IDD-Lat 2014

Venezuela, que había iniciado un proceso leve de mejora en el IDD-Lat desde el año 2007, tendencia quebrada a partir del 2010, presentó una mejora en el 2013, pero en esta edición vuelve a presentar un retroceso del orden del 11%, y aunque sube cuatro posiciones en el ranking regional, pasando del 18° lugar al 14°, no significa que presenta un mejor nivel de desarrollo democrático, sino que esa suba de posiciones no es consecuencia de méritos propios, sino de importantes retrocesos por parte de otros países de la región, República Dominicana, Honduras y Nicaragua. El país no ha logrado superar, en toda la serie, los 4,000 puntos y este año no alcanza, nuevamente, a llegar a los 3,000 puntos (Gráfico 3.86). El retroceso en el puntaje es motorizado por los descensos en la dimensión social y más fuertemente por su caída en la %u201Cdemocracia de los ciudadanos%u201D, que no son compensados por sus avances en la dimensión económica y en la %u201Cdemocracia de las instituciones%u201D. Continúa perteneciendo al grupo de países con mínimo desarrollo democrático, lugar de dónde sólo ha podido salir en tres ocasiones, en los años 2008, 2009 y 2010. En esta edición Venezuela es acompañada en el grupo de países con mínimo desarrollo democrático por Nicaragua, Guatemala, Honduras y República Dominicana. De la Región Andina, es la única que recibe esta calificación, el resto de los países se distribuyen entre quienes son valorados con bajo desarrollo democrático, Colombia y Bolivia; y desarrollo democrático medio, Ecuador y Perú.

En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, la democracia de los ciudadanos, el índice resulta más bajo que el del año anterior en más del 27%, por el peor comportamiento que tuvo el indicador de Condicionamiento de las libertades por inseguridad y por las bajas puntuaciones logradas en los Índices de Percepción de Respeto de las Libertades Civiles e Índice de Percepción de Respeto de los Derechos Políticos, que son las peores de la región. Las variables de Voto de Adhesión política y de Género muestran pequeños avances, aunque no logran compensar ni el retroceso de las otras variables, ni el avance de otros países que hacen que la caída de Venezuela sea más manifiesta (Gráfico 3.87). En esta dimensión no logra alcanzar el promedio regional, objetivo que nunca fue alcanzado por este país. Venezuela por lo tanto integra en esta dimensión el grupo de bajo desarrollo democrático junto a México. De América Andina, sólo Colombia presenta una peor valoración, ya que recibe el grado de mínimo desarrollo democrático. El resto de los países que integran esta zona geográfica reciben la calificación de desarrollo democrático medio.

La Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política tiene un comportamiento nuevamente positivo, del orden del 24% (Gráfico 3.88), lo que no significa que Venezuela se destaque por sus logros en esta dimensión entre los países de la región. Este avance, que lo lleva a los 1,942 puntos, no le representa ningún cambio, ni en la ubicación del ranking regional, donde sigue ocupando el último lugar, ni en el grado de desarrollo que presenta, que es de mínimo desarrollo democrático, lugar de donde salió en los años del 2006 al 2010. Los indicadores que presentan una mejor puntuación son Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y Accountability, aunque los valores obtenidos continúan siendo bajos. Este año Venezuela es castigada con el Factor de Anormalidad Democrática por la crisis de gobierno que vivió durante el 2013, cuestión que le ha quitado posibilidades de avance. Por otro lado los indicadores de Percepción de la Corrupción y de Desestabilización presentan puntajes que se sitúan entre los más bajos de la región.

La Dimensión social presenta una leve caída del 3% con respecto al año anterior (Gráfico 3.89), debido a la puntuación obtenida en los indicadores que miden el desempeño en educación, desempleo y población bajo la línea de la pobreza. Presentan incrementos las puntuaciones de los indicadores que evalúan el Sub índice de salud. A pesar de este leve descenso, Venezuela gana un lugar en el ranking regional con respecto al 2013, ubicándose en el 12º lugar. Continúa, como en toda la serie, por debajo del promedio regional. Venezuela en esta dimensión nunca ha logrado salir del grupo de países con bajo desarrollo democrático, y en esta ocasión es acompañada por Bolivia, El Salvador, Honduras, Colombia y Paraguay, es decir por dos países integrantes de su misma zona geográfica, América Andina. Los restantes dos países que forman parte de su región presentan alto desarrollo democrático, en el caso de Perú, y de desarrollo democrático medio en el caso de Ecuador.

