IDD-Lat 2009 |
Perú |
| Perú muestra un mejor nivel, de hecho crece más del 11%, aunque no le alcanza para mejorar su 7º lugar en el ránking regional. Con este comportamiento permanece en el grupo de países con desarrollo democrático medio. Además, sigue superándose y obtiene el mejor puntaje de la serie, superando el valor del 2008. · La puntuación en la dimensión “Respeto de los Derechos y Libertades Civiles” ha decrecido levemente con respecto al año anterior. Esto se debe a la disminución de las puntuaciones en los indicadores de inseguridad y de género. El resto de las variables se mantuvo estable. Sigue ocupando el 6º lugar en el ranking y su índice queda este año levemente por debajo del promedio regional. · El desempeño de la Dimensión III ha sido positivo, convirtiéndose en el mejor valor que obtuvo desde el 2002, año de inicio de la medición del Indice de Desarrollo Democrático. Este comportamiento es consecuencia de mejores valores en Percepción de la Corrupción, Accountability y Desestabilización. El indicador que corresponde a la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo se mantuvo estable, al no registrar elecciones legislativas durante el 2008. Perú sigue ocupando el 5º lugar de la tabla. Su índice ya ha superado el promedio regional y en esta dimensión presenta un nivel de desarrollo democrático alto. · En la Subdimensión Económica, el resultado ha sido superior al obtenido el año anterior. Producto de resultados favorables en el Indice de Libertad Económica, PIB per cápita, Endeudamiento y fuertemente en Inversión. El único indicador que se mantuvo estable es el de Brecha de Ingreso. Ocupa el 8º lugar de la tabla (ha subido dos escalones con respecto al 2008) y está por encima del promedio regional. · En la subdimensión social, el país presenta su mayor déficit democrático. El ascenso en Capacidad para generar políticas que aseguren Bienestar ha sido producto de un fuerte crecimiento de los indicadores de Mortalidad Infantil y de Hogares bajo la línea de la pobreza, más leve en Desempleo, en Matriculación Secundaria y en Gasto en Educación. Sin embargo su índice está todavía por debajo del promedio regional y desciende un lugar en el ránking, pasando del puesto nº 15 al 16. Esto se explica porque algunos países han mejorado en mayor proporción y el crecimiento de Perú no alcanza para igualarlos. Memoria Democrática 2008 Aunque las dos prestigiosas agencias de calificación de riesgo, Fitch y Standard & Poors, le otorgaron a Perú el anhelado grado de inversión y los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) opinaron que Perú estaba en condiciones de pagar por completo su deuda externa, al extenderle su respaldo por el estricto cumplimiento de sus obligaciones en los últimos años; el presidente Alan García cumplió su segundo año de Gobierno (2006-2011), ofuscado por las protestas sociales, en demanda de mayores beneficios del crecimiento económico del país. El jefe de Estado reclamó "más optimismo" a los peruanos y dejar de estar "lloroso en la casa, quejándose", a raíz de las críticas recibidas de la oposición por el alza inflacionaria que dispararon su impopularidad al 70%. El líder del partido Nacionalista, Ollanta Humala, sentenció que "el fantasma de la inflación de nuevo vuelve a aparecer", en alusión a los índices de hiperinflación que marcaron su primera gestión en el Ejecutivo. En opinión de Humala el alza inflacionaria respondía tanto al componente internacional como al crecimiento de la demanda interna por las expectativas creadas en la población por el mandatario. Los principales gremios sindicales del país convocaron a un paro nacional, el 9 de julio, que derivó en violentos desmanes en la selvática ciudad de Puerto Maldonado, con la quema de la sede del gobierno regional y con bloqueos de carreteras en el norte del país, que provocaron la muerte de una embarazada cuando era trasladada en una ambulancia. Un mes antes, el sur del país también se convulsionó al convocar a una huelga indefinida para pedir un reparto más equitativo del canon minero, y terminó con el secuestro de 60 policías en Moquegua. En mayo, la misma región sureña, la más pobre del país y la más difícil para el Gobierno de García, realizó un paro de 48 horas en tres departamentos, que acabó con un campesino muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y pasajeros varados en los caminos. A la par del turbulento conflicto interno, el Gobierno mantuvo roces con Evo Morales, por lo que consideró una "intromisión inaceptable" en su política interna. Morales aseguró que Estados Unidos está llevando sus bases militares a Perú e instó a los peruanos a evitarlo, lo que fue rechazado por Lima y respondido con el retiro temporal del embajador peruano en La Paz. Las discrepancias entre ambas naciones se agudizaron a raíz de la negativa de Bolivia a respaldar la apertura comercial de Perú, tanto en las negociaciones por un acuerdo de asociación con la Unión Europea, desde el seno de la Comunidad Andina, como en el marco del tratado de libre comercio firmado por Lima con Estados Unidos. En septiembre, unos 20.000 médicos emprendieron una huelga para exigir solución a sus reclamos, mientras otros gremios sindicales preparaban una serie de protestas y movilizaciones contra la política económica del gobierno. La huelga se realizó ante el incumplimiento del gobierno de un acta firmada en enero que establecía el pago de asignaciones por trabajo asistencial a los galenos del interior del país, así como mejorar el presupuesto del sector. La huelga médica se realizó en un contexto de descontento popular por el alza de precios de alimentos básicos y una inflación que no cedía. Ello provocaba el desplome de la popularidad de García con una desaprobación a su gestión del 75%. Entre tanto, la mayor central sindical del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú, ratificó que los gremios sindicales preparaban una jornada nacional de protesta, con marchas y movilizaciones para el 7 de octubre en todo el país. Esa jornada era respaldada por el Partido Nacionalista, de Ollanta Humala, y también por los presidentes de las regiones del sur, donde se ubican las zonas más pobres. El segundo mandato de Alan García se topó también con la corrupción y el terrorismo. La corrupción comenzó con un escándalo por la concesión irregular de una serie de lotes petroleros para la exploración, y terminó tumbando al gabinete del primer ministro Jorge del Castillo, tras dos años en el poder. El caso bautizado como "Petrogate" se destapó gracias a unas polémicas grabaciones telefónicas ilegales en la que los principales protagonistas eran un empresario dominicano, que hacía de mediador ante las empresas, el ex ministro peruano Rómulo León y Alberto Quimper, directivo de Perupetro, la empresa encargada de la concesión de los lotes. Los dos últimos fueron finalmente detenidos, y la fiscalía denunció también a catorce personas más. Las conversaciones telefónicas salpicaron -entre otras personalidades- al primer ministro y a los titulares de Energía y Minas y de Salud lo que llevó al presidente García a cambiar al gabinete, mientras que el Congreso iniciaba una investigación del caso. La rápida reacción del Ejecutivo, con la condena pública a los corruptos y el cambio del gabinete, le dió réditos a García, quien vio aumentar su popularidad a un promedio de 35% y decidió que su nuevo gabinete fuera presidido por el político independiente de izquierdas Yehude Simon. Este popular líder regional, que presidía la región norteña de Lambayeque y que en los años noventa estuvo preso acusado de vínculos con el terrorismo, llegó con la aureola de un político empeñado en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de consenso con las fuerzas opositoras. Apenas asumió su cargo, Simon se tuvo que enfrentar a movimientos inorgánicos, de carácter local y regional, que protagonizaron en varias provincias violentas protestas, en su mayoría para alcanzar beneficios como la distribución de las regalías mineras o la construcción de puentes y carreteras. Por otra parte, el gobierno de García también padeció un rebrote del terrorismo, ante el incremento de la activad subversiva. Al final del año, el balance no era positivo, ya que se reportó la muerte de 26 policías y militares en diferentes ataques, presentados sobre todo a partir de agosto, cuando las fuerzas de seguridad intentaron tomar el control de los últimos bastiones de la subversión. Octubre fue el mes más trágico, con la muerte de 15 uniformados y dos civiles en dos emboscadas tendidas por los remanentes de Sendero Luminoso en el departamento sureño de Huancavelica. En el último ataque, el 26 de noviembre, otros cinco policías murieron en una emboscada de presuntos terroristas aliados con el narcotráfico en la localidad selvática de Tingo María, una zona donde se cultiva la hoja de coca y están presentes los cárteles del narcotráfico. Desde agosto, las fuerzas armadas desarrollaron una agresiva campaña en la zona selvática conocida como Vizcatán, que fue controlada durante más de dos décadas por los senderistas. A pesar de que el gobierno aseguró que los atentados eran los coletazos de ahogado de la subversión, algunos analistas indicaban que demostraban el "fracaso absoluto" del plan del Ejército y la Policía, y que el Estado peruano seguía "perdiendo posiciones". La asistencia de líderes de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea, ALC-UE, que se llevó a cabo en Lima en mayo, y la realización del APEC, también en la capital, constituyeron un importante paso para el reconocimiento del Perú por países de Asia y del Pacífico. Alan García logró que dos de las reuniones más importantes del mundo se realizaran exitosamente en el Perú. Una de las conclusiones claves del APEC fue que se debía rechazar el proteccionismo y que, a pesar de todas las dificultades, había que defender el libre comercio; así como también el firme compromiso de mejorar en los temas sociales, además de generar políticas para enfrentar el cambio climático y combatir la corrupción. La economía creció 9,1% en el 2008, la mayor expansión en 14 años, aunque registró una caída del superávit comercial, que sólo alcanzó 3.100 millones de dólares frente a los 8.356 millones de dólares del 2007, por la desaceleración de las exportaciones mineras. |
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