IDD-Lat 2014

En esta edición del Índice de Desarrollo Democrático, Bolivia ha disminuido su puntuación, casi un 12% respecto al año anterior, retrocediendo después del avance que había presentado el año anterior y alcanzado una puntuación similar a la del 2012 (Gráfico 3.6). Siempre ha estado entre el grupo de países con bajo desarrollo democrático y mínimo desarrollo, como sucedió en los años 2003, 2006, 2008, 2009 y 2012. En esta ocasión forma parte de grupo de bajo desarrollo y, a pesar de su retroceso, ocupa la misma ubicación que en el 2013, el 11° lugar. Este movimiento se produce por un retroceso en las dimensiones que miden la calidad de las instituciones y el desarrollo social.

E el IDD-Lat 2014, Bolivia alcanza un valor de 3,292 puntos y sigue muy por debajo del promedio regional. Se encuentra a más de 2,000 puntos de su mejor valor, que fue el obtenido en el 2002.

En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, (Gráfico 3.7) los resultados indican que su puntuación es superior en un 10%, respecto del año anterior, manteniendo el ritmo de recuperación que se había iniciado en 2010. Este comportamiento se sustenta en una mejora en el indicador que mide la participación de la mujer en el Estado a pesar del deterioro en el puntaje en Condicionamiento de las libertades por Inseguridad. Todo ello le permite subir un lugar en el ranking regional, pasando del sexto al quinto lugar, y logrando, nuevamente, superar el promedio regional de la %u201Cdemocracia de los ciudadanos%u201D. No obstante no logra alcanzar su mejor valor, de 6,216 puntos logrado en 2002.

La peor puntuación de Bolivia en esta dimensión fue la obtenida en el 2005 con 3,937 puntos y la mejor es la del 2002 con 6,216 puntos.

En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, luego de quebrar su curva ascendente del período 2009-2011, en el 2012, donde Bolivia había obtenido el peor valor de la serie, vuelve a mostrar una tendencia alcista en el 2013, cuando incrementa su puntaje en más del 40% con respecto al año anterior, pasando de 2,806 a 3,945 puntos, aunque en esta oportunidad vuelve a descender alcanzando los 2,301 puntos, obteniendo el peor valor de la serie (Gráfico 3.8). En esta dimensión, Bolivia es un país que presenta mínimo desarrollo democrático. Ha descendido cuatro lugares en el ranking, pasando del 13º lugar al 17º. Este importante retroceso es producto principalmente de un retroceso en los indicadores de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, en accountability y de que el resto de los indicadores todavía obtengan bajos puntajes, especialmente la variable Desestabilización de la democracia. El único indicador que muestra una mejor puntuación es el índice de Percepción de la Corrupción.

La peor puntuación de Bolivia, como dijimos anteriormente en esta dimensión fue la obtenida este año con 2,301 puntos y la mejor es la del 2004 con 4,734 puntos.

En la Dimensión III, de resultados sociales de la gestión democrática, Bolivia ha mejorado nuevamente, alcanzando el puesto Nº 9 en el Ranking, aunque esto no le permite crecer en el ranking, muy por el contrario baja una posición, y, por otro lado, este aumento no le permite ubicarse por encima del promedio regional (Gráfico 3.9). Ello se debe a que otros países de la Región han mejorado también sus puntuaciones, elevando el valor del promedio de la dimensión. Casi todos los indicadores muestran avances, fundamentalmente los relacionados con el mortalidad infantil, la pobreza y el desempleo. El resto o se mantienen en los niveles alcanzados el año anterior o en el caso de la variable que mide el gasto público en educación presenta un leve retroceso. El puntaje obtenido aún la mantiene lejos de la mejor puntuación que fue la obtenida en el 2007 y lejos también de la peor, que se manifestó en el 2012.

La peor puntuación de Bolivia en esta dimensión fue la obtenida en el 2012 con -0,718 puntos y la mejor es la del 2007 con 0,653 puntos.

En la dimensión económica, aunque Bolivia mejora nuevamente en casi todos los indicadores, recibe la misma puntuación que el año anterior, y continúa siendo un país de mínimo desarrollo en esta materia en América Latina, aunque ya no ocupa el último lugar del ranking, subiendo dos posiciones con respecto al 2013. Lejos todavía de su mejor medición, alcanzada en 2002, aunque también de lo que fue su peor año (2008), logra alcanzar el nivel obtenido en la medición del 2004 (Gráfico 3.10), ubicándose en torno a los 1,500 puntos por debajo del promedio regional.

Los indicadores Brecha de Ingreso, Libertad Económica y Endeudamiento son los que han presentado mejor desempeño. La única variable que no muestra un comportamiento positivo es el que mide Inversión.

Bolivia en 2013é

Rubén Darío Cuellar

Abordaremos sintéticamente aquellos sucesos que significaron un hito en el devenir sociopolítico del país en 2013 y que se desarrollaron en áreas sujetas a un continuo -y por cierto, delicado- debate dentro de las distintas esferas que componen el Estado y la sociedad boliviana: la situación de los derechos humanos y civiles, la calidad institucional del sistema político, el preocupante desempeño del sistema judicial, las amenazas a la vigencia de la libertad de expresión, así como los hechos más destacados en materia de desarrollo humano y el estado de la economía.

Es necesario comenzar esta recapitulación haciendo hincapié en una situación que cobra total preeminencia en el análisis del sistema político y que es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la precariedad institucional -del resquebrajamiento del Estado de derecho-, una condición que parece ser crónica en Bolivia a diez años del fatídico Octubre Negro, la tendencia clara hacia la desinstitucionalización que a la postre ha significado la evidente utilización discrecional del aparato estatal. Este proceso trae consigo la amenaza de llevarnos hacia una democracia delegada o plebiscitaria.

Hechos políticos relevantes de la agenda nacional

El 23 de enero el presidente Evo Morales hizo pública la Agenda del Bicentenario 2025, plan que se propone ejecutar a partir de su octavo año en la presidencia del Estado, basada en los llamados %u201C13 pilares del vivir bien%u201D, que establece directrices de mediano y largo plazo para proyectar a Bolivia hacia el 2025 como un país libre de pobreza, con servicios básicos, industrializado, sin dependencia económica, con soberanía alimentaria, alta tecnología, cobertura total de salud, educación, retorno al mar, entre los más destacados.

Este fue el inicio de la campaña destinada a consolidar la candidatura de Evo Morales para un tercer período presidencial, pese a que la Constitución y la Ley Electoral de 2010 contienen prohibiciones expresas al respecto. El Tribunal Constitucional avaló esta re-reelección bajo el cuestionado razonamiento de que Morales estaría cumpliendo su primer mandato a partir del año 2010, año en el que se refunda Bolivia como Estado Plurinacional.

Al mismo tiempo, el gobierno adoptó un notorio cambio de estrategia hacia Santa Cruz, destinado a lograr la normalización de las relaciones para con esa región, a través del acercamiento con los principales grupos empresariales locales. Esta decisión significó una distensión evidente en las ásperas y tensas relaciones que desde un inicio caracterizaron esta relación. Así las cosas, el %u201CEncuentro agroindustrial productivo: Más inversión, más empleo%u201D selló este cambio.

Procesos electorales

Con miras a los comicios generales de 2014 y conocidos los resultados oficiales del censo 2012, el Tribunal Supremo Electoral presentó un ajuste en la asignación del número de diputados para cada departamento. En cifras globales, el departamento de Santa Cruz sumó tres nuevos curules, en tanto que los departamentos de Beni, Chuquisaca y Potosí perdieron un escaño cada uno. Asimismo, redujo en siete el número de diputados uninominales (70) a 63, elevando el número de diputados plurinominales a 60 (antes 53) manteniendo en siete las circunscripciones especiales de los pueblos indígenas.

Los partidos y agrupaciones opositoras promovieron la discusión de fórmulas de unidad y alianzas programáticas, partiendo del supuesto que esa es la única opción exitosa para hacerle frente al MAS. Sin embargo, hasta la finalización del año, estos esfuerzos no mostraron los resultados esperados.

Hechos significativos y situación general en derechos políticos y libertades civiles

Un aspecto importante a destacar es que la conflictividad social del país durante 2013 bajó con relación a la observada en pasados. En el año, varios conflictos destacaron por la capacidad de marcar agenda al gobierno. El de mayor intensidad, duración y carácter nacional -pues aglutinó a una diversidad de sectores sociales- fue el generado por la exigencia de una jubilación con el 100#% de la renta. El gobierno dio una solución, al menos temporalmente, firmando con la Central Obrera Boliviana dos convenios para incrementar las rentas de jubilación (aunque no al 100#%) y establecer plazos para considerar la reglamentación de la nueva Ley de Pensiones.

Sin lugar a dudas, la crisis estructural de la justicia ha llegado a un grado tal que presagia una crisis de Estado. Si bien esta crisis tiene orígenes anteriores a su gobierno, la administración de Evo Morales ha hecho muy poco por respetar la autonomía del Poder Judicial y preservar su capacidad de ejercer un contrapeso al Poder Ejecutivo; al mismo tiempo que, en un doble discurso, intenta desligarse de aquellas situaciones donde la ineficiencia, la corrupción y la injerencia política ensucian el accionar judicial en un contexto de ausencia total de resguardo de la constitucionalidad.

La revelación de la existencia de un %u201Cgabinete jurídico%u201D desde el que se habrían digitado los juicios contra dirigentes opositores, contribuyó a esta situación, al dejarse en descubierto su participación en redes de extorsión e intimidación, organizaciones criminales que operaban desde los ministerios de Gobierno, de Transparencia, de la Presidencia y del Ministerio Público con la complicidad de autoridades jerárquicas del sistema judicial además de algunos parlamentarios.

Este contexto desvela a la sociedad boliviana, subsumida en la figura de una olla de presión, la cual contiene en su interior los ingredientes necesarios para generar rebalses importantes de violencia. Quizás los dos casos más representativos del cuadro que se intenta describir fueron los ocurridos en los penales de San Pedro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. El 18 de enero, internos de la cárcel de San Pedro tomaron como rehén al director nacional de Régimen Penitenciario, al que liberaron horas después tras lograr un acuerdo para el retorno de 42 reos transferidos previamente a otro penal. En Palmasola, el 23 de agosto, una pugna por el control del penal entre dos facciones rivales terminó con el saldo de 35 muertos (entre ellos, un menor) con serias sospechas de complicidad de las autoridades del penal, tal como lo estableció el informe del Defensor del Pueblo.

Hechos significativos y situación general en calidad institucional y sistema político

El inicio de 2013 estuvo marcado por los remezones causados por las revelaciones y alcances de la red de extorsión. La propia ministra de Transparencia anunció su renuncia, aunque luego no se concretó.

El asesinato de la periodista Analí Huaycho, ocurrido en febrero, determinó que se acelerara la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, ley n.º 348. Sin duda se trata de un importante aporte en cuanto a definiciones, bases normativas y asuntos estratégicos.

Nuevamente el gobierno de Evo Morales recurrió al libreto de aprobar sendos cuerpos legales que prometen sancionar de manera drástica aquellos delitos que despiertan la sensibilidad de la población boliviana; sin embargo, la eficacia en su aplicación es tarea pendiente, así como la adopción de medidas que lleven a su prevención.

Otro hecho destacado es la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró inconstitucionales los artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que permitían la suspensión de autoridades a simple acusación formal. Cabe recordar que en aplicación de dichos artículos, más de un centenar de autoridades democráticamente elegidas fueron suspendidas en el ejercicio del cargo. Sin embargo, hasta finales de 2013, muy pocas de ellas habían logrado ser repuestas.

Durante 2013, los cuarteles militares volvieron a ser escenarios de violación de los derechos humanos. En su interior se registraron 14 decesos. La mayoría de los autores de las muertes no fueron identificados ni castigados, lo que presupone que las autoridades jerárquicas de las instituciones armadas incurren con insistencia en el encubrimiento de sus camaradas, generando impunidad.

Por último, para terminar de perfilar esta preocupante imagen, la permanente injerencia política sobre la justicia también ha hecho inútil el funcionamiento de organismos de accountability como el Tribunal Constitucional o el Consejo de la Magistratura, lo que contribuye a una retardación de justicia que llega al 83#% de los casos y a un consecuente -y alarmante- desconocimiento de las garantías a los derechos fundamentales por el aparato estatal.

Hechos relevantes que afectaron la libertad de expresión

Durante 2013, el gobierno del Estado continuó en su propósito de lograr un mayor control de los medios de prensa, a través de la adquisición directa o indirecta de estos, ejerciendo medidas de presión como fiscalizaciones permanentes, a través del retiro de la publicidad gubernamental, recurriendo al expediente de entregar abundante publicidad estatal a medios que formalmente son independientes pero que han modificado su pauta informativa evitando temas que incomodan al gobierno. El propio presidente del Estado ha despejado las dudas respecto al balance de medios independientes y estatales o paraestatales: %u201CAntes sentía que el 80#% o 90#% de los medios eran mis opositores. Ahora quedan 10#% o 20#% de opositores%u201D.

Además el Ministerio de Transparencia impulsó un proyecto de ley para incrementar once restricciones al acceso a la información, limitando seriamente la publicidad de los actos gubernamentales.

Hechos significativos y situación general en desarrollo social y humano

Es evidente que en la última década el ingreso por habitante se ha más que duplicado. El crecimiento del producto por habitante tiene su explicación en el efecto precio en más del 70#% y no así en la productividad. También es evidente que la tasa de desempleo abierto en las ciudades capitales ha disminuido. Sin embargo, los niveles de informalidad todavía son muy altos y el subempleo se mantiene por encima del 60#% de la oferta laboral. Por otra parte, la calidad de la educación, el acceso a la salud, los servicios básicos y la seguridad ciudadana no muestran mejoría.

El proceso de cambio no ha podido erradicar la corrupción y la extorsión del aparato estatal; todo lo contrario, la sensación ciudadana es que estos males se han incrementado notablemente en el período.

Hechos significativos y evolución de la economía nacional

En 2013, el crecimiento económico fue de 6,48#%, uno de los más altos en las últimas tres décadas. Fue impulsado principalmente por las exportaciones de hidrocarburos. Por el lado del gasto, la demanda interna retomó protagonismo como el principal motor del crecimiento económico, impulsada por las políticas redistributivas y la regulación gradual de la liquidez.

Sin embargo, la nota preocupante es que el modelo económico continúa basándose casi exclusivamente en la actividad primaria exportadora de la economía. La respuesta del gobierno es invariable: el cambio de la matriz vendrá de la mano de la industrialización de los recursos naturales.

Si bien es cierto que los avances en términos de equidad son innegables en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, no es menos cierto que esta reducción se basa casi exclusivamente en la redistribución y la entrega de bonos. La duda razonable es si estos índices de reducción de pobreza y desigualdad son sostenibles en el tiempo.

Otra nota preocupante es la referida a las imprescindibles inversiones en exploración y la consiguiente explotación de nuevos campos hidrocarburíferos. A pesar de los reiterados anuncios oficiales es una asignatura todavía pendiente.

• Bolivia ha disminuido su puntuación, casi un 12% respecto al año anterior.
• Siempre ha estado entre el grupo de países con bajo y mínimo desarrollo democrático.
• Sigue en un nivel muy por debajo del promedio regional.
• Democracia de los Ciudadanos. En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, los resultados indican que su puntuación es superior en un 10%, respecto del año anterior. Este comportamiento se sustenta en una mejora en el indicador que mide la participación de la mujer en el Estado a pesar del deterioro en el puntaje en Condicionamiento de las libertades por Inseguridad.
• El inicio de 2013 estuvo marcado por los remezones causados por las revelaciones y alcances de una red de extorsión. La propia ministra de Transparencia anunció su renuncia, aunque luego no se concretó. El asesinato de la periodista Analí Huaycho, ocurrido en febrero, determinó que se acelerara la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, ley n.º 348. Sin duda se trata de un importante aporte en cuanto a definiciones, bases normativas y asuntos estratégicos. Nuevamente el gobierno de Evo Morales recurrió al libreto de aprobar sendos cuerpos legales que prometen sancionar de manera drástica aquellos delitos que despiertan la sensibilidad de la población boliviana; sin embargo, la eficacia en su aplicación es tarea pendiente, así como la adopción de medidas que lleven a su prevención.
• Democracia de las Instituciones. En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, obtiene el peor valor de la serie. Es un país que presenta mínimo desarrollo democrático. Este retroceso es producto principalmente de peores resultados en los indicadores de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, en Accountability y que el resto de los indicadores todavía obtenga bajos puntajes, especialmente la variable Desestabilización de la democracia. Aunque debemos destacar que, comparativamente, la conflictividad de 2013 fue menos intensa en relación a otros años, si bien el país tiene una conflictividad cotidiana. Sin duda, los problemas sociales de 2013 están lejos de aquéllos de 2008, año de mayorconflictividad que enfrentó el MAS con la masacre de Porvenir, el conflicto por la capitalidad en Sucre y la toma de instituciones en Santa Cruz.
• El presidente logró forzar la letra de la Carta Magna, que permite solo dos gobiernos consecutivos, mediante la consulta realizada ante el Tribunal y con la aprobación de las dos Cámaras del Legislativo. De resultar electos en 2014, Morales y García Linera estarían en sede presidencial hasta 2020, hecho que los convertiría en el dúo que por más tiempo ha permanecido en el poder en Bolivia.
• La permanente injerencia política sobre la justicia ha hecho inútil el funcionamiento de organismos de accountability como el Tribunal Constitucional o el Consejo de la Magistratura, lo que contribuye a una retardación de justicia que llega al 83#% de los casos y a un consecuente -y alarmante- desconocimiento de las garantías a los derechos fundamentales por el aparato estatal.
• Democracia Social. En la Dimensión que evalúa los resultados sociales de la gestión democrática, Bolivia hamejorado nuevamente. No alcanza el promedio regional. Casi todos los indicadores muestran avances, fundamentalmente los relacionados con mortalidad infantil, pobreza y desempleo.
• Es evidente que en la última década el ingreso por habitante se ha más que duplicado. El crecimiento del producto por habitante tiene su explicación en el efecto precio en más del 70% y no en la productividad. También es evidente que la tasa de desempleo abierto en las ciudades capitales ha disminuido. Sin embargo, los niveles de informalidad todavía son muy altos y el subempleo se mantiene por encima del 60% de la oferta laboral. Por otra parte, la calidad de la educación, el acceso a la salud, los servicios básicos y la seguridad ciudadana no muestran mejoría.
• Si bien es cierto que los avances en términos de equidad son innegables en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, no es menos cierto que esta reducción se basa casi exclusivamente en la redistribución y la entrega de bonos. La duda razonable es si estos índices de reducción de pobreza y desigualdad son sostenibles en el tiempo.
• Democracia Económica. En la dimensión que mide resultados económicos, aunque Bolivia mejora nuevamente en casi todos los indicadores. Continúa siendo un país de mínimo desarrollo en esta materia. Se ubica por debajo del promedio regional. Los indicadores Brecha de Ingreso, Libertad Económica y Endeudamiento son los que han presentado mejor desempeño.
• El crecimiento de la actividad económica nacional en 2013 superó las proyecciones oficiales de 5,5%, al ubicarse en torno al 6,5%, la tasa más alta de los últimos 38 años, informó el Banco Central de Bolivia (BCB), y destacó que el 2013 el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado registró el crecimiento absoluto más alto en la historia económica del país. La bonanza económica se debió principalmente al aporte de los sectores de hidrocarburos, transporte y almacenamiento, otras industrias, agropecuario y servicios financieros. Entre enero y septiembre de 2013 se registró un superávit en la balanza comercial, que, junto al incremento de las remesas de trabajadores, explicó el superávit de la cuenta corriente de $us 1.130 millones, equivalente a 3,9% del PIB anual estimado para 2013.
• Aunque Bolivia se ubica como la cuarta economía de mayor desarrollo en 2013, según proyectaron los organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su estructura económica la ubica todavía entre los países de menor desarrollo económico en la región.

1.Generar procesos de construcción de ciudadanía.

2.Fortalecer el respeto de los derechos políticos

3.Incrementar la lucha contra la corrupción

4.Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas

5.Profundizar la lucha contra la pobreza

6.Implementar medidas de desarrollo económico

7.Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera

8.Generar clima favorable a las inversiones