IDD-Lat 2015

	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2015
Baja-sube-mantiene Valor Posición	4,811 13º	5,986 3°	-0,913 13º	-1,613 16º	4,163 11º

·El Salvador es uno de los países que presenta en 2015 una tendencia levemente negativa, que interrumpe la tendencia de recuperación iniciada en el 2012, y que lo aleja todavía más de los mejores valores de la serie obtenidos en 2002 y 2003 (Gráfico 3.36). Ha empeorado su puntuación respecto al valor obtenido en el año anterior en más de un 13#%. Este descenso le reporta un peor lugar en el ranking regional donde se ubica en el 11° lugar, bajando cuatro posiciones con respecto al 2014. Sigue integrando el grupo de países con bajo desarrollo democrático, y se sitúa por debajo del promedio regional. Los resultados negativos obtenidos en esta edición se deben a peores comportamientos en casi todas las dimensiones, salvo la democracia económica. La caída más importante se verifica en la dimensión de la democracia social.

La única dimensión del desarrollo democrático donde el país supera el promedio regional, es la que corresponde a la democracia de las instituciones, con 5,986 puntos. En todas las otras, el país se encuentra por debajo. De la región América central, El Salvador, junto a República Dominicana, son los dos países que presentan un desarrollo democrático medio, mientras que Costa Rica y Panamá se caracterizan por alto desarrollo y el resto de los países se ubica dentro del conjunto de mínimo grado de desarrollo.

· La puntuación obtenida en la Dimensión I, que mide el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, cae casi un 5#% respecto de la medición anterior (Gráfico 3.37). El descenso es producto de peores resultados en los indicadores que miden Género en el gobierno y Condicionamiento de las libertades por la inseguridad. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores similares al año anterior. Este avance lo sitúa a El Salvador 3 lugares por debajo de donde estaba ubicado en el ranking regional en el 2014, ocupando ahora el 13º lugar.

Su puntuación no alcanza el promedio regional (5,551 puntos). En esta dimensión, integra el grupo de países con desarrollo democrático medio, por tercera vez desde el 2002, junto a otros tres países de América Central, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Sólo Costa Rica se destaca en lo alto de la tabla, mientras que el resto de los países que integra esta zona geográfica se caracteriza por bajo desarrollo democrático.

· En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, el país observa una caída, aunque todavía no cae por debajo del promedio regional, como sí le había sucedido en el período 2009-2011; aunque también se mantiene alejado del mejor valor de la serie, obtenido en 2003 (Gráfico 3.38). La puntuación de este año decreció en más del 14#% respecto del año anterior. El Salvador se ubica en el tercer lugar del ranking, sólo precedido por Uruguay y Costa Rica, aunque a gran distancia de esos países.

Los indicadores que muestran un signo positivo han sido los correspondientes a Percepción de la corrupción y Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo; mientras que Accountability, especialmente la política y la social, muestra un descenso, que explica en buena medida la caída general. El indicador de Desestabilización de la democracia sigue desde el 2013 en el mismo nivel. En esta dimensión, también, forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio junto a Panamá, Chile y Honduras. Con lo cual, más del 50#% de los países que conforman la región de América Central, reciben calificaciones de alto y medio desarrollo democrático.

· El comportamiento de los Indicadores de la dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar muestra en 2015 una nueva caída que acentúa la curva negativa iniciada tras el ciclo de dos años de mejora que había registrado en 2011 y 2012, donde El Salvador había alcanzado su mejor puntuación de toda la serie (Gráfico 3.39). El puntaje recibido muestra una pérdida de más del 25#% respecto del año anterior, lo que lo aleja aún más del promedio regional, aunque todavía muy lejos del peor valor de la serie, obtenido en 2002.

El descenso de este año se origina por retrocesos de los indicadores que evalúan la eficiencia en salud y en educación. Las variables que tienen un comportamiento positivo, son población bajo la línea de la pobreza y desempleo. Producto del descenso en esta dimensión, El Salvador empeora tres posiciones en el ranking regional con respecto al 2014. Forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio. De América Central, sólo Costa Rica se caracteriza como un país con alto desarrollo democrático en esta dimensión.

· En la Dimensión IV, luego de haber alcanzado en el 2014 el peor valor de la serie, El Salvador, mejora este año su puntuación en más del 10#%, con lo cual vuelve a obtener un valor parecido al que había recibido en el 2002 (Gráfico 3.40) y quiebra la tendencia negativa de los últimos cinco años. Los indicadores que dan cuenta de la capacidad de generar políticas que aseguren eficiencia económica han tenido, en general, un peor comportamiento en comparación con el año anterior, fundamentalmente las variables de endeudamiento, inversión y PIB per cápita. La única variable que muestra una tendencia positiva es brecha de ingreso.

Como resultado de su mejor puntuación, El Salvador recupera dos posiciones en el ranking regional, pasando al 16°lugar. Por supuesto que el valor obtenido continúa ubicando a este país muy lejos del promedio de la región y entre los países con mínimo desarrollo. De los países que completan América Central, sólo Panamá califica con alto desarrollo democrático, mientras que el resto se distribuye en los de medio y bajo desarrollo.

• El Salvador es uno de los países que presenta en 2015 una tendencia levemente negativa en el IDD-Lat. Ha empeorado su puntuación respecto al valor obtenido en el año anterior en más de un 13#%.
• Se ubica en el ranking regional en el 11° lugar.
• Sigue integrando el grupo de países con bajo desarrollo democrático
• Se sitúa por debajo del promedio regional.
• Baja en casi todas las dimensiones, salvo en democracia económica. La caída más importante se verifica en la dimensión democracia social.
• En democracia de los ciudadanos, la puntuación obtenida cae casi un 5#% respecto de la medición anterior. El descenso es producto de peores resultados en los indicadores que miden Género en el gobierno y Condicionamiento de las libertades por la inseguridad. El Salvador se ubica en el 13º lugar. Su puntuación no alcanza el promedio regional. Integra el grupo de países con desarrollo democrático medio.
• En democracia de las instituciones, aunque presenta una caída del 14#%, se ubica en el tercer lugar del ranking. Los indicadores que muestran un signo positivo han sido Percepción de la corrupción y Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo; mientras que Accountability, especialmente la política y la social, muestra un descenso. Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio.
• En democracia social, muestra una caída del 25#%. Se aleja del promedio regional. Retroceden los indicadores de eficiencia en salud y en educación. presentan un comportamiento positivo población bajo la línea de la pobreza y desempleo. Empeora tres posiciones en el ranking regional. Forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio.
• La dimensión económica, El Salvador, mejora su puntuación en más del 10#%. Los indicadores endeudamiento, inversión y PIB per cápita han perdido puntuación. La única variable que muestra una tendencia positiva es brecha de ingreso. El Salvador pasa al 16°lugar. Sigue debajo del promedio de la región y entre los países con mínimo desarrollo democrático.

Por Luisa Solano

El año 2014 fue relevante para el sistema electoral. Inició con la elección del nuevo presidente de la República y finalizó en medio de una fuerte precampaña electoral para la renovación del órgano legislativo y gobiernos locales. Otro factor determinante que marcó el desarrollo del año en análisis fueron las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, que alcanzaron no solo el plano político electoral sino también el económico. Finalmente, no puede pasarse por alto que todos los acontecimientos se vieron empañados por la dura situación de violencia que se recrudeció durante ese período y la difícil situación económica que no permite el despegue del país.

Democracia de los ciudadanos

Las elecciones presidenciales de 2014 son un caso interesante de análisis. En primer lugar porque en términos de participación electoral hubo un salto importante entre la primera y la segunda vuelta, algo que va en contra de toda teoría que afirma que en un segundo proceso electoral la población tiende a acudir en menor medida a ejercer el sufragio. En segundo lugar porque se confirma para El Salvador la existencia, en la práctica, de un bipartidismo dominado por la izquierda, representada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la derecha, personificada en la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Las encuestas previas al 2 de febrero de 2014 vaticinaban una ventaja del FMLN sobre ARENA pero que no era suficiente para definir las elecciones en un primer acto[1]. Efectivamente, el FMLN obtuvo el 48,93#% de los votos válidos y ARENA el 38,96#%, con una distancia entre ambos de 9,97 puntos porcentuales y se confirmó la necesidad de una segunda vuelta[2]. El 9 de marzo se llevaron a cabo los segundos comicios, en los que el FMLN se adjudicó su segundo período al frente del Gobierno. Sin embargo, los resultados lejos quedaron de mostrar una victoria arrolladora como pronosticaban los estudios de opinión[3]; más bien se reflejó una lucha cerrada entre las dos fuerzas mayoritarias. La diferencia pasó de 10 puntos a 0,22, que significaron 6634 votos. ARENA logró en un mes una captura de 441,859 votos y casi le arrebata la presidencia al FMLN. La participación electoral creció en 5,6 puntos. El 1 de junio asumió el nuevo presidente, Salvador Sánchez Cerén, en sucesión de su predecesor Mauricio Funes.

En esta elección se incorporaron dos nuevas dinámicas a los procesos electorales: el voto residencial en la totalidad del territorio y el voto desde el exterior. La primera de estas ya se había aplicado en 2012 al 48#% del electorado y, si bien no se ha comprobado que este elemento por sí solo incremente la participación electoral, sí facilita el ejercicio del sufragio. Para el voto desde el exterior se empadronaron 10.337 salvadoreños de un total posible de 252.239 ciudadanos. En la primera vuelta votó el 26,38#% y en la segunda el 26,18#% del registro electoral. Entre los factores que podrían explicar la baja participación se señalaron el doble trámite para ser parte del padrón, la poca campaña del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para motivar al votante y problemas logísticos con la entrega de paquetes electorales.

Siempre en el plano electoral, el 5 de noviembre de 2014, a cuatro meses de los comicios de 2015, la Sala de lo Constitucional (SCN) declaró inconstitucional la prohibición del voto cruzado y dio paso al uso de listas abiertas para la elección de diputados[4]. La sociedad civil celebró la medida porque depositaba en el votante plena libertad de escoger a sus candidatos y hacer prevalecer sus preferencias por sobre el orden partidario. A inicios de diciembre la Asamblea Legislativa evade su responsabilidad exclusiva y de carácter constitucional de legislar, basada en una interpretación errónea de la sentencia relacionada, y faculta al TSE a que determine las normas relacionadas con la implementación del voto cruzado[5]. Dicho decreto legislativo fue sancionado por el presidente en funciones, con un respaldo que denota un claro irrespeto a la Carta Magna[6]. Esta medida fue señalada duramente por organizaciones ciudadanas que exigían el respeto a la Constitución y al carácter libre e igualitario del sufragio. El 26 de diciembre el TSE, por unanimidad, acordó el sistema de conteo garantizando la unidad e igualdad del voto.

Paralelo a la situación descrita, la campaña para diputados y alcaldes arrancó extraoficialmente antes de tiempo. Numerosos anuncios publicitarios, cuñas radiales y spots televisivos invadieron a la ciudadanía desde el segundo semestre del año. La campaña para diputados arrancó legalmente el 31 de diciembre de 2014, la de concejos municipales lo haría un mes después. Al término del año la autoridad electoral había abierto de oficio 32 procesos sancionatorios contra seis partidos políticos por presunta campaña anticipada[7], pero no había emitido sanción alguna.

La creciente inseguridad vivida durante 2014 se convirtió en un factor determinante que no solo aumentó los índices delincuenciales sino que también conllevó una afectación del derecho a la vida, la integridad física, la propiedad privada y de libertades como la de circulación, expresión, contratación, etcétera. Casi el 70#% de la población percibió un incremento de la delincuencia respecto a 2013[8]. La llamada tregua entre pandillas decayó durante 2014 y desde enero hubo una tendencia a la alza de los homicidios. El promedio de asesinatos diarios pasó de 6,8 en 2013 a 10,7 en 2014; en total en el período estudiado, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se cometieron 3912 homicidios versus 2488 del año anterior, es decir, un crecimiento de 57#%. En cuanto a las extorsiones, datos de la PNC indican que en 2014 se recibieron 2438 denuncias, 271 menos que en 2013; sin embargo, no puede afirmarse que la reducción sea certera, ya que a estas cifras debe aplicarse el dato de subregistro por miedo a represalias. El delito de extorsión es, en palabras del vicepresidente «posiblemente el factor más desestabilizante»[9] para el sector productivo y por ende para la economía.

El 29 de septiembre de 2014 se dio vida, por medio de decreto ejecutivo, al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una de las principales iniciativas del Gobierno en esta materia. Se espera que en el seno de esta entidad se procure el diálogo y se logren acuerdos sostenibles.

Democracia de las instituciones

Durante 2014, el papel de los fallos promulgados por la SCN tuvo incidencia en el funcionamiento de las instituciones. La sentencia 43-2013[10] ordenó a la Asamblea Legislativa legislar sobre los procesos de democracia interna de los partidos políticos y sobre el financiamiento político. El primero hace referencia a establecer los elementos mínimos a cumplir para las elecciones internas; el segundo, al control y fiscalización del dinero en la política y el respeto al derecho de acceso a la información. Ambos lineamientos parten de una demanda ciudadana sobre los vacíos que contenía la Ley de Partidos Políticos (LPP) aprobada en febrero de 2013. La sentencia establecía que debía legislarse en un plazo de dos meses, el cual fue incumplido. A pesar de estar fuera de tiempo, el órgano legislativo aprobó reformas a la LPP no acordes con el fallo[11] y las mismas fueron sancionadas por el presidente de la República.

