IDD-Lat 2014

Desde que se calcula el Índice de Desarrollo Democrático, Uruguay siempre se ha ubicado en alguno de los tres primeros lugares, en lo alto del ordenamiento regional. Este año, repite, como el año anterior, el mejor puntaje de la medición del IDD-Lat, también logrado en el 2002, liderando el ranking regional (Gráfico 3.81). Uruguay es llevado al puntaje ideal de 10,000 puntos con el que se pondera al líder regional, seguido este año por Chile y Costa Rica. Su mantenimiento en el primer lugar del índice de este año, es producto de los incrementos de las puntuaciones de las dimensiones Respeto de las libertades civiles y derechos políticos, Calidad Institucional y Eficiencia Política y la dimensión que mide las variables económicas, que logran compensar la leve caída de la dimensión social. Uruguay es el país que lidera el IDD-Lat, que obviamente supera ampliamente el promedio regional y que integra el grupo de alto desarrollo democrático. De la zona de países de Países del Cono Sur es junto a Chile quien presenta este grado de desarrollo, en cuanto que Argentina se sitúa entre los países con desarrollo democrático medio, mientras que Brasil y Paraguay se ubican en el grupo de bajo desarrollo democrático.

La Dimensión I, Respeto de los Derechos Políticos y Civiles, la democracia de los ciudadanos, es liderada por Uruguay, que mejora tres ubicaciones con respecto al año anterior (Gráfico 3.82). Su comportamiento positivo es debido a un aumento del 6% en la dimensión, motorizado por incrementos del indicador de género, a pesar que esta variable continúa siendo una de las flaquezas de la democracia uruguaya. El resto de los indicadores se han mantenido en los valores alcanzados en años anteriores, con buenas puntuaciones y el único indicador que muestra un retroceso es que mide el condicionamiento de las libertades por inseguridad. Por otro lado ha favorecido a Uruguay el descenso de este año el valor promedio de la dimensión y que el resto de los países han mostrado retrocesos importantes, como los casos de Guatemala, Colombia y Venezuela. El valor obtenido en esta dimensión está muy por encima del promedio regional, por lo que Uruguay es el único país con alto desarrollo democrático en toda América Latina. El resto de los integrantes de Países del Cono Sur reciben la calificación de desarrollo democrático medio, como son los casos de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.

La Dimensión II, que mide la Calidad Institucional y la Eficiencia Política, tuvo un comportamiento también positivo, con un avance del orden del 6%, logrando su puntuación más alta en la serie (Gráfico 3.83). Se ubica, nuevamente, en el 1º lugar del ranking regional, por los avances en los indicadores de Accountability, Índice de Percepción de la corrupción, y el de Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo. El resto de los indicadores se mantuvo en valores similares al año anterior. Supera ampliamente el promedio regional y obtiene la calificación de país con alto desarrollo democrático en esta dimensión, y aquí nuevamente como en la dimensión de la democracia de los ciudadanos, es el único país en recibir esta valoración. El resto de los países de la región Países del Cono Sur se dividen entre quienes reciben el grado de desarrollo democrático medio, como el caso de Chile, de bajo desarrollo como son los casos de Argentina y Paraguay y de mínimo desarrollo democrático en el caso de Brasil.

El valor de la dimensión Social recibe una menor puntuación respecto de la obtenida el año anterior, que coloca a Uruguay en uno de los valores más bajos de la serie, junto a los del 2008 y 2009, en la serie de medición del IDD-Lat (Gráfico 3.84). Su peor desempeño lleva al país a la 7º ubicación del ranking regional latinoamericano, perdiendo cinco lugares con respecto al 2013. Su puntuación aún sigue estando por encima del promedio regional. Las variables que motorizan el descenso de la puntuación de la dimensión son Gasto Público en Salud, Matriculación secundaria, Desempleo urbano y Población bajo la línea de la Pobreza. Uruguay en esta dimensión recibe la calificación de desarrollo democrático medio junto a Brasil, Ecuador y México. El resto de los países integrantes de la región Cono Sur reciben la valoración de alto desarrollo democrático (Argentina y Chile) y de bajo desarrollo democrático en el caso de Paraguay.

