IDD-Lat 2014

Nicaragua en el 2013 había podido quebrar una tendencia negativa que venía desde el 2009, lo que le había significado cuatro años consecutivos de caída en su puntuación general, con un crecimiento de más del 22% en su desarrollo democrático, convirtiéndose, en esa oportunidad, en el país que más había mejorado su puntaje final con respecto al año anterior. Sin embargo, este año, nuevamente, manifiesta un descenso, del orden del 26%, como consecuencia de su caída en las dimensiones de la democracia de las instituciones y la social, que fueron de una magnitud que impidió que los avances experimentados en las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y en la económica alcanzaran para producir un avance del país en la puntuación final. El resultado obtenido es el peor de la serie histórica, desde el 2002 a la fecha. Al caer por debajo de los 3,000 puntos retrocede también en el ranking regional latinoamericano, descendiendo del 12° al 14° lugar. Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático, junto a Venezuela, Honduras, República Dominicana y Guatemala abandonando el conjunto de países que presentan bajo desarrollo democrático, que integraba el último año. Junto a República Dominicana, son los únicos países de América Central que son calificados con este grado de desarrollo.

En relación con la Dimensión I, que mide el comportamiento de Derechos Políticos y Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, es en la que tiene un mejor desempeño, registrando este año un incremento del orden del 8%, lo que le permite superar el nivel del promedio regional. Nicaragua ha tenido, en todos los años de nuestra medición, un comportamiento relativamente estable entre los 4,000 y los 5,000 puntos (Gráfico 3.57). Este es el quinto año consecutivo que el país logra incrementar su puntuación en esta dimensión. Su variación positiva le permite ascender dos posiciones con respecto al año anterior, situándose en el 7° lugar. El resultado final de la dimensión es producto del avance en la puntuación de los indicadores que miden el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, lo que le permite salir de la peor puntuación de la región y obtener un valor que, aunque mejora, es aún muy crítico. También se observa un mejor desempeño respecto del año anterior en las variables que miden inclusión de Género y Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad. En esta dimensión Nicaragua pertenece al grupo de países con desarrollo democrático medio, junto con otros nueve países de la región, situación que Nicaragua sólo logró en el 2003 y esta vez. El puntaje recibido este año es el mejor de la serie histórica.

La variación de la Dimensión II que mide la Calidad Institucional y la Eficiencia Política, la democracia de las instituciones, ha sido negativa, convirtiéndose en el peor valor de la serie, muy lejos de la mejor puntuación que fue la obtenida en el 2003 (Gráfico 3.58). Nicaragua junto a Bolivia y Brasil son los países que más retroceden en esta dimensión. La caída se explica por los retrocesos registrados en los indicadores de Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y Accountability, que neutralizan el avance registrado en la variable de Índice de Percepción de la corrupción. Por otro lado, Nicaragua ha sufrido el castigo de la aplicación del Factor de Anormalidad Democrática, debido a la crisis institucional que vivió el país en el 2013. Nicaragua, por este retroceso obtuvo el 12º lugar del ranking latinoamericano, bajando seis escalones con respecto al ranking del año anterior. Otra consecuencia, es que vuelve a ubicarse por debajo del promedio de la Región integrando el grupo de países con bajo desarrollo democrático en lo que hace a esta dimensión.

En la Dimensión Social el desempeño nicaragüense duplica su registro negativo del año anterior, pasando de -1,180 puntos a -2,398 (Gráfico 3.59). La puntuación obtenida es la peor de la serie, con lo que pasa a integrar el grupo de países con mínimo desarrollo democrático en esta dimensión, junto a Guatemala y Repúblicas Dominicana, tres países pertenecientes a la misma zona, América Central. Su menor rendimiento fue motorizado por un marcado descenso de algunas de las variables que la componen, Población Bajo la Línea de la Pobreza, Desempleo y Gasto en Educación, y además por el avance de otros países que en conjunto mejoran el promedio de la dimensión. No obstante, algunas variables presentan un comportamiento positivo, en especial la que mide la eficiencia en salud. Pese a la magnitud de su caída Nicaragua desciende solamente una posición en el ranking regional latinoamericano de esta dimensión, pasando del 16º al 17° lugar. Se aleja aún más del promedio de la Región, ubicándose entre las cuatro peores puntuaciones, a más de 2,000 puntos del promedio.

