IDD-Lat 2014 |
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El Salvador |
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El Salvador presenta en este informe una tendencia levemente positiva de desarrollo democrático, que continúa la tendencia de recuperación iniciada en el 2012, todavÃa lejos de los mejores valores de la serie obtenidos en 2002 y 2003 (Gráfico 3.36). Ha mejorado su puntuación respecto al valor obtenido en el año anterior en un 5%. Este ascenso le reporta un mejor lugar en el ranking regional donde se ubica en el 7° lugar, mejorando dos posiciones con respecto al año anterior. Sigue integrando el grupo de paÃses con bajo desarrollo democrático, aunque en esta edición logra situarse por encima del promedio regional. Los resultados positivos obtenidos en esta edición se deben a un mejor comportamiento en las dimensiones de democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones. El resto de las dimensiones registra un comportamiento negativo, fundamentalmente en la dimensión económica donde es más pronunciada la caÃda. La única dimensión del desarrollo democrático donde el paÃs supera el promedio regional, es la que corresponde a la democracia de las instituciones, con 6,954 puntos. En todas las otras, el paÃs se encuentra por debajo del promedio.
El SalvadorMarlon Hernández AnzoraReformas institucionales o polÃticas en 2013 Instituto de Acceso a la Información Pública El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es la institución encargada de velar por la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Está conformado por cinco comisionados propietarios y sus respectivos suplentes, los cuales son nombrados por el presidente de la República a partir de las ternas electas y propuestas por cinco sectores sociales. Pero no fue sino luego de 15 meses de retraso y por mandato de una sentencia de la Suprema Corte que el presidente Funes se vio obligado a elegir a los comisionados de las ternas que originalmente le fueron presentadas. A pesar de su nombramiento, los comisionados del IAIP pasaron buena parte de 2013 sin percibir sus salarios y sin recibir un centavo del Estado para su funcionamiento. Sin embargo, pudo fungir rápidamente con el apoyo de agencias de cooperación internacional, y para finales del año ya se habÃa convertido en una institución con mucha autonomÃa en sus resoluciones. La autonomÃa del recién nacido instituto provocó que los diputados de la Asamblea Legislativa, a través del decreto 303, intentaran reformar la LAIP con el objetivo de quitar al IAIP el carácter vinculante de sus decisiones y que pasaran a ser meras recomendaciones. Para buena fortuna de la institucionalidad democrática salvadoreña hubo una ola de pronunciamientos desde de la sociedad civil que presionó con éxito para que el presidente no sancionara dicho decreto. Impulso legislativo para el voto en el exterior En 2013 se creó la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior. En este año se inició el registro de los salvadoreños en el exterior en el padrón electoral. Sin duda el voto en el exterior significa un gran avance en la representación democrática del sistema polÃtico salvadoreño, ya que el paÃs se encontraba rezagado con respecto a la mayorÃa de América Latina. Sin embargo, apenas a unos meses de la elección de febrero de 2014, se contaba con una inscripción deficiente en el padrón electoral en el exterior, con apenas un 4#% del número de votantes potenciales estimado por las autoridades. La falta de planificación y coordinación interinstitucional, asà como la inadecuada destinación de fondos para campañas informativas y de empadronamiento generaron procesos costosos en tiempo y movilización para los compatriotas en el exterior, y resultó en una muy baja registración de salvadoreños para emitir su voto en 2014. Cuota de participación femenina La Ley de Partidos PolÃticos aprobada en 2013 estableció que cada partido deberá incluir en su planilla un treinta por ciento de participación de mujeres en las próximas elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y Concejos Municipales, que se realizarán en 2015. Esta cuota mÃnima fue una propuesta del Grupo Parlamentario de Mujeres, conformado por diputadas de todos los partidos polÃticos. Precampaña presidencial A diferencia de las campañas presidenciales de 2004 y 2009, en que se enfrentaron solo dos fuerzas (FMLN y ARENA) con posibilidades reales de competir, en 2013 apareció como una tercera opción con relativa fuerza la coalición UNIDAD, con su candidato ElÃas Antonio Saca y conformada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Otro nuevo elemento que surgió en la campaña presidencial fue la participación directa de la empresa petrolera ALBA haciendo proselitismo a favor de la candidatura del FMLN. Si bien en otros tiempos empresas ligadas a personeros de ARENA ponÃan distintivos del partido en las instalaciones de estas y obligaban a sus empleados a unirse a los equipos de vigilancia del partido (y lo continúan haciendo), esta elección presidencial fue la primera en la que una empresa realizó spots, cuñas radiales y publicaciones en periódicos apoyando la candidatura del Frente. Debe