Guatemala presenta este año un fuerte retroceso en desarrollo democrático, tras la leve recuperación evidenciada en el 2012, sosteniendo un bajo desempeño en prácticamente toda la serie de medición del IDD-Lat (Gráfico 3.41), y esto le significa no poder salir del grupo de países con mínimo desarrollo democrático y en esta ocasión ocupar el último lugar del ranking regional, perdiendo una ubicación con respecto al 2013. Su peor puntuación se debe a los malos resultados obtenidos en todas las dimensiones, alcanzado la peor calificación en sus propias series históricas en las dimensiones de la democracia de los ciudadanos, desarrollo social y económico. El descenso más significativo se produjo en la dimensión económica. Es uno de los cinco países que califican con Mínimo Desarrollo Democrático, junto a Nicaragua, Venezuela, Honduras y República Dominicana.

El valor obtenido en la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, presenta un descenso con respecto al puntaje obtenido en el 2013. La caída es del orden del 40%, resultado que mantiene a Guatemala por debajo del promedio regional, alcanzando el peor valor de su serie, alejado del resultado del año anterior, que fue el mejor obtenido por este país desde el 2002 a la fecha (Gráfico 3.42). Muestra de este comportamiento es que ocupa el último lugar del ranking, bajando una posición con respecto al año anterior. En general, casi todos los indicadores se han mantenido en los valores habituales, de escasa magnitud, con el agravante que los indicadores que miden la participación de la mujer en el Estado y el condicionamiento de las libertades por inseguridad muestran un fuerte retroceso. La puntuación obtenida en cada uno de los indicadores muestra pobres resultados en todas las áreas que abarca esta dimensión; especialmente aquellas relativas a la inseguridad y a los derechos políticos. Consecuencia de este comportamiento es que Guatemala siga presentando mínimo desarrollo democrático.

La Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, presenta la misma tendencia que la que mide los derechos y las libertades; aunque con un descenso menor, del orden del 3%, perdiendo parte de lo que había recuperado en el 2012 (Gráfico 3.43). Guatemala muestra una curva con importantes variaciones, arranca en el 2002 con una puntuación cercana a los 6 puntos y llega, tres años después, a superar apenas los 2 puntos. Los datos de este año vuelven a mostrar esa inestabilidad. La caída en esta medición es producto de retrocesos en los indicadores del índice de Percepción de la corrupción y del de Accountability. El resto de las variables presenta resultados similares a los del año anterior, en niveles muy bajos. El indicador que presenta un comportamiento positivo es la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo. Uno de los problemas que sigue enfrentando Guatemala es que el puntaje recibido en el indicador de Desestabilización de la democracia es muy negativo. Guatemala, pese a todo, logra mejorar en el ranking regional como producto del pronunciado descenso de muchos países de la región en esta dimensión y alcanza el 6º lugar con una puntuación de 3,843. Con este descenso, el país se mantiene por debajo del promedio regional. Pertenece al grupo de países con bajo desarrollo democrático en esta dimensión.

Con respecto a la dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, Guatemala ha empeorado fuertemente la puntuación del 2013, alcanzando el peor valor de la serie, superando el del 2011. El descenso es del 42% (Gráfico 3.44). Su rendimiento en esta dimensión se explica, no solo por el descenso de la variable que mide el gasto público en educación; si no también por el avance de otros países de la región que mejoraron el promedio de la dimensión. De hecho Guatemala presenta incremento en algunas variables, como las correspondientes a Mortalidad Infantil y Matriculación Secundaria. El resto se mantuvo estable. Guatemala tiene mucho camino por recorrer hasta lograr valores similares al promedio de la Región. Su puntuación final ubica al país en el puesto 16º del ranking regional, subiendo un peldaño con respecto al 2013. Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo social.

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El valor de la dimensión Económica vuelve a estar por debajo del promedio, y en esta ocasión la puntuación general presenta un fuerte retroceso, lo que la coloca a Guatemala entre los países con mínimo desarrollo democrático (Gráfico 3.45). Por otro lado, esta puntuación es la peor que presenta la serie histórica desde el 2002 a la fecha. Los indicadores que motorizan el descenso de este año son Índice de Libertad Económica, PIB per Cápita, Brecha de Ingreso e Inversión. La única variable que presenta una variación positiva es la de endeudamiento. Guatemala desciende en el ranking regional, ocupando el 17º lugar entre los 18 países evaluados, perdiendo cuatro posiciones.

Guatemala

2013: Un año de división

Las grandes limitaciones del Estado guatemalteco resultan en ineficacia institucional y dificultades en el ejercicio de los derechos básicos, en el contexto de una sociedad polarizada.

