IDD-Lat 2014

Colombia muestra un retroceso en el IDD-Lat 2014, del orden del 15%, que la lleva a acercarse al peor valor de la serie que se había registrado en el 2005 y alejándose del mejor puntaje del 2002 (Gráfico 3.16). Este descenso es producto de caídas en las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y la democracia de las instituciones; a pesar que las dimensiones social y económica muestran avances, siendo el más importante el registrado en la dimensión que mide la evolución de la democracia económica. Por otro lado la consecuencia directa de este descenso es su modificación en la ubicación en el ranking, pasando del 10° al 12° lugar. Nuevamente se sitúa por debajo del promedio regional, e integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático, a pesar que en el comienzo de la medición del IDD-Lat había comenzado siendo un país de desarrollo democrático medio.

La Dimensión I que evalúa el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, ha bajado su puntaje en alrededor del 34%, acercándose al peor valor de la serie que fue el obtenido en el 2005 (Gráfico 3.17). Este retroceso se traduce en una peor ubicación en el ranking regional, ocupando el 16° lugar, y perdiendo tres posiciones con respecto al año anterior, dejando en evidencia que el clima de derechos y libertades es una de las mayores falencias de la democracia colombiana. Explican esta situación: por un lado, su caída en el indicador de Género; por el otro, porque mantiene los mismos resultados en el resto de los indicadores en niveles que son bastante modestos, peor aún en el caso de la Puntuación en Libertades Civiles donde Colombia recibe una de las peores calificaciones junto con Venezuela. El único indicador que ha mostrado un leve avance es el que mide Inseguridad. Esa situación genera que el país continúe por debajo y alejado del promedio regional y formando parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático en la dimensión de la democracia de los ciudadanos.

Colombia ha empeorado, nuevamente, su desempeño en Calidad Institucional y Eficiencia Política en casi un 11% respecto del año anterior (Gráfico 3.18) y mantiene su distancia del promedio regional. A pesar de esta caída, sube dos posiciones en el ranking regional, consecuencia que en esta dimensión se produjeron, por un lado, un descenso importante del promedio regional y una fuerte caída de la puntuación de otros países, que compensó el descenso de Colombia. La baja puntuación general de la dimensión se explica por los resultados obtenidos en el índice de fragmentación de los partidos políticos, sub indicador que compone el indicador Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo junto al sub indicador Número efectivo de partidos; al desempeño en el indicador Condiciones para el ejercicio de una prensa libre, que compone el indicador de Accountability Social, y los valores de Desestabilización de la democracia; todo ello sumado al castigo recibido por haber vivido una crisis política durante el 2013. Todo ello explica el retroceso de Colombia en la democracia de las instituciones.

En lo relativo a la Dimensión III, la Dimensión Social, el valor que obtiene Colombia, muestra una modificación de la tendencia negativa que el país presentaba desde el 2008, es decir que quiebra la curva de caída de cinco años consecutivos, mejorando un 6% (Gráfico 3.19), aunque aún se mantiene lejos del promedio regional. En esta oportunidad, el avance se produce por los resultados en todos los indicadores, principalmente en aquellos que miden la eficiencia y el gasto en salud y en educación. Colombia avanza una posición ocupando en este informe el puesto 14º en el ranking regional de esta dimensión.

El valor obtenido en la Dimensión Económica muestra un avance significativo, convirtiéndose esta puntuación en el mejor valor de la serie, superando el del 2011 (Gráfico 3.20). Por esta razón, Colombia ocupa el 5º lugar del ranking regional de este año, ganando una ubicación con respecto al año anterior. Desde hace cinco años se mantiene por encima del promedio regional de desarrollo económico.

Se observa mejor desempeño en casi todos los indicadores, excepto en el que mide el nivel de endeudamiento. Las variables que más han avanzado son las que miden PIB per cápita e inversión. A pesar que el indicador que mide la desigualdad muestra un ligero avance, evidenciando los esfuerzos estatales, sigue siendo uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana, que continúa sin resolverse.

Colombia: un año de turbias esperanzas

Fredy Andrés Barrero Escobar

Durante 2013, las esperanzas de llegar a un acuerdo entre el Gobierno nacional y las FARC que permita el fin del conflicto armado colombiano fueron enturbiadas por el desencanto de los ciudadanos con la clase política, tal y como se pudo observar durante las movilizaciones sociales por inconformidades en el sector del agro colombiano, que convocaron además a miles de colombianos que se solidarizaron con los manifestantes. Esto evidenció que la estabilidad del sistema democrático colombiano no solo pasa por la esperanza de un posible acuerdo con las FARC, sino también por el tamiz de la conflictividad social que vive el país. Ello es consecuencia, entre otras cosas, de los resultados que han traído los tratados de libre comercio, la sustentación de la economía en el sector extractivo y la cada vez mayor inequidad -como evidencia el coeficiente de Gini, según el cual, Colombia es uno de los países más inequitativos de la región y del mundo-. Estos aconteceres se dieron en un contexto en el que estaba en juego la decisión del presidente Santos de optar por un segundo mandato.

