IDD-Lat 2009

Guatemala

Guatemala no ha crecido en desarrollo democrático con respecto al 2008, y esto le significa no poder escapar del grupo de países con bajo desarrollo democrático. Ha bajado en el ránking regional, del 15º lugar al 17º. Su baja puntuación se debe al déficit que presenta en casi todas las dimensiones, salvo la subdimensión social. Es el tercer año consecutivo de caída. Continúa muy por debajo del promedio regional.

· El valor obtenido en la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles sigue estando por debajo del promedio regional; por ello Guatemala continúa ocupando el penúltimo lugar del ránking, seguida sólo por Venezuela. En general los indicadores se han mantenido estables, los únicos que han tenido alguna variación han sido, el de inseguridad con un mejor comportamiento y el de Género con un fuerte descenso. Esto produjo que en esta oportunidad Guatemala presente una peor puntuación en la dimensión con respecto al año anterior.

· También ha empeorado en la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, y en este caso más fuertemente, cayendo casi un 13%. Sólo se destacan los comportamientos positivos del indicador de Percepción de la Corrupción, como había sucedido el año anterior así como de Accountability. Sin embargo, estos movimientos son compensados por el peor puntaje en el indicador de Desestabilización y la estabilidad del resto de los indicadores. Guatemala bajó del 11º al puesto nº 10 del ránking regional. Su puntuación aún continúa por debajo del promedio.

· El valor de la Subdimensión Económica permanece levemente por encima del promedio, aún habiendo obtenido una menor puntuación a la del año anterior. Los indicadores que incrementan son el PIB per cápita, el nivel de endeudamiento y el de inversión. Pero las caídas que se producen en el Indice de Libertad Económica y en Brecha de Ingreso, hacen que el resultado final de la dimensión sea más bajo que la del año anterior. Esto, a su vez, produce que baje dos posiciones en el ránking, del 8º pasa al 10º lugar.

· Con respecto a la Subdimensión Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar ha obtenido una puntuación mayor a la del año anterior, porque presenta mejoras en Hogares bajo la línea de la pobreza y en Matriculación Secundaria; aún cuando presente una peor puntuación en Mortalidad Infantil. El resto de los indicadores se mantiene estable. Esta mejor puntuación final hace que logre subir algunos peldaños en el ránking regional, del 17º al 14º.

Memoria Democrática 2008

A principios del 2008 asumió como presidente de la República Álvaro Colom. Durante la campaña electoral, Colom había prometido muchas cosas, aunque la promesa que más había convencido al electorado había sido la propuesta de combatir la violencia con inteligencia y no con mano dura.

Colom también había prometido que durante su gestión no se aumentarían los impuestos, así como transparencia y eficiencia en el gasto público. Asimismo, se había comprometido a luchar contra la corrupción y a adoptar una política de austeridad.

Seguridad, municipalismo y Cohesión Social a cambio de leyes fueron las materias con las que se forzó el acercamiento entre algunas bancadas y el Ejecutivo durante el 2008.

En materia de seguridad pública, se evidenció que la propuesta de combatir la violencia con inteligencia no existía y que se reducía a un mero eslogan de campaña. Ante la escalada de conflictividad y violencia, Colom decidió optar por la “mano dura” y, para el efecto, nombró como ministro de Gobernación a Salvador Gándara (ex Viceministro de Gobernación de Álvaro Arzú).

Se creó el Consejo de Cohesión Social, bajo la coordinación de la esposa del Presidente. A este Consejo se le encomendó el programa de transferencias condicionadas, los comedores populares, así como la implementación de proyectos sociales (infraestructura física, distribución de alimentos, materiales de construcción). La elaboración de listados de beneficiarios con sesgo político, así como la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y la discrecionalidad, han dado lugar a señalamientos de clientelismo político, despilfarro y corrupción.

Un aspecto positivo del año 2008 fue la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en abril de 2009.