El bloqueo en el Congreso

Quizás una de las tensiones políticas más importantes en 2013 la constituye la parálisis a la que fue sometido el Congreso de la República por el grupo parlamentario del partido Libertad Democrática Renovada, LIDER. Dicha bancada inició la legislatura en enero de 2012 con 14 diputados y se nutrió con el transfuguismo de representantes electos por otros partidos hasta contar con 38 miembros en agosto de 2013 (Blas, 2013: 9) y constituirse en la primera fuerza de oposición. Su actividad en el Parlamento durante el año se limitó a continuar la interpelación del ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, iniciada en noviembre de 2012. Dicha interpelación se prolongó a lo largo del año derivando en una práctica de filibusterismo, impidiendo la introducción de cualquier otro punto en la agenda, efectivamente bloqueándola y sometiendo al país a una parálisis legislativa durante buena parte de 2013.

La Constitución establece que la interpelación puede interrumpirse para conocer legislación de urgencia nacional, la cual se aprueba mediante un procedimiento expedito que no requiere debate parlamentario, pero cuya introducción en la agenda requiere de mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados. En consecuencia, los partidos representados en el Congreso, tradicionalmente fragmentado y volátil, se han visto obligados a alcanzar consensos amplios para conocer legislación prioritaria. Sin embargo, esta suele ser aprobada con premura y sin el necesario debate público, lo cual incide en su calidad y legitimidad ante la sociedad civil y la opinión pública.

Reforma electoral incompleta

Las más importantes debilidades del Estado guatemalteco están relacionadas con su sistema de partidos políticos, que limita la creación de proyectos políticos de largo plazo y es incapaz de canalizar la discusión de los problemas nacionales. Por esta razón, durante 2012 se llevó a cabo una intensa discusión sobre la necesidad de una reforma electoral. A finales de octubre de 2013, el Congreso de la República aprobó -de %u201Curgencia nacional%u201D, para poder interrumpir la interpelación- la iniciativa 4783 que reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El texto final incluye provisiones de financiamiento público para campaña política, requisitos mayores para la inscripción de partidos políticos y cuotas de participación electoral para mujeres. No obstante, dichas medidas son superficiales en tanto no se abordan los problemas reales del sistema, como la ausencia de democracia interna en los partidos políticos y las limitaciones del órgano electoral para regular el comportamiento de dichas organizaciones, especialmente en la fiscalización y control de su financiamiento. La reforma se encuentra pendiente de opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad.

Justicia y polarización

Mientras el Congreso de la República se desentrampaba lentamente, la sociedad civil desarrollaba una discusión relacionada con el pasado reciente de Guatemala. El juicio a dos generales en retiro, José Rodríguez Sánchez y el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, avanzaba a hacia su fase final. Los ex militares fueron denunciados por organizaciones indígenas y de derechos humanos de delitos contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que se dio en Guatemala durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. Específicamente, las acusaciones se referían a los hechos acaecidos en el departamento de Quiché, entre 1981 y 1983. Viejas contenciones y prejuicios afloraron en la manera en que el juicio era analizado y comentado en la academia y en los medios de comunicación. Una multiplicidad de posturas se identificaban, desde aquellos que negaban las acusaciones hasta quienes las respaldaban, pasando por quienes las matizaban e intentaban precisar adecuadamente las características y alcance de los hechos juzgados.

Esta polarización se tradujo en críticas y presiones hacia los operadores de justicia que intervinieron en el juicio, las cuales se intensificaron con la condena contra los acusados y su posterior anulación, ambas en mayo de 2013. Las resoluciones que en relación al caso emitieron los tribunales competentes, en su caso la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, fueron invariablemente atacadas por algún actor interesado que cuestionaba su legalidad. Además, la confrontación continuaría definiendo posiciones políticas sobre diversos temas en los meses posteriores.

¿Reforma fiscal?

Uno de los logros más celebrados por el Gobierno durante 2012 fue la aprobación de una reforma tributaria que brindaría mejores recursos al Estado para la recaudación de impuestos. No obstante, en octubre de dicho año resultó evidente que las expectativas acerca de dicha reforma podrían ser exageradas, pues el jefe de la autónoma Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Miguel Gutiérrez, y el ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, entraron en una disputa pública por discrepancias en las proyecciones de recaudación fiscal para el año siguiente. La disputa se resolvió con la renuncia de Gutiérrez el 6 de marzo de 2013.

El 15 de octubre, el presidente anunció la decisión de intervenir la SAT, denunciando que prácticas de corrupción en dicha entidad impedían la efectiva recaudación de impuestos. La medida no estuvo exenta de críticas, especialmente de entidades académicas y think tanks, así como de políticos de oposición. También recibió opiniones diversas del sector privado organizado que en otras ocasiones había denunciado corrupción e inefectividad en la recaudación.

En medio de la controversia, Centeno presentó una sorpresiva renuncia al ministerio que dirigía, argumentando motivos personales y de salud. Fue sustituido por quien fuera su viceministra, la economista María Castro, quien continuaría el esfuerzo por fortalecer fiscalmente al Estado.