Uruguay aumenta la puntuación de la dimensión económica en más del 9% (Gráfico 3.85), aunque este avance no le signifique obtener una mejor ubicación en el ranking regional, por el contrario pierde dos lugares con respecto al año anterior y termina posicionado en el 4° lugar, debido a que hubo países que tuvieron mayores avances, como son los casos de Chile y México. Consecuencia de la puntuación obtenida por Uruguay, es uno de los diez países de la región que supera el promedio de esta dimensión. El grado de desarrollo democrático que presenta Uruguay en esta dimensión es alto, junto a Chile, Perú y México. Si analizamos a los restantes países de la región Cono Sur, salvo Argentina que presenta una calificación de desarrollo democrático medio, el resto de los integrantes son valorados con bajo desarrollo democrático. Los indicadores que motorizaron el avance de Uruguay son PIB per cápita, Brecha de Ingreso e Inversión. Las variables que presentan un retroceso son Índice de Libertad Económica y Endeudamiento.

El año del Pepe

Federico Irazabal

Si a finales de 2013 el presidente José Pepe Mujica no ocupó la tapa de la clásica edición de Time donde se escoge a la personalidad más destacada del año, se debió en primera instancia a un tema de escala y, en segunda, a uno de oportunidad. La cuestión de escala está relacionada con la escasa relevancia que Uruguay posee en el concierto internacional, básicamente por tratarse de un país de poco más de tres millones de habitantes. La segunda causa de esa ausencia se debe a la irrupción inesperada del papa Francisco, quien tiene con el presidente uruguayo muchos puntos en común, y que explican la afirmación acerca del merecimiento de Mujica de ocupar un lugar en la prestigiosa tapa de la revista semanal norteamericana.

Tanto Mujica como Francisco llaman la atención por su forma de expresarse frontal, directa y sin ambages. Todo ello dentro de un tono coloquial y llano, accesible para todos los niveles de público. Ambos practican además una virtud poco común en los referentes políticos y sociales del mundo: la austeridad. Rechazan la vida de confort y hasta lujo propia de su investidura, y bregan por continuar manteniendo un estilo de vida similar al que poseían antes de comenzar en la función pública.

Quienes vivimos en Uruguay conocemos a ese Mujica frontal y austero desde hace más de veinte años. Si bien sus formas son exitosas, estas no explican por sí solas la popularidad del mandatario fuera de fronteras.

¿Qué fue lo que hizo que un presidente que encaraba su penúltimo año de gobierno tuviese tal explosión de popularidad a nivel internacional? El año 2013 marcó la consolidación de varias iniciativas impulsadas por la administración Mujica en diversos ámbitos, que ubicaron a Uruguay bajo los reflectores de la escena internacional.

Las dos M: matrimonio y marihuana

Desde comienzos del siglo XX, Uruguay ha estado a la vanguardia en lo que a legislación social se refiere. Fue uno de los primeros países donde se aprobaron leyes laborales flexibles, se habilitó el sufragio femenino y se llevaron adelante políticas sociales con un fuerte acento de inclusión.

Siguiendo en esa línea innovadora, fue uno de los primeros países en reconocer la unión civil de personas de un mismo sexo, e incluso dio un paso más aprobando en abril de 2013 la ley 19075, denominada Ley de Matrimonio Igualitario, en una clara señal de inclusión y no discriminación por sexo. El proceso de discusión del tema comenzó en 2009, cuando la entonces senadora del Frente Amplio Margarita Percovich anunció que, de ganar su partido las próximas elecciones, presentaría un proyecto de ley para reconocer las uniones matrimoniales sin distinción sexual. El proyecto se presentó en abril de 2011, con la firma del diputado Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular (sector del presidente Mujica), y contó con el respaldo inmediato de la bancada oficialista y de algunos dirigentes de la oposición, especialmente del Partido Colorado.

Tras el período de discusión en comisiones y en ambas Cámaras, se llegó a la última instancia de aprobación, en la Cámara de Representantes. Hubo unanimidad a favor en las bancadas del Frente Amplio y del Partido Independiente, mientras que hubo una mayoría a favor del proyecto en la bancada colorada y una mayoría en contra entre los representantes del Partido Nacional.

Entre los principales argumentos de quienes se pronunciaron en contra del proyecto había razones morales y religiosas, pero también oposición al uso de la palabra matrimonio para designar la unión de personas del mismo sexo. Quienes estuvieron en esa línea plantearon alternativas como unión civil o compañeros de vida, y se opusieron también a que las parejas conformadas por personas de un mismo sexo tuviesen la posibilidad de adoptar niños.

