IDD-Lat 2015

	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2015
Baja-sube-mantiene Valor Posición	6,416 5º	3,424 10°	1,318 5º	1,157 5º	6,199 5º

·Perú, luego de un período de seis años ininterrumpidos de crecimiento (2006 a 2011), había tenido dos años consecutivos de retroceso (2012 y 2013), para luego volver a crecer en 2014. Este 2015 presenta una leve caída del orden del 3#%, aunque mantiene una puntuación que sigue superando los 6,000 puntos (Gráfico 3.71). A pesar de este descenso, Perú mantiene su posición en el ranking, el 5° lugar.

El descenso en la puntuación general responde a comportamientos negativos en las Dimensiones II, III y IV. La democracia de los ciudadanos es la única que muestra un avance con respecto al año anterior. Con este comportamiento, aún, sigue permaneciendo en el grupo de países con desarrollo democrático medio, junto a Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil y se mantiene por encima del promedio regional. De la zona geográfica a la que pertenece, América Andina, comparte junto a Ecuador y Bolivia este grado de desarrollo, mientras que el resto de los integrantes presenta bajo desarrollo democrático, en el caso de Colombia, y mínimo desarrollo democrático, en el caso de Venezuela.

· La puntuación en la Dimensión I, Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, avanza en más del 18#% con respecto a la puntuación del año anterior, aún sin alcanzar el mejor puntaje que había sido el obtenido en el 2002 (Gráfico 3.72). La variación positiva es producto del avance en la variable de participación de la mujer en el gobierno, que compensa la caída del indicador de condicionamiento de las libertades por inseguridad. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores que no son significativamente positivos.

Como resultado de esta puntuación, cambia su ubicación en el ranking regional, pasando del sexto lugar que ocupaba en el 2014 al 5º. Su índice supera el promedio regional y en esta dimensión presenta desarrollo democrático medio, junto a otros diez países, entre ellos Bolivia y Ecuador, con los que comparte zona geográfica; el resto de los integrantes de esta zona, Colombia y Venezuela, recibe puntuaciones que los califica en bajo y mínimo desarrollo democrático, respectivamente.

· El desempeño de la Dimensión II, que mide la democracia de las instituciones, ha tenido, nuevamente, un comportamiento negativo para el Perú, como consecuencia de la obtención de peores valores en los indicadores de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y Accountability, a pesar que deja de ser castigado con el Factor de Anormalidad democrático, aplicación que respondía a la crisis institucional que vivió el país durante el 2013. Su descenso roza el 15#% con respecto al valor alcanzado el año anterior (Gráfico 3.73). La variable Índice de percepción de la corrupción ha sido la única que presenta un mejor comportamiento, con respecto al 2014.

Perú ha perdido cinco posiciones en el ranking regional, pasando a ocupar el décimo lugar del ordenamiento regional. Su puntuación ya no le permite alcanzar el promedio regional, como lo había logrado en años anteriores. Perú califica con bajo desarrollo democrático, junto a República Dominicana, Colombia, Guatemala, Bolivia y Argentina; es decir que en su zona geográfica sólo con Colombia y Bolivia presenta este grado de desarrollo, mientras que el resto de los integrantes, Ecuador y Venezuela, es calificado con mínimo desarrollo democrático.

· En la Dimensión III, la dimensión Social, se observa un retroceso, y se aleja de la mejor puntuación de la serie obtenida el año anterior (Gráfico 3.74). Esto es producto de peores puntuaciones en las variables de desempeño en salud y en educación, que no fueron compensados por los incrementos que se producen en población bajo la línea de la pobreza y desempleo.

Por todo esto, baja una posición en el ranking latinoamericano, pasando del cuarto puesto al quinto. En esta dimensión supera ampliamente el valor promedio regional y califica con alto desarrollo social, junto a Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá.

· En democracia Económica, el resultado ha sido inferior al obtenido el año anterior, en más del 30#% (Gráfico 3.75), producto de resultados desfavorables en los indicadores de libertad económica, PIB per cápita e inversión. Las únicas variables que mejoraron fueron brecha de Ingreso y endeudamiento, aunque esto no alcanzó para compensar los retrocesos advertidos en los otros indicadores. Por este comportamiento, Perú empeora su ubicación pasando al quinto lugar del ranking regional, dejando la tercera ubicación.

Supera ampliamente el promedio regional, por más de 1,000 puntos y con esta valoración recibe la calificación de país con alto desarrollo económico, junto a Uruguay, Panamá, México y Chile.

• Perú en 2015 presenta una leve caída del orden del 3#%, aunque mantiene una puntuación que sigue superando los 6,000 puntos.
• Perú mantiene su posición en el ranking, el 5° lugar.
• El descenso responde a comportamientos negativos en las Dimensiones II, III y IV. La democracia de los ciudadanos es la única que muestra un avance con respecto al año anterior.
• Sigue permaneciendo en el grupo de países con desarrollo democrático medio.
• En democracia de los ciudadanos, avanza en más del 18#% con respecto a la puntuación del año anterior. Asciende un lugar en el ranking regional y se ubica en 5º puesto. Su índice supera el promedio regional y en esta dimensión presenta desarrollo democrático medio.
• En democracia de las instituciones, ha tenido un comportamiento negativo, del orden del 15#%. Deja de ser castigado con el Factor de Anormalidad democrático. Pasa a ocupar el décimo lugar del ordenamiento regional. Su puntuación ya no le permite alcanzar el promedio latinoamericano. Califica con bajo desarrollo democrático.
• En democracia social, se observa un retroceso en casi todas las variables pero supera ampliamente el valor promedio regional y clasifica con alto desarrollo social. Pasa al quinto puesto en el ordenamiento latinoamericano.
• La dimensión económica presenta un resultado inferior al obtenido el año anterior, en más del 30#%. Pasa al 5° lugar del ranking regional, supera ampliamente el promedio y recibe la calificación de país con alto desarrollo económico.

Por Catalina Jiménez

Imagine por un momento que una cabina de grabación de sonido puede ser comparada con el sistema político de un país. De un lado están las múltiples voces y sonidos (demandas), las cuales son recogidas por un micrófono especial (partidos políticos) que, a través de su conexión con los canales de grabación (diseño institucional), permite recoger ese registro múltiple, el cual es procesado por los ingenieros de sonido (gobernantes), para formar con todo ello un tono armónico. De fallar el proceso en los canales, el sonido termina en una incómoda distorsión.

Situación similar caracteriza al sistema político peruano, donde la escisión entre sociedad y Estado sigue siendo la característica más importante, situación que se refleja en la debilidad del Gobierno y del diseño institucional para mejorar el procesamiento del sistema político y con ello producir un sonido que pase de la distorsión a la armonía para todos: el de la democracia y su calidad.

El cuarto año de gobierno de Ollanta Humala terminó con una aprobación del 30#% de la ciudadanía. Tres situaciones pueden explicar este resultado. En primer lugar, la percepción de un incremento en la inseguridad rural y urbana, además de ineficiencia de los organismos de seguridad para hacer frente a un fenómeno que parece ser cada vez más difícil de enfrentar; en segundo lugar, el deficiente desempeño del crecimiento económico del país, situación que genera inestabilidad frente al gasto público que debe hacerse a través de las diversas políticas públicas que lleva a cabo su gobierno; por último, las elecciones regionales y locales estructuraron un ambiente de inestabilidad política que impacta en el Gobierno nacional, debido a la conformación de alianzas y coaliciones políticas que serán determinantes en las elecciones presidenciales y legislativas de 2016. Así, parece que durante el 2014 el sistema político peruano mantuvo una tendencia dual: moderados resultados macroeconómicos y frágiles resultados políticos.

El resultado evidencia cierto grado de inestabilidad político institucional, el cual impacta de forma importante en la percepción que los peruanos tienen sobre la democracia, tanto en su efectividad como en la conformación del régimen mismo. Esa distorsión puede deberse a la falla en el enlace que los canales (diseño institucional) deben establecer entre los partidos políticos, la sociedad y los gobernantes.

Canal económico

En este primer canal encontramos fallas entendidas como la ausencia de fuertes vínculos entre el grupo de tecnócratas que parecen seguir determinando las políticas económicas del país, los decisores políticos que deben legitimarlas ante la población, los magros resultados económicos del último año y los programas sociales redistributivos en los que está empeñado el Gobierno actual. Si bien la proyección de crecimiento económico se calculó entre un 4,5#% a 5,0#%, los resultados al final del año demostraron que solo se creció cerca de un 3,0#%, por el decrecimiento en los intercambios. La balanza comercial registró un déficit algo menor a 3000 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de la Reserva de Perú. La minería decreció un 2,8#%, la pesca un 6,8#% y la manufactura un 0,7#%.

