IDD-Lat 2014

Perú, después de un período de seis años ininterrumpidos de crecimiento, había tenido dos años consecutivos de retroceso (2012 y 2013), pero nuevamente este año pareciera retomar su senda de desarrollo democrático, alcanzando una puntuación de 6,415, lo que significa una mejora del 18% con respecto al año anterior (Gráfico 3.71). Su mejora en la puntuación, sin embargo y merced al comportamiento de otros países, no le ha significado una mejor su posición en el ranking regional donde mantiene la misma ubicación del 2013, en el 5° lugar.

El avance en la puntuación general responde a comportamientos positivos en las Dimensiones I, III y IV. La democracia de las instituciones es la única que muestra un retroceso con respecto al año anterior. Con este comportamiento sigue permaneciendo en el grupo de países con desarrollo democrático medio, junto a Argentina, México, El Salvador, Panamá, Ecuador y Brasil y se mantiene por encima del promedio regional. De la zona geográfica a la que pertenece, América Andina, es junto a Ecuador los únicos países que gozan de este grado de desarrollo, mientras que el resto de los integrantes presentan bajo desarrollo democrático, en los casos de Bolivia y Colombia, y mínimo desarrollo democrático, en el caso de Venezuela.

La puntuación en la Dimensión I, Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, mejora en más del 6% con respecto a la puntuación del año anterior, aunque con este resultado convalida un comportamiento errático. No logra todavía alcanzar el mejor puntaje que fue el obtenido en el 2002 (Gráfico 3.72). La variación positiva es producto del avance en las variables de participación de la mujer en el gobierno y del condicionamiento de las libertades por inseguridad, a pesar que el resto de los indicadores se mantuvo estable en valores que no son significativamente positivos. Como resultado de esta puntuación, cambia su ubicación en el ranking regional de esta dimensión, pasando del séptimo lugar que ocupaba en el 2013 al 6º, ubicación donde ya se había situado en el 2012. Su índice se mantiene por encima del promedio regional y en esta dimensión presenta desarrollo democrático medio junto a Costa Rica, Chile, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Brasil, El Salvador y Paraguay, siendo tres los países de su región geográfica, América Andina, los que clasifican con este grado de desarrollo, mientras que Venezuela presenta bajo desarrollo y Colombia, un grado mínimo.

El desempeño de la Dimensión II, que mide la %u201Cdemocracia de las instituciones%u201D, ha tenido, nuevamente, un comportamiento negativo para el Perú, como consecuencia de la obtención de peores valores en los indicadores de Percepción de la corrupción y de Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y fundamentalmente por ser castigado con el Factor de Anormalidad democrática en función de la crisis de gobierno que vivió el país durante el 2013. Su descenso roza el 19% con respecto al valor alcanzado el año anterior (Gráfico 3.73). La variable Accountability ha sido la única que presenta un mejor comportamiento, con respecto al 2013. Perú sigue ocupando, por tercer año consecutivo, el 5º lugar del ordenamiento regional, a pesar de su caída. Su puntuación en esta dimensión lo mantiene entre los países que se sitúan por encima del promedio regional. En esta dimensión, Perú integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático junto a Guatemala, México, Honduras, Colombia, Paraguay, Argentina y Nicaragua, es decir que en su zona geográfica sólo con Colombia presenta este grado de desarrollo, mientras que el resto de los integrantes de su zona, Ecuador, Bolivia y Venezuela, son calificados con mínimo desarrollo democrático.

En la Dimensión III, la dimensión Social, se observa un fuerte avance, donde alcanza la mejor puntuación ya que obtiene el mejor valor de la serie (Gráfico 3.75), colocándose entre los mejores puntajes de la Región. Esto es producto de incrementos en todos los indicadores. Por todo esto, sube 2 posiciones en el ranking latinoamericano, pasando del sexto puesto al cuarto. En esta dimensión supera ampliamente el valor promedio regional y clasifica con alto desarrollo democrático junto a Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá. Ningún integrante de su zona geográfica, América Andina, recibe la misma calificación, Ecuador, recibe una puntuación que es de desarrollo democrático medio, y Bolivia, Venezuela y Colombia de bajo desarrollo democrático.

En la dimensión Económica, el resultado ha sido superior al obtenido el año anterior duplicando el valor del 2013 (Gráfico 3.74), producto de resultados favorables en los indicadores de PIB per cápita, endeudamiento e inversión. Es un llamado de atención el descenso en el indicador Brecha de Ingreso. Por este comportamiento, Perú mejora su ubicación pasando al tercer lugar del ranking regional, dejando la cuarta ubicación. Supera ampliamente el promedio regional y con esta valoración recibe la clasificación de país con alto desarrollo democrático en esta dimensión, junto a Chile, México y Uruguay. Entre los integrantes de su zona geográfica, América Andina, es el único país que recibe esta clasificación; el resto recibe la intensidad media de desarrollo, salvo Bolivia que recibe la categoría de mínimo desarrollo democrático.

Cuando la disociación se convierte en política

Catalina Jiménez

En la química existe un proceso conocido como disociación, en el que las moléculas de un elemento se separan en partes más pequeñas. Se afectan con ello los vínculos que las propiedades y características le brindan a este elemento y se genera una oscura y permanente inestabilidad. Situación similar sucede en el sistema político peruano -donde la desconexión entre sociedad y Estado ha aumentado de forma consistente-, y líderes, partidos políticos, instituciones y colectivos sociales se erigen como moléculas solitarias con incapacidad de establecer lazos que permitan mejorar sus propiedades y con ello la característica de su sistema: la calidad de su democracia.

Con el fin del gobierno de Alberto Fujimori en noviembre de 2000, Perú encaró un proceso de transición política en el que la recuperación de la institucionalidad, el balance entre los poderes y la transparencia de los procesos electorales fueron considerados atributos necesarios para restaurar la democracia. Bajo esta premisa, los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo y Alan García realizaron reformas que, si bien han convertido a Perú en uno de los países con mayor crecimiento económico de la región, no han logrado mejorar el desinterés que siente la ciudadanía hacia la política y evidencian una frágil estabilidad, una débil legitimidad y una precaria gobernabilidad. El gobierno del presidente Ollanta Humala parece mantener esa tendencia dual: espléndidos resultados económicos y deficientes resultados políticos.

La disociación económica

¿Cuáles son esas disociaciones? La primera se localiza entre quienes conducen la economía, la consolidación del modelo económico y los programas redistributivos que afectan a múltiples actores urbanos y rurales. Si bien la evolución de la economía peruana reportó un crecimiento de 5,02% en el 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), impulsado por los sectores de pesca, finanzas, construcción y minería, y por el control de la inflación, este crecimiento no ha tenido el mismo ritmo que años anteriores, contra las expectativas del gobierno y los tecnócratas del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva. Esta desaceleración es producto del débil crecimiento de las economías desarrolladas y de la reducción de precios de los minerales, que representan el 19#% del PIB.

El sustento de los resultados macroeconómicos es resultado de la política de una elite de tecnócratas ortodoxos sin ninguna adscripción partidaria y que se han convertido en decisores políticos de primera línea, incluso por encima del Consejo de Ministros o del Poder Legislativo. Al no tener vínculos con ninguna organización social o política, ese círculo es incapaz de escuchar las demandas socioeconómicas que pueden surgir en el proceso de profundización del modelo económico neoliberal y además no ser objeto de accountability por la ciudadanía, partidos políticos o entes de control institucional.

La solidez alcanzada por los tecnócratas ortodoxos les ha permitido ahondar en las libertades económicas, privilegiar la inversión extranjera y aumentar la confianza empresarial elevando la posición de Perú como uno de los más abiertos y seguros de la región. Esto debilitó al sector económico más heterodoxo, cercano a un discurso de izquierda nacional que apoyó a Humala durante la campaña presidencial y que, en un intento por consolidarse dentro del gobierno, propuso estatizar los activos de la empresa española Repsol a través de una compra o la modernización de la refinería de Talará. El resultado de este hecho fue un desgaste en la popularidad del presidente, miedo en los inversionistas y cuestionamientos de los sectores empresariales, que leyeron esta medida como peligrosa para la población debido a la similitud con otras experiencias del continente.

La desconexión entre tecnócratas y el resto de la sociedad ha hecho que los programas redistributivos respecto a la pobreza y la inequidad no tengan esfuerzos coordinados y certeros, y ello influye en la efectividad del gobierno. Para hacerle frente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), creado en 2011, viene diseñando una serie de programas de asistencia, tales como Pensión 65, Beca 18 o Qali Warma. Pese a un relativo éxito, los programas siguen siendo objeto de crítica de sectores que ya no son beneficiarios, y con ello aumentan la confrontación sociopolítica.

