IDD-Lat 2014

En esta edición del IDD-Lat, Costa Rica vuelve a perder una ubicación en el ranking, alcanzando el tercer lugar, como consecuencia de una nueva disminución de su puntaje, en esta ocasión en más del 10% en el índice general (Gráfico 3.21). Esto es producto del peor resultado que obtuvo en casi todas las dimensiones, con mayor incidencia en aquella que mide los comportamientos de las variables económicas, salvo la dimensión social. Este retroceso, sin embargo, no la quita del grupo de países con desarrollo democrático alto y además, continúa situándose muy por encima del promedio regional. El puntaje obtenido (8,485) corresponde a su segunda peor calificación en la serie histórica, sólo superada por la del año 2003 (7,847 puntos).

El comportamiento de la Dimensión de Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, experimenta nuevamente un retroceso de un 7% respecto del 2013 (Gráfico 3.22), aunque aún se mantiene entre los valores más altos de la región. Este pequeño descenso no le significó perder su ubicación en el ranking, manteniendo su 2º lugar, sólo precedido por Uruguay. El indicador que mide género, ha tenido una leve caída, y a pesar que ha mejorado su valor en el indicador de inseguridad, no le alcanza para mejorar su puntuación. En esta dimensión, con sus 7,435 puntos, Costa Rica se mantiene, junto a Uruguay y Chile, en el podio del ranking regional con alto desarrollo democrático. El peor valor alcanzado por Costa Rica en toda la serie fue en el 2004 con 7,151 puntos y el mejor en el 2009 con 8.817 puntos.

El valor obtenido en la Dimensión de Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, coloca al país en el 3º lugar de la tabla, con 6,782 puntos, perdiendo una posición con respecto al año anterior, repitiendo lo que ya se había producido en los dos años anteriores. Es precedido por Uruguay y El Salvador (Gráfico 3.23). El dato más relevante es que Costa Rica, tras ocho años(desde 2006), deja de formar parte del grupo de países con alto desarrollo democrático en esta dimensión, pasando a integrar nuevamente el conjunto de desarrollo democrático medio, junto a El Salvador y Chile. El alto puntaje en la mayoría de los indicadores se muestra estable, pero su rendimiento resulta afectado por el retroceso que se registra tanto en el indicador de Accountability, como en el Índice de Percepción de la corrupción. El país, por primera vez ha sido alcanzado por el Factor de Anormalidad Democrático, por una crisis institucional vivida durante el 2013.

Apenas una semana después de cumplirse su tercer año en la presidencia del país, la mandataria centroamericana se enfrentó a una de las peores crisis de su gobierno. La presidenta realizó, en el plazo de dos meses, dos viajes en un avión cuyo dueño, Gabriel Morales Fallón, estaba relacionado con un narcotraficante colombiano que fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos en 2008. El escándalo se cobró varias víctimas políticas. El ministro de Comunicación, el viceministro de la Presidencia y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS y la asistente personal de la presidenta.

La afectación de su rendimiento en esta dimensión implica una caída este año que, sin embargo, no llega a acercarse al peor puntaje obtenido en la serie, que fue el que alcanzó en el 2003 con 5,250 puntos.

En la Dimensión Social, Costa Rica con sus 2,348 puntos por encima del promedio regional, continúa en el reducido grupo que lidera la democracia social en Latinoamérica. Este año avanza más de un 9% con respecto a los valores obtenidos en el 2013 (Gráfico 3.24). Este incremento no le significa ganar un lugar en el ranking ya que mantiene la misma ubicación en el tercer lugar, detrás de Argentina y Chile. Lamentablemente, el mejor rendimiento de los indicadores que conforman esta dimensión se ve afectado por la caída de las variables que miden desempleo y pobreza, que han retrocedido con respecto al año anterior. Su peor valor en la serie había sido el obtenido en el 2002 con 1,465 puntos y el mejor puntaje lo obtuvo en el 2008 con casi 3,000 puntos.

