IDD-Lat 2015

	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2015
Baja-sube-mantiene Valor Posición	3,037 17º	1,475 18°	-0,046 11º	-1,316 14º	1,586 17º

·Venezuela, que había iniciado un proceso leve de mejora en el IDD-Lat desde el año 2007, cuya tendencia se había quebrado a partir del 2010, con una breve interrupción en el 2013, presenta nuevamente retrocesos en 2014 y 2015, en el primer caso del 11#%, y este año de un 34#%; lo que le significa retroceder al 17° lugar, perdiendo cuatro posiciones con respecto al año anterior. El puntaje recibido roza el peor valor de la serie, que fue el obtenido en el 2004; con lo cual Venezuela califica como país con mínimo desarrollo democrático. Recordemos que sólo perteneció al grupo de bajo desarrollo democrático en cuatro oportunidades (2008, 2009, 2010 y 2013); mientras que en el resto de la serie ha sido catalogado con mínimo grado de desarrollo (Gráfico 3.86).

El retroceso en el puntaje es motorizado por los descensos de las dimensiones de la democracia de los ciudadanos, la de las instituciones y la democracia económica; cuyas caídas no han podido ser neutralizadas por el avance en democracia social. En esta edición, Venezuela es acompañada, en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático, por Honduras, Nicaragua y Guatemala. De la Región Andina, es la única que recibe esta calificación, el resto de los países se distribuye entre quienes son valorados con desarrollo democrático medio y bajo desarrollo democrático como el caso de Colombia.

· En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, el valor es un 3#% más bajo que el del año anterior, por el peor comportamiento que tuvieron los indicadores de género en el gobierno y el de condicionamiento de las libertades por inseguridad; y por otro lado, por las críticas puntuaciones que sigue recibiendo Venezuela en los índices de percepción de respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos, que son las peores de la región (Gráfico 3.87).

Como en toda la serie del IDD-Lat, en esta dimensión no logra alcanzar el promedio regional. Por otro lado, Venezuela es valorada con bajo desarrollo democrático junto a Guatemala y Honduras. De América Andina, sólo Colombia presenta una peor valoración, que recibe el grado de mínimo desarrollo. El resto de los países que integra esta zona geográfica recibe la calificación de desarrollo democrático medio. El valor obtenido en esta dimensión ratifica el endeble respeto de los derechos y libertades de Venezuela. Se acerca a la peor puntuación que fue la que recibió en el 2009. En esta dimensión, Venezuela en cuatro ocasiones recibió puntuaciones que la colocaron en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático.

· La Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política tiene un comportamiento negativo, del orden del 24#% (Gráfico 3.88), lo que significa que Venezuela no logra superar el umbral de los 3,000 puntos y en este caso recibe una puntuación por debajo de los 2,000, acercándose al peor valor de la serie del año 2004. Este retroceso no le representa ningún cambio, ni en la ubicación del ranking regional, donde sigue ocupando el último lugar, ni en el grado de desarrollo que presenta, que es de mínimo desarrollo democrático, lugar de donde salió sólo en el período 2006-2010.

Los indicadores que presentan una peor puntuación son participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y desestabilización de la democracia, y en el resto de las variables no logra alcanzar valores óptimos. Este año Venezuela es, nuevamente, castigada con el Factor de Anormalidad Democrática por la crisis de gobierno que vivió durante el 2013. Los indicadores de percepción de la corrupción y desestabilización de la democracia presentan los puntajes más bajos de la región. De América Andina, Venezuela junto a Ecuador, son los únicos países que reciben la calificación de mínimo desarrollo democrático en esta dimensión; mientras que el resto de los países califica con desarrollo democrático medio.

·La Dimensión social presenta un mejor desempeño con respecto al año anterior (Gráfico 3.89), debido a la puntuación obtenida en los indicadores que miden el gasto en educación, desempleo y población bajo la línea de la pobreza. Presentan descensos las puntuaciones de los indicadores que corresponden a la eficiencia en educación y la variable de mortalidad infantil. Producto de este ascenso, Venezuela gana un lugar en el ranking regional con respecto al 2014, ubicándose en el 11º lugar.

Continúa, como en toda la serie, por debajo del promedio regional; aunque en este caso apenas por debajo y, aunque en esta dimensión nunca había logrado salir del grupo de países con bajo desarrollo social, este año acompañada por Paraguay y El Salvador, logra aproximarse al grupo de países con desarrollo democrático medio. Es destacable que en esta dimensión, Venezuela logra alcanzar el mejor valor desde el 2002 a la fecha.

· El país presenta un retroceso importante en la Dimensión Económica, tras alcanzar el mejor puntaje en el 2009; esta caída es la sexta del 2002 a la fecha (Gráfico 3.90). Esta dimensión del desarrollo democrático había sido la que mejores resultados presentaba, al lograr mantenerse por encima del promedio regional. En esta edición, el descenso se explica por los peores desempeños registrados en los indicadores libertad económica, inversión y PIB per cápita. Las variables que logran un mejor puntaje con respecto al 2014 son brecha de Ingreso y endeudamiento, aunque sus alzas no fueron lo suficientemente importantes como para neutralizar las bajas.

Venezuela ocupa el 14º lugar, perdiendo seis lugares con respecto a su ubicación en el ranking regional de 2014. A lo largo de la serie ha pasado a formar parte del grupo de países con alto desarrollo democrático en dos ocasiones (2009 y 2010), con desarrollo democrático medio en siete años y con bajo desarrollo democrático en cuatro años, hasta la edición actual en la que cae a la categoría de mínimo desarrollo económico junto a Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Esto demuestra su comportamiento errático.

• Venezuela presenta un retroceso del 34#%
• Retrocede al 17° lugar, perdiendo cuatro posiciones con respecto al año anterior.
• Venezuela califica como país con mínimo desarrollo democrático.
• El retroceso en el puntaje es motorizado por los descensos de las dimensiones de la democracia de los ciudadanos, de las instituciones y la democracia económica; cuyas caídas no han podido ser neutralizadas por el avance en democracia social.
• En democracia de los ciudadanos, el valor es un 3#% más bajo que el del año anterior. No logra alcanzar el promedio regional. Venezuela es valorada con bajo desarrollo democrático.
• En democracia de las instituciones, tiene un comportamiento negativo, del orden del 24#%. Ocupa el último lugar en el ranking regional. Califica con mínimo desarrollo democrático. Este año Venezuela es, nuevamente, castigada con el Factor de Anormalidad Democrática.
• En democracia social, presenta un mejor desempeño con respecto al año anterior, logra alcanzar el mejor valor desde el 2002 a la fecha. Venezuela se ubica en el 11º lugar. Está por debajo del promedio regional. Continúa en el grupo de países con bajo desarrollo social.
• La dimensión económica presenta un retroceso importante. Venezuela ocupa el 14º lugar. Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático mínimo.

Por Miguel Ángel Martínez Meucci

El año 2014 se inició para los venezolanos con un hecho trágico que conmocionó a todo el país: el 5 de enero fue asesinada la actriz y ex reina de belleza Mónica Spear. En el incidente, ocurrido en una carretera a manos del hampa común, mataron también a su esposo y resultó herida de bala la hija de ambos, de cinco años. De inmediato, la grave situación de inseguridad, pese a no constituir una novedad, se convirtió en un tema central de la agenda pública. El gobierno del presidente Maduro intentó implementar un nuevo plan de seguridad que debería ejecutarse de común acuerdo con las autoridades electas de la oposición en diversas gobernaciones y alcaldías. Para ello convocó a unas reuniones televisadas de «diálogo» que una parte de las fuerzas políticas adversas al chavismo consideró como una maniobra del oficialismo para lavar su imagen, rehuir su responsabilidad en la crisis y ganar tiempo.

Entre las voces más críticas de este proceso se contaban Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Este grupo comenzó a promover la convocatoria de asambleas de ciudadanos y una progresiva movilización de calle para protestar por la situación general del país, iniciativa que denominaron La Salida y que no fue acompañada por el sector más moderado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), representado principalmente por los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Se fueron materializando así las divisiones que venían gestándose en el seno de la oposición desde mediados del 2013.

Ante las evidentes presiones generadas por un disfuncional sistema de cambio de divisas, que se reflejaban en la creciente escasez y la caída del poder adquisitivo, el Gobierno anunció el 11 de febrero la creación de un nuevo sistema/tipo de cambio (SICAD II, aparte de los ya existentes CENCOEX, SICAD I y el mercado paralelo) que flexibilizaba parcialmente la compra-venta de dólares. Sin embargo, para el 12 de febrero, considerado tradicionalmente en Venezuela como Día de la Juventud (en conmemoración de la Batalla de La Victoria, en la cual muchachos muy jóvenes defendieron el movimiento independentista en 1814, y de la cual se celebraban en 2014 doscientos años), el movimiento estudiantil, con particular respaldo de las organizaciones políticas reunidas en torno a la iniciativa de La Salida, promovió una marcha hacia el centro de Caracas, en protesta por la situación económica y la represión sufrida por sus compañeros en el estado Táchira, fronterizo con Colombia (donde se habían registrado días antes fuertes disturbios a raíz del intento de violación de una estudiante).