Las cifras muestran la profundización de dos situaciones; la primera, el fortalecimiento del dólar, que afecta de forma importante a los programas de gobierno con impacto nacional y regional en una coyuntura de elecciones subnacionales. El segundo, la resistencia de los políticos a aceptar la desaceleración económica, situación que conllevó debilidad y demora en el intercambio de información clave entre decisores y tecnócratas, con el fin de tomar decisiones de calado económico. La fragilidad de esa comunicación profundizó la distancia entre los políticos peruanos y la elite de tecnócratas encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, único miembro del gabinete que permanecía en su cargo desde el inicio del mandato del presidente Humala y, para algunos analistas, la figura más importante del Gobierno.

Así, la distorsión que generó el canal económico requirió en el mes de junio de la toma de una serie de medidas que se conocieron como el paquetazo. El primer paquete se inscribió en el tema de simplificación de permisos y protocolos para mantener y dinamizar la inversión nacional y extranjera. Esto tuvo implicaciones en el sector medioambiental debido a que, al disminuir las capacidades fiscalizadoras del Estado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años no puede sancionar o multar a empresas que puedan llegar a ser culpables de contaminación. El segundo buscó el fortalecimiento de la oferta para los consumidores, entendida como reducción a la deuda tributaria, a través de la eliminación de la capitalización de intereses de las deudas contraídas por personas naturales y jurídicas. Además, se aprobó la reducción de seis a cuatro remuneraciones el tope de los fondos por compensación por tiempo de servicios (CTS) el cual estará en un 100#% disponible para el gasto de los trabajadores.

Las otras dos medidas buscan agilizar el gasto y la inversión pública, así como el incremento de incentivos monetarios a los funcionarios del sector público y a beneficiarios de programas sociales. Pero las reformas más sensibles son las de orden tributario y laboral que incluyeron la disminución del impuesto a la renta, la reducción de los costos asociados al despido de trabajadores y la creación de un nuevo régimen laboral para los jóvenes de 18 a 24 años, conocida como ley pulpin, la cual quiere promover la contratación en planilla de ese sector poblacional sin experiencia laboral con solo estudios secundarios o técnicos. No se debe olvidar que los jóvenes, con el 13#% del total, son el contingente mayor de desempleados.

Si bien el paquete de medidas contó con el visto bueno del Ejecutivo y del Consejo de Ministros en pleno, su aprobación por el Congreso Nacional tuvo mayores dificultades en su trámite legislativo y en el incremento de la protesta de dos sectores: organizaciones medioambientales y jóvenes. Estos últimos alegaron que la reforma laboral solo mejoraba las condiciones de los pequeños y medianos empresarios, abaratando de forma significativa los costos laborales de los jóvenes recién enganchados.

Ahora bien, la construcción de las políticas económicas por los tecnócratas concentró todos sus esfuerzos en el fortalecimiento del sector empresarial, disminuyendo con dichas disposiciones las demandas socioeconómicas de otros sectores de la población. El proceso de aprobación finalizado el 3 de julio por la Comisión Permanente del Congreso generó tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y organizaciones sociales, lo que terminó con la dimisión del ministro Castilla, producto de acusaciones de la oposición de no aplicar las medidas antes de que la alarma de la desaceleración se activara, acusaciones de lobbismo para favorecer a grandes empresas y la negativa del Congreso a aprobar algunos elementos de las reformas laborales y tributarias.

A pesar de la debilidad del vínculo entre decisores políticos, tecnócratas y sociedad, las medidas lograron mejorar algunos indicadores de inversión pública durante el segundo semestre de este año. En ese sentido, los programas redistributivos siguieron adelante en pleno proceso electoral, con una mayor coordinación entre distintos entes de orden nacional y local, debido al proceso de campañas electorales. Es necesario resaltar que la reforma de la educación pública y de la profesionalización de la función pública han sido las más álgidas y golpeadas. Todas estas medidas han hecho que, aunque el gobierno de Humala mantiene su consistencia respecto a la profundización del modelo neoliberal, ha venido realizando reformas de corte populista que pueden ser categorizadas como preocupantes para la democracia peruana, que todavía cuenta con líderes y efectos del fujimorismo en diversos sectores e instituciones del sistema político. Así, este canal produjo un sonido variopinto entre la distorsión y la armonía.

