IDD-Lat 2015

	Dimensión I	Dimensión II	Dimensión III	Dimensión IV	IDD-Lat 2015
Baja-sube-mantiene Valor Posición	6,896 4º	3,282 12°	1,449 3º	0,081 10º	5,893 6º

·Argentina presenta, en su medición del período 2002-2015, una tendencia, con marcadas oscilaciones, que evidencian cierta inestabilidad (Gráfico 3.1), siempre en valores cercanos a los 5,000 puntos, con las excepciones de los años 2007 y 2014, donde logra superar los 6,000 puntos y de los años post crisis 2001, donde desciende, colocándose en la franja de los 3,000. A partir del 2004 comienza su curva ascendente, con un pequeño retroceso en los años 2008, 2010 y 2011. A partir del 2011, muestra un camino de avances y retrocesos, en el cual el 2015 es un paso hacia atrás. Recordemos que el año anterior Argentina había logrado la mejor puntuación de su serie histórica. Este descenso representa un 11#% menos que el valor obtenido el año anterior. A pesar de ello, logra mantenerse por encima del promedio de la Región, aunque pierde el liderazgo entre los países de desarrollo democrático medio, que en el IDD-Lat lo detenta Perú.

Argentina en el 2015 presenta incrementos en las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y de las instituciones, aunque debemos remarcar que son leves, lo que no le modifica su grado de desarrollo democrático. En el resto de las dimensiones se observa caídas de sus puntuaciones, más fuertemente en la dimensión económica. En el 2015 Argentina ha perdido un rasgo que la había caracterizado, que era la continuidad de un excelente rendimiento en la dimensión social. La constante que mantiene es su rendimiento en la dimensión económica, que sigue siendo mediocre, pese a que el país cuenta con una de las más modernas estructuras económicas de la región, y en esta oportunidad su deterioro la envía a la décima posición del ranking regional

En términos generales, logra ubicarse en el 6º lugar del ranking de los 18 países latinoamericanos, es decir desciende dos posiciones con respecto al 2014; alejándose aún más de las mejores puntuaciones, que fueron las recibidas por Uruguay y Costa Rica.

·Los indicadores que conforman la dimensiónDerechos Políticos y Libertades Civiles muestran un ascenso en el promedio con un resultado superior al logrado el año anterior, lo que produce una suba de la puntuación del 5#% en esta dimensión del desarrollo democrático. Argentina sigue ocupando el cuarto lugar del ranking y continúa en un nivel por encima del promedio regional (Gráfico 3.2), acercándose al nivel logrado en el año 2009, cuando alcanzó el mejor valor de su serie. La peor puntuación de Argentina en esta dimensión fue la obtenida en el 2005 con 4,712 puntos y la mejor, como dijimos anteriormente, es la del 2009 con 7,273 puntos. Lidera el grupo de países con desarrollo democrático medio.

El comportamiento de los indicadores no ha sido mejor que en el 2014, a pesar que Argentina presenta un crecimiento en su puntaje general; los resultados en algunas variables se encuentran amesetados, y en otros muestran algún retroceso. Este conjunto es lo que explica la situación de inmovilidad por la cual Argentina no ha, prácticamente, modificado su valor con respecto al 2011.

·En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Argentina sigue perteneciendo al conjunto de países con bajo desarrollo democrático, a pesar de presentar un crecimiento del 4#% (Gráfico 3.3). Pierde una posición con respecto al año anterior en el ranking regional, ocupando el 12° lugar. Si observamos el comportamiento de este país, a lo largo de la serie, podemos notar que ha oscilado entre los 1,700 y los 4,700 puntos, es decir nunca ha logrado ni situarse por encima del promedio regional, ni pertenecer al grupo de países con alto o desarrollo democrático medio. Su promedio es de 2,873 puntos, valor que la califica como de mínimo desarrollo democrático en democracia de las instituciones. El leve avance obedece a mejores resultados en los indicadores de Percepción de la Corrupción, Accountability y el de desestabilización de la democracia, aunque debemos remarcar que sus avances no le representan mejoras importantes. La variable Partidos Políticos en el Poder Legislativo presenta un retroceso, y allí Argentina obtiene la peor puntuación entre los 18 países de la región.

