IDD-Lat 2014 |
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Panamá |
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Panamá continúa integrando el grupo de paÃses con desarrollo democrático medio - nivel al que habÃa descendido en el 2010 - y no logra subir de categorÃa. Tras su recuperación del 2012, que lo habÃa llevado a los 6,048 puntos, tras su fuerte caÃda de 2013, registra este año una nueva caÃda del orden del 8%, hasta 4,768 puntos, con lo que logra el peor valor de la serie (Gráfico 3.61). El retroceso se explica por el descenso de las puntuaciones recibidas en las dimensiones de Respeto de las Libertades Civiles y Derechos PolÃticos y Calidad Institucional y Eficiencia PolÃtica; que fueron más fuertes que el avance registrado en las dos dimensiones que miden la eficiencia de la gestión democrática en materia económica y social. Desciende dos lugares en el ranking regional, posicionándose en la 8º ubicación. Es necesario recordar que Panamá, al inicio de la medición del IDD-Lat, en el 2002, era un paÃs que formaba parte del grupo que presentaba alto desarrollo democrático y hoy está muy cerca de pasar al que incluye a los paÃses con bajo desarrollo democrático si continuara con la tendencia negativa que comenzó a mostrar desde el 2006, a pesar de los intentos de mejora en 2009 y 2012. En esta oportunidad no logra superar el promedio regional y es uno de los paÃses de su zona geográfica, América Central que, junto a El Salvador y Costa Rica, escapan de la calificación de mÃnimo desarrollo democrático que reciben Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. En la Dimensión I, que mide el Respeto de los Derechos PolÃticos y las Libertades Civiles, la democracia de los ciudadanos, el resultado final es, nuevamente, menor que el obtenido en la medición anterior. Esto es producto fundamentalmente del retroceso del indicador que mide el respeto de los derechos polÃticos, donde Panamá recibe una peor calificación. Este resultado impacta en el valor final, a pesar de los avances que registran otras variables que forman parte de la dimensión, como la participación de la mujer en el gobierno y el condicionamiento de las libertades por inseguridad. Panamá registra un Ãndice final inferior al del 2013 en más del 13% (Gráfico 3.62). Pierde siete lugares con respecto al año anterior, ubicándose en el 13°lugar del ranking regional latinoamericano. Con sus 4,876 puntos se ubica por debajo del promedio regional y, con esta calificación, Panamá entra por primera vez en el conjunto de paÃses con bajo desarrollo democrático, proceso que se venÃa alumbrando desde 2009, desde cuando se habÃa registrado una leve pero persistente caÃda en la dimensión. Panamá ha empeorado en más del 45% el puntaje de la Dimensión II, que mide Calidad Institucional y Eficiencia PolÃtica, la democracia de las instituciones (Gráfico 3.63). Esta importante caÃda se explica por los retrocesos registrados en todos los indicadores que conforman esta dimensión, principalmente el de Accountability, especÃficamente la legal. Sumado a ello, Panamá por primera vez es castigada con el Factor de Anormalidad Democrático por la crisis institucional que vivió durante el 2013. Una serie de eventos de gravedad institucional se desataron en el paÃs cuando el jefe de Estado tuvo que enfrentar, desde febrero de 2013, un escenario de creciente violencia callejera, con frecuentes choques de policÃas con indÃgenas, campesinos, obreros, estudiantes universitarios, diputados, sindicalistas y varios sectores sociales. Arrinconado por la presión popular, el presidente debió retroceder en sus planes de privatizar empresas estales de energÃa y telefonÃa y el 19 de junio prometió retirar esos proyectos del debate legislativo, en un momento en que pretendÃa imponerlos aprovechando la mayorÃa legislativa -46 de 71 diputados- de que disponÃa. Un desenlace similar sufrió un plan de Martinelli, aprobado por la Asamblea Nacional, de instalar una sala judicial que, según opositores a su gobierno, le permitirÃa usurpar labores de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario retrocedió por los disturbios y prometió eliminar la nueva sala. Por otro lado, la guerra de las cuñas estalló en los más altos estratos del poder polÃtico en Panamá, con un intercambio de acusaciones en las redes sociales y la televisión panameña. El primer ataque lo lanzó el presidente Ricardo Martinelli contra su vicepresidente, Juan Varela, al acusarle de presuntos vÃnculos con una red italiana de corrupción polÃtica y sugerirle que %u201Csea hombrecito%u201D y renuncie. Varela respondió que Martinelli es quien debe dimitir por su nexo con el escándalo, que copó titulares de prensa en Italia al destaparse una trama de sobornos y prostitución de polÃticos y empresarios italianos -como el ex primer ministro Silvio Berlusconi- por la presunta compra de favores en Panamá para lograr contratos financiados con recursos públicos panameños. En la batalla mediática, Martinelli y Varela se esmeraron en sacarse mutuamente los supuestos trapos sucios de sus respectivas labores en el Poder Ejecutivo, generando un conflicto de carácter institucional. El marcado retroceso en la democracia de las instituciones, lleva a Panamá a lograr el peor valor de la serie, lo que produce que por primera vez, también, se ubique por debajo del promedio de la dimensión. Este retroceso le afecta en su ubicación en la tabla regional, posicionándolo en el 15° lugar, perdiendo ocho lugares con respecto al 2013. Con este resultado Panamá forma parte de los paÃses con mÃnimo desarrollo democrático, junto a Ecuador, República Dominicana, Brasil, Bolivia y Venezuela. En la Dimensión III, la Social, se registra un fuerte avance, logrando alcanzar la puntuación más alta de su serie, superando la que hasta el momento era la mejor (2004) (Gráfico 3.64), y esto hace que Panamá deje de estar ubicada por debajo del promedio regional. Los indicadores que traccionan hacia un mejor resultado son los que miden Gasto público en Salud, en Educación y Matriculación Secundaria. Las dos variables que siguen teniendo un comportamiento negativo son Población bajo la lÃnea de la pobreza y Desempleo. Producto de este avance, es que Panamá logra mejorar en dos posiciones su ubicación en el ranking regional, pasando del 7° al 5° lugar. Otra consecuencia de este fuerte avance es que Panamá forma parte del grupo de paÃses con alto desarrollo democrático, junto a Costa Rica son los únicos dos paÃses de América Central que logran este objetivo. · En Capacidad para Generar PolÃticas que Aseguren Eficiencia Económica, el Ãndice obtenido es superior al del año anterior (Gráfico 3.65). Panamá presenta un comportamiento errático a lo largo de la serie, con la peor puntuación obtenida en el 2003, y tras una recuperación en 2004, inicia una nueva serie descendente hasta 2008. Desde ese año, con altibajos, se mantiene por encima del promedio regional, con un buen registro en el 2011, un descenso en 2012 y mejoras en 2013 y 2014. El avance es consecuencia de mejores resultados en los indicadores PIB per Cápita y Endeudamiento. El resto de las variables presentan leves descensos que no llegan a impactar hacia la baja la puntuación final de Panamá en esta dimensión. Se posiciona en una mejor ubicación en el ranking regional latinoamericano con respecto al año anterior, producto del puntaje obtenido, pasando del 8ª al 7º lugar y logra mantenerse por encima del promedio regional. En esta dimensión Panamá es considerado un paÃs con desarrollo democrático medio junto a Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. Nuevamente Panamá junto a Costa Rica son los dos únicos paÃses de América Central que logran destacarse con respecto al resto de los paÃses de la región central del continente. Panamá 2013: el paÃs de las elecciones internas sin competenciaHarry Brown ArauzEn Panamá, el 2013 fue un año preelectoral, en el que los partidos polÃticos realizaron elecciones internas para elegir a sus candidatos, se tantearon y concretaron alianzas, siempre importantes en un sistema de elección sin balotaje, como el panameño. El telón de fondo de estos acontecimientos electorales fue la relación inusualmente tensa entre el Tribunal Electoral y el Ejecutivo, los constantes conflictos por los recursos y la producción, el crecimiento económico del paÃs y varios escándalos que consolidaron la percepción de corrupción. El contrasentido de las primarias sin competencia Los dos principales partidos de la oposición, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista realizaron sus elecciones primarias -cerradas- en marzo. Juan Carlos Navarro (secretario general del PRD) y Juan Carlos Varela (presidente del Partido Panameñista), máximos dirigentes de estos partidos, ganaron la elección interna con más del noventa por ciento de los votos a favor. Navarro derrotó a dieciséis candidatos prácticamente desconocidos, tras haber sumado a su campaña interna a dos importantes contendores, el ex vicepresidente Samuel Lewis y el ex ministro Laurentino Cortizo. Por su parte, Juan Carlos Varela derrotó a otros tres candidatos. En ambas primarias la participación fue baja: en la del PRD votó solamente el 34 % de los miembros del partido habilitados para el sufragio, mientras que en la del Partido Panameñista votó el 26 %. Por su parte, en la elección del candidato presidencial del partido de gobierno Cambio Democrático (CD), la opinión pública panameña insistÃa en que por la naturaleza personalista del partido no habrÃa competencia, suponiendo que su presidente Ricardo Martinelli elegirÃa a dedo al candidato, aunque se convocara a primarias. Sin embargo, esta elección interna fue la de mayor incertidumbre, aunque el resultado no reflejara finalmente una elección muy competitiva. El 12 de mayo José Domingo Arias ganó con el 67% de los votos válidos emitidos, seguido por Giselle Burillo con el 27,4 % y Rómulo Roux con el 