En lo relativo a la Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, Nicaragua avanza respecto a los valores del año anterior en más del 38%, aunque no logra alcanzar su mejor puntuación, que fue la obtenida en el 2006 (Gráfico 3.60). El avance se corresponde con una mejora del nivel de endeudamiento de la economía, con un avance en el PIB per cápita y con un mayor nivel de inversión. Preocupantemente, dada la desigualdad social imperante en el país, ha retrocedido el indicador que mide la brecha de ingreso. El índice de Nicaragua en esta dimensión se ubica por debajo del promedio regional y ocupa el 14º lugar del ranking, subiendo tres peldaños con respecto al año anterior. Con este resultado integra el lote de países que tienen un bajo desarrollo democrático, saliendo del grupo con mínimo desarrollo.

Nicaragua 2013: ¿consolidación o desarrollo autoritario?

Por: José Alejandro Cepeda

Si bien todos los años en el ciclo político de cualquier nación son un producto histórico, equivalentes al golpe pendular de unas bolas metálicas colgantes, el 2013 nicaragüense sobresale por ser el efecto premeditado de aquel 2012 que vio la inauguración del segundo mandato consecutivo de Daniel Ortega. Y es que sin desprendernos del juego causal, la victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones presidenciales y legislativas de 2011 presagiaba ya una disyuntiva para el país, más allá de la continuidad de un respetable programa social orientado a una mayoría pobre: el apego a las maneras de la democracia representativa, llevando a la consolidación institucional del país, o el desvío a un estilo de gobierno plebiscitario y vertical.

Sobrevolemos los acontecimientos principales que permiten reconstruir un año decisivo para el rumbo político de la nación centroamericana, donde los presagios abundan más que las sorpresas, pero demarcando el resto de un quinquenio ahora prolongable.

La reforma constitucional

2013 podría denominarse el año de la consolidación jurídica del régimen de Daniel Ortega, quien logró imponer unas reformas constitucionales hechas a su medida. Desde una perspectiva socialista, se trata de un avance en la materialización del proyecto truncado de la revolución de 1979, en medio de la guerra civil en la década de 1980, la pérdida del poder tras el proceso de paz y la recuperación democrática en 1990. Para otros llanamente es una serie de reformas que le permiten gobernar desde la concentración del poder en el Ejecutivo, violando los principios liberales de la teoría de la separación de poderes y con un talante abiertamente populista y autoritario.

La propuesta se presentó para modificar casi un tercio del articulado de la carta vigente de 1987. Firmada por los 63 legisladores de la mayoritaria bancada sandinista buscaba reformar 39 artículos y dos títulos, derogar ocho artículos y hacer modificaciones generales en otros ocho y el título VI, referido al cambio de nombre de Costa Atlántica a Costa Caribe. Pero el aspecto de mayor calado consistía en la supresión de los impedimentos a la reelección presidencial, para posibilitar que fuera continua e indefinida y le diera a Ortega -como si fuera poco- poder de legislar en materia administrativa, según lo contemplan las reformas a los artículos 147 y 150, lo que previamente y en diversas democracias sería considerado inconstitucional. Así el inciso 4 del artículo 150 referido a las facultades del presidente, se modificaba para permitir %u201Cdictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa%u201D. Además, se buscaba eliminar el porcentaje para resultar electo y dejar solo en pie la disposición del artículo 146 que establecía que podía ser elegido a través de la mayoría relativa de los votos.

Ya en los comicios de noviembre de 2011 el FSLN obtuvo el poder por otra legislatura con un respaldo de 62% de los votos, mientras el Partido Liberal Independiente apenas llegó al 31%, seguido de lejos por el Partido Liberal Constitucionalista con un 6% y otras fuerzas que no alcanzaron el 1%. Se había debatido que Ortega pudiera presentarse a la reelección, pues el artículo 147 de la Constitución lo prohibía; sin embargo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia respaldaron la postulación, a pesar de que era gobernante cuando se dio la elección y ya había sido dos veces presidente.

Por otro lado se tocó un tema polémico en América Latina: la participación directa de militares en política. En una región que tomó parte en lo que el norteamericano Samuel Huntington llamó la tercera ola de la democracia, los representantes de las fuerzas armadas se vieron forzados a dejar su histórica afectación en política, fuera por cuenta de su papel tutelar sobre gobiernos, la subordinación impuesta a los partidos, la amenaza golpista, el terror ejercido sobre la población civil -incluso con apoyos paramilitares-, las violaciones a los derechos humanos, la pérdida de soberanía frente a fuerzas externas como sucedió en la guerra fría o directamente el apoyo a dictadores, como fue el caso de la vulgar dinastía del clan Somoza a la que justamente enfrentó el sandinismo. Por eso se extendió el veto al voto a oficiales en ejercicio, se limitó el abuso del Estado de sitio y las labores de policía militar permanentes, y se consideró que su rol debe restringirse a la protección de las Constituciones desde sus tareas castrenses, cuestiones que fueron violadas tanto por regímenes de extrema izquierda como de derecha.

