IDD-Lat 2014

Ecuador ha tenido una importante mejora en la puntuación del IDD-Lat con respecto al 2013 del orden de un 40% (Gráfico 3.31). El valor alcanzado es el mejor de toda la serie, desde el 2002 a la fecha, logró una medición de 4,640 puntos, superando el mejor valor que había alcanzado en el 2005 (3,658). Sin embargo, no logra salir del grupo de países de bajo desarrollo democrático, aunque en esta edición logra superar el promedio regional y es también la primera vez que supera los 4,000 puntos.

Como consecuencia del mencionado incremento en su puntuación general, logra mejorar su ubicación en el ranking regional latinoamericano, subiendo cuatro posiciones, pasando del 13° al 9° lugar. Explica su crecimiento en el Índice de Desarrollo Democrático por el avance verificado en todas las dimensiones, fundamentalmente en aquellas que miden la Capacidad Para Generar Políticas Que Aseguren Eficiencia Económica y Bienestar, y en menor medida en la democracia de los ciudadanos y la democracia de las instituciones.

En la Dimensión I, democracia de los ciudadanos, el valor obtenido es nuevamente superior al alcanzado el año anterior, en más del 20% (Gráfico 3.32). Este ascenso se debe, al mejor comportamiento de los indicadores que miden la participación ciudadana en los procesos electorales, la participación de las mujeres en puestos de dirección del Estado y el condicionamiento de las libertades por inseguridad, que logran compensar la baja calificación de los índices de respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos, valores que están entre los más bajos de la región.

Producto de este avance es que Ecuador mejora en la ubicación del ranking en siete lugares, pasando del 15° al 8° lugar. Su puntuación general, por primera vez, se ubica por encima del promedio regional y en esta dimensión forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio junto a ocho países de la región.

En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, Ecuador con 2,301 puntos muestra también un incremento en su puntaje con respecto al año anterior, en más del 20% (Gráfico 3.33). Pese a este avance no logra acercarse al promedio regional ni tampoco salir del grupo de países que presentan mínimo desarrollo democrático en esta dimensión. Recordemos que en el 2005 Ecuador había logrado alcanzar casi 6,000 puntos. Los factores que explican su mejor puntuación respecto al año anterior son, por un lado, el mejor resultado en algunas de las variables que componen el indicador de Accountability y, por el otro, el descenso del promedio de la dimensión que ayuda a que Ecuador incremente su puntuación. Los puntajes en el resto de las variables son muy negativos, especialmente en el indicador de Desestabilización Democrática y dentro de accountability social el indicador de libertad de prensa. Se produce un leve avance nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción. Es de destacar que por tercer año consecutivo Ecuador no es castigado con el Factor de anormalidad democrática, cuestión que se había producido en tres ocasiones a lo largo de la serie. Ecuador ha logrado mejorar su posición, en dos lugares, pasando del 15° lugar al 13°.

La dimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar tuvo una fuerte mejora respecto del año anterior (Gráfico 3.34), debido al descenso del nivel de población bajo la línea de la pobreza, la baja del desempleo y la suba en algunos de los indicadores que miden Eficiencia en Educación y en Salud. Sin embargo, Ecuador no modifica su posición en el ranking regional, manteniéndose en el octavo lugar. Este año supera el valor del año anterior, que había sido la mejor puntuación de la serie, con lo cual nuevamente logra marcar un hito positivo en su serie histórica. Por otro lado, este resultado lo ubica, por primera vez desde 2002, por encima del promedio regional, formando parte de los países con desarrollo democrático medio junto a Brasil, Uruguay y México.

En la dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, el incremento fue también importante, y lo coloca a Ecuador con el mejor valor de la serie, superando al del 2005 (Gráfico 3.35). Por otro lado, este resultado lo vuelve a ubicar a Ecuador entre los países que superan el promedio regional, junto a Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, producto del mejor comportamiento de todos los indicadores, salvo en Brecha de Ingreso. Este incremento de su puntuación lo ubica en una mejor posición en el ranking regional, subiendo dos posiciones del 11° lugar al 9° con respecto al año anterior.