El desempeño en la Dimensión Económica no ha sido satisfactorio, en relación con los valores obtenidos el año anterior (Gráfico 3.25). A su vez, el registro de 2014 se ubica entre los peores de la serie, sólo superado por el del 2011, aunque parece confirmar una tendencia de los últimos 6 años en los que Costa Rica obtiene valores cercanos al promedio regional y distantes de los valores alcanzados en el período 2002-2008. A pesar del retroceso no modifica su ubicación en el ranking regional, manteniéndose en el 10º lugar. Este peor comportamiento de la dimensión se origina en un deterioro en las variables Índice de Libertad Económica y Endeudamiento. Los indicadores que presentan mejores valores en la dimensión económica son los que miden Inversión y PIB per Cápita.

Costa Rica en el 2013: a las puertas de un nuevo ciclo político electoral

Sergio Araya Alvarado

Introducción

Cada cuatro años el sistema político costarricense renueva a sus élites dirigentes en un ritual democrático ininterrumpido desde 1953 a la fecha, lo que lo ha posicionado como referente de estabilidad política e institucional en la región latinoamericana.

Si bien en la presente coyuntura histórica del país la elección de las autoridades nacionales está programada constitucionalmente para el primer domingo de febrero de 2014, el proceso político electoral que conduce a ese acto inicia mucho tiempo atrás y es en 2013 cuando se concreta una buena parte de los elementos y procesos que subyacen y delinean las características de la elección.

De conformidad con la legislación vigente en esta materia, los partidos políticos que aspiran a participar en las elecciones generales, deben renovar sus estructuras de dirección interna a más tardar en el primer semestre del año inmediatamente anterior al año electoral.

El cumplimiento de este imperativo jurídico generó una intensa actividad al interior de los partidos políticos durante ese lapso del año. Sumado a esto, la dinámica de los colectivos políticos se vio atravesada por la proliferación de precandidatos a los puestos de elección popular elegidos en los comicios generales.

En el ámbito político-institucional, Costa Rica observó en 2013 la reiteración de ciertas dinámicas que han venido consolidándose a lo largo de varios años. Destaca la presencia de expresiones de la sociedad civil organizada, que buscan incidir en la toma de decisiones político-públicas, empleando para ellos distintas formas de presión que no necesariamente poseen un carácter institucional.

Tal y como lo señala el XIX Informe del Estado de la Nación, %u201Cdesde que existen registros sobre el tema, el país vive un prolongado episodio de conflictividad social que, a diferencia de otras ocasiones, no se redujo con la llegada de un año electoral%u201D.[1] Ello propició, a criterio del informe, %u201Cun cambio en el perfil de la movilización ciudadana: se pasó de cortos periodos de alta intensidad en la protesta (%u2018picos%u2019), a un periodo más largo (episodio) con niveles sostenibles de conflictividad%u201D.[2]

Inmerso en ese entorno, el sistema político experimentó una dinámica de avances y retrocesos que no repercutieron sustancialmente en su nivel de estabilidad y solidez.

En la Asamblea Legislativa, el oficialismo retomó la conducción del Directorio Legislativo, gracias a un acuerdo alcanzado con tres fracciones minoritarias y ello se tradujo en el mejoramiento de sus principales indicadores de desempeño. A saber, la calidad de la legislación aprobada fue superior a la conseguida en legislaturas anteriores, donde sobresalió un descenso de la cantidad de leyes aprobadas que amplían derechos e imponen obligaciones al Estado, sin incluir la respectiva fuente de financiamiento.

El Poder Judicial sigue mostrando problemas en la gestión pronta y cumplida de los casos que son sometidos a su jurisdicción, aunque muestra una mejoría en el grado de cumplimiento de las sentencias promulgadas por la Sala Constitucional.

En el marco del esfuerzo por encontrar soluciones jurídicas e institucionales a los problemas de gobernabilidad acusados en los últimos años de manera reiterada por el Estado y la sociedad costarricense, en mayo de 2012 fue instaurada por la señora presidenta una comisión integrada por distinguidos académicos y políticos de distintas corrientes ideológicas y partidistas. Conocida en el argot popular como Junta de los Notables, esta comisión emitió un informe denominado %u201CPropuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense%u201D, en el mes de enero de 2013.

