Argentina profundiza la tendencia negativa que había presentado el año anterior alejándose del liderazgo que había ostentado en democracia social durante los años 2012, 2013 y 2014. Por otra parte, sus resultados en la dimensión económica siguen siendo mediocres, pese a que el país cuenta con una de las más modernas estructuras económicas y uno de los PIB per cápita más altos de la región; en esta oportunidad su deterioro la coloca en la 12ª posición del ranking regional.

La alarma continúa encendida en los resultados que obtiene en democracia de las instituciones. A lo largo de los años de nuestra medición, Argentina ha oscilado entre los 1,300 y los 4,700 puntos, es decir que nunca ha logrado sobresalir por sus resultados, y el valor recibido en el 2016 la coloca como uno de los países con mínimo desarrollo democrático por la calidad de sus instituciones, situación que ya se había presentado en seis oportunidades desde el 2002 a la fecha.

2. Los indicadores que conforman la dimensión democracia de los ciudadanos muestran un leve descenso en el promedio con un resultado levemente inferior al logrado el año anterior, con una baja de la puntuación del 1 % en esta dimensión que evalúa la situación de los derechos políticos y libertades civiles. Argentina sigue ocupando el cuarto lugar del ranking y continúa en un nivel por encima del promedio regional (gráfico 3.2). La peor puntuación de Argentina en esta dimensión fue la obtenida en el 2005 con 4,712 puntos y la mejor fue la del 2009 con 7,273 puntos. Lidera el grupo de países con desarrollo democrático medio en esta dimensión.

Argentina presenta un peor puntaje general, como consecuencia de la mejora de otros países de la región y de los resultados en variables que se encuentran estancados, junto a la caída evidenciada en el indicador de condicionamiento de las libertades por inseguridad. Este conjunto de situaciones explica la situación de inmovilidad por la cual Argentina prácticamente no ha modificado su valor con respecto al 2011.

Como aspectos positivos, destacan el avance en las variables de voto de adhesión política, debido a la mayor participación ciudadana en las elecciones realizadas en octubre de 2015, y género en el Gobierno, fundamentalmente en el Poder Ejecutivo.

3. En la dimensión democracia de las instituciones,Argentina deja de pertenecer al conjunto de países con bajo desarrollo democrático, pasando a integrar el de mínimo desarrollo democrático, junto a otros cuatro países de la región, como resultado de sus indicadores en calidad institucional y eficiencia política. El índice de la dimensión presenta una caída del 24 % (gráfico 3.3). Pierde dos posiciones con respecto al año anterior en el ranking regional, ocupando el 14° lugar. Si observamos el comportamiento del país a lo largo de la serie, podemos notar que ha oscilado entre los 1,700 y los 4,700 puntos, es decir nunca ha logrado situarse por encima del promedio regional, ni tampoco ha integrado el grupo de países con desarrollo democrático medio o alto. Su promedio es de 2,848 puntos, valor que la califica como de mínimo desarrollo democrático en democracia de las instituciones.

El retroceso general se explica por la obtención de peores resultados en los indicadores de percepción de la corrupción, accountability y desestabilización de la democracia; se suma a ello que, en esta ocasión, es castigada con el factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional derivada de la muerte (aún no esclarecida) del fiscal de la nación Alberto Nisman, quien apareció muerto en su casa tras denunciar a la entonces presidente Cristina Fernández tras sus investigaciones por el atentado a la Mutual Israelita AMIA, sucedido en 1994. La variable partidos políticos en el Poder Legislativo presenta un avance, aunque Argentina muestra un alto valor de fragmentación.

Esta dimensión es la que en todo el período de medición evidencia la mayor falencia estructural de la democracia argentina.

4. En la dimensión democracia social, la Argentina no logra mantener la curva de crecimiento que presentaba entre desde el 2009 y 2014 (gráfico 3.4), y vuelve a caer, como ya lo había hecho en el 2015, cuando había perdido el liderazgo en esta dimensión. Este nuevo descenso es producto de peores resultados en las variables desempleo, población bajo la línea de la pobreza y gasto público en salud; el resto de los indicadores muestra leves mejoras.