analizarse qué tan saludable es para el sistema polÃtico salvadoreño el hecho de contar con una débil regulación financiera de los partidos y sus campañas, y que además empresas privadas y mixtas entren a hacer campaña, frontalmente o debajo de la mesa, a favor de un partido o candidato. Las implicaciones de estas incursiones del mundo empresarial en el sistema de partidos y la campaña electoral podrÃan terminar siendo, o serlo ya, una combinación profundamente nociva para el desarrollo de la aún joven democracia salvadoreña. Es importante también remarcar que el tema de la corrupción fue instrumentado con fines electorales por ARENA y el FMLN, y se convirtió en una de las notas principales que dominaron la campaña en 2013. Esto contrasta con que El Salvador ocupa por segundo año consecutivo la posición 83 en el Ãndice de percepción de la corrupción (IPC), en la media inferior de los paÃses evaluados. La calificación de 38 puntos sobre un total de 100 lo ubica como un paÃs que aún tiene mucho en que avanzar en materia de anticorrupción. Libertades Libertad de prensa y derecho de respuesta Según el Informe sobre libertad de prensa de la Asociación Salvadoreña de Periodistas, en 2013 hubo un incremento en las agresiones a periodistas y bloqueos en el ejercicio de la labor informativa. Según el informe, periodistas de diversos medios de comunicación fueron vÃctimas de agresiones fÃsicas, verbales e impedimento al desarrollo de su tarea periodÃstica. En varias ocasiones, estas limitaciones y agresiones fueron cometidas por personal de seguridad privada que labora en instituciones públicas o por agentes de la PolicÃa Nacional Civil. Un avance en materia de libertad de expresión e información fue la aprobación la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, en julio de 2013. Hasta el momento, la ciudadanÃa no contaba con una legislación que la protegiera con respecto a errores, imprecisiones o mala fe en las publicaciones de los medios de comunicación. Medios públicos y medios comunitarios En 2013 también se presentaron anteproyectos de ley de medios públicos y de radiodifusión comunitaria, dando seguimiento a recomendaciones formuladas por la UNESCO y la RelatorÃa de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Estas iniciativas abrieron un intenso debate sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanÃa, asà como sobre los mecanismos para acceder al espectro radioeléctrico. Libertad versus seguridad: presos del temor y la violencia La libertad de circulación es una de las libertades que los salvadoreños han perdido desde hace varios años y 2013 no fue la excepción. Las principales pandillas o maras salvadoreñas, la MS13 y el Barrio 18, controlan importantes territorios urbanos con alta densidad poblacional, dentro de los cuales las personas de la comunidad o ajenas a esta no pueden circular sin la venia de los lÃderes pandilleriles locales. En los territorios controlados, también el transporte público y la iniciativa privada micro y pequeña son vÃctimas de extorsiones. Las maras se han convertido en una especie de autoridad criminal que funge con efectividad en los territorios que controlan, sin que los aparatos de justicia y represión estatal puedan cambiar esa realidad. En el primer semestre de 2013 aún imperaba el proceso conocido como tregua entre pandillas, iniciada en marzo de 2012. Pero si bien la tregua fue efectiva para reducir el alto Ãndice de homicidios, también es cierto que no se tradujo en una mayor libertad de circulación ni en la caÃda del pago de extorsiones de la población que vive en dichos territorios controlados. Este fue otro de esos años donde las libertades básicas de los salvadoreños continúan siendo condicionadas por la actividad delictiva de las pandillas, pero también por una generalizada violencia social y delincuencial. Hechos relacionados a la calidad institucional y del sistema polÃtico Inconstitucionalidad del general MunguÃa Payés El 17 de mayo de 2013, una resolución sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional (SC) destituÃa al ministro de Justicia y Seguridad Pública, general David MunguÃa Payés, quien era el responsable esa cartera cuando el inicio de la tregua entre pandillas. La Sala argumentó en su sentencia que su nombramiento violaba el precepto constitucional de separación entre las funciones de seguridad pública y las de defensa nacional, y además atentaba contra el espÃritu de desmilitarización de la seguridad pública plasmado en los acuerdos de paz de 1992. La sentencia de inconstitucionalidad con la que se destituyó al general MunguÃa Payés es una de las más relevantes de las varias con las que la Sala de lo Constitucional se ha convertido en un actor institucional que controla y limita las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Un rol que anteriormente no le era usual en la dinámica de frenos y contrapesos de la polÃtica salvadoreña. El inicio del fin de la tregua La denominada tregua entre pandillas, iniciada en marzo de 2012, permitió que los homicidios descendieran de 14 a 5,5 diarios por alrededor de 15 meses, hasta julio de 2013, cuando experimentaron su primera alza. La destitución de MunguÃa Payés