No obstante la trascendencia de los tópicos abordados y la solidez y oportunidad de muchas de sus recomendaciones, al concluir el año aún no se habían materializado en propuestas concretas, ninguna de aquellas.

El Tribunal Supremo de Elecciones organiza, administra y tutela el proceso electoral con absoluta transparencia, blindando el sistema político y electoral costarricense. No obstante, se reconoce la debilidad del sistema en dos aspectos centrales: equidad para la competencia electoral de los distintos partidos contendores y vulnerabilidad de los partidos ante un sistema de financiamiento político frágil y poco inclusivo.

2013: antesala de la renovación democrática de autoridades nacionales

El 2 de febrero de 2014, 3.078.321 ciudadanas y ciudadanos tendrán la posibilidad, por décima sexta vez consecutiva, de elegir a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para el periodo constitucional 2014-2018, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política costarricense.

El padrón electoral creció un 7,4#% con relación al conjunto de costarricenses habilitados para ejercer esta %u201Cfunción cívica primordial y obligatoria%u201D en las elecciones generales celebradas cuatro años atrás.

Un dato destacado es que 1.335.910 costarricenses inscritos en el padrón electoral, poseen una edad que oscila entre los 18 y 35 años, representando un 43#% del total de electores convocados para acudir a las urnas.

Además por primera vez en la historia política del país, los costarricenses residentes en el extranjero pueden elegir a los titulares del Poder Ejecutivo desde su país de residencia. En esta ocasión se inscribieron un total de 12.654 votantes provenientes de cuatro continentes.

En total 60 cargos son sometidos a elección popular. A saber: un presidente y dos vicepresidentes de la República, titulares del Poder Ejecutivo y 57 diputados a la Asamblea Legislativa, órgano parlamentario unicameral.

La campaña electoral oficialmente arrancó el 2 de octubre de 2013 por el Tribunal Supremo de Elecciones y culminará el día 2 de febrero con la celebración de los comicios nacionales.

Un total de trece partidos políticos presentaron fórmulas presidenciales y legislativas. A ellos se sumaron ocho partidos políticos que únicamente inscribieron papeletas para las elecciones parlamentarias.

Claroscuro de los partidos políticos participantes en el proceso político-electoral

La dispersión de fuerzas políticas en el actual escenario político costarricense y que se expresa en la amplia gama de opciones partidistas inscritas para intervenir en las elecciones nacionales de febrero de 2014, es reflejo de la fragilidad institucional del sistema de partidos y encuentra su génesis en la dicotomía entre lo formal y lo real.

El XIX Informe del Estado de la Nación detectó que ningún partido político inscrito en Costa Rica cuenta con un registro formal de militantes, ni tampoco con un esquema de contribución económica obligatoria de su membresía.

Para la elección de 2014, el país recibió a nuevas expresiones partidistas surgidas de actores políticos que emigraron de sus agrupaciones de origen.

Por ejemplo, de los trece candidatos a la Presidencia de la República, nueve han militado o son figuras activas de los dos partidos políticos tradicionales, que se han alternado en el ejercicio de las funciones de Gobierno desde 1983 a la fecha; seis de ellos en las filas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y tres en el Partido Liberación Nacional.

El proceso electoral costarricense 2013-2014 encaró una crisis adicional, recién iniciado formalmente en octubre. La situación se generó al interior del PUSC. En un hecho inesperado, el 4 de octubre, tan solo dos días después de iniciado formalmente el periodo electoral 2013-2014, el entonces candidato presidencial doctor Rodolfo Hernández hizo pública su renuncia a esa candidatura. En su nota pública, el Dr. Hernández lanza una serie de críticas al modelo de praxis política reproducido tanto al interior del partido político que lo había erigido como su candidato presidencial, como a la dinámica del sistema político en su conjunto.