La movilización social en zonas rurales impactadas por las economías extractivas constituye la visión más crítica del modelo económico y de la ausencia de representatividad política. Aunque el número de acciones colectivas aumentó durante 2013, estas no lograron desestabilizar al gobierno. Sin embargo, se decidió impulsar dos reformas que buscaban bajar la presión a la movilización social a través de instrumentos institucionales que permitieran un diálogo directo entre opositores, sin mediaciones partidistas. La primera fue la aprobación de la ley n.º 29785 sobre la consulta previa a los pueblos indígenas; la segunda fue la reingeniería institucional y de competencias de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales a la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad. Aunque en el papel parecen tener un rol primordial, en la práctica el impacto es mínimo; no se ha logrado un vínculo efectivo con esos sectores y dejan espacio para que la tecnocracia tome decisiones y se amplifique con ello la desconexión.

La disociación política

La segunda disociación se localiza en el marco político institucional y se evidencia en la frágil institucionalización de los partidos políticos, que debilita con ello la representación política y la legitimidad institucional, dificultando la construcción de vínculos fuertes entre el Estado y la sociedad. Esa tendencia aumentó durante 2013 en el marco de un gobierno donde la popularidad presidencial, indicador para algunos incuestionable de gobernabilidad, osciló entre la presión de la oposición, el asunto de la revocatoria del mandato de la alcaldesa de Lima Susana Villarán, la posible elección de la esposa del presidente, Nadine Heredia, como candidata a las elecciones presidenciales de 2016 por el Partido Nacionalista, casos de corrupción y la dificultad para crear coaliciones en el Legislativo que puedan tener resultados efectivos respecto a reformas sustanciales del sistema político.

Pese a lo agudo de la disociación, es necesario destacar el intento de introducir reformas en sectores claves como la educación o el servicio público; sin embargo, el proceso de reformas conllevó movilizaciones de sindicatos y gremios estatales que incomodaron al gobierno y a la tecnocracia y visibilizaron la desconexión de estos con los actores a los cuales afectan dichas reformas.

De otro lado, desde la época post Fujimori, al sistema de partidos peruanos se le ha denominado democracia sin partidos, es decir que, a pesar de presentarse a elecciones regulares, las organizaciones partidistas no logran consolidarse a escala nacional, no se erige una democratización interna que permita la selección de líderes y miembros a partir de la construcción de una base fuerte y representativa; hay volatilidad electoral y se crean partidos a partir de figuras outsiders. Todo lo cual no permite construir una estabilidad traducida en partidos garantes de representación, legitimidad y capaces de ejercer control político. Así, el Legislativo fue opositor a iniciativas del Poder Ejecutivo, incapaz este último de mantener coaliciones permanentes con los partidos allí representados, erosionando su tercer año de gestión.

Con partidos como el APRA, Perú Posible o el fujimorismo en oposición, así como los ex presidentes Toledo y García, el presidente Humala ve menguados sus aliados políticos y con ello la posibilidad de defender políticas e incidir en la opinión pública. Dicho aislamiento tiene elevados costos para la gobernabilidad, que necesita tanto de los vínculos estratégicos con actores institucionales, movimientos sociales o empresariales. Ejemplo de esta desconexión la brindó el difícil episodio del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los directores del Banco Central de Reserva, por el Congreso del Defensor del Pueblo, el cual terminó en serios enfrentamientos en el Congreso y una movilización ciudadana en contra de lo que se denominó %u201Cla repartija%u201D.

Otra situación en la que el tema de la representación parece activarse bajo el uso de ciertos mecanismos lo demostró el proceso de revocatoria de mandato a la alcaldesa de Lima metropolitana, en la que el grupo opositor encabezado por el APRA, líderes de derecha, medios de comunicación y afectos al anterior alcalde Luis Castañeda presionaron para que se llevara a cabo tal iniciativa. La alcaldesa, representante de un partido nuevo, Fuerza Social, sin una base social suficientemente consolidada, tuvo que sortear el proceso argumentando el costo en términos institucionales que tendría este hecho. Así, Villarán logró permanecer en el cargo pero no algunos de los regidores del Concejo de la ciudad que fueron revocados. Con nuevas elecciones el 24 de noviembre, la coalición de la mandataria logró un porcentaje pequeño frente al partido opositor que se hizo con gran número de regidores, presionando el gobierno de la alcaldesa.

Por último, se suman casos de corrupción o de privilegios a congresistas o funcionarios de regímenes anteriores, como el caso de protección a López Meneses ex aliado de Vladimiro Montesinos, que terminó con la salida del ministro del Interior Wilfredo Pedraza del gobierno, o los ecos de la investigación por compras inmobiliarias contra el ex presidente Toledo, líder del partido Perú Posible.

La disociación poder nacional-poder local

La tercera disociación se localiza respecto al ejercicio de las libertades y el grado de poder de grupos locales en ausencia de la presencia del Estado. Si bien Perú ha aumentado la garantía y protección del ejercicio de libertades civiles y políticas, y se ha situado en una posición optimista frente a otros países de la región, situaciones como la sentencia contra el periodista Cesar Quinó, director del diario El Observador de Chimbote, acusado de difamación por el presidente regional César Álvarez, dan una idea de la presión de la que es objeto la prensa regional a causa de su ejercicio de denuncia, vigilancia y control social a los poderes y decisores subnacionales. Esto contrasta con la libertad política y de expresión percibida por los habitantes de la capital.

A esta medida, calificada como un atentado contra la libertad de expresión, se une la percepción de cierta tendencia a la concentración de medios de prensa en manos de poderosos grupos económicos y editoriales, como la compra del grupo periodístico Epensa (Correo, Ojo, Aja y El Bocón) por el grupo El Comercio, el cual ha logrado el control del 80#% de la propiedad y venta de publicidad de los diarios, alterando con ello la libre competencia. Con la ausencia de un Estado robusto a lo largo de las regiones y con ello la garantía del ejercicio de libertades, la presencia de poderes autoritarios locales e incluso ilegales erosiona la calidad de la democracia que ha sido un proceso largo, doloroso y difícil para la sociedad peruana.

Finalmente, en el proceso químico de la disociación es posible que las moléculas que habían operado de forma solitaria puedan unirse haciendo reversible la situación y dar estructura y estabilidad al elemento. Bajo esa idea, podemos llegar a pensar que la disociación que padece la política en Perú pueda hacer una recombinación y construir vínculos que permitan a todos los actores político-sociales mejorar sus propiedades y la calidad de la democracia para sus ciudadanos.