de su cargo concordó con la llegada del primer pico de homicidios, con una tendencia a la elevación casi tan drástica como su caÃda en marzo de 2012. Reseñaba La Prensa Gráfica el 5 de julio de 2013: %u201CEn los primeros cuatro dÃas de julio se contabilizaron en El Salvador 66 homicidios, de acuerdo con el director del Instituto de Medicina Legal, Miguel FortÃn%u201D. Las nuevas autoridades de la seguridad pública restringieron la entrada de los mediadores de la tregua y asà se inició un perÃodo de incertidumbre, porque sea cierto o no que el ministro Payés fue el padre polÃtico de la tregua, con su destitución aparecieron también las primeras señales de contradicción entre los mediadores de la tregua y los funcionarios de seguridad pública del gobierno de Funes. Denuncia por actos de corrupción del ex presidente Flores A finales de 2013 el presidente Funes denunció en los medios de comunicación que el fiscal general de la República tenÃa en sus manos un reporte de operaciones sospechosas emitido por Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el que se rastreaba un movimiento inusual en las cuentas del ex presidente Flores, por unos USD 10 millones. Según Funes, dicha suma en las cuentas de Flores provenÃan de los ex presidentes de Taiwán, Lee Teng-hui y Chen Shui Bian, y fue recibida mientras Flores ejerció como presidente (1999 a 2004). Funes pidió al fiscal que actuara y no dejara este caso en el silencio. Posteriormente a la denuncia mediática de Funes las reacciones polÃticas derivaron en la creación de una comisión especial legislativa para la investigación del caso. Esta denuncia se dio tiempos delicados debido al proceso electoral que vivÃa el paÃs, razón por la que algunos intentaron deslegitimarla y desacreditar el mencionado procedimiento legislativo. Un elemento de riesgo importante que puede vislumbrarse del caso Flores-Taiwán es que la lucha contra la corrupción puede instrumentarse para hacer persecución polÃtico-partidista o como argumento de campaña electoral, desnaturalizando asà una genuina herramienta contra la corrupción en la gestión pública. Negación de información de la Asamblea Legislativa En septiembre de 2013 el IAIP multó a la junta directiva de la Asamblea Legislativa por 40 salarios mÃnimos, un equivalente a USD 9324, por negar información sobre los nombres y salarios de sus asesores. El diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, interpuso en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA), argumentando que hacer pública la información solicitada vulnerarÃa la intimidad de los asesores legislativos. La SCA se encuentra estudiando el recurso y ha decretado una medida precautoria que momentáneamente ha detenido el pago de la multa interpuesta. Despartidización de funcionarios de elección secundaria En 2013 la Sala de lo Constitucional emitió sentencia contra los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa a los más altos cargos de la Corte de Cuentas de la República (CCR), argumentando su evidente ligazón partidista. A pesar de que la Constitución no menciona ninguna prohibición para que militantes y dirigentes partidarios ocupen cargos de elección secundaria, la SC argumentó -fundamentándose en principios constitucionales- que, por tratarse del órgano contralor de la República, la CCR no debÃa ser ocupada por dirigentes ni militantes partidarios, anulando asà una elección de funcionarios que la Asamblea Legislativa ya habÃa realizado y mandando a elegir nuevamente según los criterios establecidos en su sentencia de inconstitucionalidad 49-2011. Con esta sentencia, la Sala de lo Constitucional abrió el camino para la despartidización en los cargos de elección secundaria. Los detractores de la Sala argumentan que ésta constantemente invade las competencias de otros órganos de gobierno y que se extralimita en sus atribuciones que la misma Constitución le establece, además de mostrar constantemente un sentimiento antipartidista. Pero más allá de esas valoraciones, lo cierto es que esta SC, a través de sus sentencias, ha transformado el sistema polÃtico salvadoreño desde 2009. La pregunta fundamental para el debate es si la mejor forma para reformar el sistema polÃtico es sobre la base de sentencias de la SC. Hechos vinculados al desarrollo social y humano Según el Banco Mundial, El Salvador registró un crecimiento de 2#% en 2011, de 1,6#% en 2012 y de 1,9#% en 2013. La economÃa salvadoreña ha sido la de más lento crecimiento no solo de Centroamérica sino de toda Latinoamérica en los últimos años y al respecto no hubo noticias relevantes en 2013. El Informe de desarrollo humano del PNUD presentado en 2013 indicaba que El Salvador habÃa bajado de la posición 105 a la 107, ubicándose como un paÃs de desarrollo medio, pero retrocediendo unos cuantos escalones. Un informe presentado en 2013 por el gabinete económico de la gestión Funes mostraba que el coeficiente de Gini pasó de 0,4824 en 2009 a 0,4100 en el año 2012, cifras que muestran una leve reducción en la desigualdad en el ingreso de los salvadoreños, pero aún es poco significativa, en uno de los paÃses que el mismo coeficiente cataloga como uno de los más desiguales de Latinoamérica.