Alusiones a prácticas desleales y traiciones internas se conjugaron con referencias a la existencia de presiones emanadas de poderes fácticos.

Tanto por el contenido fuerte de lo expresado, como por provenir de una persona que gozaba en ese momento, de gran prestigio y empatía social, se preveía que esta situación podría afectar el nivel de participación ciudadana en los comicios, dado que este hecho coyuntural se sumaría al conjunto de elementos que han venido mermando la adhesión social al sistema político-electoral costarricense, por varias décadas.[3]

En una acción relámpago, las autoridades nacionales del PUSC designaron el día 12 de octubre una nueva fórmula presidencial encabezada por Rodolfo Piza Rocafort.

Por su parte, el Partido Liberación Nacional, con dos periodos consecutivos en el ejercicio del poder, no tuvo mayores problemas para designar a su abanderado para los comicios de febrero de 2014.

Tras el retiro de tres precandidatos en enero de 2013 se designó al alcalde de San José, Ing. Johnny Araya Monge como su candidato presidencial.

En marzo de 2013, el partido Frente Amplio, agrupación de izquierda, que posee afinidad ideológica con colectivos progresistas como su homónimo uruguayo y con los gobiernos que gravitan en torno a la llamada nueva izquierda latinoamericana, designó al diputado José María Villalta Florez-Estrada como su candidato a la Presidencia de la República.

El 9 de junio de 2013, el partido Movimiento Libertario, agrupación situada a la derecha del espectro político-ideológico costarricense, por cuarta ocasión consecutiva designó a su líder fundador y presidente de la agrupación, Otto Guevara Güth.

El Partido Acción Ciudadana, grupo de centroizquierda, que irrumpió con inusitada fuerza en la vida política costarricense en los albores del nuevo siglo, escogió en el mes de julio como su candidato presidencial al historiador y politólogo Luis Guillermo Solís Rivera, que proviene del Partido Liberación Nacional, del cual fue su secretario general a mediados de la primera década de la presente centuria.

Reforma política: una tarea pendiente

Diversos actores políticos, académicos y tomadores de decisiones coinciden en la necesidad de reformar el marco jurídico e institucional del Estado costarricense para adecuarlo a las exigencias del modelo de desarrollo adoptado por el país desde la década de los ochenta.

Enmarcado en el contexto anterior en mayo de 2012 la Presidenta Laura Chinchilla Miranda integró la Comisión presidencial de expertos en materia de gobernabilidad Democrática.

Esta instancia se constituyó como grupo deliberativo, con la finalidad de %u201Canalizar aspectos críticos en materia de gobernabilidad democrática, en los que existieran oportunidades de introducir cambios positivos para nuestro sistema jurídico y político%u201D.[4]

Formaron parte de este grupo reconocidos académicos y actores políticos de distinta orientación ideológica y adherencia partidaria.

La Comisión que extendió su trabajo del 19 de junio de 2012 a inicios de enero del 2013, preparó 97 propuestas de reforma en seis grandes ejes temáticos:

1. Relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo.

2. Asamblea Legislativa.

3. Poder Ejecutivo y Administración Pública.

4. Poder Judicial y Sala Constitucional.

5. Seguridad Jurídica y Tramitomanía Administrativa.

6. Relaciones Sociedad y Estado.

No obstante la importancia estratégica de la agenda abordada por la Comisión y la jerarquía de la que devino el mandato que prohijó su creación y funcionamiento, no hubo un impacto político real del producto generado por esta instancia.

Del total de recomendaciones generadas, el Poder Ejecutivo generó varias propuestas de reforma contenidas en tres proyectos de ley que actualmente siguen con poco suceso su trámite en la corriente parlamentaria.

Destacan propuestas de reforma al sistema de elección de los diputados, que introduce además la figura de la reelección parlamentaria hasta por tres periodos consecutivos y reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reformas a la Ley contra Delitos Informáticos: reivindicación de la libertad de prensa

En noviembre de 2012 entró en vigencia una nueva Ley contra Delitos Informáticos, que poseía algunos artículos que, a criterio de los medios de comunicación social costarricenses, atentaban contra el libre ejercicio del periodismo y contra la libertad de expresión.

