IDD-Lat 2013 |
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Nicaragua |
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El presidente Daniel Ortega cumplió el primer año de gestión de su segundo mandato de Gobierno consecutivo. Ortega, quien había retornado a la Presidencia del país el 10 de enero de 2007 y fue reelegido en noviembre de 2011 para otro mandato de cinco años con el 62,5 % de los votos, cumplió seis años consecutivos en el poder.
Se trata de la tercera investidura de Ortega como presidente de Nicaragua —la segunda consecutiva—, esta vez cuestionado por haber violado la Constitución para repetir mandato y haber arrasado en unas elecciones plagadas de irregularidades, según sostuvieron observadores locales y de la Unión Europea. En el contexto regional, la presencia en la inauguración de invitados internacionales como el Presidente Hugo Chávez de Venezuela y el Presidente Mahmoud Ahmadinejad de Irán junto con los Presidentes de Guatemala y Haití indicaron la continuidad en la política exterior de Nicaragua. Venezuela es el aliado más importante de Nicaragua en la región. La presencia de Irán señaló el aspecto independiente de las relaciones Sur-Sur promovidas por Venezuela, Nicaragua y sus principales aliados de la Alianza Bolivariana de las Américas: Cuba, Bolivia y Ecuador. Por otro lado, la presencia de líderes regionales de derecha fue otro indicio de la determinación con que Nicaragua y Venezuela han dejado a un lado sus diferencias ideológicas para promover la unidad regional en América Latina y el Caribe. Ortega no hizo cambios drásticos en su forma de gobernar el país. Mantuvo su orientación populista, impulsando políticas sociales (clientelistas según la oposición) financiadas por la cooperación petrolera de Hugo Chávez, valorada en 2010 en más de 500 millones de dólares, un 7% del PIB nicaragüense. Esa cooperación le permitió al Gobierno impulsar proyectos asistenciales que benefician a los segmentos más pobres: láminas de zinc para barrios marginales, pasaje del autobús subvencionado, pequeñas casas de carácter social adquiridas a bajas tasas de interés, animales de corral para los pequeños productores, eliminación de los cobros en los sistemas públicos de Salud y Educación. Y, lo que significa un gran alivio para Nicaragua, la desaparición de los molestos apagones que eran dramáticos para la sociedad y el sector productivo. Ortega mantuvo sus excelentes relaciones con el sector privado, que ve en el caudillo sandinista una garantía de estabilidad para sus negocios. El llamado gran capital nicaragüense, principalmente el sector financiero y productivo, mantiene reuniones constantes con el mandatario y sus asesores, aunque tímidamente critican el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.
En los comicios de noviembre de 2012, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consiguió el control de 134 de los 153 municipios, incluida Managua. Se trató de una elección fuertemente cuestionada por la oposición y organismos de observación electoral, que consideraban que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no era un árbitro imparcial y que organizó los comicios para beneficiar al oficialismo. Con este resultado, el FSLN lograba un control casi absoluto del poder en Nicaragua.
Tras conocerse los resultados, se registraron hechos violentos en varias partes del país entre simpatizantes de la oposición y el oficialismo, que dejaron al menos tres muertos y varios heridos. Una de las trifulcas más violentas se registró en Ciudad Darío, en el centro del país, donde murió Vidal Obando Lira, simpatizante del Partido Liberal Independiente. En el pequeño municipio de El Jícaro, en el oeste de Nicaragua, falleció un simpatizante del FSLN, mientras en La Paz Centro, también en el oeste del país, se produjo una verdadera batalla que dejó varios heridos y edificios dañados. El descontento de los simpatizantes de la oposición se daba por unos comicios municipales considerados “amarrados” desde un inicio a favor del FSLN. Las autoridades electorales han sido acusadas de responder directamente a las órdenes del presidente Ortega, que además controla la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento de Nicaragua. De hecho, el dominio de la mayoría de las alcaldías refuerza el poder del mandatario, quien prácticamente no cuenta con una oposición organizada. Según el recuento del Tribunal Electoral, el PLI, principal partido opositor, apenas obtuvo 11 alcaldías, mientras que el partido del ex presidente Arnoldo Alemán consiguió dos. Las restantes se reparten en pequeñas cantidades entre minúsculas organizaciones políticas que son consideradas “satélites” del FSLN. Roberto Rivas, presidente del CSE, dijo que la participación en los comicios fue de un 50% del electorado. Los organismos de observación electoral independientes han desmentido al magistrado electoral y han asegurado que el abstencionismo fue mayor al 50%. Informes presentados por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia y Ética y Transparencia cuestionan los valores de participación informados por el gobierno. La oposición y los observadores denunciaron las irregularidades del proceso previo a los comicios, desde varios meses antes de la fecha del acto comicial. Dijeron que el CSE había favorecido al FSLN en la distribución de funcionarios encargados de las mesas electorales y los centros de conteos de votos, mientras impuso fuertes trabas a las representantes de la oposición para evitar que pudieran observar el proceso electoral. Acusaron a los magistrados del Tribunal Electoral de imparcialidad y de responder directamente a las órdenes de Ortega, y semanas antes de la votación, los medios de comunicación informaron de la presencia de muertos en las listas de candidatos electores y de votantes, usurpación de identidades e inscripción como candidatos de personas que ni siquiera viven en Nicaragua y no sabían de su participación en el proceso. Las autoridades se lavaron las manos en relación a estas denuncias y dijeron que los comicios serían transparentes. En cuanto a la incorporación de derechos, el gobierno de Ortega ha promovido una legislación decididamente comprometida a lograr la equidad de género en aspectos tales como la Ley 779 que ataca la violencia contra la mujer y la ley que ha fijado que 50% de todas y todos los candidatos para cargos públicos tienen que ser mujeres. Con un promedio de 40% de mujeres en la Asamblea Nacional, Nicaragua se colocó en 2012 a la cabeza latinoamericana y a la vanguardia mundial en cuanto a participación política femenina. Es un hecho reconocido en el Mapa Mundial de la Mujer en la Política 2012 de la Unión Interparlamentaria (UIP), así como por el informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial que ubica al país en el quinto lugar a nivel global en lo que se refiere a empoderamiento político de las mujeres. Sin embargo, altos niveles en los índices de inseguridad y violencia siguen caracterizando el funcionamiento de la democracia nicaraguense, sin que el gobierno haya demostrado hasta la fecha una clara vocación por revertir esta situación.
Un gran interrogante que se plantea, en Nicaragua, con el nuevo período presidencial de Ortega está más relacionado con aspectos políticos. Tras el resultado de las presidenciales de noviembre de 2011, que no fue aceptado por la oposición, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 63 escaños en la Asamblea Nacional, una mayoría arrasadora para impulsar sin contratiempos la agenda política del mandatario. Y para algunos analistas, esa agenda está encabezada por los deseos de Ortega de mantenerse en el poder sin roces con la Constitución. El mandatario, por lo tanto, exigiría a sus diputados una reforma constitucional que elimine las trabas que limitan temporalmente la reiteración del ejercicio del poder en Nicaragua, las mismas que Ortega se saltó para poder participar en las elecciones. Con una oposición vapuleada, que apenas cuenta con 26 diputados, estas reformas son casi seguras.
El avance arrollador del oficialismo pone más en evidencia la incapacidad de la oposición para generar acuerdos por encima de los personalismos y los intereses sectoriales para desarrollar una agenda que conecte más con opinión pública y para generar una opción de poder que pueda disputar en igualdad de condiciones. Eduardo Montealegre, diputado opositor y ex candidato presidencial, aseguraba que como minoría estaban dispuestos a negociar con el sandinismo, para obtener puestos clave dentro de los poderes del Estado y denunciar los abusos que se cometían desde el Ejecutivo. Para los analistas, sin embargo, la oposición debe ganar espacio en las calles y presentar opciones desde la política, ahora que por incapacidad propia y por la fuerza del oficialismo han perdido buena parte del espacio institucional con el que antes contaban. El presidente Daniel Ortega cumplió su primer año de gestión del segundo mandato consecutivo de Gobierno, en Caracas, asistiendo a un acto de apoyo a quien era su principal aliado, Hugo Chávez, quien estaba hospitalizado en Cuba. El viaje fue el obstáculo presentado para que el presidente de Nicaragua no cumpliera con su informe anual ante la Asamblea Nacional. "El presidente Ortega no le da la trascendencia y la importancia que corresponde al informe anual de su gestión gubernamental" y del estado de la nación, criticó el tercer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Wilfredo Navarro. Según la Constitución nicaragüense, el presidente debe "presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del vicepresidente, el informe anual y otros informes y mensajes especiales", y aunque no especifica en qué fecha, tradicionalmente se ha hecho el 10 de enero, en el aniversario del mandato. Los diputados sandinistas sostenían que Ortega no estaba obligado a presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional, bajo el argumento que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso estipula un día específico para rendir ese informe.
El presidente Ortega inauguró el curso lectivo 2012 con el reto de mejorar la calidad de la enseñanza y evitar deserciones en la educación pública primaria, donde el 50% de los niños que ingresan a primer grado no terminan el sexto. "El reto es mantener a los estudiantes en la escuela (...) dar la batalla por el sexto grado" y mejorar "las condiciones de las escuelas", afirmó Ortega. Para 2013, las autoridades prevén atender 1,6 millones de alumnos de primaria y secundaria, que abarca al 80% de los niños y adolescentes en edad escolar. En 2011, se matricularon 1,2 millones de alumnos, 400.000 menos de lo proyectado en el sistema público, que es gratuito desde hace cinco años. Solo 48,9% de quienes ingresan a primaria concluyen los seis niveles, debido a la pobreza.
La gratuidad fue implementada para garantizar el derecho a la educación a los estratos pobres, a los que pertenecen el 45% de los seis millones de nicaragüenses, pero más de medio millón de niños y adolescentes quedan anualmente fuera del sistema. Para incentivarlos, el gobierno facilitó este año 250.000 mochilas y 200.000 pares de zapatos a los alumnos más pobres del país, además de 29 millones de dólares para asegurarles la merienda escolar -arroz, frijoles, tortillas y leche- a más de un millón de niños.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo indicó en un estudio reciente que el promedio de años de escolaridad en Nicaragua para la población urbana es de 6 años, y en áreas rurales de 4, mientras que el 72% de la población no logra educación secundaria, lo que impacta en forma negativa en el nivel de vida y en la productividad de la mano de obra. A esto se agregan serias carencias de materiales didácticos en colegios públicos, el mal estado en más de la mitad de los 30.000 centros, sin agua potable, y la baja calidad de la enseñanza en general. Una de las quejas de los docentes es la escasa remuneración, con sueldos que oscilan entre los 100 y 200 dólares, los más bajos de Centroamérica. Por supuesto que, al igual que en otros países de la región los niveles de pobreza, exclusión e inequidad continúan en el centro de las falencias de la democracia nicaraguense, cuestiones para las que el populismo del gobierno de Ortega no ha encontrado solución ni paliativo.  En lo relativo a la Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, Nicaragua avanza levemente respecto a los valores del año anterior aunque no se distancia demasiado de sus peores valores registrados en los años 2002, 2004, 2011 y 2012 (Gráfico 3.60). El avance se corresponde con una mejora del nivel de endeudamiento de la economía y con un simultáneo incremento en el indicador que mide la brecha de ingreso. El resto de las variables muestra un comportamiento negativo. Su índice está muy por debajo del promedio regional y sigue ocupando el 17º lugar del ranking, manteniendo la ubicación que tenía desde el 2010 y superando solamente a Bolivia, que es el país de peor comportamiento, este año, en esta sub dimensión.El apoyo de Chávez fue fundamental para Ortega, ya que los fondos de la cooperación venezolana, que eran administrados al margen de la ley del presupuesto de Nicaragua, sumaban hasta el primer semestre del 2012, 2.599,4 millones de dólares desde que el líder sandinista asumió al poder en 2007, según cifras oficiales. Venezuela también se convirtió en el segundo destino de las exportaciones de Nicaragua, sólo superado por Estados Unidos. La ayuda venezolana se desglosa en colaboración petrolera y en inversión extranjera directa con la construcción de una refinería en el Pacífico. Nicaragua utiliza los fondos venezolanos para financiar un subsidio energético, subvencionar el pasaje del transporte público de Managua, sufragar un complemento salarial para 150.000 trabajadores del sector público con ingresos menores a 230 dólares mensuales, viviendas y asistencia humanitaria, entre otros. La no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió que “en un caso extremo, el cese total de la cooperación financiera (de Venezuela) tendría un impacto negativo en el crecimiento del PIB del orden del 3,2%”. Al hacer un balance del primer año del segundo mandato consecutivo de Ortega, el diputado sandinista Mario Vallo destacó los avances económicos de Nicaragua en 2012. Entre ellos resaltó los 2.778,3 millones de dólares alcanzados en exportaciones, un récord en la historia del país; más de 1.000 millones de dólares captados en inversión extranjera directa; un crecimiento económico superior al 4% y una inflación acumulada de un 6,6%. Para muchos, Ortega tuvo un año exitoso en la macroeconomía por seguir los lineamientos de los bancos multinacionales y ponderaban su estrategia de no pelearse con Estados Unidos, ni con el sector privado. Criticaban, sin embargo, que el Gobierno de Ortega no garantizase elecciones libres, la “nula” institucionalidad y que el crecimiento económico siguiera siendo insuficiente pese a la ayuda venezolana, al crecimiento de las exportaciones y a la inversión extranjera. Para otros, la relativa bonanza económica de Nicaragua no se observaba, sin embargo, en todos los niveles porque, la concentración de la riqueza, de los recursos y fuentes financieras continuaba en pocas manos. |
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En relación con la Dimensión II, que mide el comportamiento de Derechos Políticos y Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, ha habido un leve incremento, del orden del 4%, aunque no le alcanza para superar el nivel del promedio regional. Nicaragua ha tenido, en todos los años de nuestra medición, un comportamiento relativamente estable entre los 4,000 y los 5,000 puntos (Gráfico 3.57). Su leve variación positiva en esta dimensión no le alcanza, sin embargo para mantener posiciones ante las mejoras de otros países, por ello se posiciona en el 9º lugar del ranking regional latinoamericano, perdiendo una ubicación. El resultado final de la dimensión es producto del avance en la puntuación del indicador que mide el Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad y del correspondiente a mejora de Género. Estos avances lograron compensar la mala puntuación recibida en el indicador de Respeto de los Derechos Políticos y en el de Respeto de las Libertades Civiles, donde Nicaragua es castigada con la peor valoración de la Región.
La variación de la Dimensión III que mide la Calidad Institucional y la Eficiencia Política, la democracia de las instituciones, ha sido positiva, pese a todos los problemas relacionados con el proceso electoral, acercándose al mejor valor de la serie, que fue el obtenido en el 2003 (Gráfico 3.58). Nicaragua junto a Bolivia son los dos países que más avanzan en esta dimensión, aunque aún están lejos de ser considerados países con una buena y eficiente calidad en sus instituciones. El avance en esta dimensión se debe a los avances registrados en los indicadores de Accountability y Desestabilización de la Democracia, que logran compensar los retrocesos en las variables de Índice de Percepción de la Corrupción y Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo. Nicaragua, por este avance obtuvo el 6º lugar del ranking latinoamericano de esta dimensión, mejorando en siete escalones su ubicación con respecto al ranking del año anterior. Logra ubicarse por encima del promedio de la Región integrando el grupo de países con mediano desarrollo democrático en lo que hace a esta dimensión.
En la Sub dimensión Social el desempeño nicaraguense ha sido peor en un 12% respecto al registro del año anterior (Gráfico 3.59). Su menor rendimiento no fue motorizado por un marcado descenso de las variables que la componen, ya que sólo Población Bajo la Línea de la Pobreza y Gasto en Educación han retrocedido, sino por el avance de otros países que en conjunto mejoran el promedio de la sub dimensión. En efecto, algunas variables presentan un comportamiento positivo, en especial la que mide la eficiencia en salud. Este comportamiento produce que Nicaragua baje una posición en el ranking regional latinoamericano de esta sub dimensión, pasando del 15º al 16º lugar, y alejándose Nicaragua aún más del promedio de la Región, ubicándose entre las tres peores puntuaciones, a más de 1,000 puntos del promedio.