En la Dimensión Económica, tras alcanzar un pico en 2009 y su pronunciada caída en el período 2010-2013, Venezuela logra avanzar respecto de la medición anterior (Gráfico 3.90). Es el área del desarrollo democrático en la que mejores resultados obtiene, al lograr mantenerse por encima del promedio regional. En esta edición, el avance se explica por los mejores desempeños registrados en los indicadores Libertad Económica, Endeudamiento e Inversión. Retroceden las variables de PIB per cápita y registra una preocupante caída en Brecha de Ingreso. Venezuela ocupa el 8º lugar, ganando una posición con respecto a su ubicación en el ranking regional de 2013. A lo largo de la serie, Venezuela ha pasado a formar parte del grupo de países con alto desarrollo democrático sólo en dos ocasiones (2009 y 2010), con desarrollo democrático medio en siete años, entre ellos este 2014 y con bajo desarrollo democrático en el 2002, 2004, 2005 y 2006. Esto demuestra su comportamiento errático en esta dimensión, aunque es de destacar que es la única dimensión donde Venezuela logra instalarse en una posición intermedia. En el grado de desarrollo democrático medio es acompañada por dos países de América Andina, Colombia y Ecuador, mientras que Perú presenta alto desarrollo democrático y Bolivia desarrollo mínimo.

Informe Venezuela

Miguel Ángel Martínez Meucci

El año 2013 se inició en medio de una gran incertidumbre política y social, dada la ausencia de información oportuna y veraz respecto a la salud del presidente Hugo Chávez, enfermo de cáncer y convaleciente luego de haber sido operado nuevamente en Cuba. Recién electo -por cuarta ocasión consecutiva- en los comicios del 7 de octubre de 2012, al presidente se le había visto públicamente por última vez en el principal canal de TV del Estado, el 8 de diciembre de ese mismo año, cuando señaló que, si algo le pasaba a él, debía sucederle al frente del gobierno, el para entonces vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro. Un mes después la expectativa era máxima, porque para el 10 de enero estaba previsto el acto de juramentación en la Asamblea Nacional (AN) del presidente reelecto, mientras que en las calles había rumores de que ya había fallecido o de que se encontraba en muerte cerebral desde diciembre.

Un día antes de dicho acto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que la juramentación del presidente reelecto podría efectuarse ante dicho organismo y luego del 10 de enero, en virtud del %u201Cprincipio de la continuidad administrativa%u201D y ante los %u201Cmotivos sobrevenidos%u201D. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que articula desde 2009 a la gran mayoría de las fuerzas de oposición, había venido demandando que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asumiera las funciones de presidente encargado, según indica el artículo 233 de la Constitución -que regula la falta absoluta del presidente-, pero ello nunca ocurrió. En la opinión pública se barajaba fuertemente la idea de que Maduro y Cabello representaban dos alas distintas del chavismo, una vinculada a La Habana y la otra sustentada en el estamento militar.

El 18 de febrero se notificó que el presidente Chávez había sido transportado de vuelta a Caracas. No se conocieron imágenes de su llegada. El 5 de marzo, en cadena nacional de radio y TV, el vicepresidente Nicolás Maduro informó oficialmente del fallecimiento de Hugo Chávez, que habría sucedido en Caracas esa misma tarde. Se decretaron once días de duelo nacional, y el 8 de marzo comenzaron los actos del apoteósico funeral de Estado.