En el caso de Nicaragua, con un presidente de pasado guerrillero, revolucionario triunfante y gobernante polémico, que para bien o mal conoce las armas y el color del camuflado, su grado de concepción de lo civil, de la separación de las esferas pública y privada aún es relativo. Ello a pesar de la notable participación del FSLN en el proceso de paz, la aceptación de los resultados que tras las elecciones de apertura de 1990 -como las denominó el politólogo brasileño Bolívar Lamounier- le permitieron a Violeta Chamorro llegar al poder y luego durante años el ejercicio de una necesaria oposición. Pero la relación con las fuerzas militares tiende a ya no ser la intrínseca de distancia y respeto mutuo de los modelos republicanos que intentó desarrollarse con la democratización, sino de lealtad y control. Es decir, el plan originario revolucionario que apoya el poder en las armas en nombre de una línea ideológica exclusiva. Por eso la reforma da oportunidad a que militares ocupen cargos en el gobierno, derogando el inciso A del artículo 152, e indica que miembros activos pueden ser nombrados funcionarios del Ejecutivo en la condición de comisión de servicio.

El fortalecimiento del Ejecutivo no se limita a la figura presidencial. En la reforma constitucional se propuso aumentar el periodo de alcaldes, concejales y consejeros regionales de la Costa Caribe de cuatro a cinco años, extendiendo el período por un año más. Uno de los artículos transitorios indicó que los actuales alcaldes, %u201Ccuyos periodos vencen en enero de 2017, entregarán el poder en enero de 2018. Las primeras elecciones municipales bajo el mandato de las reformas propuestas se realizarán en noviembre 2017%u201D. Dentro de la lógica de los incentivos, una muestra más de premio y fortalecimiento a las mayorías sandinistas representantes en el territorio nacional.

Pero no todo son palmadas en la espalda, sino también advertencias, aunque estas sean extensibles a todos: se indicó que el transfuguismo político es una traición a la voluntad de los electores, por lo que si un funcionario cambia de partido o bancada parlamentaria pierde su condición de electo al alejarse de la representación de sus votantes. Si bien la disciplina y el fortalecimiento partidista son deseables en todas las democracias, su imposición en momentos en que el Ejecutivo y el presidente pueden volverse omnipresentes deja dudas de ser signo de un verdadero cambio de la cultura política. Así la reforma incorpora igualmente las disposiciones del criticado decreto presidencial 03-2010, que obliga a funcionarios con cargos vencidos a permanecer en sus puestos hasta tanto la Asamblea Nacional no elija. Esto se introduce en el artículo 130 y deroga el 201 de la Carta Magna que establecía esas disposiciones de manera transitoria.

Democracia directa y corporativismo de izquierda

Uno de los mayores retos que enfrenta América Latina es la consolidación del Estado de derecho y la democracia, en un contexto de mayor autonomía y crecimiento económico, pero a la vez de crisis en los partidos políticos, políticas públicas ineficientes, retraso en la cobertura y calidad de la educación y una inequitativa redistribución del ingreso en pleno paradigma de la globalización y la apertura de mercados. Estos problemas los comparte Nicaragua, pero hay que sumar en su caso la reelección presidencial y la volatilidad coyuntural de los mecanismos de la democracia directa, características que comparte con los países más beligerantes del llamado giro a la izquierda bautizado por Teodoro Petkoff, que suman a Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Se trata del abuso de los respaldos populares (una vez que se consiguen), como lo explica el politólogo Dieter Nohlen, de la Universidad de Heidelberg, para generar un estilo de gobierno hiperpresidencialista, basado en el principio mayoritario y el destierro del consenso como elemento democrático. Según Nohlen, las características de origen radical rousseauniano y jacobino de esta forma de concebir el poder son: 1) las Constituciones no son de consenso, sino impuestas por la mayoría; 2) no hay límites al principio mayoritario; el poder de la mayoría es absoluto. No hay protección (en forma de bloque de constitucionalidad) de los derechos humanos, fundamentales y políticos; 3) se quiebra la separación de poderes. El Poder Ejecutivo coloniza todas las instituciones de posible control del poder; y 4) la minoría está impedida de convertirse en mayoría. No se garantiza una competencia libre e igualitaria por parte de la mayoría.