En retrospectiva, la reforma fiscal de 2012 tuvo un impacto muy limitado en la recaudación de 2013. Mientras que el PIB creció 3,7% en 2013 -uno de los más altos desde el inicio de la crisis financiera internacional en 2008, según cifras oficiales del Banco de Guatemala-, la recaudación tributaria se incrementó únicamente 0,1% del PIB (ICEFI, 2014: 13).

Conflictividad social in crescendo

La polarización se vio alimentada por la perenne conflictividad social, que llegó a puntos particularmente álgidos en algunas áreas del país durante 2013, escalando hacia situaciones violentas. Los conflictos sociales continúan en Huehuetenango (occidente), Quiché y Alta Verapaz (norte) y San Juan Sacatepéquez (centro). Así mismo, se han extendido hacia departamentos como Jalapa y Santa Rosa (oriente), así como municipios cercanos a la ciudad de Guatemala como San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

En todos los casos, el denominador común es la oposición de las comunidades, generalmente indígenas, a la instalación -sin la consulta requerida por tratados internacionales de rango constitucional- de empresas hidroeléctricas o de extracción de minerales en lo que consideran su territorio. A pesar del establecimiento de procesos de diálogo, en todos los casos el Gobierno ha recurrido, con distintas intensidades, al uso de la fuerza para restablecer el orden. En los casos de Huehuetenango, Santa Rosa y Jalapa, los conflictos han incluido desafíos abiertos a la fuerza del Estado por parte de las comunidades en protesta y se ha registrado la retención de personal o activos del Ejército y la Policía Nacional Civil, PNC.

Los riesgos de la expresión

De acuerdo con el informe Estado de la situación de la libertad de expresión en Guatemala durante el 2013, del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, CERIGUA, durante 2013 el país registró un incremento en las violaciones a la libertad de expresión, documentadas en 57 casos, frente a 36 en 2012 y 33 en 2011. Dichas violaciones toman formas diversas, desde acoso judicial por empresas y funcionarios públicos hacia periodistas, hasta amenazas y agresiones directas que pueden provenir de funcionarios, ciudadanos particulares o agentes desconocidos.

De entre los múltiples casos destacan las demandas judiciales interpuestas en noviembre contra el principal accionista del diario El Periódico, José Rubén Zamora, por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. La demanda de Pérez Molina fue por coacción, extorsión, violación a la Constitución y desacato; Baldetti, por su parte, se amparó en legislación contra la violencia de género, aduciendo sufrir violencia psicológica por los textos de Zamora. El Periódico ha mantenido una postura crítica del actual gobierno, denunciando abiertamente situaciones de corrupción y conflicto de interés, así como el supuesto castigo por sus funcionarios a través de la eliminación de la pauta publicitaria estatal. Además, Zamora había denunciado intimidaciones y amenazas, responsabilizando directamente al Gobierno. Ambas demandas fueron retiradas posteriormente.

Cabe destacar que en 17 de los 57 casos documentados por CERIGUA, el origen de la agresión es desconocido. De esto se infiere que la principal amenaza a la libertad de expresión es la limitada capacidad del Estado para proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Por esto, es resaltable la propuesta del Gobierno, oficializada el 28 de noviembre de 2013, de crear el Programa de Protección a Periodistas, el cual funcionaría como un órgano interinstitucional para el fin descrito[1].