Los artículos cuestionados planteaban sanciones de carácter penal a periodistas y ciudadanos que difundieran %u201Cinformaciones secretas políticas%u201D.

Según el criterio de profesionales de la comunicación, esta ley implicaba un retroceso en el marco de libertades existentes en el país, dado que %u201Csegún esta Ley, el publicar Informaciones Secretas Políticas, el utilizar un nickname o apodo en redes sociales, o el conseguir información utilizando herramientas tecnológicas, como los correos electrónicos, las redes sociales, los videos, las fotografías o cualquier tipo de grabación digital, que, en criterio del afectado, le haya o le vaya a producir un daño sería objeto de persecución judicial y por tanto sujeto de penas de prisión%u201D.[5]

Tras una intensa presión liderada por algunos medios de comunicación y por el propio Colegio de Profesionales en Periodismo, en abril de 2013 la misma Asamblea Legislativa que aprobó la ley, le hizo enmiendas que corregían los aspectos cuestionados.

Desarrollo social con visión territorial

Costa Rica es considerada un país de renta media en la región. Sus indicadores de desarrollo humano lo colocan a la vanguardia en Latinoamérica.

No obstante, el país no escapa a las contradicciones socioeconómicas y a las brechas territoriales presentes en el conjunto de la región.

El índice de desarrollo social (IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica, con el que se mide el estado de once indicadores socioeconómicos en 777 distritos administrativos, refleja el desarrollo territorial asimétrico: %u201CSolo uno de cada cuatro habitantes vive en un área de mayor desarrollo relativo%u201D.[6] Además, %u201Clos distritos con menor valor del IDS constituyen 11,1#% del total en tanto que los de mayor nivel de desarrollo representan 19,3#%. El análisis por regiones de planificación pone de manifiesto la heterogeneidad que enfrenta el desarrollo social: los distritos fronterizos son los que muestran un mayor grado de deterioro en términos de su desarrollo social%u201D.[7]

Breve repaso por el comportamiento de las principales variables económicas del país

2013 se caracterizó por mantener la tendencia de comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Tal y como lo reseña el Banco Central de Costa Rica: %u201CEn el 2013, las acciones de política monetaria se orientaron principalmente a absorber el exceso de liquidez que presentaba la economía como resultado de la entrada de capital externo registrada entre el último cuatrimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013. Esto con la intención de evitar que dicho exceso generara presiones de demanda que incidieran negativamente en el logro de la meta de inflación establecida por esta entidad%u201D.[8] El índice de precios al consumidor que mide la inflación se situó en un 3,7#%.

Por su parte, el producto interno bruto creció 3,5#%, en lo cual incidió principalmente el aumento en la demanda interna. Este crecimiento es inferior en 1,6#% al registrado en 2012. Empero, según indican las autoridades monetarias del país, este dato supera el 3#% esperado al concluir el año y se justificó en una recuperación del sector exportador.

La tasa abierta de desempleo disminuyó en comparación a 2012, pero aún se ubica en un 8,3#%, una de las cifras más elevadas de la última década. Si bien tendió a la baja, esta disminución fue acompañada de un aumento en la tasa de subempleo, la cual fue en el 2013 mayor que en el 2012 (12,7#% y 12,4#% al término de cada año, respectivamente) y alcanzó su nivel máximo histórico en el tercer trimestre (14,2#%).

El comportamiento de las exportaciones durante 2013 se caracterizó por un mayor dinamismo de la relación comercial con el mercado de Asia y el registro de resultados negativos en la relación con Norteamérica y Europa.

En el caso de las exportaciones de servicios, el crecimiento durante el 2013 fue de 4,1#%, destacando los relacionados con informática, centros de llamadas y, en menor medida, transporte de mercancías y turismo.

Las importaciones de bienes y servicios crecieron en el año 4,1#% (8,4#% en 2012) y mantuvieron por tercer año consecutivo la tendencia a la desaceleración.