La violencia, que durante 2008 cobró la vida de más de 6.200 guatemaltecos, logró ensombrecer los avances en materia social que en su primer año de gobierno alcanzó el presidente Colom.

En su discurso de rendición de cuentas, Colom condenó los efectos de la crisis económica, la inseguridad y la pobreza, destacó los logros en materia social de su gobierno y llamó a la unidad de la ciudadanía.

En el área de seguridad, reconoció los escasos avances logrados en su lucha por frenar la violencia, que la atribuyó a la presencia de grupos de narcotraficantes que habían ganado terreno en el país en los últimos años. Por eso, Colom llamó a la unidad de líderes y partidos políticos, como única forma de combatir la delincuencia común y organizada, ya que el 30% de la criminalidad era originada por las "narcomatanzas" y el conflicto entre los mismos traficantes.

Colom destacó, sin embargo, que sin la adopción de "ciertas medidas", como la depuración de las fuerzas de seguridad y la apuesta por la institucionalidad de la Policía Nacional Civil y el Ejército, las muertes violentas habrían superado las 8.000.

En materia de salud, Colom destacó la reducción de un 22,2% en mortalidad materna y del 20% en mortalidad infantil.

Amnistía Internacional declaró que, a pesar de algunos compromisos con la mejora de los derechos humanos, el gobierno de Álvaro Colom todavía debía trabajar mucho para que los compromisos tengan un significado real en la vida de los guatemaltecos. Según la directora adjunta del Programa Regional para América de la organización, Kerrie Howard, el resultado al final de los 12 primeros meses de gobierno fue dispar. "Hubo medidas positivas, como el compromiso de abrir los archivos del ejército, pero al mismo tiempo, el sistema judicial de Guatemala sigue sin poder brindar justicia", resaltó. Según Amnistía, el Ministerio Público continúa sin desempeñar en forma adecuada su función, por lo que, aproximadamente el 98% de los crímenes, sigue impune. La organización cree que el abuso del sistema de apelaciones continúa siendo un grave obstáculo que, en muchos casos, paraliza el avance de las acciones judiciales.

En abril, ante la inflación galopante que sufría el país, Colom anunció medidas atrevidas, como fijar precios tope y otorgar subsidios. Pero ante la reacción empresaria, el presidente retrocedió y anunció un pacto de solidaridad con la empresa privada y cooperativas para reducir o estabilizar los precios, fijando precios acordados por consenso.

Con la reforma fiscal la intención era recaudar fondos para el presupuesto gubernamental, al vencerse el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). El alma de la ley era la reforma en el pago del Impuesto Sobre la Renta, que inmediatamente provocó las protestas del empresariado. Pocos días después Colom anunció que retiraba del proyecto los cambios al ISR y que crearía el Impuesto de Solidaridad (ISO), similar al IETAAP.

El segundo eje del gobierno fueron los planes asistenciales que había implementado a través del Consejo de Cohesión Social. Este consejo era una entidad que coordinaba los gastos de varios ministerios y era dirigido por Sandra Torres, la esposa del presidente, quien se había convertido en una superfuncionaria. Los programas consistían, entre otras cosas, en la entrega mensual de Q 300.00 a las familias pobres a cambio de que enviaran a sus hijos a la escuela y los llevaran a los centros de salud; incluía también la entrega de bolsas de alimentos con granos básicos, aceite y azúcar, el establecimiento de comedores solidarios, que sirven desayunos y almuerzos a precios simbólicos y las Escuelas Abiertas, que ofrecían cursos gratuitos los fines de semana. Este asistencialismo le había valido a Colom un 44.8% de aprobación a un año de su gobierno, el más alto de los cuatro últimos mandatarios.

Por primera vez en muchos años un gobierno guatemalteco recurrió a declarar el Estado de Prevención para reprimir protestas. El primero fue decretado en mayo contra los chóferes del transporte pesado, que protestaban contra las restricciones para circular por la capital. Las protestas contra la instalación de una fábrica cementera en San Juan Sacatepéquez llevaron al gobierno a declarar otro Estado de Prevención, a la represión violenta contra la población y a la captura de numerosas personas. En Coatepeque las protestas violentas de vendedores informales contra los intentos de la municipalidad de reubicarlos, en octubre, condujeron a la declaración de un nuevo Estado de Prevención que, desde entonces, el gobierno renovó periódicamente.