A tal altura, la polémica giraba en torno al artículo 229 de la Constitución, según el cual el vicepresidente en funciones no puede ser elegido presidente. El 8 de marzo, la Sala Constitucional del TSJ sentenció que %u201Cocurrido el supuesto de hecho de la muerte del presidente de la República en funciones, el vicepresidente ejecutivo [Nicolás Maduro] deviene presidente encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior%u201D, con lo cual el CNE podía %u201Cadmitir la postulación del presidente encargado para participar en el proceso para elegir al presidente de la República por no estar comprendido en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 229 constitucional%u201D. Al día siguiente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones presidenciales para el 14 de abril -la Constitución contempla en el artículo 233 que sea en los 30 días siguientes de registrarse la falta absoluta del presidente.

La campaña tendría una duración oficial de 10 días y, en el caso del chavismo, giró totalmente en torno a la figura de su líder, intentándose %u201Ctrasvasar su carisma%u201D a Maduro, tarea que en la práctica se reveló sumamente complicada. Diversos hechos desafortunados hicieron perder muchos puntos al candidato-presidente encargado, en una elección en la que -se suponía- el chavismo partía con más de un millón de votos de ventaja. La MUD presentó nuevamente como candidato a Henrique Capriles, fogueado ya a lo largo de un año de campañas electorales. Capriles cambió esta vez el tono conciliador empleado en su campaña del 7 de octubre 2012 contra Chávez, por otro mucho más confrontador, centrado en denunciar la incapacidad de %u201CNicolás%u201D para gobernar.

Contra todo pronóstico, las elecciones resultaron extremadamente reñidas. Cerca de la medianoche, el CNE proclamó ganador a Maduro con el 50,61% de los votos sobre el 49,12% de Capriles; la participación quedó oficialmente registrada en 79,69% del padrón electoral. De inmediato, Capriles denunció irregularidades y pidió recuento de votos, petición que Maduro aceptó esa noche, pero para la que luego se pusieron crecientes objeciones. Se generó así una crisis política que se saldaría con múltiples protestas, heridos y once muertos, a pesar de que la oposición desconvocó una multitudinaria marcha, inicialmente organizada para protestar por los resultados.

La crisis poselectoral ameritó un pronunciamiento de la Unasur, organización que, sin embargo, intentó manejarse de la forma más conservadora posible. En un principio, la Unasur apoyó la posibilidad de un recuento, solicitud que fue particularmente avalada por el rector del CNE Vicente Díaz, por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos y Paraguay y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Sin embargo, la auditoría demandada por la MUD se realizaría finalmente en unos términos que no fueron reconocidos como válidos por esta, que argumentaba la falta de independencia de poderes.

El 15 de abril, poco antes de que Maduro asumiera oficialmente su nuevo mandato -durante la fiesta patria del 19 de abril-, se concretó el cambio de dueños de Globovisión, el principal -y virtualmente único- canal de TV que aún mantenía una postura verdaderamente crítica hacia el gobierno nacional. La emisora había venido siendo objeto de sanciones económicas cada vez más onerosas, acusada constantemente de conspirar contra el gobierno. Con dicha compraventa se temió un cambio en la línea editorial, lo cual se verificó con el paso del tiempo. Sus principales periodistas fueron renunciando poco a poco.

El 30 de abril, en una sesión de la Asamblea Nacional, varios diputados protagonizaron una trifulca, de la cual varios de ellos resultaron heridos; trascendieron especialmente las lesiones recibidas por Julio Borges y María Corina Machado (MUD). La crispación política, el reducido margen de la victoria de Maduro, así como el visible y progresivo deterioro de la situación económica -vinculado este a la caída de la producción privada nacional, la creciente insostenibilidad de un cuantioso gasto público y la elevada inflación, pero atribuido por el gobierno a una %u201Cguerra económica%u201D-, parecieron llevar al nuevo presidente a buscar un acercamiento al empresariado. El 14 de mayo tuvo lugar una significativa reunión entre Maduro y Lorenzo Mendoza -principal propietario de Empresas Polar, el más grande comercializador de alimentos básicos en Venezuela-, que pareció ayudar a calmar el clima de crispación poselectoral.