%u201CLa inversión extranjera directa (IED) sumó USD 2682 millones y se canalizó en su mayoría a los sectores inmobiliario (43,3#%), de servicios (29,6#%), destacando el aporte a telecomunicaciones y a los servicios de asesoría a empresas, e industrial (13,4#%). En promedio, entre el 2007 y el 2013, la IED representó alrededor de 5,4#% del PIB%u201D.[9]

No obstante el tema que siguió generando tensión es el creciente déficit fiscal, que a diciembre de 2013 se situó en el orden del 5,4#% del PIB, el más alto de los últimos 19 años.

En línea con lo anterior, la carga tributaria del país como porcentaje del PIB alcanzó un 13,3#%, porcentaje que se mantiene en torno a este valor desde el 2009.

Además, según cifras preliminares, el saldo de la deuda pública bruta total al finalizar el 2013 fue de ¢ 13,7 billones, monto que representó un 55,1#% del PIB (50,9#% en el 2012), la razón más alta de los últimos nueve años.

Esta situación llevó a las autoridades del Ministerio de Hacienda a elaborar una propuesta integral de reforma fiscal que, a diferencia de la propuesta legislativa que no pudo concretarse en 2012, tan solo pretende convertirse en un punto de partida para la discusión y construcción de un consenso nacional que permita atender la problemática de manera sostenible.

El documento se titula: %u201CEn ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional%u201D y recoge recomendaciones y propuestas surgidas de un proceso de diálogo liderado por el Ministerio de Hacienda a través de la instalación de cinco mesas nacionales en torno a varios ejes temáticos.

No obstante, dado que este esfuerzo se originó en la recta final de la administración de Chinchilla Miranda, aunado a su fallido intento de aprobar una reforma fiscal un año atrás, se produjo algún grado de escepticismo, especialmente en varios de los partidos políticos que aspiraban a ganar las elecciones en febrero de 2014, por lo que su futuro se observa incierto.