• En la química existe un proceso conocido como disociación, en el que las moléculas de un elemento se separan en partes más pequeñas. Se afectan con ello los vínculos que las propiedades y características le brindan a este elemento y se genera una oscura y permanente inestabilidad. Situación similar sucede en el sistema político peruano -donde la desconexión entre sociedad y Estado ha aumentado de forma consistente-, y líderes, partidos políticos, instituciones y colectivos sociales se erigen como moléculas solitarias con incapacidad de establecer lazos que permitan mejorar sus propiedades y con ello la característica de su sistema: la calidad de su democracia.
• Con el fin del gobierno de Alberto Fujimori en noviembre de 2000, Perú encaró un proceso de transición política en el que la recuperación de la institucionalidad, el balance entre los poderes y la transparencia de los procesos electorales fueron considerados atributos necesarios para restaurar la democracia. Bajo esta premisa, los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo y Alan García realizaron reformas que, si bien han convertido a Perú en uno de los países con mayor crecimiento económico de la región, no han logrado mejorar el desinterés que siente la ciudadanía hacia la política y evidencian una frágil estabilidad, una débil legitimidad y una precaria gobernabilidad. El gobierno del presidente Ollanta Humala parece mantener esa tendencia dual: espléndidos resultados económicos y deficientes resultados políticos.
• La disociación económica
• ¿Cuáles son esas disociaciones? La primera se localiza entre quienes conducen la economía, la consolidación del modelo económico y los programas redistributivos que afectan a múltiples actores urbanos y rurales. Si bien la evolución de la economía peruana reportó un crecimiento de 5,02% en el 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), impulsado por los sectores de pesca, finanzas, construcción y minería, y por el control de la inflación, este crecimiento no ha tenido el mismo ritmo que años anteriores, contra las expectativas del gobierno y los tecnócratas del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva. Esta desaceleración es producto del débil crecimiento de las economías desarrolladas y de la reducción de precios de los minerales, que representan el 19#% del PIB.
• El sustento de los resultados macroeconómicos es resultado de la política de una elite de tecnócratas ortodoxos sin ninguna adscripción partidaria y que se han convertido en decisores políticos de primera línea, incluso por encima del Consejo de Ministros o del Poder Legislativo. Al no tener vínculos con ninguna organización social o política, ese círculo es incapaz de escuchar las demandas socioeconómicas que pueden surgir en el proceso de profundización del modelo económico neoliberal y además no ser objeto de accountability por la ciudadanía, partidos políticos o entes de control institucional.
• La solidez alcanzada por los tecnócratas ortodoxos les ha permitido ahondar en las libertades económicas, privilegiar la inversión extranjera y aumentar la confianza empresarial elevando la posición de Perú como uno de los más abiertos y seguros de la región. Esto debilitó al sector económico más heterodoxo, cercano a un discurso de izquierda nacional que apoyó a Humala durante la campaña presidencial y que, en un intento por consolidarse dentro del gobierno, propuso estatizar los activos de la empresa española Repsol a través de una compra o la modernización de la refinería de Talará. El resultado de este hecho fue un desgaste en la popularidad del presidente, miedo en los inversionistas y cuestionamientos de los sectores empresariales, que leyeron esta medida como peligrosa para la población debido a la similitud con otras experiencias del continente.
• La desconexión entre tecnócratas y el resto de la sociedad ha hecho que los programas redistributivos respecto a la pobreza y la inequidad no tengan esfuerzos coordinados y certeros, y ello influye en la efectividad del gobierno. Para hacerle frente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), creado en 2011, viene diseñando una serie de programas de asistencia, tales como Pensión 65, Beca 18 o Qali Warma. Pese a un relativo éxito, los programas siguen siendo objeto de crítica de sectores que ya no son beneficiarios, y con ello aumentan la confrontación sociopolítica.
• La movilización social en zonas rurales impactadas por las economías extractivas constituye la visión más crítica del modelo económico y de la ausencia de representatividad política. Aunque el número de acciones colectivas aumentó durante 2013, estas no lograron desestabilizar al gobierno. Sin embargo, se decidió impulsar dos reformas que buscaban bajar la presión a la movilización social a través de instrumentos institucionales que permitieran un diálogo directo entre opositores, sin mediaciones partidistas. La primera fue la aprobación de la ley n.º 29785 sobre la consulta previa a los pueblos indígenas; la segunda fue la reingeniería institucional y de competencias de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales a la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad. Aunque en el papel parecen tener un rol primordial, en la práctica el impacto es mínimo; no se ha logrado un vínculo efectivo con esos sectores y dejan espacio para que la tecnocracia tome decisiones y se amplifique con ello la desconexión.
• La disociación política
• La segunda disociación se localiza en el marco político institucional y se evidencia en la frágil institucionalización de los partidos políticos, que debilita con ello la representación política y la legitimidad institucional, dificultando la construcción de vínculos fuertes entre el Estado y la sociedad. Esa tendencia aumentó durante 2013 en el marco de un gobierno donde la popularidad presidencial, indicador para algunos incuestionable de gobernabilidad, osciló entre la presión de la oposición, el asunto de la revocatoria del mandato de la alcaldesa de Lima Susana Villarán, la posible elección de la esposa del presidente, Nadine Heredia, como candidata a las elecciones presidenciales de 2016 por el Partido Nacionalista, casos de corrupción y la dificultad para crear coaliciones en el Legislativo que puedan tener resultados efectivos respecto a reformas sustanciales del sistema político.