Ecuador

Carla Bonilla E

El año 2013 estuvo marcado para Ecuador por la agenda política nacional. Las elecciones fueron solo el principio de una serie de acontecimientos que trazaron el marco del nuevo período presidencial. El 17 de febrero de 2013 Rafael Correa ganó, en primera vuelta, la presidencia de la República. Alcanzó el 57,17% de los votos, algo más de 4,9 millones, frente al 22,68% que obtuvo Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, CREO, que alcanzó el segundo puesto en la contienda electoral.

Alianza País consiguió una amplia mayoría de los curules en la Asamblea Nacional, 100 de los 137 puestos, lo que garantizó la aprobación de leyes prioritarias para el Ejecutivo. Los otros 37 escaños fueron llenados por 11 asambleístas de CREO, 6 de la alianza Partido Social Cristiano (PSC) y Movimiento Madera de Guerrero (MG), 5 de la alianza Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik (PK), 5 del Partido Sociedad Patriótica (PSP), 5 del Movimiento Avanza, 1 de Suma, 1 del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y tres de movimientos locales. Con ello, el espacio de la oposición quedó limitado y con poco espacio para el planteamiento y aprobación de proyectos que no estuvieran en la línea gobiernista.

Una vez instalada la nueva Asamblea (mayo de 2013) y tras un mes de actividades, su presidenta Gabriela Rivadeneira anunció la votación final del proyecto de ley de comunicación, que estuvo en discusión desde 2010. Esta fue la primera señal de que el Legislativo daría trámite a las prioridades del Ejecutivo.

La última versión de la Ley de Comunicación fue aprobada el 14 de junio de 2013, con cambios que no fueron conocidos por el pleno de la Asamblea Nacional, como la inclusión de la polémica figura de linchamiento mediático, entendida como %u201Cla difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica, o reducir su credibilidad pública%u201D, según el texto aprobado.

La principal preocupación de analistas y periodistas se centró en que este recurso limitará el periodismo de investigación, sobre todo en casos de corrupción, ya que el implicado podría utilizar esta figura para sancionar al medio de comunicación que publicara la información, lo que generaría la censura previa.

Los artículos 20 y 21 se refieren a la responsabilidad ulterior, entendida como una responsabilidad compartida entre el periodista y el medio de comunicación. Este tipo de normativa ya cuenta con un precedente en el país, pues en 2011 Correa demandó penalmente al editor de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, por haberle causado daño moral con la publicación de su columna de opinión %u201CNO a las mentiras%u201D y al propio diario, por supuesta responsabilidad coadyuvante al permitir la publicación de dicha columna de opinión.

La ley planteó la creación de una Superintendencia de la Información y Comunicación que se encargaría de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre los derechos de comunicación, sobrellevar las denuncias ciudadanas y aplicar las sanciones respectivas de ser el caso. Además, exigió la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el mismo que tendría entre sus atribuciones la regulación del acceso universal a la comunicación e información, la regulación de contenidos y franjas horarias, la definición de mecanismos que permitan la diversidad en la programación, la adjudicación de frecuencias y la concesión de radio o televisión. La independencia de este Consejo fue cuestionada debido a que solo tendría integrantes de diferentes funciones del Estado.

Por otro lado, la ley definió tres tipos de medios de comunicación: públicos, privados y comunitarios. Estos deberán destinar una hora diaria a programas oficiales de teleeducación, cultura, salubridad y derechos elaborados por ministerios o secretarías de Estado.

La defensa del producto nacional quedó reflejada en varios artículos. Por ejemplo, el artículo 97 planteó que los medios nacionales destinarán progresivamente el 60% de su programación diaria, en horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. A su vez, y en el caso de las estaciones de radio con programas musicales, %u201Cla música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme establece la ley%u201D.

La nueva Ley de Comunicación estableció, además, el cumplimiento de ciertas normas de carácter deontológico, acorde a lo establecido internacionalmente en el ámbito de los derechos humanos: no incitar a niños y adolescentes a actos de violencia, no difundir información o imágenes que atenten de la dignidad de las personas, proteger el derecho a la privacidad de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Las críticas frente al contenido de la ley no se hicieron esperar. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, señaló en un comunicado público que %u201Clos ciudadanos se verían despojados de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información. [...] Es una ley que va a restringir los derechos democráticos, no solo de los medios y periodistas, sino principalmente de cada ciudadano ecuatoriano%u201D.