El segundo de los proyectos de ley innovadores planteados por el Gobierno fue el de regulación del mercado de consumo de marihuana. Nacido dentro de un paquete de medidas presentado a mediados de 2012 con el objetivo de calmar a la opinión pública ante la exposición de una serie de hechos graves en materia de inseguridad, el proyecto modifica el paradigma vigente en materia de combate al narcotráfico. Plantea, entre varias medidas, el monopolio y control estatal de la producción de marihuana. El argumento que sustenta la iniciativa alude a la ineficiencia del combate frontal a las bandas de narcotraficantes y busca la reducción del daño provocado por el consumo de sustancias más peligrosas, como la pasta base de cocaína.

Luego de una larga discusión en diversos ámbitos, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes por la mayoría parlamentaria. La discusión fue ardua, incluso en el oficialismo, donde el voto decisivo, aportado por el diputado Darío Pérez del departamento de Maldonado, no estuvo seguro hasta último momento. Los altos niveles de desaprobación que la iniciativa tiene en la opinión pública ponen en duda la viabilidad del proyecto, dado que algunos de los precandidatos presidenciales han anunciado su intención de derogar la norma si llegan a la presidencia en 2015. A ello hay que sumar los cuestionamientos de diferentes organismos internacionales de combate al narcotráfico, que denuncian la contravención de Uruguay a los acuerdos internacionales en materia de represión al narcotráfico.

Ambos proyectos, sumados a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde 2012, situaron al gobierno al frente de la instalación de esta nueva agenda de derechos y se constituyeron en un pilar fundamental de su elevada aprobación a nivel internacional. El discurso pronunciado por Mujica ante la Asamblea General de la ONU y su creciente aparición en medios internacionales son clara evidencia en este sentido.

Las perdidas: el enfrentamiento con la Suprema Corte, el caso Venegas y los coletazos de PLUNA

A pesar de contar con elevados niveles de aprobación, el presidente Mujica debió enfrentar desde comienzos del año algunos asuntos que pusieron en duda la capacidad de gestión del gobierno en diferentes ámbitos.

Se dice en Uruguay que el año comienza al finalizar la Semana Santa (denominada oficialmente Semana de Turismo), pues la actividad pública sufre una considerable merma entre las celebraciones de fin de año, el comienzo del verano y el receso parlamentario. Sin embargo, el 2013 comenzó con polémica en torno al traslado de la jueza Mariana Mota, desde la órbita penal a un juzgado civil.

A cargo de diversos expedientes vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar (1973-1984), la jueza Mota consiguió reabrir muchos de los casos, los que derivaron en procesamientos de jerarcas vinculados al régimen. La ausencia de motivos claros para justificar el traslado de Mota por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) instaló una fuerte polémica entre esta corporación y organizaciones de derechos humanos, sindicatos y sectores del oficialismo. Algunos dirigentes del Frente Amplio, como la senadora Lucía Topolanski (esposa del presidente Mujica), llegaron a manejar la posibilidad de un juicio político a la SCJ, que aunque jurídicamente no es viable, marcó el malestar reinante a partir de la decisión del traslado de Mota.

Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los dirigentes frenteamplistas con la Suprema Corte atravesaron períodos de tensión durante el último tiempo, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de leyes como la interpretativa de la Ley de Caducidad, de la norma que fijó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales y la que decretó la quiebra de la aerolínea de bandera PLUNA.

El episodio del traslado de la jueza Mota no terminó en las declaraciones de malestar, sino que derivó en una convocatoria a protesta frente a la sede de la SCJ, que fue acompañada por dirigentes oficialistas, miembros de organizaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales y sindicales. Durante la manifestación, un grupo de manifestantes vinculados a la organización radical Plenaria Memoria y Justicia y a grupos que están en contra de los proyectos de minería de gran porte que se encuentran en fase de instalación en Uruguay ocuparon la sede de la SCJ. Ante la negativa a desalojar el edificio, la policía pretendió retirar a los manifestantes haciendo uso de la fuerza y los incidentes terminaron con el procesamiento de connotados dirigentes de las mencionadas organizaciones, entre los que se encontraba Jorge Zabalza, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros junto con el presidente Mujica.

Otro de los puntos débiles que mostró la gestión del gobierno en este año fue la inhabilitación del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas para ocupar su cargo. Nacido en Santiago de Chile, Venegas ocupó desde 2010 la subsecretaría del ministerio y fue designado al frente de la cartera cuando el el entonces ministro Daniel Olesker dejó el cargo para asumir la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social.