Esta dimensión es la que evidencia la mayor falencia estructural de la democracia argentina.

·En la Dimensión Democracia Social, la Argentina no logra mantener mantiene su curva de crecimiento, que se había producido desde el 2010 (Gráfico 3.4), y por ello pierde el liderazgo en esta dimensión, a pesar que algunas de las variables tuvieron un comportamiento positivo. Los indicadores que muestran una mejor tendencia son los que miden el Gasto en educación y en salud, los de eficiencia en educación (Matriculación secundaria y Tasa de egreso ensecundaria) y el de la población bajo la línea de la pobreza. Se presenta un leve deterioro en el que presenta los resultados de desempleo urbano.

La peor puntuación de Argentina en esta dimensión fue la obtenida en el 2005 con 0,515 puntos y la mejor es, como dijimos anteriormente la de 2014 con 2,650 puntos. Argentina en esta dimensión califica como un país de alto desarrollo democrático y se posiciona en el tercer lugar, perdiendo dos ubicaciones con respecto al 2014, superada por Chile y Costa Rica.

·En la Dimensión Democracia Económica, el valor obtenido ha sido peor que el del 2014 (Gráfico 3.5), por el comportamiento de los indicadores Libertad económica, PIB per Cápita y endeudamiento. Las únicas variables que presentan un avance son Brecha de Ingreso y Endeudamiento. El puntaje obtenido le permite superar el promedio regional,y calificar como un país de desarrollo democrático medio. Del séptimo lugar que ocupaba Argentina en el ranking regional de 2013, en el 2014 pasa al sexto y en el IDD-Lat 2015 llega a la décima posición. La peor puntuación de Argentina en esta dimensión fue la obtenida en el 2004 con -0,433 puntos y la mejor es la del 2002 con 1,246 puntos. De los países que integran la región del Cono Sur, sólo Uruguay resalta con una puntuación de alto desarrollo democrático, mientras que el resto califica con valores que corresponden a desarrollo democrático medio. Argentina siempre ha logrado obtener puntuaciones que superaron el valor del promedio regional, salvo en los años post crisis 2001, que dejó sus secuelas en todos los aspectos que engloba el desarrollo democrático.

• Presenta un descenso del 11#% con respecto al valor obtenido el año anterior, que había sido el mejor desde el 2002 a la fecha.
• Sigue formando parte del grupo de países con desarrollo democrático medio,categoría en la cual ha estado situada desde el inicio de la medición del IDD-Lat
• Se ubica en la sexta posición.
• Signos positivos en las dimensiones I y II, caídas en las dimensiones III y más fuertemente en la IV.
• En democracia de los ciudadanos continúa en un nivel por encima del promedio regional, y su puntuación le permite liderar el grupo de países con desarrollo democrático medio.
• En democracia de las instituciones sigue perteneciendo al conjunto de países con bajo desarrollo democrático. Nunca ha logrado ni situarse por encima del promedio regional, ni pertenecer al grupo de países con alto o desarrollo democrático medio.
• En el indicador Partidos Políticos en el Poder Legislativo presenta un retroceso, y allí Argentina obtiene la peor puntuación entre los 18 países de la región.
• En democracia social pierde el liderazgo, aunque es un país de alto desarrollo democrático en esta dimensión. Se ubica en el 3° lugar.

Por Alejandra Gallo

La economía y los temas judiciales fueron durante 2014 los protagonistas de la agenda política y social de los argentinos. La Argentina pasó a integrar el club de los tres países con más alta inflación en el mundo, de acuerdo con las Perspectivas económicas internacionales del Fondo Monetario Internacional, luego de Venezuela y Sudán. Además, su vicepresidente en ejercicio Amado Boudou se convirtió en el único caso en la historia universal de un funcionario de esta jerarquía en ejercicio procesado por corrupción por la justicia.

Ni bien debutó el año 2014 se produjo, en enero, una devaluación del peso que el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner le atribuyó a operaciones del mercado pero que, en realidad, le sirvió a las cuentas fiscales para tomar un poco de aire en un momento en que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue (o paralelo) comenzaba a dispararse. También la suba de los precios, en especial de los alimentos, se hacía sentir por entonces con mucha fuerza. Junto con la devaluación, el Gobierno lanzó el programa Precios Cuidados para contener la inflación. Inicialmente apuntó a un conjunto de doscientos productos, cuyos precios se consensuaron entre el Gobierno y las empresas para aliviar los aumentos en la canasta alimenticia, y su ámbito se limitó a la capital federal y al gran Buenos Aires. Gradualmente se fue extendiendo a todo el país y ampliando la lista de productos e incrementos autorizados. El programa recibió críticas y una de las principales tenía que ver con la dificultad para encontrar estos productos en las góndolas.

En paralelo, siempre con el objetivo de contener la suba de precios, el equipo económico timoneado por el ministro Axel Kicillof anunció una nueva metodología del cálculo del índice de precios al consumidor (IPC), que pasó a denominarse IPCnu, con el objetivo de recuperar la credibilidad en las estadísticas oficiales. A pesar de eso, este nuevo índice no logró ser confiable y continuó la brecha entre las mediciones oficiales y las de las consultoras privadas en torno a la inflación.

De hecho, si algo caracterizó al 2014 fue el haber sido el año de mayor inflación en los últimos doce de gobiernos kirchneristas; incluso en la estimación del propio INDEC fue la más elevada de la última década. El propio INDEC calculó para todo el año un incremento en los precios (en su nuevo índice) de 23,9#%. Para las consultoras privadas, en cambio, la suba anual fue, en promedio, de 38,53#%. Esta situación provocó una caída en el nivel de actividad económica; por ejemplo, la industria registró en 2014 su tercera baja anual consecutiva de acuerdo con las mediciones de la consultora Abeceb, y que destacó al rubro automotriz como el más afectado, con un derrumbe del 22#%, que arrastró en consecuencia a otros rubros muy vinculados a esta industria como los del caucho y del plástico.

Sin duda la consecuencia más importante de la alta inflación fue el impacto salarial y social. Por primera vez las negociaciones paritarias (acuerdos salariales anuales) no lograron frenar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Entre los trabajadores formales dicha pérdida fue de entre 8#% y 12#%, de acuerdo con los cálculos de la Secretaría de Acción Social de la Conferedación General del Trabajo (CGT) conducida por Hugo Moyano y del Observatorio Social de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce Pablo Micheli.

Luego de una década en la que los temas internacionales no estuvieron prácticamente en la agenda doméstica, este año irrumpieron otros temas económicos cuyas implicancias trascenderán al gobierno de Cristina Kirchner. En menos de un mes se anunció un acuerdo para pagarle al Club de París y, al mismo tiempo, se decidió entrar en default técnico con los bonistas estadounidenses. En cuanto al Club de París, el ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de una maratónica sesión de veinte horas de negociaciones, acordó pagar USD 9700 millones en cinco años; de estos, solo dos pagos deberá hacer el gobierno actual: uno por USD 650 millones en 2014 y otro de USD 500 millones en mayo de 2015; el resto quedará en la cuenta del próximo presidente.

Esta negociación pareció reencauzar la inserción de la Argentina en los mercados internacionales. Sin embargo, en el mismo mes de junio, un fallo adverso del juez estadounidense Thomas Griesa colocó al país, de hecho, en un default técnico. Este fallo pareció haber sorprendido a las autoridades nacionales, a pesar de que sus equipos técnicos venían discutiendo durante más de un año y medio esa instancia judicial que no tuvo pasos previos favorables a la posición argentina.

