IDD-Lat 2013 |
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Argentina |
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Otro rasgo característico del comportamiento de la democracia argentina se observa en la disparidad del comportamiento de las dimensiones del desarrollo democrático del país, que presenta grandes diferencias. En efecto, al comportamiento moderadamente positivo en la Dimensión II, democracia de los ciudadanos, y al excelente rendimiento en la Sub dimensión Social, se contraponen tanto el desempeño en la Dimensión III, democracia de las instituciones, el peor de la región, como su rendimiento en la Sub dimensión económica, que se ubica apenas por encima del promedio regional, pese a que el país cuenta con una de las más modernas estructuras económicas de la región.
No obstante esa disparidad, logra ubicarse en el 5º lugar del ranking de los 18 países latinoamericanos, es decir mejora en una posición con respecto al 2012; aunque se posiciona bastante lejos de los valores alcanzados por sus vecinos Uruguay y Chile. Respecto de la medición anterior, se observa que en los indicadores medidos este año logra peores resultados en las Dimensiones II (derechos políticos y libertades civiles), la III (calidad institucional y eficiencia política) donde el país se ubica en el último lugar en la región, y en la Sub dimensión Social; en la Sub dimensión que mide la capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, pese a los magros resultados mencionados anteriormente y como producto del bajo rendimiento de la mayoría de los países latinoamericanos, Argentina logra trepar al 7°lugar del ranking. El año político 2012 en Argentina estuvo signado por la ausencia de diálogo entre el gobierno y los sectores que integran el arco político nacional, tampoco hubo diálogos ni consensos con los representantes de los poderes económicos ni de los sindicatos. Por otro lado, los embates sobre el Poder Judicial, las decisiones restrictivas sobre cuestiones fiscales y cambiarias, los controles incrementales en la actividad económica interna y externa y una zigzagueante posición internacional, signaron el primer año del segundo mandato de la reelecta presidente Cristina Fernández y continuaron evidenciando el principal déficit de la democracia argentina, con un pobre desempeño en calidad institucional y eficiencia política, que como se ha dicho, coloca al país en el último lugar de la "democracia de las instituciones" a nivel regional.
En septiembre, una protesta convocada por sectores medios en las redes sociales, con la denominación “13S”, puso en evidencia el creciente mal humor social contra el gobierno. La convocatoria fue realizada desde las redes sociales y replicada en algunos medios de comunicación, y logró congregar a cientos de miles de personas de la clase media urbana en las calles de la Capital, en torno a la Plaza de Mayo y en las capitales del interior del país. La oposición ciudadana, sin liderazgos políticos, se fue incrementando y surgió entonces el “8N” para realizar, el 8 de noviembre, una segunda protesta ciudadana, superando el millón de personas movilizadas en todo el país.
El comportamiento de los indicadores en esta dimensión nos muestra que, a pesar que Argentina presenta un leve crecimiento en el Indicador de Género en el Gobierno, no logra mejorar su puntuación, porque el resto de los indicadores se encuentran amesetados, y esta situación de inmovilidad hace que Argentina no haya, prácticamente, modificado su valor con respecto al 2012. La visibilidad que trajo la introducción de las leyes de cuotas en estas dos décadas de aplicación ha permitido tomar con naturalidad la asunción de las jefas de estado en los últimos años sin asociarse al viejo temor de la falta de experiencia por la escasa vinculación de las mujeres en los asuntos públicos. Como consecuencia, asumieron como presidentes de ese género en la región: Michelle Bachelet en Chile (2005), Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007 y 2011), Dilma Rousseff en Brasil (2010) y Laura Chinchilla en Costa Rica (2010).
No obstante, aunque se observa un aumento de la participación de las mujeres en los gabinetes de ministros de los países de la región, éstas tienden a ser ubicadas en las carteras vinculadas con el área sociocultural más que en aquellas relacionadas con la economía y la política. Argentina no escapa a esa regla y, aunque fue el primer país de la Región en establecer el cupo femenino para las bancas parlamentarias, aún no logra avanzar hacia una participación significativa por encima de lo establecido por el cupo. En la actualidad las mujeres ocupan un 37% de los curules, es decir un 7% más que lo que establece la ley de 1991. Donde Argentina ha avanzado más es en el ámbito judicial, de hecho presenta casi un 30% de participación femenina en la composición de la Corte Suprema de Justicia, dato que, comparado al resto de los países de la Región, no es poco, sólo es superado por Costa Rica, Venezuela y El Salvador. El ámbito que presenta la mayor debilidad es en el Poder Ejecutivo, aún siendo una mujer la que ejerce la Presidencia, sólo 3 de los 18 cargos de primer nivel eran ejercidos por mujeres.
En esta Dimensión, Argentina se ha ubicado durante todos los años de nuestra medición (Gráfico 3.3) por debajo del promedio regional, excepto en el año 2007 que se ubicó levemente por encima. Este comportamiento evidencia la mayor falencia estructural de la democracia argentina.
El tema de la corrupción tuvo también impacto en el crecimiento del descontento de los sectores altos y medios de la población, que se reflejó en una importante caída en las encuestas de opinión pública que miden la imagen del gobierno y de la Presidente. Nuevas causas judiciales que al comenzar el año, involucraban al flamante vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, contribuyeron a enfocar en la agenda social la cuestión de la corrupción en el gobierno. El fracaso del Poder Ejecutivo en su intento por designar en el Congreso a un cuestionado candidato a ocupar la Procuración General de la Nación, daba cuenta que el gobierno comenzaba a enfrentar ciertos límites en lo institucional. El índice de Transparencia Internacional que refleja la percepción de corrupción de los países durante 2012 ubicó entre los últimos lugares a la Argentina, que muestra una caída con respecto a su posición de 2011, cuanto estuvo en el puesto 100. En una escala que va de 0 (máximo nivel de percepción de corrupción) a 100 (máxima transparencia y nivel mínimo de percepción de corrupción), siempre en el sector público, la Argentina obtuvo 35 puntos (una nota de 3,5 en la escala de 1 a 10). En la comparación regional, el panorama tampoco luce bien para la Argentina. Mientras el año pasado estaba en mejor situación que Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, este año se vio superado por esos mismos cuatro países, más Perú. Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, que tiene a su cargo el Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, consideró que “lamentablemente Argentina no muestra un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La ausencia de normativas clave como una ley de acceso a la información pública, y la debilidad en la que se encuentran la mayoría de los organismos de control, entre otras cosas, justifican la percepción que se tiene sobre la corrupción en Argentina”. Ejemplo claro de la falta de transparencia en las políticas públicas y la ausencia de controles fue cuando el 22 de febrero de 2012, se produjo un accidente en el ferrocarril Sarmiento, en su estación terminal de Once en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó un saldo de 51 muertos, con una repercusión negativa en la opinión pública, mostrando el deterioro y la falta de mantenimiento del sistema ferroviario metropolitano que recibe millonarias sumas en subsidios por parte del Estado. A las mencionadas movilizaciones sociales del 13S y 8N, se sumaron las realizadas por el sindicalismo opositor y sus aliados sociales, que realizaron una movilización a la Plaza de Mayo el 10 de octubre, con el primer paro general contra el gobierno en una década de Kirchnerismo en el poder y con una nueva movilización el 19 de diciembre. En octubre hubo también un acuartelamiento de prefectos y gendarmes que se quejaban por las condiciones en las que trabajaban las fuerzas de seguridad y por una quita en sus salarios. La conflictiva relación con los medios se agudizó. En mayo, la Suprema Corte de Justicia había puesto un límite a la medida cautelar que beneficiaba al grupo Clarín en el conflicto por la ley de medios, estableciendo como fecha límite el 7 de diciembre de ese año. Surgió entonces el “7D” como un hito central en el conflicto entre el oficialismo y dicho multimedio. Tras el impacto de las movilizaciones en su contra, el gobierno potenció la convocatoria a sus adherentes para movilizarlos el “7D” buscando reconstruir el poder debilitado por la protesta de la clase media urbana de noviembre, interpretando que tendría su fiesta por la esperada resolución judicial que, esperaba, impondría su interpretación de la Ley de Medios. Sin embargo, el fallo de la Justicia, el 6 de diciembre, prorrogando la cautelar en favor del grupo Clarín en el conflicto por la ley de medios y el rechazo del per saltum pedido por el gobierno ante la Corte el 27 de ese mismo mes, generaron una fuerte derrota política para el oficialismo que, ante el fracaso, denunció un “golpe institucional de la corporación mediática combinada con la corporación judicial”.