1.Lograr mayor adhesión de la ciudadanÃa en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanÃa. 2.Fortalecer el respeto de los derechos polÃticos y de las libertades civiles 3.Incrementar la lucha contra la corrupción 4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 5.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa 6.Implementar polÃticas de empleo 7.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación 8.Profundizar la lucha contra la pobreza 9.Implementar medidas de desarrollo económico 10.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomÃa financiera 11.Generar clima favorable a las inversiones |
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La puntuación obtenida en la Dimensión I, que mide el Respeto de los Derechos PolÃticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, crece un 19% respecto de la medición anterior y se convierte con sus 5,036 puntos en la mejor puntuación de la serie, mejorando levemente el valor obtenido en el 2003 (Gráfico 3.37). El ascenso de este año es producto de un mejor resultado en los indicadores de Condicionamiento de las libertades por la inseguridad y de Género. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores similares al año anterior. Logra escalar 6 lugares por encima de donde estaba ubicado en el ranking regional, ocupando ahora el 10º lugar. Su puntuación casi alcanza el promedio regional (5,040). En esta dimensión El Salvador integra el grupo de paÃses con desarrollo democrático medio, por segunda vez desde que se mide el IDD-Lat.
En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia PolÃtica, democracia de las instituciones, el paÃs presenta una escala ascendente desde 2011, que lo lleva a superar nuevamente el promedio regional, como habÃa sucedido en el perÃodo 2002-2008, pero todavÃa no logra superar su mejor valor obtenido en 2003 (Gráfico 3.38). La puntuación de este año creció en más del 12% respecto del año anterior. El Salvador se ubica en el segundo lugar del ranking, por primera vez en la serie, sólo precedido por Uruguay. En el caso que aquà analizamos, los indicadores que muestran un signo positivo han sido los correspondientes a los que conforman la variable de Accountability, especialmente la legal, y el nuevo indicador de Número efectivo de Partidos PolÃticos en el Poder Legislativo. El indicador de Desestabilización de la democracia sigue en niveles muy bajos, los peores de la región. Con su mejor puntuación, ha ascendido en el ranking regional dos lugares, pasando de la 4º ubicación a la 2°. Aunque queda muy cerca del lÃmite superior, continúa integrando el grupo de paÃses con desarrollo democrático medio, esta vez junto a Costa Rica y Chile.
El comportamiento de los Indicadores de la dimensión Capacidad para generar polÃticas que aseguren bienestar muestra en este informe una nueva caÃda que interrumpe el ciclo de dos años de mejora de los años anteriores. En 2012 El Salvador habÃa alcanzado su mejor puntuación de toda la serie (Gráfico 3.39). De hecho, el puntaje general recibido muestra una pérdida de más del 35% respecto del año anterior, lo que lo aleja aún más del promedio regional, aunque todavÃa muy lejos del peor valor de la serie, obtenido en 2002. El descenso de este año se origina no tanto en retrocesos de sus indicadores, salvo el caso puntual de Mortalidad Infantil y Gasto en salud, sino en los mejores resultados del resto de los paÃses, situación que pone en evidencia la debilidad de los resultados en esta dimensión y la necesidad de mejoras en las polÃticas sociales. Como dato significativo resalta un nuevo avance en el desempeño del indicador de Desempleo. El descenso en su puntuación no produce impacto en su posición en el ranking regional con respecto al 2013, por la fuerte caÃda del lÃder de esta dimensión, Uruguay.
En la Dimensión IV, los indicadores que dan cuenta de la capacidad de generar polÃticas que aseguren eficiencia económica han tenido, nuevamente, un peor comportamiento en comparación con el año anterior, registrando la quinta caÃda consecutiva desde el año 2009, y obteniendo en esta ocasión el peor valor de la serie, desde el 2002 (Gráfico 3.40). Esto fue producto, fundamentalmente, de la caÃda de los indicadores de Libertad Económica, PIB per cápita, Endeudamiento e Inversión. Como consecuencia del magro desarrollo producido en esta dimensión, El Salvador descendió en el ranking regional latinoamericano, pasando al último lugar. Por supuesto que el valor obtenido continúa ubicando a este paÃs por debajo del promedio de la región y entre los paÃses con mÃnimo desarrollo democrático.