La Constitución de la República exige un mínimo de siete años de ciudadanía legal para el desempeño de cargos como el de ministro o senador, además de un período inicial de tres años para acceder a los derechos inherentes a la ciudadanía. El flamante ministro obtuvo su ciudadanía legal a partir de 2004, por lo que se encuentra inhabilitado para dicha función hasta 2014. El hecho no pasó desapercibido para el senador del Partido Colorado, José Amorín Batlle, quien realizó la denuncia ante la Corte Electoral, lo que obligó al ministro a dimitir.

Cuando finalizaba el año y no se esperaban modificaciones en el gabinete, un hecho inesperado provocó la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Las derivaciones judiciales del caso que involucró la liquidación y cierre de la aerolínea PLUNA tuvieron su punto más álgido a finales de diciembre, cuando el fiscal del caso pidió el procesamiento del ministro y el de Fernando Calloia, presidente del Banco de la República, por el delito de abuso de funciones, por irregularidades en el otorgamiento de un aval bancario al empresario titular de BQB Líneas Aéreas, Juan Carlos López Mena, para poder participar, a través de una maniobra que involucró a la aerolínea española Cosmo, en el remate de siete aviones de la flota de PLUNA, y la correspondiente adjudicación de las líneas de aeronavegación.

La renuncia forzada de Lorenzo constituye un duro golpe a la línea de flotación del gobierno, quien exhibió siempre a la conducción de la política económica como uno de sus mayores activos. Se agrega con ello, a la incertidumbre por el desenlace del caso PLUNA, un nuevo elemento para la campaña electoral con vistas a las elecciones de 2014. El lugar de Lorenzo fue ocupado por Mario Bergara, hasta entonces presidente del Banco Central e integrante de su misma agrupación política, por lo que no se esperan cambios en el rumbo económico.

El referéndum abortado

Una de las consecuencias de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2012 fue la constitución de una comisión pro referéndum con el objetivo de derogar la norma que permite la finalización del período de gestación a mujeres en el plazo de las primeras 12 semanas.

Tal como establece el procedimiento al que acudió la comisión, se recogieron firmas equivalentes al 2#% del padrón electoral para de esta forma llamar a la ciudadanía a consulta para la habilitación del referéndum. Este paso se logra a partir de una instancia de voto no obligatorio, en la que debe pronunciarse a favor de la iniciativa un 25#% de los habilitados en el padrón electoral.

A lo largo de la campaña en favor del referéndum hubo manifestaciones de apoyo de dirigentes políticos de todos los partidos, incluyendo al expresidente Tabaré Vázquez, quien vetó los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva referidos al aborto aprobada bajo su mandato.

Contra todos los pronósticos, la iniciativa no logró avanzar a la siguiente fase, dado que solamente un 9#% de los habilitados concurrió a votar.

Popularidad y desempeño económico: las claves del éxito

Desde el comienzo de su período de gobierno en marzo de 2010, surgieron señales de disonancia entre el planteo del equipo económico al frente del Ministerio de Economía y el Banco Central, liderados por el vicepresidente Danilo Astori, y técnicos vinculados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un órgano de rango ministerial pero vinculado a Presidencia de la República, que operaba como equipo económico paralelo. En dicho enfrentamiento quedaban en evidencia dos posiciones sobre el rumbo de la economía. Una más moderada, vinculada al sector de Astori, y otra que planteaba reformas más audaces y un giro a la izquierda en materia económica y distributiva, representada por los economistas de la OPP, casi todos vinculados al sector de Mujica.

Sin embargo, los resultados macroeconómicos obtenidos por Uruguay al cierre de 2013 parecen inclinar la balanza a favor del equipo oficial. A la muy exigua cifra de desempleo, que se situó en diciembre de 2013 en un 6,1#%, debe agregarse un aumento en la tasa de ocupación que llevó el total de personas empleadas a un 60,8#%.

Otra de las variables clave del desempeño económico, la inflación, cerró el año por debajo de los dos dígitos, marcando un 8,52#%. El éxito en este sentido se debe a descuentos aplicados las facturas de servicios públicos y a xxxxxxproductos de la canasta básica.

En variables tales como inversión en capital fijo o venta de vehículos se alcanzaron cifras históricas: la primera se ubicó en un 22,9#% del PBI y la segunda tuvo un crecimiento de 9#% respecto al año anterior. Por su parte, el PBI aumentó un 4,4#%, desafiando los pronósticos de los analistas que lo situaban en el 4#%.

De esta manera, el gobierno logra arribar al año electoral exhibiendo cifras exitosas en materia económica, que quitan el foco de atención de los temas habituales de una campaña, como lo son los vinculados a la economía, la inflación y el empleo.