En abril, el presidente alcanzó un pacto con el opositor Otto Pérez Molina para destrabar en el Congreso las principales leyes del gobierno a cambio de mayores inversiones del gobierno en la lucha contra la inseguridad. El acuerdo se plasmó en la aprobación de un préstamo por 100 millones de dólares, gran parte del cual se destinaría a la lucha contra la inseguridad. El crédito había sido concedido por el Banco Mundial, pero el partido de Otto Pérez Molina, el Partido Patriota, tenía bloqueada su aprobación, sobre todo desde que Álvaro Colom había vetado la aplicación de la pena de muerte aprobada por el Congreso. En el encuentro Colom aceptó que el 40% de ese dinero se destinara a seguridad. El resto de los recursos irían al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al Ministerio Público, al Registro Nacional de las Personas y a distintos programas sociales.

A mediados del 2008, se produjo la primera gran protesta contra Colom en reclamo por el alto costo de vida. La protesta, que tuvo como consigna "!No al alza en el costo de la vida¡", fue organizada por el Frente Nacional de Lucha, una coalición de sindicatos de instituciones del Estado y organizaciones populares, así como por el opositor partido de izquierda, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El incremento en los precios del petróleo y los granos básicos en el mercado internacional había impactado negativamente en la economía de Guatemala. El Gobierno impulsaba un paquete de medidas para paliar la crisis económica, entre ellas la liberación de aranceles de una decena de productos de la canasta básica, pero las mismas fueron consideradas "insuficientes y demagógicas" por los sindicatos y organizaciones populares.

Álvaro Colom, en julio de ese año, asumió personalmente la negociación con los partidos de la oposición para conseguir que el Congreso aprobara la adhesión de Guatemala a Petrocaribe. El gobierno no tenía mayoría en la cámara y necesitaba el apoyo de la oposición que veía con desconfianza la vinculación con Hugo Chávez. El gobierno se defendía asegurando que, al no tener que pagar de contado la factura petrolera, dispondría de más recursos para inversión en temas sociales. El principal partido de la oposición, el Partido Patriota lideró el rechazo a la incorporación a Petrocaribe. El PP consideraba apresurada la incorporación y creía que aumentaría la deuda de Guatemala. El único partido que ofreció respaldo fue la antigua guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Colom además buscaba atraer el apoyo de otros partidos como el Unionista, del ex-presidente Álvaro Arzú, o GANA, del anterior mandatario, Óscar Berger.

Analistas en seguridad han destacado que el año 2008 estuvo marcado por altos índices de violencia; aunque se han reconocido algunos aspectos del primer año de gobierno del presidente Colom.

La captura del presunto narcotraficante mexicano Daniel Pérez Rojas, alias "el Cachetes", fue muestra de los resultados obtenidos; así como las liberaciones de secuestrados y la depuración de más de 60 elementos de agentes policíacos involucrados en hechos ilícitos.

Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, indicó que en materia de secuestros los resultados han sido visibles; no obstante, éstos han sido opacados por los altos índices de violencia. De acuerdo con estadísticas de diferentes instituciones, durante el 2008 se incrementó la presencia del narcotráfico en el país; unas 600 mujeres fueron asesinadas, 138 pilotos murieron y 14 reos perdieron la vida en los diferentes centros carcelarios.

Muchas organizaciones sociales que habían participado en la campaña electoral del presidente Álvaro Colom, se vieron excluidas del gabinete de gobierno y de las acciones de su primer año de administración. Uno de los estribillos repetidos durante la campaña electoral por el candidato presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) había sido la promesa de implementar un gobierno socialdemócrata con rostro indígena, pero el ofrecimiento quedó lejos de concretarse.

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