Canal político

Este canal, el encargado del proceso político-institucional, es el más frágil y distorsionado, debido a la débil institucionalización de los partidos políticos que erosiona la representación política y, con ello, la legitimidad institucional, y afecta la creación de vínculos fuertes entre el Estado y la sociedad. En ese orden de ideas, la inestabilidad institucional fue una constante en este año, evidenciada en dos hechos relevantes. El primero, la salida de congresistas de la bancada de Gana Perú, partido del oficialismo en el Legislativo, disminuyendo el número de congresistas de 47 a 33; el segundo, el cambio de presidente del Consejo de Ministros, figura nombrada directamente por el presidente de la República.

La salida de ocho congresistas del partido de gobierno: Juan Pari, Natalie Condori, Claudia Coari, Justiniano Apaza, Amado Romero, Esther Saavedra, Roberto Angulo y Jaime Delgado, para formar la bancada Dignidad y Democracia, alegando que sus opiniones no eran tenidas en cuenta por la dirigencia del partido, demuestra la fragilidad interna de esa colectividad, la deficiente estrategia para mantener una comunicación entre los bloques que conforman el partido y la ausencia de un liderazgo capaz de mantener la cohesión y disciplina del partido dentro del Legislativo.

Por otra parte, tres presidentes pasaron por el cargo del Consejo de Ministros. César Villanueva, René Cornejo y Ana Jara, quien lo presidió durante todo el año. Lo relevante de esta situación fueron las causas de sus dimisiones. En el primer caso fue consecuencia del enfrentamiento por el incremento del sueldo mínimo entre Villanueva y el ministro de Economía, en el que terminó intercediendo Nadine Heredia en su calidad no de primera dama de la nación sino como presidenta del partido de gobierno Gana Perú. En el segundo, las relaciones de Cornejo con el consorcio Helios, contratante del Estado, así como las acusaciones del congresista opositor Víctor Andrés García Belaúnde de una campaña de desprestigio a su labor, por uno de los asesores de Cornejo, le costó su puesto.

Más allá de los hechos, los cambios demuestran la débil capacidad del presidente para mantener a la presidenta de su partido y primera dama fuera de las instancias de decisión ejecutiva, lo que tensiona la relación con los miembros de su partido en el Legislativo y con la oposición misma. De otro lado, la cercanía del empresariado con la elite política a través de parentescos o relaciones laborales pone en entredicho la separación de intereses que debe tenerse entre estos dos actores políticos y genera desconfianza entre los ciudadanos y otros sectores empresariales. Además, la inestabilidad cuestiona la capacidad del presidente para mantener cohesionado a su propio partido y esa debilidad repercute en la sociedad.

A ese difícil contexto político-institucional se sumaron las elecciones regionales de octubre, que evidenciaron la ya constante situación de fragilidad y volatilidad del sistema de partidos peruano. Participaron en la contienda regional para elegir a los 25 presidentes regionales, 195 alcaldes provinciales y 1643 alcaldes distritales, 17 partidos de carácter nacional y 159 movimientos regionales. El partido de gobierno decidió no presentar ningún candidato a estas elecciones, decisión con graves consecuencias para la gobernabilidad, en la medida que el gobierno no puede contar con aliados estratégicos a nivel territorial y debilita con ello su presencia local. Así, la fuerza de partidos y movimientos regionales visibilizó la posibilidad de estos de trabajar en coalición con los partidos nacionales, a través de 163 listas que incluyeron seis alianzas. Sin embargo, este hecho, al mismo tiempo, aumenta la incapacidad del sistema para crear partidos estables, con fuertes raíces con la sociedad y de carácter nacional. Consecuencia de esto son los resultados regionales en los que solo dos presidentes electos son adscritos a partidos nacionales, frente a trece electos por partidos regionales. Esa situación, que se repite a nivel municipal, demuestra que en Perú son más importantes los políticos que los partidos y programas de gobierno, y ello contribuye a la formación de fuertes personalismos políticos regionales.