• Guatemala presenta un fuerte retroceso en desarrollo democrático.
• No logra salir del grupo de países con mínimo desarrollo.
• Ocupa el último lugar del ranking regional.
• Su peor puntuación se debe a los malos resultados obtenidos en todas las dimensiones, siendo el descenso más significativo el de la dimensión económica.
• Democracia de los Ciudadanos. La Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles presenta un descenso del 40% con respecto al puntaje obtenido en el 2013. Se mantiene por debajo del promedio regional. Obtiene el peor valor de la serie. Ocupa el último lugar del ranking. Los indicadores que miden la participación de la mujer en el Estado y el condicionamiento de las libertades por inseguridad muestran un fuerte retroceso. Guatemala presenta mínimo desarrollo democrático.
• Pese a que en el segundo año del actual gobierno hubo ciertos logros en materia de seguridad, el presidente sostiene que falta mucho para lograr la Guatemala segura con la que todavía sueña. La violencia se cobró, en el 2013, 6.072 vidas, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), lo cual representó 47 casos más que los 6.025 del 2012. Las fuerzas de seguridad capturaron en 2013 a un total de 49.633 personas por diferentes delitos, asesinatos, extorsiones y narcotráfico incluido, un 12,8% más que en 2012, según el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar. Lo destacado del Gobierno en el marco de su Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz es el aumento del número de agentes y la profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC).
• Democracia de las Instituciones. Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política: Guatemala tiene un comportamiento negativo, por retrocesos en los indicadores de índice de Percepción de la corrupción y Accountability. Guatemala ocupa la última ubicación. No alcanza el promedio regional. Pertenece al grupo de países con bajo desarrollo democrático.
• Sin embargo Guatemala está dando algunos pequeños pasos hacia una mejor calidad institucional, durante el 2013 uno de ellos fue la posibilidad de interrumpir una interpelación en el Congreso de la República. Este cambio prácticamente rompió el bloqueo parlamentario que los partidos de oposición venían ejerciendo al abusar del juicio político. Anteriormente la interpelación daba lugar a una práctica maliciosa por parte de la oposición, en cuanto que utilizaba la interpelación para bloquear la agenda legislativa, y con ello presionar al Ejecutivo a satisfacer sus demandas.
• El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional colocó a Guatemala entre el 30% de países percibidos como más corruptos. Luego, un informe de la ONU resaltó la creciente ola de violencia en Guatemala por el narcotráfico. Como corolario, el International World Justice Project (IWJP) calificó a Guatemala como el cuarto país peor de la región en Estado de Derecho. El mandatario puso en duda los datos del IPC. Además, dijo que la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala debe limitarse a ayudar al fortalecimiento institucional en el país en los últimos meses de su mandato. Luego, al conocer el informe acerca del efecto del narcotráfico, Pérez Molina dijo que %u201Cquienes elaboraron el informe podrán ser expertos%u201D, pero no en cuanto a Guatemala. Así, las reacciones presidenciales dan la apariencia de una Guatemala desdoblada: la de su gobierno, y la que describen el IPC, la ONU y el IWJP. El mandatario inició un proceso penal acusando a José Zamora, el presidente de un rotativo local, El Periódico, que frecuentemente critica al gobierno por corrupción, de extorsión. Mientras tanto, la vicepresidenta Roxana Baldetti lo acusó de violencia contra la mujer, también por las críticas en su contra. Ambos desistieron del proceso pocos días antes de la visita de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al país, y emprendieron otro en un tribunal de imprenta.
• La polarización se vio alimentada por la perenne conflictividad social, que alcanzó puntos particularmente álgidos en algunas áreas del país durante 2013, escalando hacia situaciones violentas.
• Democracia Social.En la Dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar Guatemala ha empeorado fuertemente la puntuación del año anterior, alcanzando el peor valor de la serie. Guatemala tiene mucho camino por recorrer hasta lograr valores similares al promedio de la Región. Su puntuación final ubica al país en el puesto 16º del ranking regional. Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático.
• Como logro en materia social, en 255 de los 334 municipios que tiene el país no se registraron muertes infantiles por desnutrición, lo cual se atribuye a la estrategia del Pacto Hambre Cero, un programa a través de la cual el Gobierno entrega alimentos y remesas condicionadas a miles de madres pobres. Pérez Molina asegura que su meta es que en Guatemala no muera un solo niño por desnutrición. En el 2013 se registró una tasa de 0,68%, de acuerdo con el mandatario.
• Democracia de los Ciudadanos.En la Dimensión Económica la puntuación general presenta un fuerte retroceso. Está por debajo del promedio. Guatemala está entre los países con mínimo desarrollo democrático. Este resultado es el peor que presenta la serie histórica desde el 2002 a la fecha. Ocupa el 17º lugar.
• A partir de junio de 2013 el Congreso de la República aprobó una amnistía fiscal, rebajas y exoneraciones de impuestos, normas aduaneras, ratificó tratados comerciales, legislación ambiental, regulación de telefonía móvil y otras disposiciones de interés del sector privado. En este ímpetu legislativo, el oficialismo intentó que el Congreso aprobara bonos del Tesoro adicionales a lo presupuestado, los cuales se destinarían a pagar contratos sin crédito presupuestario. Sin embargo, el carácter ilegal de esos contratos sin crédito presupuestario y la sospecha que estos recursos adicionales se destinarían para financiamiento electoral anticipado del partido oficial, generaron desconfianza en el Congreso. Adicionalmente, esta intención del Ejecutivo generó el rechazo enérgico de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Como resultado, el Ejecutivo fracasó en su intento por aprobar los bonos, con lo cual también complicó severamente la aprobación de dos préstamos que constituían fuentes de financiamiento para el gasto presupuestado en 2013. Esto incidió en que el Congreso no aprobara el proyecto de presupuesto, con lo cual en 2014 regirá el presupuesto de 2013.

1.Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles

3.Profundizar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

4.Incrementar la lucha contra la corrupción

5.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa

6.Implementar políticas de empleo

7.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación

8.Profundizar la lucha contra la pobreza

9.Implementar medidas de desarrollo económico

10.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera

11.Generar clima favorable a las inversiones