• Uruguay siempre se ha ubicado en alguno de los tres primeros lugares del ranking regional y ahora lo lidera en el último bienio.
• Registra incrementos de las puntuaciones de las dimensiones Respeto de las libertades civiles y derechos políticos, Calidad Institucional y Eficiencia Política y la dimensión que mide las variables económicas
• Presenta un descenso importante en la Dimensión Social.
• Integra el grupo de alto desarrollo democrático.
• Democracia de los Ciudadanos. Uruguay lidera la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles. Es calificado con alto desarrollo democrático, que lo convierte en el único país con este grado de desarrollo en toda Latinoamérica.
• Fue uno de los primeros países en reconocer la unión civil de personas de un mismo sexo, e incluso dio un paso más aprobando en abril de 2013 la ley 19075, denominada Ley de Matrimonio Igualitario, en una clara señal de inclusión y no discriminación por sexo. Junto a la regulación del mercado de consumo de marihuana y a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde 2012, situaron al gobierno al frente de la instalación de esta nueva agenda de derechos y se constituyeron en un pilar fundamental de su elevada aprobación a nivel internacional.
• "La seguridad ciudadana, es el tema que estamos proponiendo abordar, de inmediato, en régimen de políticas de Estado. No lo incluiríamos, si sólo se tratara de mejorar la lucha contra una aumentada delincuencia tradicional. Creemos que no sólo estamos frente a un escenario de números crecientes, sino ante transformaciones cualitativas", dijo Mujica ante la Asamblea General. Según consta en la memoria anual que envió el Ministerio del Interior al Parlamento, en 2013 las rapiñas aumentaron un 8,3% con relación 2012. Los homicidios se mantienen en niveles históricos: hubo 258 homicidios en 2013 contra 267 cometidos el año anterior. Los hurtos o delitos contra la propiedad sin violencia tampoco se han reducido. Se registraron 97.162 denuncias en 2013 y 96.827 en 2012, la variación fue de apenas del 0,3%.
• Democracia de las Instituciones. La Dimensión Calidad Institucional y la Eficiencia Política, tuvo un comportamiento positivo. También Uruguay lidera esta dimensión. Obtiene la calificación de país con alto desarrollo democrático. Es el único país en recibir esta valoración.
• A punto de comenzar su anteúltimo año de gestión, el gobierno de Uruguay, encabezado por José Mujica, quedó sumido en una crisis política por confrontaciones entre sectores de la coalición de izquierdas Frente Amplio. Esta %u201Ccrisis%u201D, como fue definida por Mujica, se originó luego de un impuesto a la concentración de la propiedad de los campos agropecuarios creado por su iniciativa y rechazado por el sector que lidera el vicepresidente Danilo Astori. La carga fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
• Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los dirigentes frenteamplistas con la Suprema Corte atravesaron períodos de tensión durante el último tiempo, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de leyes como la interpretativa de la Ley de Caducidad, de la norma que fijó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales y la que decretó la quiebra de la aerolínea de bandera PLUNA.
• Democracia Social. El valor de la dimensión que evalúa la gestión de políticas sociales alcanza una menor puntuación, con respecto al año anterior. Su puntuación aún sigue estando por encima del promedio regional. En esta dimensión recibe la calificación de desarrollo democrático medio.
• Los problemas de las políticas sociales tienen diversas expresiones, pero una de las más significativas se da en materia educativa, donde los resultados que obtuvo Uruguay en las pruebas PISA 2012, que miden el nivel de los estudiantes de secundaria de los distintos países, fueron los peores en matemática, lectura y ciencia desde que el país se sumó a las pruebas en 2003. El porcentaje de estudiantes de secundaria que repite supera el 32 por ciento. Y el 10% de las clases se pierde porque faltan los profesores.
• Democracia Económica. Uruguay aumenta su puntuación en la dimensión que evalúa los resultados de la gestión económica en más del 9%. Supera el promedio de esta dimensión. El grado de desarrollo democrático que presenta Uruguay en esta dimensión es alto.
• El PIB aumentó 8,9% en 2010; 6,5% en 2011; 3,9% en 2012 y un porcentaje similar en 2013. Además, entre 2010 y 2013 el salario real de los trabajadores mejoró 12,6 por ciento. Y el desempleo osciló entre 6% y 7%, porcentajes bajos para la tradición del país.

1.Incrementar la lucha contra la inseguridad

2.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

3.Implementar políticas de empleo

4.Profundizar la lucha contra la pobreza

5.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera