IDD-Lat 2013 |
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Uruguay |
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El presidente uruguayo, José Mujica sostuvo varias veces en sus discursos que 2012 debía ser el año "bisagra" de su gobierno para plasmar las realizaciones. "Hay cosas que si no se hacen este año después será mucho más difícil concretar", explicaba una y otra vez. Había iniciado su gestión el 1 de marzo de 2010 con un 66% de popularidad y desde entonces el porcentaje más bajo que ha registrado es del 43%, en septiembre de 2012. En cuanto a la aprobación de su desempeño como gobernante, la medición más alta fue un 66% al comienzo de su Presidencia y la más baja fue el 36% registrado en septiembre de 2012.
Fiel a su estilo, contrario al protocolo, el presidente Mujica cumplió el tercer aniversario de su investidura sin actos oficiales por la fecha ni balances formales de gestión. Tres años antes, Mujica solicitaba en su discurso de asunción, en Montevideo, la colaboración de la sociedad en la lucha contra la pobreza y en favor de la masificación del conocimiento. Su gestión al frente del gobierno da cuenta del trabajo en pos del cumplimiento de esos objetivos. Mujica reveló que la "principal autocrítica" hacia su propia gestión de gobierno fue su política de concordia con la oposición al iniciar su mandato en 2010. "Quise ayudar a que se construyera una concordia nacional en todo lo posible, y fue como engordar un chancho con galletitas", graficó en su lenguaje coloquial. La vida de los uruguayos en estos tres años siguió mejorando, tanto desde el punto de vista material como en su desarrollo cultural y social, en el avance de proyectos y en el crecimiento de capacidades para continuar avanzando en la senda del desarrollo democrático, aunque, como siempre advertimos, estas consideraciones no signifiquen que el pueblo uruguayo está a las puertas de un "paraíso democrático". Siguió creciendo la economía, a pesar de la ralentización del crecimiento en el mundo más desarrollado y del virtual "congelamiento" del MERCOSUR, mejoraron tanto el empleo, como los ingresos familiares, el nivel de vida de la mayoría de las familias y el consumo.
Se contuvo el crecimiento de los delitos comunes (rapiñas y hurtos), aunque aumentaron los asesinatos y la cantidad de presos, se mejoró notoriamente la infraestructura carcelaria (para mayores y menores) y se aplican planes de mejora constante de la prevención y la represión del delito.
Claro reflejo de una creciente indignación entre los uruguayos, cerca de 2000 personas marcharon, en abril de 2012, en Montevideo, contra la inseguridad pública, en la primera protesta -fuera de reclamos salariales o sindicales- contra el gobierno de José Mujica. Una simpatizante del opositor Partido Colorado diseñó un aviso de convocatoria a la manifestación de repudio a la violencia, con el que logró una llamativa adhesión en las redes sociales. Y obtuvo incluso la atención de dirigentes del oficialista Frente Amplio y de la central sindical PIT-CNT, quienes asistieron a la marcha con el argumento de que esos planteos ciudadanos no son patrimonio exclusivo de la oposición. La diputada Susana Pereyra, legisladora del Frente Amplio y del propio sector de Mujica -el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)-, dijo que había concurrido porque también a su bancada le preocupa el aumento de la violencia, pero aclaró que no se puede culpar necesariamente al gobierno. La senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo que el aumento de la violencia se arrastra del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), del Partido Colorado, y subrayó que "cada asalto que ocurre lo vinculan con un menor y lo asocian al plebiscito", en alusión a la enmienda constitucional para rebajar la edad de imputabilidad, que será sometida a votación en octubre de 2014 y al inevitable uso político de este tipo de demandas ciudadanas. Otro punto saliente en la opinión pública fue la discusión sobre el combate al narcotráfico, en torno a dos iniciativas gubernamentales muy particulares. Una, con la que pretendía ayudar a los adictos a la pasta base a salir de su situación, proponiendo la internación compulsiva; la otra, la legalización de la venta de marihuana poniendo la misma a cargo del Estado. El debate se prolongaba al año siguiente con la opinión pública sensibilizada y los movimientos políticos en acciones encontradas. Hay dos hechos relevantes en materia jurídico-social. Uno es la aprobación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, es decir el aborto, siempre que se realice dentro de las doce primeras semanas de embarazo y siguiendo un procedimiento que marca la ley y que regula luego el decreto reglamentario. Como se sabe se ha puesto en marcha la maquinaria que podría conducir a que el tema se decidiese en forma directa por la ciudadanía, a través de un referendo. Pero la interrupción voluntaria del embarazo ya funciona legalmente.
El presidente José Mujica cumplió el tercer año de su mandato con varios temas pendientes y con dos años de gobierno por delante, enfrentando tensiones políticas por el adelanto del clima preelectoral. Más allá de recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tendientes a reflotar la impunidad de violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), el gobierno enfrenta constantes ataques de minoritarios pero activos partidos de oposición. Una de las victorias opositoras fue la renuncia obligada del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, de origen chileno, acusado de no haber tramitado debidamente su ciudadanía para ejercer el cargo.
En un balance autocrítico, Mujica también reconoció problemas entre sus ministros y entre algunos de éstos y el gobernante Frente Amplio (FA) sobre cómo encauzar mejor la política económica, tema magnificado por los grandes medios nacionales. Tras su llamamiento a la unidad y a discutir los problemas internos en los espacios correspondientes, las fuerzas del FA se adhirieron a la exhortación del mandatario y se comprometieron a trabajar de forma colectiva. En ese clima político también influyó una masiva manifestación (la segunda en una semana) de políticos, sindicalistas, estudiantes y familiares de víctimas de la represión frente a la SCJ, que, junto con criticar al Poder Judicial, exigieron, también, al gobierno un rechazo más enérgico. Mientras, los partidos de oposición aprovecharon el ambiente para tratar de adelantar el clima electoral, nombrando precandidatos a los cargos en disputa en los comicios generales de octubre del 2014. Respecto a los aún distantes comicios, Mujica -quien no puede aspirar a la reelección inmediata según la Constitución- llamó a apoyar la eventual candidatura del ex presidente Tabaré Vázquez, quien todavía no fue postulado por el FA. Vázquez viene conversando con Mujica y con el vicepresidente Danilo Astori sobre el tema, sin que trasciendan detalles de esos encuentros privados. Mujica continuó los esfuerzos de Tabaré Vázquez por reformar el Estado. Pero los sindicatos no lo recibieron como esperaba, y menos cuando lo escucharon demandarles más trabajo y menos reclamos. Pretendió crear un nuevo estatuto del servidor público -al que renombró “servidor de la Nación”-, buscando simplificar los vínculos laborales con el Estado y regular dos tipos de funcionarios: los políticos y los de confianza particular. Estos puntos, más otras normas y cronogramas se redujeron a un decreto que obliga a la Administración Central a trabajar seis horas, que fue recibido con un paro de servidores públicos y provocó muchos reclamos, pero que de todos modos se aplica. Mujica volvió a defender ayer la decisión de que los funcionarios trabajen como mínimo seis horas diarias y 30 semanales. "Los recursos del Estado son los que paga el pueblo y es nuestro deber tratar de retribuirlo proporcionalmente al esfuerzo que la gente haga", afirmó el presidente. En 2012 impulsó un sistema de ascensos en los organismos estatales que no se basara en la antigüedad (conocido coloquialmente como “escala de burro”) para implementar un sistema de grado, con concursos, méritos y compromisos de gestión como requisitos e ítems a tener en cuenta. Pero la resistencia de muchos de los llamados “comisarios” que rodean al mismo Mujica ha complicado su implementación desde el mismo Frente Amplio. En materia política, el 2012 ha sido un año con hechos fuertes, que comenzaron con el relevo del ministro de Turismo, Héctor Lescano, y culminó con todo un segundo semestre absorbido por el tema PLUNA y la conectividad aérea del país. El primer relevo marcó un duro golpe del presidente de la República al astorismo, al efectuar el cambio de un ministro astorista sin consultar a Astori, su vicepresidente y líder de la otra mitad del Frente Amplio. Pero también fue paradójicamente el final de una sorda guerra interna que involucraba a hombres cercanos al Presidente contra el astorismo y el equipo económico. De allí en adelante todo cambió. La caída y cierre de la empresa de aeronavegación Pluna, el manejo bastante desprolijo del equipo económico, en particular del presidente del Banco República, Fernando Calloia, la guerra sin cuartel de la oposición, el juego a la defensiva del gobierno, con mucha improvisación, poca planificación de la estrategia a seguir y cometiendo una continua sucesión de errores, constituyeron al tema en un punto central de la disputa política entre oficialismo y oposición. Al terminar el año 2012, el balance señalaba un gran debilitamiento político de Danilo Astori y del astorismo por un lado, y en particular un importante desgaste político del ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
Los resultados que el gobierno puede utilizar como éxitos se corresponden con un buen desempeño económico, con el alto nivel de los salarios y las pasividades y el alto desarrollo del consumo personal, con su inevitable correlato en un mejor nivel de vida para la población en general, pero también, en particular, con los indicadores que reflejan una disminución constante de la pobreza.