Comienza la carrera por la Presidencia y el Congreso

Al finalizar el segundo semestre de 2013 los partidos políticos definieron las listas que presentarían a las elecciones de Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) en 2014. Los candidatos a la Presidencia de la República tenían hasta 2014 para inscribirse; aunque si el presidente Juan Manuel Santos decidía buscar la reelección tenía plazo hasta el 25 de noviembre de 2013, y cinco días antes manifestó su intención de hacerlo, al manifestar: %u201Cno podemos quedarnos a la mitad del camino%u201D. Una vez que tomó la decisión, inició acercamientos con los partidos que hicieron parte de la Unidad Nacional. Sin embargo, en el caso del Partido Conservador, se dio una división interna entre aquellos que promovían una candidatura propia y los que apoyaban la reelección, posición esta que fue apoyada por gran parte de la bancada conservadora. Finalmente, la decisión la tomaría la Convención Conservadora en 2014.

Para las elecciones de Congreso se registraron los siguientes datos de registro e inscripción de listas y número de candidatos:

Senado. Ocho partidos y un movimiento de grupo significativo de ciudadanos inscribieron listas a la circunscripción nacional (100 senadores). Siete listas fueron con voto preferente. Las dos restantes optaron por listas cerradas. El total de candidatos fue 776. Para la circunscripción indígena (dos senadores), 14 partidos inscribieron igual número de listas, conformadas por 30 candidatos.

Cámara de Representantes. 239 partidos y movimientos políticos y 28 grupos significativos de ciudadanos inscribieron listas (163 representantes a la Cámara), con 1437 candidatos. En las circunscripciones especiales, las cifras fueron: circunscripción indígena, nueve partidos o movimientos políticos (17 candidatos); circunscripción afrocolombiana, 30 partidos o movimientos políticos (71 candidatos); circunscripción de colombianos en el exterior, 11 partidos (31 candidatos).

Uno de los hechos que marcó el devenir político para el 2014 fue la creación del partido Centro Democrático, cuya jefatura natural estaba en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

¿Somos libres?

La libertad en Colombia pasa por el cedazo del conflicto armado y por los efectos del narcotráfico y su estrecha relación con la guerrilla y las bandas criminales. En 2013, 189.219 colombianos fueron desplazados forzosos. Ello se dio en un contexto en el que el Gobierno nacional promovía programas para la restitución de tierras a quienes habían sido despojados violentamente de estas (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). La mayoría de víctimas que han buscado participar de estos programas han sido amenazadas, asesinadas o presionadas por diversos actores ilegales que buscan evitar el retorno de los dueños originales.

En 2013 la libertad de expresión se vio amenazada. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se dieron 123 violaciones y 194 víctimas. El mayor número de acciones se derivaron de las amenazas (52 violaciones y 75 víctimas), seguido de la obstrucción al trabajo periodístico (29 violaciones y 55 víctimas). Dos periodistas fueron asesinados. De otra parte, la FLIP denunció 24 agresiones contra la prensa por miembros de la fuerza pública nacional, durante la cobertura de las protestas.

La economía crece y la sociedad no cree

Aunque la economía colombiana va por buen camino -con un crecimiento del PIB del 4,3#%-, y los indicadores de pobreza y pobreza extrema disminuyeron en comparación con los registrados en 2012, estos siguen siendo altos. En 2013, las personas en situación de pobreza fueron el 30,6#% y en situación de pobreza extrema, el 9,1#%. El coeficiente de Gini, que marca la desigualdad de los ingresos, no tuvo variación respecto a 2012 y se mantuvo en 0,539. El desempleo disminuyó hasta el 9,6#%. No obstante, las cifras en materia de informalidad no han disminuido.

Sumado a lo anterior, los efectos del tratado de libre comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos, que entró en vigor en 2012, sirvieron como telón de fondo para que el campesinado colombiano %u201Cindignado%u201D iniciara, el 19 de agosto de 2013, el paro nacional agrario. Entre las causas del conflicto estuvieron las medidas generadas por la firma del TLC con Estados Unidos en materia de semillas y la protección de la producción agrícola nacional (frente a las importaciones derivadas de los TLC firmados por Colombia). Adicionalmente, los campesinos presentaron el siguiente pliego: %u201C1) implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria; 2) acceso a la propiedad de la tierra; 3) reconocimiento a la territorialidad campesina; 4) la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación de la política minera; 5) se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural; 6) inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda y servicios públicos y vías%u201D.