El 11 de junio, el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100% de los votos emitidos, que ratificó la victoria de Maduro. La oposición seguía buscando apoyo internacional contra el alegado fraude, mientras que el gobierno exigía la aquiescencia de los países vecinos. En esta tónica, la visita de Capriles a Bogotá a finales de mayo ocasionó que Caracas declarara rotas las relaciones con Colombia, situación particularmente negativa para el comercio binacional y de potencial repercusión sobre el proceso de paz de ese país, en el que Venezuela era %u201Cpaís acompañante%u201D y en el marco del cual el gobierno de Santos y las FARC acababan de llegar a un acuerdo preliminar sobre el primero de cinco puntos de una agenda de negociaciones en La Habana. Santos visiblemente intentó recomponer la pragmática y cordial relación binacional que desde el inicio de su mandato había impulsado, lo cual finalmente se logró el 23 de julio, en una reunión de ambos presidentes en la ciudad venezolana de Puerto Ayacucho.

En el seno de la MUD se fraguaban diferencias respecto al modo de afrontar el supuesto fraude denunciado por Capriles: continuar con los reclamos o pasar página para enfocarse en las elecciones municipales a celebrarse a finales de 2013. En medio de esta diatriba, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y el ministro para la Información y Comunicación, Ernesto Villegas, publicaron -26 de junio- el audio de una conversación privada entre la diputada María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas -donde se ventilaban discrepancias internas en la MUD- como supuesta evidencia de los %u201Cplanes desestabilizadores de la derecha%u201D.

En junio también llegó a su apogeo el paro de las principales universidades públicas, cuyos profesores y estudiantes demandaban mejoras en salarios, becas y presupuestos. Mientras el gobierno quería firmar una contratación colectiva única, los gremios profesorales defendían las tradicionales normas de homologación. A finales de julio, la Fiscalía anunció diversas sanciones económicas contra periodistas y directores de los diarios El Nacional y Sexto Poder, denunciadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un ataque oficial a la libertad de expresión. Más adelante, el 16 de agosto, el periodista y ex diplomático Leopoldo Castillo comunicó el fin de su participación en Aló Ciudadano, tribuna periodística en TV, esencial para los opositores desde diciembre de 2002.

En sentencia del 7 de agosto, el TSJ declaró inadmisibles todas las impugnaciones de los resultados del 14 de abril. Un mes después (9 de septiembre), agotadas ya las instancias nacionales, la MUD presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impugnación de dichas elecciones, un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela de dicho organismo. Por su parte, el 16 de agosto Maduro requirió de la Asamblea Nacional una ley habilitante para gobernar por decreto en amplias materias, especialmente las económicas. Se trataba de la quinta ley habilitante que el chavismo solicitaba en 15 años (Chávez contó con cuatro). La medida fue ampliamente cuestionada por la MUD, que también denunciaría en octubre la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), organismo que facultaba al presidente Maduro para censurar cualquier información %u201Cde interés para el nivel estratégico para la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa%u201D.

La decisión de la Armada venezolana de detener, el 10 de octubre, un buque guyanés de exploración petrolera que se encontraba faenando en aguas de Venezuela, fletado por Anadarko Petroleum Corporation, pareció contravenir la amistosa política que desde 2004 el chavismo viene manteniendo con ese país, a pesar del importante e histórico diferendo limítrofe entre ambas naciones. El buque fue prontamente liberado por órdenes del presidente Maduro.

Para el mes de octubre era notoria la aceleración de la inflación -que, anualizada, alcanzaba el 54,3%- y de la escasez -22,4%, siempre según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)-. A las puertas de las elecciones municipales, la situación parecía incidir negativamente en la popularidad del presidente Maduro, quien entonces reiteró sus denuncias de %u201Cguerra económica%u201D y acusó a muchos comerciantes de especuladores; asimismo, les obligó a vender mercancía a precios muy inferiores a los del mercado. Su frase %u201Cque no quede nada en los anaqueles%u201D fue seguida de compras masivas -e incluso saqueos- en múltiples establecimientos del país, todo lo cual quebró la incipiente confianza que el gobierno había comenzado a fraguar con el sector industrial. Poco después, el 20 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la ley habilitante solicitada por Maduro en agosto.

Algunos sectores de la oposición comenzaron entonces una campaña de protestas en las redes sociales, bajo la etiqueta de #autoconvocados; sin embargo, tales iniciativas generaron poca adhesión y, en algunos casos, sus concentraciones públicas fueron reprimidas por la fuerza. Es importante señalar que el número de protestas ciudadanas, que ha venido creciendo sistemáticamente en Venezuela a lo largo de los últimos años, disminuyó un 20% en 2013 con respecto al 2012, pasando de 5483 a 4410, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Sin embargo, de acuerdo con esta ONG, los homicidios violentos ascendieron hasta los 24.763 -equivalente a 79/100.000 habitantes-, cifra que el Ministerio del Interior, Justicia y Paz negó rotundamente, señalando que, más bien, tales crímenes se habían reducido en un 17,3% con respecto al 2012, ubicándose así en 39/100.000.

El 8 de diciembre se realizaron las elecciones municipales, en las que debían elegirse 337 alcaldes. Planteadas como un virtual referéndum, el gobierno salvó el obstáculo, ya que su coalición del Gran Polo Patriótico obtuvo 48,68% de los votos y 240 alcaldías, mientras que la MUD logró 39,34% y al menos 75 alcaldías -muchas de ellas en las zonas más urbanas y pobladas, lo cual explica el mayor equilibrio en cuanto a porcentajes totales de votos-. La abstención superó ligeramente el 40%. Es importante destacar que, en esta ocasión, diversas fuerzas políticas del gobierno y de la oposición decidieron competir fuera de sus habituales coaliciones y lograron algunos cargos. Aunque la oposición avanzó de 56 a 75 alcaldías con respecto a 2009, los resultados de las elecciones presidenciales de abril 2013, así como la ausencia de Chávez y el deterioro de la economía, le habían llevado a esperar mejores resultados.

Luego de haber desarrollado un perfil muy confrontador durante la campaña, Maduro llamó a un diálogo con la oposición, en condiciones que, sin embargo, parecían ofrecer pocas oportunidades para un verdadero entendimiento. Las discrepancias dentro de la MUD con respecto a la actitud que debía asumirse frente a esta situación terminaron por acentuar algunas divisiones internas que, como se indicó previamente, se venían gestando desde hacía meses.

Presenta una caída en su registro del IDD-Lat de un 11%.

Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático por décima vez, sobre un total de trece ediciones.

Las dimensiones que presentan un mejor comportamiento con respecto al año anterior son la Dimensión II y la IV, mientras que descienden las I y la III

Democracia de los Ciudadanos. En la Dimensión Respeto de los derechos políticos y las libertades civiles Venezuela obtiene un puntaje inferior al del año anterior. En esta dimensión nunca superó el promedio regional. Pertenece al grupo de países con bajo desarrollo democrático. Presenta los valores más críticos de la región en las puntuaciones de los índices que miden derechos políticos y libertades civiles. El indicador de inseguridad también muestra un retroceso. Venezuela se ha convertido en el segundo país más violento del planeta, según la ONU. Alrededor de 25.000 homicidios en 2013.

El indicador que ha mostrado un avance es el que mide la participación ciudadana en las elecciones. En el 2013 se realizaron las elecciones generales y contra todo pronóstico, resultaron extremadamente reñidas. Cerca de la medianoche, el CNE proclamó ganador a Maduro con el 50,6% de los votos sobre el 49,1% de Capriles; la participación quedó oficialmente registrada en 79,7% del padrón electoral. De inmediato, Capriles denunció irregularidades y pidió recuento de votos, petición que Maduro aceptó esa noche, pero para la que luego se pusieron crecientes objeciones. Se generó así una crisis política que se saldaría con múltiples protestas, heridos y 11 muertos, a pesar de que la oposición desconvocó una multitudinaria marcha, inicialmente organizada para protestar por los resultados.

Democracia de las Instituciones. En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Venezuela presenta un mejor desempeño, lo que no significa que Venezuela se destaque por sus logros en esta dimensión entre los países de la región. Pese a su leve mejora, continúa ocupando el último lugar del ranking regional y presenta mínimo desarrollo democrático, por los retrocesos registrados en los indicadores de Percepción de la Corrupción y de Desestabilización, que presentan puntajes de los más bajos de la región Este año Venezuela es castigada con el Factor de Anormalidad Democrática por la crisis que vivió tras el proceso electoral de 2013, cuestión que le ha mermado posibilidades de avanzar.