• Pese a lo agudo de la disociación, es necesario destacar el intento de introducir reformas en sectores claves como la educación o el servicio público; sin embargo, el proceso de reformas conllevó movilizaciones de sindicatos y gremios estatales que incomodaron al gobierno y a la tecnocracia y visibilizaron la desconexión de estos con los actores a los cuales afectan dichas reformas.
• De otro lado, desde la época post Fujimori, al sistema de partidos peruanos se le ha denominado democracia sin partidos, es decir que, a pesar de presentarse a elecciones regulares, las organizaciones partidistas no logran consolidarse a escala nacional, no se erige una democratización interna que permita la selección de líderes y miembros a partir de la construcción de una base fuerte y representativa; hay volatilidad electoral y se crean partidos a partir de figuras outsiders. Todo lo cual no permite construir una estabilidad traducida en partidos garantes de representación, legitimidad y capaces de ejercer control político. Así, el Legislativo fue opositor a iniciativas del Poder Ejecutivo, incapaz este último de mantener coaliciones permanentes con los partidos allí representados, erosionando su tercer año de gestión.
• Con partidos como el APRA, Perú Posible o el fujimorismo en oposición, así como los ex presidentes Toledo y García, el presidente Humala ve menguados sus aliados políticos y con ello la posibilidad de defender políticas e incidir en la opinión pública. Dicho aislamiento tiene elevados costos para la gobernabilidad, que necesita tanto de los vínculos estratégicos con actores institucionales, movimientos sociales o empresariales. Ejemplo de esta desconexión la brindó el difícil episodio del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los directores del Banco Central de Reserva, por el Congreso del Defensor del Pueblo, el cual terminó en serios enfrentamientos en el Congreso y una movilización ciudadana en contra de lo que se denominó %u201Cla repartija%u201D.
• Otra situación en la que el tema de la representación parece activarse bajo el uso de ciertos mecanismos lo demostró el proceso de revocatoria de mandato a la alcaldesa de Lima metropolitana, en la que el grupo opositor encabezado por el APRA, líderes de derecha, medios de comunicación y afectos al anterior alcalde Luis Castañeda presionaron para que se llevara a cabo tal iniciativa. La alcaldesa, representante de un partido nuevo, Fuerza Social, sin una base social suficientemente consolidada, tuvo que sortear el proceso argumentando el costo en términos institucionales que tendría este hecho. Así, Villarán logró permanecer en el cargo pero no algunos de los regidores del Concejo de la ciudad que fueron revocados. Con nuevas elecciones el 24 de noviembre, la coalición de la mandataria logró un porcentaje pequeño frente al partido opositor que se hizo con gran número de regidores, presionando el gobierno de la alcaldesa.
• Por último, se suman casos de corrupción o de privilegios a congresistas o funcionarios de regímenes anteriores, como el caso de protección a López Meneses ex aliado de Vladimiro Montesinos, que terminó con la salida del ministro del Interior Wilfredo Pedraza del gobierno, o los ecos de la investigación por compras inmobiliarias contra el ex presidente Toledo, líder del partido Perú Posible.
• La disociación poder nacional-poder local
• La tercera disociación se localiza respecto al ejercicio de las libertades y el grado de poder de grupos locales en ausencia de la presencia del Estado. Si bien Perú ha aumentado la garantía y protección del ejercicio de libertades civiles y políticas, y se ha situado en una posición optimista frente a otros países de la región, situaciones como la sentencia contra el periodista Cesar Quinó, director del diario El Observador de Chimbote, acusado de difamación por el presidente regional César Álvarez, dan una idea de la presión de la que es objeto la prensa regional a causa de su ejercicio de denuncia, vigilancia y control social a los poderes y decisores subnacionales. Esto contrasta con la libertad política y de expresión percibida por los habitantes de la capital.
• A esta medida, calificada como un atentado contra la libertad de expresión, se une la percepción de cierta tendencia a la concentración de medios de prensa en manos de poderosos grupos económicos y editoriales, como la compra del grupo periodístico Epensa (Correo, Ojo, Aja y El Bocón) por el grupo El Comercio, el cual ha logrado el control del 80#% de la propiedad y venta de publicidad de los diarios, alterando con ello la libre competencia. Con la ausencia de un Estado robusto a lo largo de las regiones y con ello la garantía del ejercicio de libertades, la presencia de poderes autoritarios locales e incluso ilegales erosiona la calidad de la democracia que ha sido un proceso largo, doloroso y difícil para la sociedad peruana.
• Finalmente, en el proceso químico de la disociación es posible que las moléculas que habían operado de forma solitaria puedan unirse haciendo reversible la situación y dar estructura y estabilidad al elemento. Bajo esa idea, podemos llegar a pensar que la disociación que padece la política en Perú pueda hacer una recombinación y construir vínculos que permitan a todos los actores político-sociales mejorar sus propiedades y la calidad de la democracia para sus ciudadanos.

1.Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles

3.Incrementar la lucha contra la corrupción

4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

5.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa

6.Evitar caer en la formulación de medidas que amolden las instituciones a proyectos personalistas

7.Implementar políticas de empleo

8.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación

9.Profundizar la lucha contra la pobreza

10.Atender las demandas sociales

11.Implementar medidas de desarrollo económico

12.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera

13.Generar clima favorable a las inversiones