Ante esta realidad, la Constitución, sobre la n base de la cual se controla el poder y la tentación de la mayoría de imponerse arbitrariamente, deja de operar como freno. Como advertía Norberto Bobbio, el derecho constitucional pasa a ser un instrumento de poder, donde la decisión mayoritaria del pueblo está por encima de cualquier legislación o institución, y su voluntad es ejercida por el presidente, según precisa Nohlen. Así, por ejemplo, Ortega simplemente llamó %u201Ctraidores, peleles y vendepatrias%u201D a los 26 diputados opositores que votaron contra el paquete de reformas mencionado. Este comportamiento no es exclusivo de la izquierda; una clara muestra de ello fue Álvaro Uribe, en Colombia, con la autorización de una reelección a su conveniencia en 2004 y el intento de sus seguidores por fallidos mecanismos plebiscitarios de buscar una segunda oportunidad. Al respecto, el jurista alemán Armin von Bogdandy, director del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional, afirma que desde el punto de vista constitucional el desafío es nada menos que la reconstrucción del ius constitutionale commune latinoamericanum.

Desde las relaciones con la sociedad civil, se observa una intención corporativista, que aunque interesante como modelo de comunicación política, parece exagerar. La reforma contempló la inclusión de los gabinetes de la familia, antiguos consejos del poder ciudadano (CPC), como órganos de decisión y ejercicio de la democracia directa. Los artículos 2 y 70, en su afán participativo -que como complemento legal no debe reñir con la democracia representativa-, plantearon que son mecanismos de la democracia directa el referéndum y el plebiscito, los presupuestos participativos, las iniciativas populares, los consejos territoriales, los gabinetes de familia y otros procedimientos. No obstante, en el artículo 98 de la propuesta se establece el llamado modelo de alianzas del gobierno con el sector empresarial y los trabajadores, bajo el %u201Cprincipio de responsabilidad compartida%u201D. En cualquier caso, por considerar que violaba la Constitución y varias leyes referidas a la libertad empresarial, el sector privado logró revertir el polémico acuerdo administrativo 005-2013, que ordenaba a los operadores de servicios de telecomunicaciones someter a la aprobación de la autoridad reguladora el nombramiento de sus directores, gerentes generales de informática y seguridad.

En materia judicial -con menor polémica- se establece la Ley de Justicia Constitucional para sustituir a la Ley de Amparo, incorporar a la Carta la jurisdicción de lo contencioso y administrativo y como ente autónomo al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Un último elemento de interés es el de cobijar en la Constitución los fallos de la Corte Internacional de Justicia con Honduras y Colombia, respecto a los límites marítimos en el Caribe. Pese a que los diputados del FSLN negaron que el proyecto del canal fuera a incluirse en la Carta, esta se adaptaría para dar fortaleza jurídica a la concesión del megaproyecto con la reforma al artículo 102, que indica que, dada su estratégica posición geográfica, el Estado podrá celebrar u otorgar concesión para la construcción y explotación de un canal interoceánico y que para aprobarse o derogarse requerirá el 60% de los votos de la Asamblea.

Desaceleración en el corto plazo

La economía de Nicaragua se vio perjudicada por los problemas de su principal aliado, Venezuela, debido a la crisis desatada tras la desaparición de Hugo Chávez. La amenaza de un escenario económico de menor bonanza fue consecuencia indirecta de los avatares domésticos del nuevo gobierno. Hay que recordar que sus recursos petroleros durante seis años vigorizaron al país, coincidiendo con el regreso del FSLN al poder y su alineación al socialismo del siglo XXI. Mientras empresarios y parte de la derecha han realizado un pacto de no agresión en términos económicos, y el propio Ortega ha desarrollado un talante de cooperación Sur-Sur evitando a la vez un radicalismo ideológico en cuanto a mercados, no se contaba con el desaceleramiento del crucial comercio bilateral y los apoyos venezolanos a programas estatales como Calles para el Pueblo, Usura Cero, Hambre Cero, Bono Alimentario o Programa Amor.

Por ejemplo, la construcción de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar se paralizó. Cifras del Banco Central citan que en 2012 se invirtieron en esta 128,4 millones de dólares, pero en el primer semestre de 2013 solo fueron 2,6 millones. En los primeros seis meses se captaron 328,4 millones de dólares en cooperación venezolana, 14,1 millones menos respecto al mismo periodo de 2012. De esta forma los préstamos de Petróleos de Venezuela S. A. y del Banco de Desarrollo Económico y Social del hermano país se redujeron. Por otro lado se dejaron de percibir 182,2 millones de dólares en ventas externas en 2013. La mayoría de los principales rubros y mercados más importantes cayeron y las pérdidas no lograron revertirse. Se registró una caída en exportaciones de 6,6%, lo que visibilizó perdidas en productos como el azúcar o el café. Y aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destinatario, las ventas a ese país fueron las más afectadas, reduciéndose en 22,8%.

A pesar de estos nubarrones, no todo el panorama es negativo: en agosto entró en vigencia el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con el cual se podrían triplicar las exportaciones en los próximos cinco años. En octubre se realizó el primer envío de 41.274 toneladas de azúcar a Rumania; fue el primer rubro en aprovechar el tratado. Igualmente el Fondo Monetario Internacional calificó la implementación de políticas económicas de favorables y, aunque el país no firmó un nuevo programa económico, aceptó el acompañamiento del organismo financiero. Además, 2013 fue el año del oro, rubro que superó la barrera de 400 millones de dólares, ubicándose como el segundo de exportación, y el grupo hondureño Karim%u2019s anunció que la empresa de zona franca Cone Denim reiniciará operaciones bajo su administración y el nombre Pride Denim Mills, cuya textilera generará más de 600 empleos. Para esto, Banpro Promerica otorgó un generoso crédito a la Corporación Nacional de Zonas Francas. Por último, ha florecido el turismo con 4,3 millones de visitantes, incluyendo emigrantes locales, que han hecho crecer en 1,26% los turistas registrados.

Lecturas positivas

Existen claros puntos a favor para Nicaragua, como la continuidad de su política de igualdad en la vida pública entre hombres y mujeres, que ha llevado a más del 40% de presencia femenina en la Asamblea Nacional y una alta participación en cargos públicos, que colocan al país a la vanguardia latinoamericana y mundial según el Foro Económico Mundial. A pesar de la política sobre las fuerzas armadas, el cuerpo de policía sigue siendo de los más respetados de la región y, según el informe anual de Freedom House, hay avances en derechos políticos y libertades civiles debido al impacto positivo de las consultas sobre las reformas constitucionales propuestas, avances en la corrupción, transparencia, el progreso gradual en los derechos de las mujeres y la lucha contra la trata de personas. En cualquier caso el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD que cubre el año 2013 muestra preocupantes situaciones aún por resolver.

No se puede olvidar la celebración del centenario de la provincia eclesiástica que el papa Benedicto XVI había concedido a Nicaragua como año jubilar. Lo inauguró monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y vocero de la Conferencia Episcopal, en torno al Año de la Caridad, que concluye tres años de preparaciones culminando con una celebración en diciembre de 2013 en la Arquidiócesis de Managua.

• Presenta una caída en su puntuación de más del 26%, obteniendo la peor puntuación desde el 2002 a la fecha
• Las dimensiones que presentan un mejor comportamiento con respecto al año anterior son la Dimensión Democracia de los Ciudadanos y la Democracia Económica, mientras que descienden la Democracia de las Instituciones y la Democracia Social.
• Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático
• Democracia de los Ciudadanos.En la Dimensión Respeto de los derechos políticos y las libertades civiles Nicaragua obtiene en esta edición su mejor puntuación histórica. Supera el promedio regional. Pertenece al grupo de países con desarrollo democrático medio. Muestra avances en los índices que miden los derechos políticos y las libertades civiles que, aunque el valor obtenido aún es muy crítico, le permiten salir de la peor puntuación de la región. También se observan mejoras en las variables que miden el Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad y en la participación de la mujer en el gobierno.
• Existen puntos a favor claros para Nicaragua, como la continuidad de su política de igualdad en la vida pública entre hombres y mujeres, que ha llevado a más del 40% de presencia femenina en la Asamblea Nacional y la alta participación en cargos públicos, colocando al país a la vanguardia latinoamericana. El cuerpo de policía sigue siendo de los más respetados de la región, y según el informe anual de Freedom House hay avances en derechos políticos y libertades civiles, debido al impacto positivo de las consultas sobre las reformas constitucionales propuestas, avances en la corrupción, transparencia, el progreso gradual en los derechos de las mujeres y la lucha contra la trata de personas.
• En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Nicaragua presenta un resultado peor al del 2013, por los retrocesos registrados en los indicadores de Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y en Accountability.
• 2013 podría denominarse el año de la consolidación jurídica del régimen de Daniel Ortega, quien logró imponer unas reformas constitucionales hechas a su medida. La propuesta se presentó para modificar casi un tercio del articulado de la carta vigente de 1987. El aspecto de mayor impacto consistió en la supresión de los impedimentos a la reelección presidencial, para posibilitar sea continua e indefinida dándole además a Ortega el poder de legislar en materia administrativa. El fortalecimiento del Ejecutivo no se limita a la figura presidencial. En la reforma constitucional se propuso aumentar el periodo de alcaldes concejales y consejeros regionales de la Costa Caribe de cuatro a cinco años, extendiendo el período por un año más. Dentro de la lógica de los incentivos, una muestra más de premio y fortalecimiento a las mayorías sandinistas representantes en el territorio nacional. Esta serie de reformas le permiten gobernar desde la concentración del poder en el Ejecutivo, violando los principios liberales de la teoría de la separación de poderes y con un talante abiertamente populista y autoritario. Los enfrentamientos y el abuso de poder han sido la causa de la aplicación del Factor de Anormalidad Democrática.
• Positivamente la modificación incluye una cláusula por la cual se indica que el transfuguismo político es una traición a la voluntad de los electores.
• La reforma contempló la inclusión de los Gabinetes de la Familia, antiguos Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como órganos de decisión y ejercicio de la %u201Cdemocracia directa%u201D. Plantea que son mecanismos de la democracia directa el referéndum y el plebiscito, los presupuestos participativos, las iniciativas populares, los Consejos Territoriales, los Gabinetes de Familia y otros procedimientos.
• En la Dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren Bienestar la puntuación obtenida es la peor de la serie, lo que la convierte en una país con mínimo desarrollo democrático. Su menor rendimiento fue motorizado por un marcado descenso de algunas de las variables que la componen, Población Bajo la Línea de la Pobreza, Desempleo y Gasto en Educación, a pesar que este sea el terreno donde mayor reconocimiento -incluso desde algunos sectores de la oposición- ha cosechado el gobierno sandinista, con la puesta en marcha de diversos programas dirigidos a la población más desfavorecida. Aunque se registran avances en materia social, la aplicación de programas gubernamentales no ha logrado modificar la estructura de pobreza y desigualdad. El Ejecutivo de Ortega asegura que en los últimos 4 años ha logrado reducir la pobreza rural en más de 6 puntos y la desnutrición crónica a la mitad (del 22% en 2009 al 11,6% en 2013). La recuperación de la gratuidad en salud y educación desde el inicio del mandato ha sido una de las principales iniciativas del gobierno. Paralelamente, el gobierno ha puesto en marcha una serie de programas emblemáticos, entre los que destacan el %u2018bono solidario%u2019 y el %u2018bono productivo%u2019.
• En la Dimensión capacidad para generar políticas que aseguren Eficiencia Económica el avance se corresponde con una mejora del nivel de endeudamiento de la economía, con un avance en el PIB per cápita y con un mayor nivel de inversión. Sólo ha retrocedido, preocupantemente, el indicador que mide la brecha de ingreso.
• En primer lugar, la coyuntura internacional favorable a los productos clásicos de exportación (café, azúcar, etc.) ha permitido al país mayores ingresos y por ende más recursos para el presupuesto gubernamental. En segundo lugar, el aumento del empleo y la seguridad social y sobre todo el fuerte incremento del salario mínimo (casi un 150% en 5 años) tanto urbano como rural, muestran la cara más progresista del Frente. En la misma línea, el trabajo conjunto con el sindicalismo agrario liderado por la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) ha propiciado algunas mejoras en las condiciones de vida del sector campesino.
• El tema estrella de actualidad en Nicaragua es la promesa de la construcción de un canal interoceánico que conecte el Atlántico con el Pacífico. El viejo sueño centenario ha sido rescatado por el Ejecutivo de Ortega, consciente de que en el imaginario colectivo y popular siempre fue considerado una vía indiscutible para %u201Csalir de la pobreza y el subdesarrollo%u201D.

1.Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de derechos políticos y de libertades civiles

3.Incrementar la lucha contra la corrupción

4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

5.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa

6.Evitar caer en la formulación de medidas que amolden las instituciones a proyectos personalistas

7.Implementar políticas de empleo

8.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación

9.Profundizar la lucha contra la pobreza

10.Implementar medidas de desarrollo económico

11.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera

12.Generar clima favorable a las inversiones