Por otro lado, en cuanto a resultados negativos, cabe señalar la constante caída del país en calidad de la educación. Hace medio siglo Uruguay estaba en los primeros lugares del mundo, no solo a la cabeza de América Latina sino también en los primeros lugares en comparación con Europa. Hoy se ubica en la mitad inferior del ranking en América Latina, y detrás de casi todos los países europeos e, incluso, de algunos países africanos. Por el contrario, en relación con la lucha contra la pobreza, el país ocupa un lugar destacado. El índice de Gini, que mide la brecha entre los más pobres y los más ricos, se redujo a 0,379, desde un 0,403 en 2011. La pobreza en Uruguay disminuyó al 12,4% de la población en 2012, desde un 13,7% registrado en 2011, mientras que la indigencia se mantuvo en un 0,5% de los habitantes. En Montevideo, donde vive la mitad de los 3,3 millones de uruguayos, la pobreza se mantuvo en el orden del 16,7% de la población, pero en el interior del país se redujo principalmente en las localidades con más de 5.000 habitantes desde 12,1 a 10,1%. La indigencia aumentó una décima en Montevideo, a un 0,7% respecto al dato de 2011, pero bajó en zonas rurales a 0,3%. Medida por hogares, la pobreza cayó al 8,4% desde el 9,5% del año anterior, y la indigencia se estabilizó en torno al 0,3 por ciento de los hogares.
Desde el 2006 la pobreza ha disminuido continuamente acompañada de políticas gubernamentales de transferencias monetarias a los más necesitados y la focalización de medidas entre la población de menores recursos. Los niños y adolescentes y las personas de raza negra fueron detectados como los más vulnerables y con mayor proporción de sus integrantes por debajo la línea de pobreza. La política fiscal contribuye a mejorar los indicadores sociales en Uruguay, y lo hace de un modo más efectivo que la región en su conjunto. A través del sistema tributario y de las transferencias de recursos a las familias más vulnerbles, el Estado uruguayo es el que logra reducir en mayor medida la pobreza en términos de ingresos y se encuentra en segundo lugar, luego de Argentina, en la reducción de la desigualdad. No solo nuestros indicadores dan cuenta de este progreso, el informe del Banco Mundial, “Gasto social, impuestos y redistribución del ingreso en Uruguay”, con indicadores más antiguos que los aquí considerados, ya señalaba que el índice de Gini para Uruguay era de 0,492 en 2009. La desigualdad se reducía más aún a 0,477, si se consideraban además los aportes a la seguridad social e impuestos directos (IRPF); y mostraba una caída todavía mayor, a 0,457, al agregar las transferencias que realizaba el Estado a las familias. Cuando se cuentan únicamente los ingresos, sin impuestos ni transferencias, Uruguay es un país más desigual que Bolivia. Una vez que se agrega el pago de tributos y el gasto social, el país se ubica por debajo únicamente de Argentina en materia de equidad, que logra superar al Uruguay solo cuando se consideran los gastos en educación y en salud.  También aumenta Uruguay la puntuación de la Sub dimensión económica en la Dimensión IV en más del 10% (Gráfico 3.85), escalando dos lugares en el ranking regional, quedando superado solamente por Chile. Esto se debe al mejor comportamiento de los indicadores Brecha de Ingreso e Inversión. Muestran una puntuación levemente más baja las variables que miden Libertad Económica, PIB per cápita y endeudamiento.Es evidente que la economía ha vivido una desaceleración a lo largo de este último año. Pese a ello, creció en 2012, un 3,9% respecto al año anterior, en línea con las estimaciones previstas por el Gobierno del 4%. El crecimiento fue posible aunque registrara una tasa negativa del 0,1% en el último trimestre, que fue compensada por las alzas del 2,5, 0,9 y 1,6% que se registraron respectivamente en el primer, segundo y tercer trimestre de 2012. Casi todos los sectores de la actividad económica registraron un crecimiento y tan solo el suministro de electricidad, gas y agua, que registraban una baja de precios y las actividades primarias, que crecieron por debajo del resto, perdieron participación en el total de la economía uruguaya. El Banco Central Uruguayo destacó también el comportamiento de la formación bruta de capital fijo, por el buen desempeño de la inversión privada. Las actividades que aportaron en mayor medida al resultado global en el año 2012, fueron la construcción, con un alza del 18,7% y transporte y comunicaciones (7%). Es una tasa de crecimiento que sigue siendo alta cuando la comparamos con el promedio histórico del país, pero al mismo tiempo deja en evidencia que los años de crecimiento del PIB a tasas del 6% o 7% que se vivieron entre 2005 y 2011 quedaron atrás. El otro elemento resaltable del 2012 en materia económica es la profundización de varios desequilibrios macroeconómicos. Hasta el año 2011 el país crecía con fuerza y con desequilibrios relativamente menores en las políticas macro. En 2012, la economía se desaceleró y al mismo tiempo comenzaron a profundizarse algunos desbalances. Un ejemplo de ello es el deterioro claro que mostraron las cuentas públicas en el transcurso del año. El gasto público aumentó a un ritmo promedio del orden de 12% en términos reales (es decir, 12% por encima de la inflación), cuando en 2011 esa cifra rondaba el 4%. Es una suba del gasto público realmente muy fuerte, que no guarda relación alguna con el crecimiento de la economía ni con el ritmo de aumento de los ingresos del sector público. Actualmente, el déficit fiscal está en 3% del PIB cuando a fines de 2011, el desbalance de las cuentas públicas se ubicaba en torno al 1%.
Los aumentos de salarios y la suba del gasto público contribuyen al mantenimiento de una inflación incómodamente alta. El Gobierno parece contentarse con una inflación de entre 7 y 8 puntos. Es claro también que el déficit fiscal reducido fue una de las variables que el Gobierno resignó durante 2012 y subsiste la incógnita de la evolución del gasto en niveles armónicos con el crecimiento para lo que resta de la gestión del presidente Mujica. |
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La Dimensión III, que mide la Calidad Institucional y la Eficiencia Política, tuvo un comportamiento positivo, con un avance fue del orden del 8%, logrando su puntuación más alta en la serie (Gráfico 3.83). Se ubica en el 1º lugar del ranking regional, por primera vez desde que se inició la medición del IDD-Lat, ganando un lugar con respecto al año anterior. El avance en la democracia de las Instituciones es producto de mejores resultados en los indicadores de Percepción de la Corrupción, de Accountability y de Desestabilización de la democracia. La variable Participación de los Partidos políticos en el Poder Legislativo mostró un descenso con respecto a la puntuación recibida el año anterior.
El valor del subíndice Social alcanza una mejor puntuación, del orden del 14% respecto del año anterior, y su punto más alto en la serie de medición del IDD-Lat (Gráfico 3.84). Su excelente desempeño lleva al país a la 2º ubicación del ranking regional latinoamericano, ganando un lugar con respecto al 2012. Su puntuación sigue estando muy por encima del promedio regional. Las variables que motorizan el ascenso de la puntuación de la Sub dimensión son las que corresponden a Eficiencia en Salud, Eficiencia en Educación, Población bajo la Línea de la Pobreza y Desempleo, todas con un comportamiento positivo.