La peor puntuación de Argentina, en esta dimensión, fue la obtenida en el 2005 con 0,515 puntos y la mejor fue la de 2014 con 2,650 puntos sobre el promedio regional. Argentina califica como un país de desarrollo democrático medio, perdiendo su nivel de alto desarrollo. Consecuentemente, pierde un lugar en el ordenamiento regional, ubicándose en el cuarto lugar. Logra mantenerse por encima del promedio regional, junto a sus vecinos del Cono Sur, salvo Paraguay, que está debajo del promedio regional de la dimensión.

El crecimiento de la puntuación de Chile y la suba del puntaje más bajo en esta dimensión (Honduras), levemente superior al más bajo del año anterior (Nicaragua), cambiaron el rango de medición para el conjunto de países, y también explican el descenso de Argentina.

5. En la dimensión democracia económica, el valor obtenido también ha sido menor que el del 2015 (gráfico 3.5), por el comportamiento de los indicadores brecha de ingreso y endeudamiento. Las variables que presentan un mejor rendimiento son las de libertad económica, PIB per cápita e inversión, aunque estas mejoras no compensan el magro desempeño en los otros indicadores. Por otro lado, el avance de Chile y Perú profundizan el descenso de Argentina.

A pesar del peor puntaje recibido, aún supera el promedio regional y califica como un país de desarrollo democrático medio. Por otro lado, aun descendiendo en la puntuación, por el retroceso de otros países, logra subir un lugar en el ordenamiento regional pasando de la décima a la novena posición. La peor puntuación de Argentina en esta dimensión fue la obtenida en el 2004 con -0,433 puntos y la mejor había sido la del año 2002 con 1,246 puntos. De los países que integran la región del Cono Sur, Chile y Uruguay resaltan con una puntuación de alto desarrollo democrático, mientras que el resto califica con valores que corresponden a desarrollo democrático medio. Argentina siempre ha logrado obtener puntuaciones que superaron el valor del promedio regional, salvo en los años poscrisis 2001, que había dejado secuelas en todos los aspectos que engloba el desarrollo democrático, y en el año 2012; sin embargo, en 2015 y 2016 se ha acercado peligrosamente a una nueva caída por debajo del promedio de los países de la región.

Conclusiones

- El IDD-Lat de Argentina presenta un descenso del 12 % con respecto al valor obtenido el año anterior.

- Sigue formando parte del grupo de países con desarrollo democrático medio, categoría en la cual ha estado situada en casi todos los años, mientras que en años posteriores a la crisis del 2001 (2002, 2003 y 2004) perteneció al conjunto de países con bajo desarrollo democrático.

- Se ubica en la octava posición.

- Presenta signos negativos en todas las dimensiones.

- Aunque desciende, en democracia de los ciudadanos continúa en un nivel por encima del promedio regional, y su puntuación le permite liderar el grupo de países con desarrollo democrático medio.

- Pierde su calificación en democracia de las instituciones, donde pasa de bajo desarrollo democrático a mínimo desarrollo democrático. Nunca ha logrado situarse por encima del promedio regional, ni pertenecer a los grupos de países con desarrollo democrático alto o medio.

- Es el país que lidera el subíndice desempeño en educación, una de las variables de la democracia social.

- Registra un fuerte descenso en democracia económica.

- Es el país que lidera el indicador PIB per cápita de la dimensión de la democracia económica.

Un año de alto impacto en las instituciones

Por Fabio Ariel Ladetto^[32]

El año 2015 en la Argentina se caracterizó, de principio a fin, por hechos de distinto origen y de alto impacto político institucional, que culminaron con el fin de la presidencia de la peronista Cristina Fernández de Kirchner y el inicio de la gestión del hasta entonces opositor Mauricio Macri, al frente de una alianza entre su partido de centroderecha, Propuesta Republicana (PRO), con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica Alternativa para una República de Iguales (ARI).

Funcionamiento de la democracia y entre las instituciones

Es imposible hacer un relevamiento de 2015 sin empezar con la mención de dos hechos de alta conmoción ocurridos en el mes de enero y con el mismo protagonista. El fiscal federal Alberto Nisman, a cargo de la pesquisa por el atentado ocurrido en 1994 en la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), acusó el 14 de ese mes a la presidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros, de presunto encubrimiento a favor de imputados de nacionalidad iraní. A los cuatro días, el magistrado fue encontrado muerto en su departamento, sin que se sepa aún si fue suicidio, suicidio inducido (delito penal) o asesinato.

La muerte de Nisman es el punto de entrada al primer núcleo temático solicitado por su impacto general y por la repercusión en el funcionamiento institucional y de la participación ciudadana en la democracia. El fallecimiento y sus circunstancias generaron una reacción pública que derivó en movilizaciones y actos encabezados por funcionarios judiciales (un hecho inédito en sí mismo), y reclamos de distintos sectores sociales y políticos opositores. Desde el arco oficialista, en tanto, se cuestionaron y descalificaron tanto estos movimientos como la propia figura del fiscal. Esta evolución de los acontecimientos condicionó buena parte del espacio de debate público, impulsó cambios en las estrategias políticas en un año en el que era determinante el tema electoral y causó zozobra en amplios sectores sociales.

A mediados de febrero, la causa abierta por el funcionario fallecido derivó en la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de imputar penalmente a Fernández de Kirchner, lo que fue revocado ese mismo mes por juez federal Daniel Rafecas. En tanto, durante todo el año avanzó la sustanciación de causas penales por diversas denuncias penales tanto contra la presidenta como contra funcionarios de su gobierno, principalmente por supuestos episodios de corrupción. En una de estas, la llamada tragedia de Once, el choque de un tren que causó 51 muertes, a fin de año, los exsecretarios de Transporte del kirchnerismo Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime recibieron condenas de prisión efectiva (han sido apeladas) por delitos de administración fradulenta en perjuicio del Estado nacional.

La relación entre miembros del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional atravesó momentos de extrema tensión. Tanto desde el oficialismo como de la oposición política hubo acusaciones de pérdida de independencia del Poder Judicial como cuerpo autónomo de intereses político partidarios. A su vez, también se cuestionó fuertemente el rol del Congreso Nacional, controlado hasta diciembre por el entonces oficialismo kirchnerista y caracterizado por los opositores como una escribanía de la Casa Rosada, ya que aprobaba sin alteración los proyectos de ley que se le presentaban desde el Gobierno.

Uno de los puntos de mayor colisión estuvo dado en la deteriorada relación entre la presidenta y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que encabeza Ricardo Lorenzetti. La ausencia de vasos comunicantes entre ambos poderes debe ser, en sí mismo, un tema de preocupación institucional, pero su abordaje fue virtualmente nulo. Desde enero el máximo tribunal funcionaba con solo cuatro vocales por dos fallecimientos y la dimisión de Eugenio Zaffaroni; de su cifra original de siete integrantes, en 2006 se dispuso que se redujera a cinco por vía natural (muerte o renuncia). Como es habitual, Fernández de Kirchner elevó una lista de conjueces supremos (intervienen en las causas solo en caso de que no haya mayoría de votos judiciales), nómina que, en abril, fue declarada nula por el cuerpo porque no cumplía con los requisitos del acuerdo parlamentario previo. La oposición denunció que la mayoría de los propuestos eran afines al pensamiento kirchnerista, y que la decisión presidencial respondió a un intento de politizar la justicia.

Desde el oficialismo, a su vez, en mayo se cargó contra el juez supremo Carlos Fayt, acusándolo de no estar en condiciones psicofísicas de seguir en el cargo por tener 97 años y sus facultades deterioradas, y se llegó al extremo de abrir un proceso investigativo en la Comisión de Juicio Político de Diputados para determinar su estado. Fayt recibió el respaldo de diversos sectores políticos e instituciones, como la Iglesia Católica; se retiró del cuerpo el 11 de diciembre.

En junio, y con acuerdo del Senado, el Gobierno oficializó el nombramiento de 69 jueces, conjueces y fiscales. El diario La Nación afirmó: «La extensa lista está integrada por exfuncionarios kirchneristas, integrantes de la agrupación Justicia Legítima, que comulga con las ideas del Gobierno, y de La Cámpora».

Entre tanto, la Corte cerró el año con un funcionamiento irregular por dos vacantes en su total de cinco miembros (los alejamientos de Zaffaroni y de Fayt). Primero Fernández de Kirchner y luego Macri (con una designación de emergencia en diciembre, por decreto) intentaron cubrir las vacantes, pero no prosperaron sus postulantes por disidencias políticas, lo que disparó una señal de alarma por la falta de visión institucional de todos los sectores sobre la importancia de completar los cargos en la conducción del Poder Judicial del país.

El clima de confrontación se agudizó en la arena electoral, con fuertes embates verbales y acusaciones cruzadas, en un año donde se renovó la gran mayoría de cargos en todo el país, en las distintas estructuras del Estado (nacional, provincial y municipal). En las campañas electorales, especialmente en la pugna por espacios distritales, se incluyeron cuestionamientos hechos con liviandad, sobre episodios en que la vida privada tomó carácter público.

La realización de elecciones generales para renovar la presidencia se dio en el marco de la imposibilidad de Fernández de Kirchner de presentarse a una nueva reelección. Desde 2009, en el país rigen las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para que todos los partidos concurran a las urnas el mismo día y definan candidatos nacionales en consulta a padrón abierto, lo que se concretó el 9 de agosto. El Frente para la Victoria (liderado por el Partido Justicialista) evitó la confrontación y postuló para la presidencia a Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, con un aval frío de Fernández de Kirchner. Por la alianza Cambiemos, integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-ARI, se impuso Mauricio Macri; y por Unidos por una Nueva Alternativa, Sergio Massa. Las restantes fuerzas fueron poco significativas en votos.

Por el especial sistema electoral argentino, con cronogramas distintos en los comicios nacionales y provinciales, 2015 fue un año agobiante. Hubo distritos que debieron votar en hasta cinco oportunidades en el lapso de seis meses, con distinto régimen y para diferentes cargos, lo cual sumió a los electores en la confusión. Si bien la mayoría de las elecciones provinciales tuvieron un impacto relativamente menor en el concierto nacional, hubo un episodio particular con las denuncias de fraude o adulteración del resultado de los comicios en Tucumán, la provincia más importante del noroeste, con 1,5 millones de habitantes y gran activismo político-social. Luego de la votación local del 23 de agosto, hubo ocho jornadas consecutivas de protesta con movilizaciones, que incluyeron represión estatal. La oposición encabezada por Cambiemos logró nacionalizar sus denuncias de irregularidades graves y Tucumán fue relevado por los medios nacionales -con emisiones en vivo y en directo de las marchas y programas especiales- como un ejemplo de resistencia ante la compra de votos, la entrega de prebendas, el traslado de electores y el voto cadena, situaciones que vulneran la voluntad del elector. Dos meses después, la Junta Electoral Provincial (órgano administrativo no judicial) consagró gobernador al oficialista Juan Manzur, exministro de Salud de la Nación y actualmente procesado por un hecho de presunta corrupción.

Las denuncias calaron hondo en la percepción de la ciudadanía. La justicia nacional dispuso medidas de control en el país para evitar delitos o anomalías, con un esquema de supervisión más estricto que el existente hasta entonces. Además, las distintas fuerzas se comprometieron a modificar el sistema electoral, con una fuerte presión para implementar el voto electrónico, unificar calendarios y eliminar la lista sábana. El proceso, de difícil concreción, debe aprobarse legislativamente a nivel federal y en cada distrito.

Si bien las PASO arrojaron una amplia ventaja del Frente para la Victoria sobre sus rivales, la evolución de los acontecimientos y los cuestionamientos desde el propio oficialismo a Scioli hicieron que esa distancia se recortase a apenas tres puntos sobre Macri en la primera vuelta presidencial, el 25 de octubre. Este hecho abrió una instancia histórica en la Argentina, ya que por primera vez desde su consagración constitucional en 1994 hubo un balotaje entre los dos candidatos más votados. Fue el 22 de noviembre y Cambiemos se impuso con una luz de dos puntos sobre el FpV. Buena parte del empuje opositor llegó de Buenos Aires, que cambió de manos a favor del PRO con una joven dirigente, María Eugenia Vidal, que dio la mayor sorpresa electoral del país. Por el contrario, en la mayoría de las provincias se mantuvo el mismo color político que venía gobernando. El Congreso quedó fragmentado, sin mayorías claras ni estables, lo que obligará al diálogo.

Democracia de los ciudadanos y democracia social

Las principales preocupaciones expresadas por la ciudadanía estaban relacionadas con la evolución económica y la inseguridad, según una encuesta realizada por TNS Gallup y la Universidad de Palermo en abril de 2015, antes de los comicios. En el segundo ítem, se incluye el aumento de casos relacionados con el tráfico organizado y la comercialización a gran escala y generalizada de drogas ilícitas en los últimos años, hecho que fue reconocido por el propio presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, y reiteradamente por la Iglesia y la justicia de todo el país.

En mayo, el Congreso de la Nación aprobó la reforma del Código Procesal Penal, que modificará sustancialmente la forma de investigar las denuncias de presuntos delitos, empoderando a los fiscales nacionales. Este cambio está previsto que se implemente desde 2016; sin embargo, hay cuestionamientos sobre un intento de utilización política de esta herramienta por el kirchnerismo para evitar investigaciones futuras de su gestión.

Como consecuencia no deseada del proceso electoral, durante 2015 se paralizaron otras propuestas de reforma institucional de fondo. Los diversos candidatos presentaron iniciativas en sus plataformas pero el tratamiento parlamentario estuvo ausente, tanto en el plano nacional como en las provincias. Además, fue notoria la falta de precisión y abundaron los planteos genéricos y superficiales en asuntos relacionados con el acceso a la información pública, la democratización del acceso a justicia, la ampliación de derechos individuales y las garantías para su pleno ejercicio, la responsabilidad del Estado para minimizar conflictos internos entre distintos sectores, los mecanismos de gobierno abierto, la descentralización burocrática y cuestiones vinculadas directamente a la función del periodismo como herramienta del empoderamiento social de la información, como las conferencias de prensa o la distribución de la pauta publicitaria estatal.

Los debates giraron mayormente alrededor del mantenimiento o no de diversas políticas implementadas desde 2002, que están incorporadas como derechos en la mayoría de los sectores sociales: asignación universal por hijo, aumento periódico de jubilaciones y pensiones proporcional a la evolución de los ingresos fiscales, mejoras en educación y atención de la salud, planes de ayuda económica especial para viviendas y consumo, etc. En menor grado, puede mencionarse a los juicios que se siguen en todo el país por violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura militar (1976-1983); en esta etapa se está abriendo a análisis la responsabilidad de civiles: hasta el momento, el accionar judicial estuvo centrado especialmente en militares acusados de crímenes.

En el campo de los hechos sociales, el acontecimiento no partidista más importante se registró el 3 de junio, cuando tras una convocatoria nacida de las redes sociales, en toda la Argentina se concretaron concentraciones con la consigna NiUnaMenos contra la violencia de género y los femicidios. Si bien las marchas recibieron apoyos multitudinarios, no hubo cambio institucional alguno. Esa falta de respuesta puede actuar como un desactivador de otras acciones populares.

En el ámbito de la ampliación de los derechos políticos, en los comicios nacionales se estrenó la habilitación de los mayores de 16 años para votar voluntariamente (la obligatoriedad abarca entre los 18 y los 70 años). Sin embargo, la norma no rige en todas las provincias, lo cual hace que en ciertos distritos los menores de edad no puedan ejercerla para los cargos locales.

Otra situación relevante fue la entrada en vigor en agosto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -estaban como normas generales separadas y el que regía en el campo civil tenía su columna vertebral elaborada en 1869-, una modernización necesaria en los mecanismos de las relaciones interpersonales, desde las de pareja hasta los contratos, pasando por las sucesiones y los derechos sobre la propiedad. Sin embargo, todavía hay resistencias y debates acerca de los alcances de las reformas y su implementación.

Democracia económica

Como se mencionó, la principal preocupación de los argentinos durante 2015 fue el futuro económico. Por este motivo, los ejes de campaña fueron el impacto negativo de la inflación, la cotización del dólar y la imposibilidad de comprar libremente esta divisa. En este aspecto, hay dos etapas fuertemente diferenciadas: hasta el 10 de diciembre y luego de la asunción del nuevo gobierno, que encontró un grave deterioro en las reservas en dólares.

La falta de estadísticas oficiales sobre los principales componentes de la economía argentina impide determinar con precisión y certeza la evolución inflacionaria registrada. Según las cifras de variación del índice de precios al consumidor difundidas por la oposición (sobre relevamientos de consultoras privadas que aplican mecanismos no revelados), la inflación anual rozó el 30 %, lo que impactó en el aumento de hogares por debajo de la línea de pobreza. La evolución del dólar en este período no alcanzó la mitad de este porcentaje, lo que derivó en un atraso cambiario que generó un marcado deterioro en las producciones regionales por la falta de competitividad internacional. A ello debe agregarse la salida de Venezuela como mercado, el deterioro interno del Brasil (principal importador de mercaderías argentinas, en una economía integrada en algunas áreas como la automotriz) y la desaceleración en mercados emergentes, especialmente China.

Esa situación derivó en graves crisis económicas en las provincias y desaliento en la inversión en el campo, principal fuente de ingreso fiscal del Estado argentino en conjunto. Atendiendo a promesas de campaña, una de las primeras medidas tomadas por Macri en diciembre, a pocos días de asumir, fue una depreciación de 40 % del valor del peso en referencia al dólar (devaluación), junto con la reducción en las retenciones (mecanismo de ingreso fiscal) a las exportaciones de granos y materias primas, y a las de megaminería, incluyendo oro y plata. Otra decisión de alto impacto fiscal fue la supresión de los subsidios a las tarifas domiciliarias y comerciales de electricidad.

Las decisiones mencionadas fueron adoptadas por el presidente a través del mecanismo constitucional de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta dinámica fue cuestionada tanto dentro de su alianza como por sectores políticamente opuestos, ya uno de sus postulados de campaña fue el fortalecimiento de las instituciones. Por el contrario, los DNU implican un debilitamiento del accionar del Congreso y de las relaciones interpartidarias en la búsqueda de consensos.

Este paquete de medidas repercutió negativamente en los sectores socialmente más expuestos y de menores ingresos, que han perdido capacidad adquisitiva. A ello se deben sumar decenas de miles de despidos en el ámbito del Estado nacional y provincial, la no renovación de contratos en numerosos sectores públicos y la caída de puestos de empleo en el campo privado, principalmente de la construcción, por la paralización de obras públicas que comenzó en el último trimestre de 2015. Todo ello hizo que, en diciembre, la preocupación por la desocupación aumentase en la sociedad, luego de una década sin ser registrada en las estadísticas.

El conflicto judicial radicado en la justicia de Estados Unidos entre la Argentina y los tenedores de bonos en default que no aceptaron el canje a la baja realizado una década atrás, encareció el financiamiento externo a las actividades públicas y privadas. La pelea excedió el marco de la discusión técnica y fue usada por el oficialismo como el eje de una lucha ideológica vinculada a los procesos independentistas latinoamericanos. A petición de la Argentina, la ONU aprobó en setiembre una resolución que establece una guía para la reestructuración de las deudas soberanas. Una de las primeras decisiones de la gestión Macri fue abordar una solución para este tema y la reinserción del país en el mercado del crédito internacional.

En definitiva, el abanico de desafíos del nuevo Gobierno abarca desde el plano de la contención social a los grupos más deteriorados por la política de ajuste hasta la mejora institucional en lo referido a la ampliación de derechos ciudadanos, pasando por la reactivación de la economía, la llegada de capitales, el restablecimiento de vínculos con otros poderes y la adopción de políticas de Estado no partidarias en los temas más relevantes, como la seguridad. Sin mayoría propia en el Congreso, los funcionarios y legisladores deberán potenciar el diálogo político para obtener un marco normativo adecuado a las soluciones para este momento.