La marcha del 12F terminó con dos manifestantes asesinados de sendos disparos en la cabeza, en circunstancias que parecieran responsabilizar a cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados afectos al Gobierno. El hecho exacerbó los ánimos, desatando un ciclo de protestas que rápidamente se extendió por más de once estados del país. Desde el principio, el dirigente Leopoldo López fue acusado por el Gobierno de ser el principal instigador de tales protestas, y de inmediato la Fiscalía General de la República ordenó su captura bajo las acusaciones de instigación pública, daños a la propiedad e incendio en grado de determinador, y asociación para delinquir. López se entregó el 18 de febrero, luego de anunciar previamente su entrega y de dirigirse al país a través de un video grabado. Semanas después fueron detenidos Enzo Scarano y Daniel Ceballos, pertenecientes también al partido Voluntad Popular y alcaldes a la sazón de los municipios San Diego (estado Carabobo) y San Cristóbal (estado Táchira), respectivamente, acusados de instigar hechos violentos. Los tres políticos permanecieron el resto del año 2014 recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde, en condiciones que han sido denunciadas como inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos por varias organizaciones nacionales, extranjeras e internacionales, incluyendo a Human Rights Watch (HRW), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El ciclo de protestas que se inició el 12F se extendió por cuatro meses, pasando por diversos grados de intensidad y virulencia. Los episodios más conflictivos se registraron en los estados de Táchira, Lara, Miranda, Carabobo y Bolívar, donde se popularizaron las guarimbas: bloqueos de las vías públicas con ocasionales enfrentamientos callejeros. Dichos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público o afines al gobierno fueron especialmente violentos en el Táchira, donde la situación de escasez y el contrabando de bienes hacia Colombia han hecho especial mella en las condiciones de vida de la población. En tal sentido, el control del orden público mediante acciones excesivas de la Guardia Nacional (componente militar), así como la participación de organizaciones civiles (colectivos) afines al chavismo, acusadas de portar armas con notoria impunidad, han sido ampliamente denunciados por ciudadanos y organizaciones de todo tipo, mientras los organismos del Estado concuerdan en adjudicar a la oposición política la responsabilidad principal de la violencia acontecida durante las protestas.

De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, organización independiente, durante el ciclo de protestas del año 2014 se registraron 3408 detenciones arbitrarias; 1923 detenidos recibieron medidas cautelares y 68 continuaban privados de libertad al cierre del año. Por otra parte, se contabilizaron 43 muertos durante las protestas -varios por tiros en la cabeza- y más de 800 heridos. Diversas organizaciones de derechos humanos manejan una cifra de 157 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los manifestantes, de los cuales 110 fueron presentados ante la CIDH por COFAVIC.

El hecho de que el 2014 fuera el primero sin elecciones en varios años seguramente incidió en las dificultades registradas a la hora de canalizar esta crisis política. El proceso de diálogo en el que insistía Maduro resultaba poco creíble dada la inoperancia en la que se mantenía a la Asamblea Nacional (espacio natural para el diálogo político) y la negativa a flexibilizar las condiciones impuestas a los políticos detenidos que la oposición denomina presos políticos, pero que el Gobierno insiste en llamar políticos presos.

Como ya sucediera en 2013 ante las críticas de la oposición a la elección que llevó a Maduro a la presidencia, la Unasur se presentó nuevamente para intentar facilitar el diálogo político en Venezuela. Se designó una comisión que integraron los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador para impulsar dicho propósito, con el apoyo del nuncio apostólico en Venezuela. Sin embargo, este proceso careció desde el inicio de agenda y normas claras, y terminó diluyéndose sin mayores resultados, mientras las protestas fueron amainando. La falta de compromiso del Gobierno con el diálogo político, así como la renuencia de los partidarios de La Salida a participar, pesaron más que la voluntad de los sectores que apostaban por un entendimiento a toda costa. A pesar de lo anterior, el 20 de septiembre se concedió la medida de casa por cárcel al excomisario de la Policía Metropolitana, Iván Simonovis, quien pasó casi diez años encarcelado y venía sufriendo múltiples dolencias.

La cobertura brindada por los medios de comunicación privados a esta crisis (notoria a nivel internacional) se caracterizó por su poca pluralidad y profundidad, la autocensura de muchos editores y el extremo temor a multas y represalias. Al igual que pasó un año antes con la televisora Globovisión, la compra en julio del 2014 del centenario diario El Universal por una firma española poco conocida (Epalisticia) ratificó el progresivo deterioro del pluralismo y la libertad de expresión en el país. A partir de dicha compra, la línea editorial del periódico se moderó ostensiblemente y muchas de sus figuras emblemáticas (reporteros, columnistas, caricaturistas) fueron presentando su renuncia. Por su parte, los medios oficiales se mantuvieron completamente alineados con las versiones manejadas por el gobierno de Maduro. La ausencia de información plural potenció enormemente el papel de las redes sociales, en las cuales, no obstante, también se contribuyó voluntaria o involuntariamente a la polarización y desinformación de la población. Ocho tuiteros fueron detenidos en razón de sus mensajes públicos, y la mayoría de ellos permanecieron privados de libertad el resto del 2014.

Varios hechos polémicos o violentos afectaron directamente a la coalición de gobierno. La controversial carta del destituido ministro Jorge Giordani cuestionando severamente la administración de Maduro, así como la salida de Rafael Ramírez de PDVSA (donde permaneció muchos años) y las extrañas circunstancias en las que fueron asesinados el mayor y concejal metropolitano Eliécer Otaiza, el joven diputado oficialista Robert Serra y el militante José Miguel Odreman, líder del colectivo 5 de Marzo (este último a poco de haber responsabilizado al ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres -luego destituido-, de lo que le pudiera pasar), levantaron todo tipo de especulaciones acerca de las eventuales luchas de poder dentro del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Más allá de estos homicidios de particular relevancia política, es necesario señalar que, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), y a pesar de los nuevos planes de seguridad, en 2014 se registraron unos 24.840 homicidios.

En el plano económico, la merma en los precios del crudo (que concentra actualmente el 96#% del valor de las exportaciones de Venezuela) repercutió en una caída del PIB que, según las diversas fuentes, giró en torno al 4#%. Si en junio el petróleo venezolano se cotizaba alrededor de los USD 100 por barril, en diciembre cayó a menos de USD 50. La inflación, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerró en un 68,5#% anual, aunque otros estudios manejan cifras de tres dígitos. En alimentos, la inflación superó el 100#%. Según el BCV (Banco Central de Venezuela) la escasez terminó el año en un 29,4#% para un conjunto de 19 rubros básicos; nuevamente, estadísticas no oficiales presentan números más pesimistas. Mientras que la CEPAL considera que Venezuela es el país de la región en el que más creció la pobreza (32,1#% de hogares en pobreza y 9,8#% en la indigencia), un estudio conducido por tres universidades venezolanas (UCV, USB, UCAB) habla de 48,4#% de hogares pobres para finales del 2014.

También la salud experimentó graves deterioros, consecuencia de una serie de factores relacionados con el descontrol cambiario, las erráticas políticas sanitarias del Estado y las complicaciones derivadas de la conflictividad política y social. Según un reciente informe oficial con cifras del 2012, la mortalidad materna retrocedió a niveles de 1975. Durante el 2014 aumentaron las dificultades en el funcionamiento de la red hospitalaria, los obstáculos para la reposición de medicamentos y suministros médicos, y las complicaciones para el control de epidemias (preocupó especialmente el aumento de los casos malaria y dengue, así como la llegada del chikungunya). Además, según el último estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Venezuela registra la peor tasa de embarazo precoz de Sudamérica (101 de cada 1000 adolescentes entre 13 y 19 años quedan grávidas).

En el ámbito de las relaciones exteriores, cabe resaltar la breve detención en Aruba del general Hugo Carvajal, apodado El Pollo y exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) durante el período 2004-2009. Sobre él pesaba una orden de extradición del gobierno de los Estados Unidos (situación similar a la del general Henry Rangel Silva y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín), dado que según su Departamento del Tesoro había brindado «ayuda material» a las FARC. Aunque Carvajal había sido nombrado cónsul en Aruba, las autoridades de la isla no le habían otorgado aún el plácet y, si bien en julio resultó detenido por las autoridades de Aruba, dos días después -luego de gran presión diplomática de Venezuela- decidieron liberarlo. El gobierno estadounidense, que en ese momento expresó su descontento ante la decisión de Holanda, concretaría a finales de año la ejecución de sanciones largamente anunciadas (congelación de bienes y prohibición de viajar a los Estados Unidos) a varias decenas de funcionarios venezolanos, acusados de haber incurrido en casos de corrupción, ilícitos financieros o violación de derechos humanos.