• Costa Rica vuelve a presentar una nueva disminución de su puntaje, en esta ocasión en más del 10% en el índice general. Esto es producto del peor resultado que obtuvo en casi todas las dimensiones, con mayor incidencia en aquella que mide los comportamientos de las variables económicas.
• Sigue perteneciendo al conjunto de países con desarrollo democrático alto
• Continúa situándose muy por encima del promedio regional.
• Democracia de los ciudadanos - Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles: El comportamiento experimenta nuevamente un retroceso de un 7% respecto del 2013. Costa Rica se agrupa junto a los países con desarrollo democrático medio.
• Laura Chinchilla empezó su último año como presidenta de Costa Rica con cifras económicas y sociales positivas pero con la opinión pública en contra, a tal punto que el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, pidió detener el "bullying" (acoso) contra la mandataria.
• En el campo de la seguridad, eje de la campaña electoral que llevó a Chinchilla al poder el 8 de mayo de 2010, los resultados son también positivos: entre los años 2011 y 2012 la tasa de homicidios bajó el 17%. Además, según datos del Poder Judicial, entre 2011 y 2012 los robos de vehículos bajaron un 15% y los asaltos a viviendas un 10,6%. Pero nada de esto parece convencer a los habitantes del país considerado como el "más feliz del mundo" de que su Gobierno realiza un buen trabajo.
• La dispersión de fuerzas políticas en el actual escenario político costarricense, que también se expresaba en la amplia gama de opciones partidistas inscriptas para intervenir en las elecciones nacionales de febrero de 2014, refleja la fragilidad institucional del sistema de partidos y encuentra su génesis en la dicotomía entre lo formal y lo real. En ese marco surgieron nuevas expresiones partidistas generadas en torno a actores políticos que emigraron de sus agrupaciones de origen.
• El XIX Informe del Estado de la Nación detectó que ningún partido político inscripto en Costa Rica cuenta con un registro formal de militantes, ni tampoco con un esquema de contribución económica obligatoria de su membresía.
• Democracia de las instituciones - Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política: el valor obtenido es menor al del año anterior.Y el país deja de formar parte del grupo de países de la Región con alto desarrollo democrático en esta dimensión. El retroceso en el indicador de Accountability y en el Índice de Percepción de la corrupción son notas significativas. El país ha sido alcanzado por el Factor de Anormalidad Democrática, por primera vez, que refleja la crisis institucional vivida durante el 2013, que alcanzó al entorno íntimo de la presidente.
• En el ámbito político-institucional, Costa Rica presentaba en 2013 la reiteración de ciertas dinámicas que han venido consolidándose a lo largo de varios años. Destaca la presencia de expresiones de la sociedad civil organizada, que buscan incidir en la toma de decisiones político-públicas, empleando para ellos distintas formas de presión que no necesariamente poseen un carácter institucional.
• El Ejecutivo ha reconocido sus dificultades para entender por qué existe este divorcio entre la ciudadanía y su presidenta pese a que el país no atraviesa una crisis económica. Algunos asuntos delicados han pasado una factura cara a la imagen de la mandataria, como su impulso a una reforma fiscal y los escándalos de corrupción en relación a la construcción de una vía en la frontera con Nicaragua. El caso más reciente que puso a Chinchilla como blanco de la crítica fue la concesión de una de las principales carreteras del país a una firma brasileña, pese a la mayoritaria oposición popular. Al final debió ceder a la presión y anunciar que anularía el contrato.
• Democracia Social - En la Dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren Bienestar, Costa Rica sigue manteniendo valores muy por encima del promedio regional, producto de una buena democracia social previa y de un avance en más del 9% con respecto a los valores obtenidos en el 2013. Sin embargo, destacan los retrocesos de las variables que miden desempleo y pobreza con respecto al año anterior. Se ubica en el grupo de países con desarrollo democrático medio.
• Costa Rica es considerada un país de renta media en la región. Sus indicadores de desarrollo humano lo colocan a la vanguardia en Latinoamérica. No obstante, el país no escapa a las contradicciones socioeconómicas y a las brechas territoriales presentes en el conjunto de la región.
• En su gobierno, el 21% de los hogares del país (unas 285.000 familias) viven en condición de pobreza debido, principalmente, a la falta de trabajo, según la Encuesta Nacional de Hogares. Además la desigualdad se ha profundizado y el desempleo es mayor ya que creció de un 7,8% el año anterior a un 8,5%, según el XIX Informe del Estado de la Nación.
• La gestión de Laura Chinchilla presenta tres resultados destacables: ella prometió mejorar la seguridad ciudadana y cumplió; en el 2010, tomó el país con un Caja Costarricense de Seguro Social en crisis y hoy en día es sólida aunque deba mejorar aun más.; y, finalmente, los índices del Estado de la Nación señalan que, a pesar de que la pobreza no disminuyó, hay una contención importante en su otro gran compromiso: el de la política social.
• Democracia Económica - En la Dimensión capacidad para generar políticas que aseguren Eficiencia Económica, su desempeño no ha sido satisfactorio, en relación con los valores obtenidos el año anterior, originado por un deterioro en las variables Índice de Libertad Económica y Endeudamiento.
• 2013 se caracterizó por mantener la tendencia de comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Tal y como lo reseña el Banco Central de Costa Rica: %u201CEn el 2013, las acciones de política monetaria se orientaron principalmente a absorber el exceso de liquidez que presentaba la economía como resultado de la entrada de capital externo registrada entre el último cuatrimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013. Esto con la intención de evitar que dicho exceso generara presiones de demanda que incidieran negativamente en el logro de la meta de inflación establecida por esta entidad%u201D. El índice de precios al consumidor que mide la inflación se situó en un 3,7#%.
• Por su parte, el producto interno bruto creció 3,5#%, en lo cual incidió principalmente el aumento en la demanda interna. Este crecimiento es inferior en 1,6#% al registrado en 2012. Empero, en base a una recuperación del sector exportador, este dato supera el 3#% esperado al concluir el año, según indican las autoridades monetarias del país.