3,8%. Participaron en la elección el 40% de los miembros del partido. Durante todo el 2013 una serie de sucesos tensionaron la relación entre el Tribunal Electoral y el Ejecutivo. La escalada llegó a su punto más alto el 6 de noviembre, durante la inauguración de la nueva sede del organismo electoral. AllÃ, el magistrado presidente Erasmo Pinilla declaró que el proceso electoral estaba en peligro, después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera un fallo del Tribunal Electoral sobre un anuncio polÃtico creado por un movimiento progubernista en contra de un candidato presidencial de oposición. Según la encuesta de Dichter & Neira de ese mes, el 50% de la población creÃa que el presidente Martinelli habÃa intervenido en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mientras que 26% pensaba que no. El 4 de diciembre, el Tribunal Electoral convocó formalmente a elecciones generales, cumpliendo con tensa normalidad el calendario electoral acostumbrado. Protestas por los recursos en el paÃs con mayor crecimiento económico de América Central Según la CEPAL, en 2013 la economÃa panameña creció un 7,5%, impulsada principalmente por la inversión pública en proyectos de infraestructura, los servicios, el crédito bancario y el incremento de la actividad turÃstica. Ese mismo año, según el Informe Global de Competitividad, Panamá fue el segundo paÃs más competitivo de América Latina, superado solamente por Chile. Este buen desempeño económico se tradujo en un desempleo de 4,1%, según el Instituto Nacional de EstadÃstica y Censo, aunque el 46,1% trabaja informalmente. Durante todo el año, los gremios empresariales e importantes economistas expresaron su preocupación por el crecimiento de la deuda del paÃs, atribuida a los gastos públicos %u201Cincontrolables%u201D. Asà lo declaró públicamente el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) el 4 de julio. Sin embargo, tres semanas antes, la calificadora de riesgo Fitch habÃa ratificado la deuda panameña como estable. Un mes antes, se habÃa reportado que al finalizar el periodo presidencial la deuda panameña llegarÃa a superar los 17.000 millones, de los cuales más de 6.000 millones correspondÃan al gobierno en funciones. En 2013, el Ãndice de Gini, que mide la desigualdad, situó a Panamá, con 51,9, en el octavo lugar de desigualdad en el ranking regional. La combinación de la dinámica económica trepidante con la desigualdad produjo un número importante de conflictos que, aunque pueden ser superficialmente vistos como enfrentamientos con el gobierno, son realmente pugnas por los recursos necesarios para la reproducción de la vida. A mediados de enero, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reinició una huelga, que incluyó a dos personas en huelga de hambre, después de haber fracasado un intento de diálogo con las autoridades por una serie de peticiones laborales desatendidas, que incluÃan aumentos salariales y ascensos. También a mediados de enero, el Frente Amplio por Colón retomó las protestas después de no obtener los resultados deseados en el diálogo con el Ejecutivo y de que les propusieran tratar sus demandas con diferentes ministerios e instituciones, según sus competencias. Los manifestantes demandaban la inversión de 500 millones de dólares en la provincia de Colón. También a finales de enero los operadores de la empresa Mi Bus, concesionaria del transporte público en la Ciudad de Panamá, iniciaron un paro de labores con el que exigÃan a la empresa un aumento salarial de 220 dólares mensuales. El 30 de julio los maestros reunidos en asambleas generales convocaron a huelga nacional, solicitando entre otras cosas un ajuste salarial %u201Ccónsono con la realidad del paÃs%u201D y la derogación de un decreto con el que, según decÃan, se pretendÃa privatizar la educación. Esta huelga, que al final sostuvieron nueve gremios magisteriales, duró 26 dÃas y tenÃa como antecedente inmediato la instalación fallida de un diálogo entre maestros y autoridades educativas instalado el 23 de marzo. El 1 de noviembre los médicos, enfermeras y técnicos y funcionarios de la salud finalizaron un paro que duró 36 dÃas y que habÃa sido convocado con el propósito de revertir la decisión del gobierno de permitir la contratación de médicos extranjeros en Panamá. El gobierno respondió a las demandas aumentando el salario mÃnimo. El 31 de diciembre fue emitida la lista oficial con 33 nuevas tasas, según zonas y actividades, que incluÃan un salario mÃnimo de 624 dólares, el más alto de América Latina, según lo declaró el presidente de la República un dÃa antes. Corrupción, clientelismo, libertad de expresión y derechos humanos en el año preelectoral En 2013 Panamá se ubicó en el lugar 102 de 177 paÃses en el ranking del Ãndice de percepción de corrupción, con una puntuación de 35. Representó una caÃda de tres puntos y 19 puestos respecto a la medición del año anterior. Las estimaciones de Transparencia Internacional capÃtulo Panamá, a principios de septiembre, iban en la misma lÃnea, cuando sus representantes declararon a los medios de comunicación que %u201CsentÃan un gran retroceso en la lucha contra la corrupción en el paÃs%u201D. Seguramente ayudó al aumento de la percepción de corrupción el caso que culminó con la separación del puesto de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, el 25 de julio. A principios de mayo, el diario La Prensa habÃa publicado un contrato que se le otorgó sin licitación a una empresa de un joven miembro del partido gobernante, que estipulaba el diseño de la página web de la DefensorÃa por 250.000 dólares. Esta publicación generó la movilización de la sociedad civil y la opinión pública pidiendo una investigación y la destitución de la funcionaria, lo cual hizo la Asamblea Nacional. También contribuyó con la alta percepción de corrupción en Panamá el largo rastro del caso Finmeccanica. En noviembre, fiscales italianos intentaron esclarecer el supuesto pago de coimas de representantes de la empresa a altos funcionarios del gobierno panameño, incluyendo al presidente de la República, por la compra de helicópteros, radares e instrumentos cartográficos. Durante ese mes, se conoció que en junio, cuando viajó a Roma para recibir un premio otorgado por un organismo internacional, el entonces presidente Ricardo Martinelli supuestamente cenó en casa del intermediario entre la empresa italiana y el gobierno panameño, quien cumplÃa con arresto domiciliario por malversación de fondos públicos y extorsión. Ya de lleno en la campaña electoral, con todo y que faltaban casi seis meses para las elecciones, en diciembre el diario La Prensa publicó que el gobierno, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en los últimos tres meses habÃa gastado más de treinta millones en la compra de jamones, pavos, bolsas de comida navideña, electrodomésticos y juguetes bajo el rubro genérico %u201Capoyo a familias de escasos recursos%u201D. Según los contratos y órdenes de compra pesquisados por el citado diario, fueron regalados a sus electores por diputados del gobierno, algunos pocos diputados de oposición y el despacho de la primera dama, cuya titular serÃa posteriormente candidata a la vicepresidencia. Además, las contrataciones fueron adjudicadas directamente, es decir, sin licitación, a empresas recién constituidas y -todo según el diario La Prensa- ganadoras de varios contratos millonarios con el Estado. La labor de denuncia de los medios de comunicación tuvo consecuencias. A principios de junio, dos reporteros televisivos fueron retenidos por miembros del Consejo de Seguridad cuando intentaban grabar imágenes del edificio de esa institución. Además, al acercarse al lugar el secretario general del sindicato de periodistas para interceder por sus agremiados, fue golpeado y le ocasionaron lesiones graves. Por otro lado, una fuente permanente de tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación ha sido el uso que el entonces presidente de la República daba a su cuenta personal de Twitter. Por ejemplo, en mayo, después de haber sido publicada una detallada investigación sobre el vÃnculo del presidente con empresas hidroeléctricas y las consecuencias institucionales de ese vÃnculo, este acusó al periodista de ser %u201Ccoimero y acosador%u201D a través de la red social. En octubre, la tensión entre ambas instancias llego al extremo de que el presidente Martinelli pidiera a los funcionarios no atender a los periodistas del diario La Prensa. Esta situación tenÃa como antecedente la denuncia que hizo la periodista Castalia Pascual, conductora del noticiero de la mañana de TVN, en julio, de que el secretario de comunicaciones del Estado habÃa dado instrucciones de no atender a la televisora, después de que ambos se enfrascaran en una fuerte discusión telefónica en vivo. En cuanto a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública en Panamá el 31 de octubre, atendiendo la solicitud hecha por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la ClÃnica Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford. Ambas organizaciones peticionarias resaltaron que el presupuesto penitenciario se dirige desproporcionadamente a la construcción de cárceles y no a la capacitación del personal penitenciario y la salud de los reclusos, entre otras cosas. Los comisionados cuestionaron la preocupante situación del sistema penitenciario panameño, debido a la inefectiva inversión en construcción de más cárceles, en lugar de apuntar los esfuerzos hacia la resocialización de los reos. Igualmente expresaron su preocupación por el gran aumento de la población carcelaria. En 2013 fueron reportados 35 femicidios, lo que llevó a una movilización del movimiento de mujeres y a la promulgación de una ley, el 24 de octubre, con trece capÃtulos que tipifican y sancionan las diferentes formas y circunstancias en que se presenta violencia contra la mujer.
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