A fines de diciembre reaparecieron focos de conflicto con saqueos a hipermercados y comercios, agitando los fantasmas de la crisis de 2001. Aunque esos hechos no llegaron a generalizarse, pusieron en evidencia que el oficialismo había empezado a perder el control de los sectores populares en los que durante todos estos años había sustentado su base de apoyo. Como corolario de su evaluación anual, la agencia estatal TELAM, indicaba: “Las imágenes de los asaltos colectivos a comercios y supermercados en los últimos días de diciembre demuestran que el gobierno nacional deberá de ahora en adelante lidiar con una oposición desleal al sistema democrático. Ya no se trata de una coalición parlamentaria que intenta paralizar institucionalmente a un país, como ocurrió entre 2009 y 2011, ni siquiera de manifestantes enfurecidos con consignas claramente golpistas, como algunos grupos que participaron de la manifestación del 8N. Ahora, grupos con capacidad operativa están dispuestos a quebrar la representación democrática con operativos violentos.”  En la Dimensión “Ejercicio de Poder Efectivo para Gobernar”- en la Sub- dimensión Capacidad para Generar Políticas que aseguren Bienestar, la Argentina presenta una importante curva de crecimiento desde el 2010 (Gráfico 3.4), aunque este año sufre un pequeño retroceso. A pesar que todas las variables tuvieron un comportamiento positivo, este año su puntuación es levemente descendente, debido a los avances de otros países de la región. Sin embargo, esto no modifica su liderazgo en lo que respecta a esta sub dimensión; en efecto, nuevamente ocupa el primer lugar del ranking. Los indicadores que muestran una mejor tendencia son los que miden el desempleo urbano y la población bajo la línea de la pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaban que la tasa de desempleo abierto urbano regional mantendría su tendencia a la baja y terminaría 2012 con una variación de 6,4%, frente al 6,7% anotado el año anterior. En Argentina, durante el periodo enero-junio de 2012, la desocupación se había ubicado en 7,2% de la población económicamente activa, 2 décimas menos que en la primera mitad de 2011. El documento subraya la suba de la tasa de ocupación de 0,5 puntos porcentuales en el primer semestre, hasta 56%; mejoras en la calidad del empleo a través de una expansión de 3% del empleo asalariado formal cubierto por la seguridad social; y un aumento de los salarios reales de 3% en el mismo período.El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012”, de la ONU, destaca que, en materia de pobreza urbana, Uruguay y Argentina encabezan positivamente la escala con el 10,7% y el 11,3% respectivamente, tercero se encuentra Chile con el 11,7%. Con niveles notablemente más altos siguen Brasil con el 22,1%, México con el 29% y Paraguay con el 48%. Según el informe, los países con mejor distribución de la riqueza son Uruguay y Venezuela mientras que Argentina es, junto a Uruguay, el país con menor tasa de pobreza (9%) seguidos por Chile con el 12%. La Argentina se encuentra entre los cinco países latinoamericanos que más redujeron la pobreza durante el período 2010-2011, al experimentar un descenso del 8,6% de la población al 5,7%, según la CEPAL. En lo que respecta a la región, la CEPAL estima que América Latina terminaría el año con 167 millones de pobres, un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale al 28,8% de los habitantes. "Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países, el desafío es generar empleos de calidad en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental", afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Por otro lado, con respecto al indicador que mide la Mortalidad infantil, el país registraba 11,2 infantes fallecidos por cada mil nacidos vivos, lo que significa un descenso de medio punto con respecto a la medición de 2011, que se ubicaba en 11,7. La tasa que mide la mortalidad infantil en Argentina es el indicador social más sensible, porque además de los aspectos sanitarios, también mide desarrollo humano, educación e infraestructura social básica como el acceso a agua potable y cloacas. Entre 2009, año en que se implementó la Asignación Universal por Hijo, y 2010 hubo un aumento en el número de matriculados en las escuelas secundarias de un 2,6%, de acuerdo con los anuarios estadísticos que elabora la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE). En 2009 había 4.106.048 alumnos de secundaria en todo el país. Un año después eran 4.213.136, un 2,6% más.
Las cifras que representan a todo el sistema educativo del país (lo que incluye a instituciones de gestión pública como de la privada o subsidiada) muestran que, por ejemplo, la matrícula del nivel inicial creció, desde el 2003 al 2012, un 17,2%, que subió un 7,4 % la cantidad de jóvenes de 12 a 17 años que va al secundario, donde además hay más inscriptos; que se incrementó el 93,6% de alumnos de escuelas técnicas y un 22% el de las universidades de todo el país. En ese mismo período también subió el 4,6% la cantidad de niñas y niños que termina la primaria, un porcentaje similar en el secundario, mientras que en el nivel superior la cifra de jóvenes con título universitario se elevó al 54,6%. Los mejores resultados tienen también su correlato en la aplicación de fondos para el sector, que pasaron de 13.684 millones de pesos (3,64% del presupuesto) en 2003 a 117.835 millones de pesos (6,40%) en los últimos dos años, el presupuesto más alto de los últimos años. En la Sub dimensión Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, el valor obtenido ha sido más alto (Gráfico 3.5), por el buen comportamiento de dos indicadores, el que mide Brecha de Ingreso y el que mide Inversión. El resto de los indicadores sufrió retrocesos, aunque no de la magnitud que pudiera frenar el avance que impulsaron las mejoras citadas. Del duodécimo lugar que ocupaba Argentina en el ranking regional de 2012, este año sube al séptimo.
 Frente a un mundo hostil y en crisis, el 2012 será recordado como el año en que la economía argentina dejó de crecer a tasas chinas, en el que la inflación y el dólar estuvieron en el centro de la escena, pero en el que más allá de los riesgos, la situación general estuvo lejos de los presagios apocalípticos. El modelo económico navegó en aguas borrascosas, en medio de un recrudecimiento de la inestabilidad mundial que afectó al principal socio argentino: Brasil y, en ese contexto, obligó al Gobierno a tomar medidas de intervención y cerrar fronteras para ser menos permeable a ese convulsionado frente externo.Fueron doce meses intensos: pesificación de la economía, parcial eliminación de los subsidios al transporte y a los servicios básicos, estatización del predio ferial de Palermo, expropiación de YPF, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, profundización del control cambiario, más trabas a las importaciones y reforma del mercado de capitales. Argentina empezó el 2012 con largas colas para retirar la tarjeta SUBE (tarjeta de pago para el transporte público) por la inminente quita de subsidios, miedo ante la falta de combustibles y al desabastecimiento de yerba mate, preocupación por la suba de precios y reclamos por la presión del impuesto a las Ganancias. Pero ninguna de esas cuestiones pudo tapar aquella vieja obsesión argentina por el dólar que quedó reflejada en las diferentes cotizaciones: dólar oficial, dólar blue o paralelo, dólar contado con liqui y hasta dólar turista, con una brecha de hasta 50 por ciento. El deseado billete "verde", que también fue eje de dos grandes movilizaciones de las clases medias urbanas, empezó el año en 4,32 pesos y terminó por encima de los 4,90, con una devaluación del 13%, mientras que el paralelo cerraba en torno a los 6,50, determinando una brecha superior al 40%. El popularmente denominado "cepo cambiario" frenó momentáneamente la salida de divisas, aumentó los depósitos en moneda local y el crédito, pero llevó a varias provincias a tener que pesificar sus bonos, generando preocupación y alentando el fantasma de default. El bloqueo a las importaciones favoreció la balanza comercial, que concluyó con un saldo positivo de 11 mil millones de dólares, pero impactó en algunos sectores de la industria, que cerró un año sin crecimiento o con una ligera retracción. El complejo entramado para el ingreso de mercaderías derivó en protestas de industriales brasileños y también de países