IDD-Lat 2014 |
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México |
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México ha empeorado levemente este año su puntaje del Ãndice de Desarrollo Democrático en un 1,5%, acercándose al peor valor de la serie, que habÃa obtenido en el 2011 (Gráfico 3.51). Forma parte del grupo de paÃses con desarrollo democrático medio superando el promedio regional. Pese a su retroceso, en base al comportamiento de los otros paÃses de la región, logra mejorar en una posición su ubicación en el ranking latinoamericano, pasando del 7° al 6° lugar. El comportamiento de las dimensiones no ha sido parejo, las dimensiones que se refieren a la democracia de los ciudadanos y a la democracia de las instituciones presentan variaciones negativas, mientras que aquellas que se refieren a las variables sociales y económicas muestran avances, de grado significativo en el caso social. Dentro de los retrocesos, el más importante se verificó en la dimensión Respeto de las Libertades Civiles y Derechos PolÃticos.
En la dimensión IV, que da cuenta de la Capacidad para Generar PolÃticas que Aseguren Eficiencia Económica, el paÃs muestra una mejor puntuación y recibe uno de los mejores puntajes de toda la serie, junto a los de los años 2004 y 2009 (Gráfico 3.55). Aunque desde el 2013 México ya no lidera esta dimensión, en esta oportunidad recupera un lugar en el ranking, colocándose en la segunda posición, sólo aventajado por Chile. Se observan mejores resultados en los indicadores de Libertad económica, PIB per cápita e Inversión. Sin embargo, dada la desigualdad social del paÃs, preocupan las bajas operadas en las variables de Brecha de Ingreso y Endeudamiento. En esta dimensión del desarrollo democrático, México integra el grupo de paÃses con alto desarrollo democrático, junto a Chile, Perú y Uruguay. México 2013: alcanzar las reformas postergadasCarlos CastilloI. Antecedentes: el Pacto por México En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la disposición del Ejecutivo para debatir, discutir y echar a andar con la oposición las reformas estructurales postergadas durante los dos sexenios anteriores (el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón Hinojosa) marcó la agenda polÃtica de todo el 2013 con una prisa inédita del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta ese momento. Esto demuestra que la voluntad polÃtica de construir acuerdos era indispensable para dar los pasos que comenzaran a impulsar a México como un paÃs competitivo, moderno, capaz de aprovechar sus riquezas y de promover su economÃa a través de la adecuación de marcos legales que hasta ese momento habÃan resultado escollos claros al desarrollo polÃtico, económico y social. Doce años pasaron desde que el Partido Acción Nacional (PAN) logró la alternancia polÃtica en el Poder Ejecutivo Federal, el mismo tiempo durante el cual, desde el Congreso de la Unión, el PRI regateó su apoyo a los cambios y transformaciones propuestos por Fox y Calderón. Esta situación trajo consigo rezagos graves en temas de primera importancia: las reformas que aceleraran la economÃa, que abrieran el sector energético para hacerlo competitivo, que aumentaran el número de contribuyentes al fisco y combatieran la economÃa informal, que lograran un trabajo coordinado en temas de seguridad y combate al crimen organizado entre federación y estados, entre otras, permanecieron sin llegar a buen puerto o, en el mejor de los casos, fueron abordadas sin una voluntad decidida para alcanzar cambios sustanciales y de largo aliento. Lo que a la postre puede considerarse un auténtico bloqueo legislativo de más de una década (puesto que el PAN por sà solo no alcanzaba las mayorÃas necesarias ni pudo tampoco construir un bloque que respaldara su agenda polÃtica y económica tuvo dos razones principales: la negación por el PRI de que fuera su opositor el que lograra esos cambios históricos y el cálculo electoral tanto del PRI como del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que consideraron que su fuerza electoral se debilitarÃa si el PAN lograba situarse como impulsor de las reformas. Tras la victoria del PRI en la Presidencia de la República en 2012, iniciar el sexenio con un gran acuerdo nacional que sumara a las distintas fuerzas polÃticas para impulsar una agenda de cambios fue una decisión aplaudida y respaldada por la opinión pública, la clase polÃtica y la sociedad en general. Trajo consigo una serie de compromisos signados por el Ejecutivo y los principales partidos polÃticos (PAN, PRI y PRD) que constituyeron el llamado Pacto por México: un acuerdo para, en palabras del propio documento suscrito, %u201Cculminar la transición democrática e impulsar el crecimiento económico que genere empleos de calidad para los mexicanos, y permita disminuir la pobreza y la desigualdad social%u201D. Cinco ejes rectores reunieron los 95 acuerdos que se impulsarÃan desde las Cámaras de Diputados y Senadores: 1. sociedad de derechos y libertades; 2. crecimiento económico, empleo y competitividad; 3. seguridad y justicia; 4. transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; 5. gobernabilidad democrática. El texto completo del acuerdo puede consultarse en <www.pactopormexico.org>. La firma, realizada el 2 de diciembre de 2012, marca los principales sucesos que se incorporan en esta edición del IDD Lat. Las reformas estructurales El Pacto por México representó un avance en temas que, detenidos durante largo tiempo, encontraron por fin la disposición de las fuerzas polÃticas que conforman el mapa electoral mexicano para dar cauce a demandas que podrÃan transformar a muchos de los sectores más importantes del paÃs.. Reformas educativa y laboral Un primer signo de la buena voluntad del Ejecutivo ocurrió el 26 de febrero, con el arresto de la lÃder vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, obstáculo principal de los cambios en el sector durante los dos sexenios anteriores, tras el poder acumulado en 24 años de presidencia de aquel organismo. La detención ocurrió un dÃa después de la promulgación de la reforma educativa, que entre sus principales aspectos modifica el modo en que los docentes serán evaluados para condicionar su permanencia o no como tales; antes, la obtención de la plaza, vitalicia y hereditaria, aseguraba la permanencia del maestro. Se busca establecer asà un servicio civil de carrera magisterial, dotando de plena autonomÃa al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y removiendo también el control del sindicato sobre el otorgamiento de las plazas. Este cambio del enfoque discrecional al meritocrático y la respectiva evaluación contaron con oposiciones que desencadenaron en el paro del otro gran sindicato educativo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes dejaron de impartir clase a alrededor de dos millones de alumnos en 16 de los 32 estados del paÃs durante cinco meses. Aunada a la reforma educativa, la reforma laboral termina con la gran opacidad en el uso de recursos sindicales al establecer la obligación de hacer públicos los estatutos de los gremios. Ello fortalece la democracia y la transparencia, asà como merma el uso corporativo de los trabajadores, hecho que durante décadas ha sido común en procesos electorales del nivel local y el federal. Reformas financiera, económica y fiscal Con la aprobación de la reforma financiera, promulgada en enero de 2013, se pretende abaratar las tasas de interés del sistema bancario para favorecer el acceso al crédito y a los servicios financieros a personas y empresas; ello va aunado a una reforma económica con la que se busca reducir las prácticas anticompetitivas y la fuerza de los monopolios en distintos ámbitos de la actividad económica (telefonÃa, televisión, entre otros). Estos cambios, como se verá más adelante, van enfocados directamente al sector energético y al de telecomunicaciones. Si bien el Ejecutivo contó con el apoyo de la oposición en estas modificaciones legales, ocurrió lo contrario con la reforma hacendaria, a la que el Partido Acción Nacional se resistió por considerar que muchas de sus disposiciones afectarÃan a la economÃa mexicana, sobre todo en lo que respecta a las clases medias, productivas y a pequeñas y medianas empresas; por ejemplo, el gravamen que se pretendió implantar al arrendamiento y a la enajenación de vivienda, a los intereses y comisiones derivados de créditos hipotecarios, a los servicios educativos privados (colegiaturas) y a los espectáculos. Tras las negociaciones, estos impuestos quedaron fuera de la iniciativa del Ejecutivo, pero se mantuvieron otros cuestionados por sus efectos sobre aquellos sectores: la homologación del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza del paÃs -que subió de 11 a 16#%-, el aumento a la transportación terrestre y a las importaciones temporales de la industria maquiladora, el gravamen de 5#% a alimentos no básicos y el de 16#% a alimentos de mascotas. Reforma energética y de telecomunicaciones El sector energético ha sido clave para el desarrollo del paÃs, sobre todo en lo que respecta a la extracción, procesamiento y usufructo del petróleo. El cambio principal de esta reforma, promulgada en diciembre de 2012, se puede resumir en las modificaciones constitucionales que permitirán que particulares puedan intervenir en los diversos eslabones productivos del sector de hidrocarburos, asà como en el de energÃa eléctrica. La pérdida del monopolio y de las potestades exclusivas del Estado en la materia son un logro histórico que se espera que agilice, optimice y haga más rentables ambos productos, atendiendo a la sustentabilidad ambiental que ha sido introducida en el artÃculo 25 de la Constitución. En lo que refiere a las telecomunicaciones, a partir de la reforma aprobada en marzo de 2013 se define a estas como servicios públicos de interés general, y se faculta al Estado para que garantice los atributos de universalidad, pluralidad, competencia, acceso libre y cobertura universal, lo cual se suma a la decisión de abrir el sector a la inversión extranjera para incentivar a nuevos proveedores de medios masivos de comunicación. Al respecto, los derechos de audiencia y de libertad de expresión se refuerzan con la obligación de las radiodifusoras y de los canales de televisión de permitir la retransmisión gratuita de sus señales a las empresas de televisión restringida; asimismo, se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos constitucionales autónomos para regular el espectro radioeléctrico y asegurar los derechos de los actores económicos. Reforma polÃtico-electoral y de transparencia Desde 1933, la reelección en todos los niveles de gobierno fue prohibida en México por cuestiones de centralismo del poder y del control que el PRI construyó en torno de la figura presidencial. Con la reforma polÃtico-electoral se revierte ese anacronismo del sistema mexicano, al permitir que la reelección sea posible para diputados federales, senadores y ayuntamientos, por un máximo de un periodo. Este incentivo aspira a la profesionalización de la labor legislativa, asà como a la rendición de cuentas de los representantes populares, y va de la mano con la creación de un nuevo organismo para organizar los comicios, el Instituto Nacional Electoral (en sustitución del Instituto Federal Electoral), que podrá, entre otras atribuciones, asistir de manera subsidiaria a las entidades federativas en esa labor cuando considere que la imparcialidad se encuentra comprometida en algún nivel de gobierno. Junto con ello, la reforma por la transparencia y el acceso a la información hace obligatorio que los partidos polÃticos, asà como los sindicatos, sean sujetos de rendición de cuentas. Se fortalece asà el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos entregados a aquellos actores y elimina la discrecionalidad en su manejo. El Pacto por México, en suma, se convirtió durante 2013 en la herramienta de transformaciones de gran calado y largo alcance con las que se aspira a romper mitos (como el nacionalismo energético) que frenaron el desarrollo de México, al tiempo que se fortalecen los derechos ciudadanos y la calidad de la democracia. Cabe señalar que los debates legislativos en torno a las leyes secundarias de las reformas energética, de telecomunicaciones y polÃtico electoral -que son previos a cualquier decreto constitucional-, se desarrollan al tiempo que se redacta este informe. El mapa electoral Durante el año 2013 se llevaron a cabo elecciones para conformar los Congresos estatales en 13 entidades de las 32 del paÃs. También se eligió gobernador en el fronterizo estado de Baja California, donde el Partido Acción Nacional obtuvo el triunfo y refrendó una permanencia que data desde 1989; la victoria representó un aliciente para este partido, que perdió la presidencia de la República en 2012. En las elecciones para los Congresos de Aguascalientes, Oaxaca, Puebla y Sinaloa ganó el PAN (en los tres últimos mencionados ostenta además la gubernatura del estado). El PRI, por su parte, obtuvo la mayorÃa en Coahuila, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, estados en donde este partido encabeza asimismo las respectivas gubernaturas. Cabe señalar que el promedio de abstención alcanzó, sumando los 14 procesos, a cerca de 60#%. Conflictos sociales Además de los conflictos ya mencionados -propiciados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con motivo de la reforma educativa-, destaca la aparición de grupos de autodefensa en los estados de Michoacán y Guerrero, donde civiles armados asumieron las labores de las fuerzas del orden, desarmando a la autoridad establecida y asumiéndose como garantes de la seguridad. Esta situación ha sido permitida por el Gobierno federal, que incluso ha intentado incorporarlos a la vÃa institucional. La acción del narcotráfico, por su parte, ha dejado un saldo de más de ocho mil ejecutados, fruto tanto del combate al crimen organizado como de sus actividades ilÃcitas. El tema ha contado con menor cobertura de la prensa, fruto