Para evitar el default pleno, el Gobierno transfirió USD 1000 millones en concepto de pago de capital e intereses a los bonistas neoyorkinos y, al mismo tiempo, aceleró la aprobación (que finalmente obtuvo con los holgados votos del oficialismo) de una nueva ley de canje que deja pendientes todos los pagos bajo jurisdicción argentina. Este es otro de los puntos en la carpeta de asuntos pendientes que deberá resolver el próximo gobierno. Todo esto produjo un duro debate interno entre los economistas del Gobierno y esas tensiones derivaron en la renuncia del titular del Banco Central (BCRA) Juan Carlos Fábrega, a quien la propia presidenta en un acto político en la Bolsa de Comercio señaló como responsable de haber filtrado información interna de la negociación a los bancos que operan en la plaza local y que habían ofrecido mediar para evitar el default. Finalmente en el BCRA asumió Alejandro Vanoli, de quien se presume que es más permeable a los intereses políticos de la Casa Rosada.

Como si los sobresaltos económicos de 2014 hubieran sido escasos, algunos hechos tuvieron consecuencias nacionales e internacionales en el ámbito judicial. El vicepresidente Amado Boudou pretendió quedarse con la empresa que fabrica los billetes de papel moneda y las boletas electorales en el país, y se convirtió en el primer funcionario en ese cargo en ser procesado por la justicia.

El 28 de junio el juez federal Ariel Lijo procesó a Boudou por los delitos de cohecho pasivo y por haber realizado negociaciones incompatibles con su rol de funcionario al haber favorecido a la empresa The Old Fund (vinculada con testaferros del vicepresidente) para cobrar siete millones de pesos por refinanciar la deuda de la provincia de Formosa, todo esto mientras el actual vicepresidente era ministro de Economía. De acuerdo con la sentencia, la misma empresa (The Old Fund) fue utilizada para apropiarse de la compañía Ciccone Cartográfica, que imprime los billetes de circulación en la Argentina y las boletas electorales. De acuerdo con la sentencia, Boudou habría aceptado una coima por el 70#% de las acciones de la imprenta Ciccone. El juez Lijo también dejó procesados a los empresarios que ofrecieron ese pago, Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, y a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, y Alejandro Vendenbroele, contador y testaferro del vicepresidente. Cabe aclarar que los fueros del vicepresidente impiden arrestarlo pero no procesarlo y, aunque la oposición exigió su renuncia, la presidenta lo mantuvo en su cargo y, en consecuencia, continúa presidiendo, por ejemplo, las sesiones en la Cámara de Senadores y reemplazando a la presidenta en funciones protocolares tales como viajes o actos políticos.

Esta decisión judicial golpeó de lleno en el seno del Gobierno, ya que la propia presidenta había elegido a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de 2001, en soledad y desoyendo advertencias de su entorno más cercano sobre el pasado dudoso de este.

Hacia el final del año ocurrieron otros dos hechos relevantes ordenados por la propia presidenta. El Congreso aprobó un nuevo Código Civil con el solo el apoyo del oficialismo y la oposición ya señaló que, de convertirse en gobierno, lo dejará sin efecto porque prácticamente se votó sin debate parlamentario. Finalmente, una semana antes de las fiestas navideñas, de modo sorpresivo la presidenta descabezó la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, ex SIDE. Reemplazó a Héctor Icazuriaga, histórico hombre de confianza del matrimonio Kirchner, y a su segundo Francisco Larcher por Oscar Parrilli, hasta entonces secretario de la Presidencia, cargo que quedó en manos del senador Aníbal Fernández.

La decisión de la presidenta Cristina Kirchner fue leída políticamente como una contraofensiva por los avances que lograron denuncias judiciales que hacía tiempo recaían contra el Gobierno pero que recién este año se motorizaron gracias a escuchas telefónicas que comprobaron las sospechas originales. Eso ocurrió con el procesamiento del vicepresidente Boudou pero existen otras investigaciones que preocuparían aún más a la presidenta porque recaen sobre el supuesto manejo irregular de fondos por uno de sus hijos, Máximo Kirchner.