europeos, que llevaron sus denuncias a la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la Argentina. Con ligeras diferencias, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC y también las consultoras privadas, estimaban que la economía crecería menos del 2 por ciento, la industria cerraría el año con una caída cercana a un punto, pero dejando algunas señales de tibia recuperación para el 2013. En ese contexto, la producción automotriz dio muestras de estabilidad, con un volumen superior a las 800 mil unidades, que se situaba apenas por debajo del 2011, un año de marcas históricas. Donde tampoco hay acuerdo es en las cifras de inflación: para el INDEC, controvertido organismo estatal que se ocupa de generar estadísticas oficiales, ronda el 10 por ciento en todo el año, pero para las consultoras privadas trepa al 25 por ciento, según el indicador que mensualmente la oposición difunde en el Congreso. A su vez, el férreo y cada vez más minucioso control cambiario fastidió a amplios sectores de la clase media y desplomó el mercado inmobiliario, que cierra el año con una caída del 35 por ciento. Para motorizar el mercado inmobiliario, el Gobierno anunció, con fondos de pensiones y jubilaciones, un ambicioso programa denominado "Procrear" para la construcción de cientos de miles de viviendas, con plazos largos y tasas convenientes.
El 2012 fue un año con grandes desafíos para la actual administración: no sólo tuvo que navegar en un mundo más peligroso y agresivo, sino que tuvo que desembolsar unos 11.500 millones de dólares para cubrir vencimientos de deuda, que derivó en una pérdida de 3.500 millones de dólares en las reservas del Banco Central, que terminan apenas por encima de los 43 mil millones. Luego de una dura lucha de 11 años en el escenario financiero mundial, la Argentina caminó, peligrosamente, al filo del default tras un fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa, al habilitar a los fondos buitre a incautar recursos destinados al pago de bonos del canje. Pero ese capítulo aun no es definitivo y mantendrá el suspenso por un tema que trae un pasado que todos quisieran olvidar.
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Al igual que en muchos países de la región, el indicador que refleja el Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad expresa una de las mayores preocupaciones de la sociedad. Uno de los reclamos más constantes que expresa la ciudadanía, junto a la corrupción es la demanda de seguridad. Ese reclamo es, desde hace años, una permanente preocupación de los argentinos. Desde el Gobierno se hizo siempre referencia a la dicotomía entre "sensación colectiva" y realidad. En esa visión se daba por establecido que la delincuencia no pasaba de niveles normales. Sin embargo, los datos duros parecen contrarrestar esa caracterización oficial de la falta de seguridad como un problema de comunicación de políticas públicas. De hecho, la Argentina tiene la tasa de robos más alta de América, según un informe del Observatorio Hemisférico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que revela que el índice duplica la tasa promedio evaluada en 28 países americanos. Así, la tasa de robos fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el continente es de 456 cada 100.000 habitantes. La comparación establece que los robos en la Argentina son mucho más frecuentes que en Brasil (415 cada 100.000 habitantes), Chile (542) y Uruguay (410). La comparación es aun más dramática si se contrapone la tasa en Estados Unidos (123). La mayoría de las naciones americanas completó sus estadísticas de 2010, pero en el caso argentino el organismo internacional tuvo que utilizar las de 2008, las últimas informadas oficialmente por el Gobierno.
En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, Argentina, como ya se indicara, ocupa el anteúltimo lugar del ranking regional, debido a un descenso de su puntaje