Con el fin de superar esa fuerte distorsión, el Legislativo discutió una serie de reformas, entre las que se destaca frenar el transfuguismo político, la eliminación de la reelección inmediata de autoridades regionales y municipales, la posibilidad de restaurar la bicameralidad o la muerte civil para ciudadanos acusados de corrupción. Todas estas buscan debilitar a las fuerzas regionales y disciplinar lo poco que queda de los partidos políticos. Junto a estas iniciativas se destacan los más de mil proyectos de ley presentados en el Congreso, de los cuales 106 fueron respaldados por el Poder Ejecutivo para convertirse en ley de la República. De esta forma, el Legislativo fue opositor a iniciativas del Poder Ejecutivo, desnudando la debilidad del gobierno de Humala para mantener coaliciones permanentes con los partidos representados allí y erosionando no solo su popularidad sino los recursos políticos necesarios para mantener una mayor armonía, entendida como una mayor gobernabilidad.

Canal seguridad

En este canal, el proceso entre las situaciones territoriales nacional-local en el ámbito político, institucional y de orden social presentan problemáticas que terminan en un ruido que el gobernante parece no saber cómo atenuar. Una de las situaciones más preocupantes es el aumento de los casos de corrupción o de privilegios a congresistas o funcionarios de regímenes anteriores, ya no solo en el ámbito local, sino regional y nacional, dejando entrever una enorme y preocupante dislocación entre los entes de control encargados de estos temas, que parecen no reaccionar frente a las graves denuncias hechas por medios de comunicación regional, ejerciendo con ello un interesante ejercicio de accountability social.

Así, durante el año, los presidentes regionales de Cajamarca, Ancash y Pasco terminaron presos, el de Cusco en prisión suspendida y el Tumbes prófugo de la justicia, situación que se repite a nivel municipal con el caso del alcalde de Chiclayo y su novia. Una variable común a estos casos fue la acusación por lavado de activos, tráfico de influencias, acciones de sabotaje a la oposición regional e inclusive escuchas telefónicas ilegales. El caso de Ancash parecer ser un punto de inflexión respecto al deficiente control político e institucional nacional, el cual terminó en el asesinato del exconsejero Enrique Nolasco, que culminó con la exposición de la trama de sicariato y corrupción y el encarcelamiento del presidente César Álvarez. La corrupción que parece anquilosarse en el sistema político territorial peruano también llega a la prensa regional, objeto de amenazas y al Poder Judicial regional, que en algunos casos se ha hecho a un lado para que casos más álgidos pasen directamente a ser investigados por tribunales de la capital del país.

Por otro lado, se incrementó la percepción de inseguridad de los ciudadanos, pese al aumento del pie de fuerza y el nombramiento de un ministro del Interior con un pasado militar, como Daniel Urresti. Para hacer frente a ello, el Gobierno planteó la necesidad de replantear el enfoque de la política pública de seguridad, que se mejore la coordinación entre la ciudadanía, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial a nivel nacional. Con este tipo de políticas se busca no solo mejorar los indicadores de confianza en las instituciones, sino mejorar los vínculos de esta institución con la sociedad, debilitados y cuestionados por la corrupción y resultados poco eficientes.

Por último, las movilizaciones que pueden tener un carácter nacional, como fue el caso de la protesta de jóvenes contra la ley pulpin o la huelga de 150 días realizada por los médicos en el marco de discusión de la reforma de salud son menores si se compara con el elevado número de protestas medioambientales, que llegaron a ser más de 350 a lo largo del año. De acuerdo con el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de Perú, los conflictos por temas socioambientales fueron los más numerosos y en ellos la actividad minera fue la más involucrada en la conflictividad, con el 70,5#%, seguida por las actividades con hidrocarburos, con el 12,9#% del total.

Esas cifras evidencian que las movilizaciones locales toman fuerza y que los decisores políticos locales y nacionales, junto con las empresas internacionales y nacionales involucradas, deben escuchar con mayor atención las demandas y disponer de recursos para su solución, en un tema que parecen ser determinante en las próximas elecciones nacionales del 2016.

Finalmente, en el proceso de grabación, lograr un sonido armónico es posible si los canales logran un nivel de equilibrio en la forma en que son recogidas las voces y procesada la información en los canales por los gobernantes. Bajo esa premisa, podemos llegar a pensar que el sonido de la democracia en Perú puede, a través de la mejora de los canales, la construcción de vínculos estables, transparentes e institucionalizados que permitan un sonido de calidad, la de la democracia.