En una desafortunada alocución, Santos manifestó que %u201Cel tal paro agrario no existe%u201D, lo que a la postre significó un mayor apoyo ciudadano al conflicto. Con el fin de ponerle fin, el gobierno nacional se sentó a dialogar con los campesinos, organizados en la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA). A principios de septiembre, las partes llegaron a un acuerdo, que permitió el desbloqueo de las vías. El gobierno se comprometió a crear mesas de diálogos en las que se analizaran los puntos arriba mencionados, y al finalizar la primera semana de septiembre, el paro fue levantado por los campesinos.

El proceso de paz

En mayo voceros del gobierno nacional y de las FARC anunciaron un acuerdo en el primer punto de la agenda, política de desarrollo agrario integral, en referencia a: %u201CAcceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad; frontera agrícola y protección de zonas de reserva; Programas de desarrollo con enfoque territorial; infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral; políticas alimentarias y nutricionales%u201D. Dichos acuerdos buscan, además, la formalización de la tenencia de la tierra, revertir los efectos del conflicto en materia de desplazamiento forzado y mejorar las condiciones del agro colombiano.

En noviembre, ambas partes dieron a conocer lo acordado en el segundo punto de la mesa, participación política. Entre los puntos acordados se encuentran: %u201C1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación; 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas; 3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad%u201D. Este punto ha sido uno de los de mayor debate. Algunos sectores apoyan la posibilidad de que los desmovilizados de las FARC puedan acceder a cargos de elección popular, mientras que otros consideran que al tratarse de personas vinculadas a procesos por delitos de lesa humanidad no pueden acceder a dichos cargos. No obstante, algunas posiciones consideran que al no estar condenados por esos delitos, sino procesados, no cabría inhabilidad. En cuanto a los acuerdos a los que se llegaron en referencia a este punto, caben resaltar dos: el primero, la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz en zonas afectadas por el conflicto; el segundo, en relación con la dejación de las armas, de cara a una reinserción política de los desmovilizados. Como quedó plasmado en el comunicado conjunto: %u201CLa firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación%u201D.

Una vez finalizado el segundo punto de la agenda, se dio inicio al tercer punto: solución al problema de las drogas ilícitas.

Aunque la coalición de gobierno y diversos sectores sociales y políticos han demostrado su interés y apoyo a los avances en la agenda de la mesa de diálogo, los puntos acordados hasta 2013 tendrán una fuerte oposición por parte del uribismo en el Congreso que se instaló para el periodo 2014-2018.

Pesos y contrapesos

En Colombia, al igual que en otros países de la región, han hecho carrera planteamientos en torno a la politización de la justicia, como resultado de decisiones judiciales que se toman en contra o en favor de determinados actores políticos. Así también, se ha denunciado la politización de las decisiones administrativas, en especial aquellas que toma el procurador general de la Nación, quien, al finalizar 2013, después de adelantar una investigación, destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, por el manejo que este dio al cambio de modelo de recolección de basura, que ocasionó problemas. Tanto la destitución como la inhabilidad generaron traumas en la ciudad, y puso sobre la mesa la posibilidad de una persecución política del procurador, lo cual llevó a que Petro solicitara medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• Colombia muestra un retroceso el IDD-Lat 2014 del orden del 15%.
• Las dimensiones de la democracia de los ciudadanos y la democracia de las instituciones son las que explican el descenso.
• Las dimensiones social y económica muestran avances.
• Se sitúa por debajo del promedio regional.
• Integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático.
• La Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, ha bajado su puntaje en alrededor del 34%. El clima de derechos y libertades es una de las mayores falencias de la democracia colombiana. El país continúe alejado del promedio regional y forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático.
• La libertad en Colombia pasa por el cedazo del conflicto armado y por los efectos del narcotráfico y su estrecha relación con la guerrilla y las bandas criminales. En 2013, 189.219 colombianos fueron desplazados forzosos. Ello se dio en un contexto en el que el Gobierno nacional promovía programas para la restitución de tierras a quienes habían sido despojados violentamente de estas (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). La mayoría de víctimas que han buscado participar de estos programas han sido amenazadas, asesinadas o presionadas por diversos actores ilegales que buscan evitar el retorno de los dueños originales.
• En 2013 la libertad de expresión se vio amenazada. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se dieron 123 violaciones y 194 víctimas. El mayor número de acciones se derivaron de las amenazas (52 violaciones y 75 víctimas), seguido de la obstrucción al trabajo periodístico (29 violaciones y 55 víctimas). Dos periodistas fueron asesinados. De otra parte, la FLIP denunció 24 agresiones contra la prensa por miembros de la fuerza pública nacional, durante la cobertura de las protestas.
• Colombia ha empeorado su desempeño en Calidad Institucional y Eficiencia Política. Se mantiene alejada del promedio regional. La baja puntuación general de la dimensión se explica por los resultados obtenidos en el índice de fragmentación de los partidos políticos,; en el indicador Condiciones para el ejercicio de una prensa libre, que compone el indicador de Accountability Social, y en Desestabilización de la democracia; todo ello sumado al castigo recibido por haber vivido una crisis política durante el 2013.
• En diciembre de 2013, el edil capitalino Gustavo Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado de poder aspirar a cargos públicos por un período de 15 años. La sanción, ordenada por el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, está vinculada a supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana ordenada por el Petro en diciembre del 2012. Pero la misma no está exenta de polémica, pues muchos en Colombia consideran que el castigo es desproporcionado y una prueba más del excesivo poder del procurador, quien tiene entre sus responsabilidades la sanción de los funcionarios electos que pudieran incurrir en alguna falta.
• En Colombia, al igual que en otros países de la región, han hecho carrera planteamientos en torno a la politización de la justicia, como resultado de decisiones judiciales que se toman en contra o en favor de determinados actores políticos. Así también, se ha denunciado la politización de las decisiones administrativas, en especial aquellas que toma el procurador general de la Nación, quien, al finalizar 2013, después de adelantar una investigación, destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, por el manejo que este dio al cambio de modelo de recolección de basura, que ocasionó problemas. Tanto la destitución como la inhabilidad generaron traumas en la ciudad, y puso sobre la mesa la posibilidad de una persecución política del procurador, lo cual llevó a que Petro solicitara medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• En lo relativo a la Dimensión Social Colombia quiebra la curva de caída de cinco años consecutivos, mejorando un 6%. Todavía se mantiene lejos del promedio regional.
• Aunque la economía colombiana va por buen camino -con un crecimiento del PIB del 4,3%-, y los indicadores de pobreza y pobreza extrema disminuyeron en comparación con los registrados en 2012, estos siguen siendo altos. En 2013, las personas en situación de pobreza fueron el 30,6#% y en situación de pobreza extrema, el 9,1#%. El coeficiente de Gini, que marca la desigualdad de los ingresos, no tuvo variación respecto a 2012 y se mantuvo en 0,539. El desempleo disminuyó hasta el 9,6#%. No obstante, las cifras en materia de informalidad no han disminuido.
• El valor obtenido en la Dimensión Económica muestra un avance significativo, convirtiéndose esta puntuación en el mejor valor de la serie. Desde hace cinco años se mantiene por encima del promedio regional de desarrollo económico. Las variables que más han avanzado son las que miden PIB per cápita e inversión. La desigualdad sigue siendo uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana, que continúa sin resolverse.
• El Gobierno no ha cumplido su meta de crecimiento, planteado en un 6,2%, pues el promedio anual de crecimiento de la economía ha sido de 4,9%, a pesar que es el tercero más alto en Latinoamérica. Para algunos analistas, parte de la culpa de que la economía no haya alcanzado lo esperado, se debe a la caída de los precios de las materias primas mineras, un sector que en 2011 constituía la cuarta parte de las exportaciones del país y que se suponía que era el que debía jalonar a las otras %u201Clocomotoras%u201D.
• Acerca de la disminución del desempleo, Santos tampoco ha logrado su meta del 8,9%, a pesar que consiguió bajar la cifra a un dígito, 9,2. Según la información oficial, se han creado 2.300.000 puestos de trabajo, de los cuales 1.100.000 son empleos formales. No obstante, actualmente hay 2.100.000 colombianos sin trabajo.
• Según los resultados del Gobierno, las opiniones de los gremios y las razones de los opositores, la %u201Clocomotora%u201D que andaría a buen ritmo sería la de vivienda, seguida por la de la minería a un paso más o menos estable, mientras que la de infraestructura pareciera haber arrancado ya, y rezagadas se estarían quedando las del agro y la innovación.

1.Lograr mayor adhesión de la ciudadanía en los procesos electorales. Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles

3.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

4.Mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa

5.Evitar caer en la formulación de medidas que amolden las instituciones a proyectos personalistas

6.Implementar políticas de empleo

7.Mejorar la asignación de recursos en las partidas presupuestarias en las áreas de salud y educación

8.Profundizar la lucha contra la pobreza

9.Implementar medidas de desarrollo económico

10.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera

11.Generar clima favorable a las inversiones