En el ámbito económico, a principios de 2013, el Gobierno ratificó la restricción a la importación de productos como celulares, computadoras, radios, autos y otros, bajo el criterio de mejorar la brecha entre exportaciones e importaciones. Para fin de año, las cifras del Banco Central indicaron que el déficit en la balanza comercial superó, entre enero-noviembre, los USD 1350 millones.

La elección de una nueva Asamblea supuso que el presupuesto general del Estado se mantendría igual al del 2012 y, así lo confirmó el ministro de Finanzas, Patricio Rivera. Sin embargo, la proforma presupuestaria aprobada por la Asamblea en julio de 2013 alcanzó los USD 32.366,8 millones, con un déficit previsto de USD $5.050 millones y un monto destinado para inversión de USD 7.960 millones. El precio del petróleo considerado fue de USD 84,9 por barril y se presupuestaron USD 6.100 millones para la compra de derivados de petróleo.

El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Rafael Correa, puso en marcha la iniciativa Yasuní-ITT en 2007, un proyecto que condicionaba la preservación de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní y aseguraba la no explotación de 920 millones de barriles de petróleo en los campos Ishipingo-Tiputini-Tambococha (ITT). Sin embargo, el 15 de agosto de 2013, el propio presidente anunció, en cadena nacional, el fin de la iniciativa Yasuní-ITT. Correa señaló que el fracaso de la propuesta se debió fundamentalmente a que %u201Cel mundo es una gran hipocresía, pues la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la del poder%u201D, y así responsabilizó a la comunidad internacional por la terminación de la iniciativa Yasuní, como resultado del poco apoyo recibido.

Esta decisión estuvo enmarcada en la creciente necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento para sostener la liquidez del aparato estatal y así cubrir los gastos administrativos y la inversión en diferentes sectores.

El mandatario puntualizó entonces que la explotación petrolera solo afectaría el 1 por mil del parque y se obtendrían así USD 18.000 millones en los próximos 30 años. La empresa encargada de la explotación sería la estatal Petroamazonas y lo haría con tecnología de punta para que el daño ambiental fuera mínimo.

La indignación de la población frente a la decisión del Gobierno no se hizo esperar. Líderes políticos, ambientalistas, representantes del sector indígena, jóvenes y diferentes grupos de la sociedad manifestaron su descontento frente a la posición gobiernista. Las redes sociales se convirtieron en la plataforma de debate y el tema se convirtió en tendencia. Incluso ex funcionarios de Gobierno como Alberto Acosta y Fander Falconí expresaron su desacuerdo frente a la decisión gubernamental.

La solicitud de una consulta popular por iniciativa ciudadana cobró fuerza y diferentes colectivos empezaron a reunir firmas para llegar al menos al 5% del padrón electoral y contar con la autorización del Consejo Nacional Electoral. Más allá del riesgo ambiental que traería la medida a una zona con una gran diversidad biológica, la preocupación se extendía hacia los grupos indígenas no contactados como los huao, los tagaeri y los taromenane, que habitan en la zona y que podrían resultar desplazados y verse involuntariamente involucrados en un conflicto.

En diciembre, el Gobierno se jugó su última carta del año y la Asamblea Nacional aprobó, con 101 votos, un nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, tras dos años de debate. Previamente, un nuevo frente de protesta se había abierto: los médicos rechazaron la tipificación legal de la mala práctica profesional, que por el artículo 146 del nuevo Código implica un castigo de 1 a 3 años de cárcel, y de 3 a 5 años si existe agravante, como consecuencia de una %u201Cpráctica profesional que incluya acciones peligrosas, ilegítimas o innecesarias%u201D. Salieron a las calles y muchos renunciaron a sus cargos en el sector de la salud pública porque aseguraron que el artículo criminalizaba su profesión.

El COIP incluye nuevas tipificaciones de carácter penal y de delito como el femicidio, pero además incrementa las multas por cada infracción penal. Finalmente, prohíbe la práctica del aborto excepto %u201Csi el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental%u201D. Esto fue aprobado a pesar de que se dio un amplio debate para permitir el aborto en caso de violación; varios asambleístas de Alianza País apoyaron este pedido y fueron sancionados por no seguir los lineamientos del bloque.

El documento también endurece las sanciones por no afiliación de los empleados a la seguridad social (de 1 a 3 años de cárcel), enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, calumnias, tráfico de influencias, fraude tributario y hurto.