Producido el deceso del presidente Chávez, comenzó la polémica en torno al Art. 229 de la Constitución, según el cual el vicepresidente en funciones no puede ser elegido Presidente. El 8 de marzo, la Sala Constitucional del TSJ sentenció que %u201Cocurrido el supuesto de hecho de la muerte del Presidente de la República en funciones, el Vicepresidente Ejecutivo [Nicolás Maduro] deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior%u201D, con lo cual el CNE podía %u201Cadmitir la postulación del Presidente Encargado para participar en el proceso para elegir al Presidente de la República por no estar comprendido en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 229 constitucional%u201D. Al día siguiente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó elecciones presidenciales para el 14 de abril -la Constitución contempla en el Art. 233 que sea en los 30 días siguientes de registrarse la falta absoluta del presidente.

Democracia Social. En la Dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren Bienestar presenta un peor desempeño con respecto al año anterior, debido a la puntuación obtenida en los indicadores que miden el desempeño en educación, desempleo y población bajo la línea de la pobreza. Presentan incrementos las puntuaciones de los indicadores que corresponden al Sub índice de salud. Siempre estuvo por debajo del promedio regional. Nunca ha logrado salir del grupo de países con bajo desarrollo democrático.

Apuntalado por el boom petrolero que se dio entre 2003 y 2008, unos ocho millones de pobres lograron levantar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida al descender la pobreza de 60,1% en 2003 a 31,8% en 2009; pero en los últimos años ese logro comenzó a desvanecerse debido al enfriamiento de la economía, el vertiginoso ascenso de la inflación, que diluye los salarios, la inestabilidad cambiaria y el deterioro de los servicios públicos que golpea con mayor inclemencia a los sectores más necesitados del país.

Pese a su caída en algunos indicadores sociales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reconoció los avances en la atención en salud y educación que ha brindado la Revolución Bolivariana a niños y adolescentes en Venezuela. Venezuela es uno de los cinco países de la región con las cifras más bajas de desnutrición infantil en menores de cinco años, según el segundo informe del país sobre el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Democracia Económica. En la Dimensión capacidad para generar políticas que aseguren Eficiencia Económica Venezuela es el área del desarrollo democrático en la que mejores resultados obtiene, al lograr mantenerse por encima del promedio regional. El avance se explica por los mejores desempeños registrados en los indicadores Libertad Económica, Endeudamiento e Inversión. Retroceden las variables de PIB per cápita y Brecha de Ingreso. Venezuela a lo largo de la serie ha pasado a formar parte del grupo de países con alto desarrollo democrático en dos ocasiones, con desarrollo democrático medio en siete, entre ellos el 2014 y con bajo desarrollo democrático en cuatro oportunidades. Esto demuestra su comportamiento errático en esta dimensión, aunque es de destacar que es la única dimensión donde Venezuela logra instalarse en una posición intermedia.

La actividad económica medida por el PIB, registra en 2013 una significativa desaceleración al pasar de un crecimiento de 5,6% en 2012 a un menguado 1%. Este comportamiento es totalmente atribuible a la política económica que ha seguido el gobierno y en ningún caso puede imputarse a factores externos, toda vez que los precios petroleros se han mantenido en niveles similares a los de 2012. En particular, en 2013 la menor actividad de la economía se explica por las restricciones de divisas al sector privado y además por un esquema de controles de precios y de cambios que han afectado los sectores más dinámicos de la economía, en particular la industria manufacturera. Ello se ha traducido en una declinación del ingreso por habitante y en una caída de las remuneraciones reales de los trabajadores, estimada en 12%.

1.Lograr mayor adhesión de la ciudadanía en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles

3.Incrementar la lucha contra la corrupción

4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

5.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa

6.Evitar caer en la formulación de medidas que amolden las instituciones a proyectos personalistas

7.Implementar políticas de empleo

8.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación

9.Profundizar la lucha contra la pobreza

10.Implementar medidas de desarrollo económico

11.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera

12.Generar clima favorable a las inversiones