en buena medida de la discreción con la que el Gobierno ha tratado el tema Conclusiones y perspectivas Los sucesos del año 2013 han demostrado que hay dos modelos de paÃs en disputa: por una parte, aquel que aspira conservar privilegios y mantener el estadio de la situación polÃtica, económica y social de acuerdo con intereses minoritarios, y por la otra, el que busca impulsar los cambios que vayan insertando a México en la modernidad en aspectos como la democracia, la economÃa, la educación, las telecomunicaciones, la energÃa, entre otros. Ambos modelos se mantuvieron durante 2013 en una pugna constante, y son integrados, del lado que busca mantener un ya insostenible proyecto anacrónico de paÃs, por algunas facciones del PRD, conformado en su base social por grupos que han hecho del discurso que condena cualquier avance un proyecto capaz de movilizar a sectores bajo la bandera del populismo más retrógrado; por el lado de quienes apuntan a sumarse y a extender los cambios propuestos en el Pacto por México, se encuentran el PRI y el PAN: el primero, con la decisión de asumir como propia esa agenda y presentarla como logro exclusivo del Ejecutivo, el segundo, en congruencia con una tradición que se remonta inclusive a su fundación en 1939, y que apunta a impulsar aquellas propuestas que representen un avance serio, lograble y que redunde en beneficios para la nación en su conjunto. La prevalencia de uno u otro modelo dependerá del modo en que cada postura sea capaz de incidir en una suma de transformaciones que, al final de cuentas, aspiran a fortalecer o debilitar la cultura democrática de la ciudadanÃa. Será durante 2014, tras la discusión de las leyes secundarias de las reformas logradas en el Pacto por México, y durante 2015, luego de las elecciones intermedias federales en que se elegirán gobernadores en doce estados, cuando se pueda establecer un balance acerca de los métodos y estrategias utilizados por cada parte.
1.Lograr mayor adhesión de la ciudadanÃa en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanÃa. 2.Fortalecer el respeto de los derechos polÃticos 3.Incrementar la lucha contra la corrupción 4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 5.Implementar polÃticas de empleo 6.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación 7.Profundizar la lucha contra la pobreza 8.Implementar medidas de desarrollo económico 9.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomÃa financiera 10.Generar clima favorable a las inversiones |
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El puntaje alcanzado en la Dimensión de derechos y libertades, que mide la democracia de los ciudadanos, ha sido más bajo que el obtenido el año anterior y ya no supera el valor promedio de la serie (Gráfico 3.52). México ocupa el 14º lugar en el ordenamiento regional de este año, descendiendo seis escalones con respecto al año anterior. Este retroceso es producto principalmente de un peor resultado en el indicador de condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad, sumado a que mantiene los crÃticos valores que muestran los indicadores que miden el respeto de las libertades civiles y los derechos polÃticos y el de voto de adhesión polÃtica. En esta dimensión México integra el conjunto de paÃses con bajo desarrollo democrático junto a Panamá, República Dominicana y Venezuela.
El valor obtenido en Calidad Institucional y Eficiencia PolÃtica, democracia de las instituciones, ha disminuido nuevamente, y en esta ocasión con un grado más elevado (Gráfico.3.53), en el orden de un 17%, alcanzando su peor valor desde el 2002 a la fecha. Este comportamiento se explica por los retrocesos en los indicadores de Ãndice de Percepción de la Corrupción y Accountability, especialmente la polÃtica y la social. A pesar de este descenso, el paÃs gana dos lugares en el ranking regional, pasando del 9º al 7° lugar, que ya habÃa ocupado en el ranking 2012. México en esta dimensión no alcanza el valor promedio y forma parte del grupo de paÃses con bajo desarrollo democrático.
En la Dimensión social, México presenta una mejora que le permite recuperar su brusca caÃda del año anterior, como consecuencia de un mejor comportamiento en los indicadores que miden eficiencia en salud, eficiencia en educación y desempleo, que estadÃsticamente presentan un avance con respecto al 2013. El único indicador que muestra un leve descenso es el que mide la población bajo la lÃnea de la pobreza (Gráfico 3.54). México pertenece al conjunto de paÃses que presentan desarrollo democrático medio en esta dimensión y se coloca por encima del promedio regional. México gana un lugar del ranking regional, pasando a ocupar el 8°.