Las legislaturas 2009-2012 y 2012-2015 se caracterizaron por el abandono de diputados de los partidos políticos que les habían servido de vehículo para llegar al poder. Estas salidas de los legisladores[12] daban paso a una conformación de facto de una nueva fracción política con los mismos privilegios que gozaban antes de ese hecho. Respecto a este tema la sentencia 66-2013 del 1 de octubre de 2014 estableció que el transfuguismo puede representar un fraude al elector, ya que se irrespeta la voluntad del pueblo expresada en la configuración de la Asamblea Legislativa de acuerdo con la votación efectuada.

El TSE también se vio impactado por un fallo de la SCN. El 13 de junio de 2014 se publicó la sentencia 18-2014 en la que se prohibió la afiliación partidaria para el ejercicio de las magistraturas del TSE. La conformación de este históricamente se repartía por tres representantes de partidos políticos y dos representantes de la Corte Suprema de Justicia. El dictamen también trajo a la luz la discusión sobre la necesidad de separar las funciones administrativas y judiciales del TSE.

Un hecho importante fue el caso del expresidente Francisco Flores, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tres delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. El mandatario desapareció en febrero de 2014 y el 30 de abril la Fiscalía presentó el requerimiento de detención ante los tribunales de justicia. El 5 de septiembre el expresidente se entregó voluntariamente y se le decretó arresto domiciliario, el cual fue revocado decretando el traslado a bartolinas de la PNC. En noviembre, ante la revisión de medidas, Francisco Flores volvió a gozar del arresto en su residencia hasta que se resolviera el caso. Durante su estadía en las bartolinas el exjefe del Ejecutivo sufrió problemas de salud y estuvo recluido varios días en un hospital privado, uno de los principales argumentos al momento de solicitar su traslado nuevamente a su casa.

En cuanto al índice de libertad de prensa[13], El Salvador ocupó en 2014 el puesto 80 de 197 países con un estatus de parcialmente libre; en 2013 se adjudicó la posición 84 con el mismo estado. Las iniciativas sobre la Ley de Radiodifusión Comunitaria y el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Públicos, presentados en 2013, al final del año continuaban en discusión en la Asamblea Legislativa.

Democracia social

El abordaje de la problemática social se vio marcado por la aprobación, el 3 de abril de 2014, de la Ley de Desarrollo y Protección Social. La normativa fue presentada por la administración del presidente Funes con el fin de «establecer el marco legal para el desarrollo humano, protección e inclusión social, que promueva, proteja y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas»[14]. El compromiso de su implementación también ha sido asumido por el presidente Sánchez Cerén. Dicha ley fue señalada por varios sectores respecto a las fuentes de financiamiento y la sostenibilidad de los programas que engloba; asimismo, representa un reto en función de establecer una organización y coordinación interinstitucional que sea efectiva para los propósitos de reducción de pobreza.

Algunas variables sociales son descritas por la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2013, presentada en junio de 2014. De acuerdo con esta medición, un 29,6#% de los hogares viven en condición de pobreza[15]. En términos del nivel educativo, la escolaridad promedio de los salvadoreños sigue siendo baja y se ubica en 6,6 años aprobados, con una inversión en esta rama de apenas el 3,5#% del producto interno bruto para 2014. Siempre con base en la EHPM, el desempleo de la población en edad de trabajar se situó en 5,9#% a nivel nacional; sin embargo, a nivel urbano el subempleo alcanzó el 27,7#%[16].

Democracia económica

El bajo crecimiento económico sigue siendo uno de los principales problemas de El Salvador. En 2014 el Banco Central de Reserva reportaba un crecimiento anual del 2#%, muy por debajo del promedio centroamericano, que alcanzó el 3,5#%; esta variable no ha logrado despegar desde la crisis internacional. Por otro lado, las finanzas públicas continúan presentando un deterioro constante y la deuda sigue subiendo -en 2014 representó el 60,3#% del PIB-, a pesar de importantes reformas tributarias decretadas en los últimos años. Específicamente en el período anterior se aprobó un impuesto a las transacciones financieras, una retención mínima con fines de control de liquidez, el pago mínimo de renta del 1#% sobre activos netos para las personas jurídicas y la eliminación de la exención de la renta en la Ley de Imprenta y Ley del Libro. Estos aspectos por primera vez no tuvieron el impacto esperado en la recaudación tributaria. Las remesas familiares siguen siendo un pilar importante de la economía salvadoreña y son el único elemento que mantiene su trayectoria positiva. Este flujo tuvo un incremento del 6,7#% respecto a 2013 y el año pasado totalizaron USD 4217,2 millones.

Finalmente el 23 de diciembre la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el uso de la tasa Libor para determinar la rentabilidad de los fondos de pensiones que se invierten en certificados de inversión previsionales, por la vulneración a la seguridad jurídica en relación con la seguridad social. La medida tendrá un impacto importante en las finanzas públicas.