Estas medidas dan forma al plan de gobierno y confirman la intención de entregar mayor poder a la función ejecutiva, y de que su función como colegislador sea aplicada en todos sus términos. El panorama entonces señala que hay poco espacio para la independencia de funciones, y más bien presenta un mayor control de parte del Ejecutivo en todos los ámbitos.

• Ecuador ha sido el país que más ha mejorado en el Índice con respecto al año anterior.
• La puntuación recibida es la mejor de la serie desde el 2002 a la fecha.
• Sin embargo, la mejora no alcanza para escapar del grupo de países con bajo desarrollo democrático.
• Se verifica un avance en todas las dimensiones, fundamentalmente en aquellas que miden la Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica y bienestar, y en menor medida en la democracia de los ciudadanos y la democracia de las instituciones.
• Democracia de los Ciudadanos. En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y Civiles, el valor obtenido es nuevamente superior al alcanzado el año anterior. Por primera vez, se ubica por encima del promedio regional y en esta dimensión forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio. Destacamos que la tasa de homicidios y asesinatos por cada 100 mil habitantes se redujo en un 35% en los últimos cuatro años, según datos oficiales.
• Rafael Correa se posesionó en mayo de 2013 tras lograr la reelección en los comicios de febrero para un periodo que terminará en 2017. El presidente captó el 57,2% de los votos válidos en los que el movimiento oficialista, Alianza País, logró un centenar de los 137 escaños de la Asamblea Nacional. Correa se ha convertido en el mandatario que más tiempo ha permanecido de forma continua como Jefe de Estado en Ecuador.
• Democracia de las Instituciones.En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Ecuador también muestra un incremento en su puntaje con respecto al año anterior. No lograr salir del grupo de países que presentan mínimo desarrollo democrático. Por tercer año consecutivo Ecuador no es castigado con el Factor de anormalidad democrática.
• Aunque Ecuador sigue siendo considerado como un país con un bajo nivel de transparencia para la organización Transparencia Internacional, la calificación del ranking 2013, lo ubica mucho mejor que el de los últimos años.
• En diciembre, el Gobierno se jugó su última carta del año y la Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP. El COIP incluyó nuevas tipificaciones de carácter penal y de delito como el femicidio, pero además, incrementó las multas por cada infracción penal.
• Democracia Social.La dimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Bienestar tuvo una fuerte mejora respecto del año anterior. Logra marcar un hito positivo en su serie histórica ya que este resultado lo ubica, por primera vez, por encima del promedio regional.
• Según las cifras oficiales, el desempleo disminuyó a 4,1% a fines del 2012 -una baja record en más de 25 años. La pobreza ha bajado 27% desde 2006. El gasto público en educación es ahora más del doble en términos reales. Un aumento creciente del gasto en salud ha ampliado el acceso de la población a la atención médica. Otros gastos sociales también han crecido sustancialmente, incluyendo una enorme expansión del crédito subsidiado para la vivienda.
• 11 puntos se redujo la pobreza por ingresos de junio del 2008 a junio del 2013, cuando se registró que el 23,7% de la población ganaba menos de $77 al mes (monto fijado para no ser considerado pobre). El 8,5% de habitantes vive en la pobreza extrema, con un ingreso mensual inferior a $ 43,4, según el INEC. En el país un 32,2% percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.
• Democracia Económica. En la dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, presenta un incremento que le permite alcanzar el mejor valor de su serie. Ecuador supera el promedio regional.
• El nivel de inversión total ha aumentado en tres puntos del PIB, pero dentro de esto la inversión estatal ha aumentado 7 puntos, mientras que la inversión privada ha disminuido al menos unos 4 puntos en relación con el tamaño de la economía. La renegociación de contratos petroleros, un alto precio del barril de petróleo (llegó a superar los $ 100) y un aumento en la recaudación tributaria dieron la liquidez al Gobierno para convertirse en un protagonista de la inversión, tanto que hasta el 2012 de cada $100 que fluyó en la economía, $55 provinieron del sector público. Los pagos de intereses de la deuda pública del país son menores al 1% del PIB.

1.Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles

3.Incrementar la lucha contra la corrupción

4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

5.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa

6.Evitar caer en la formulación de medidas que amolden las instituciones a proyectos personalistas

7.Implementar políticas de empleo

8.Profundizar la lucha contra la pobreza

9.Implementar medidas de desarrollo económico

10.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera