IDD-Lat 2013 |
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México |
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El gobierno de Felipe Calderón llegaba a su fin y su sexenio concluía tal como se iniciara, lleno de controversias, aunque por factores diferentes, sin embargo, la saliente administración estuvo en el ojo del huracán todos estos años por el incremento de violencia desatado en varios estados del país, principalmente en la zona norte.
Durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, en México siguieron ocurriendo delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y violencia en contra de sectores vulnerables, sin que las autoridades reconocieran la gravedad del problema e incluso con la complicidad de servidores públicos, según lo señala el informe 2013 de Amnistía Internacional (AI). Sin embargo, Calderón no reconocía errores y en su último informe de gobierno destacaba sus logros: la creación de empleos, la cobertura universal de salud y la implementación de una estrategia contra el crimen organizado "para consolidar una seguridad auténtica y duradera" en el país. Según el texto, este gobierno se ha caracterizado por una mayor promoción de la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de la estabilidad económica. También hacía énfasis en que "se impulsó la ampliación de derechos y libertades de los mexicanos y se privilegió el diálogo". El presidente aseguraba que el fenómeno de la violencia en el país no desaparecería en diciembre, cuando concluyera su gobierno, bajo ningún cambio de fondo en la Estrategia Nacional de Seguridad a través del retiro de las fuerzas federales. “La única manera de terminar verdaderamente con la problemática de inseguridad es perseverar en la Estrategia”, destacaba el documento, el cual no contenía cifras de muertes ocurridas en hechos vinculados al crimen organizado. Resaltaba que durante este sexenio se han detenido a 22 de los 37 criminales más buscados por las autoridades mexicanas y que se incrementó en cinco veces el número de policías federales, de 6,489 en 2006 a 36,940. 2012 fue también el año de retorno del PRI al poder, representado esta vez por Enrique Peña Nieto, que comienza este nuevo ciclo con varios desafíos, entre ellos el más importante: el de la seguridad. “Que quede claro: frente al crimen organizado no habrá pacto ni tregua”. En un discurso ante sus seguidores, el candidato a la presidencia, Peña Nieto, aseguró que seguirá luchando contra el crimen organizado, aunque con una nueva estrategia para reducir la violencia y proteger la vida de los mexicanos. Además, dijo que impulsará una "renovada economía de libre mercado con sentido social que genere empleos y distribuya la riqueza".
Enrique Peña Nieto accedió al poder como un hombre que marcó distancia con los poderes fácticos desde el inicio de su gestión, en un intento por diferenciarse de anteriores gestiones del PRI. Eso ha sido bien recibido por la opinión pública. Su gobierno convocó, desde el inicio, a las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para integrarlas a un gran pacto nacional. El tono de Peña ha sido conciliador y así superó sus primeros obstáculos mediante un trabajoso acuerdo en el que logró convencer a las principales fuerzas políticas para que firmaran el "Pacto por México".
Parte de la estrategia que el presidente electo, Peña Nieto, anunció para enfrentar la problemática de la inseguridad y la violencia parece ir en sentido contrario a la de Felipe Calderón. Peña Nieto propone concentrar las facultades de seguridad bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Así, una de sus primeras metas es la disolución de la Secretaría de Seguridad Pública para integrarla a la Secretaría de Gobernación y de ese modo fortalecer a este ministerio, enfocado en resolver problemas de gobernabilidad y seguridad pública dentro del país.
Calderón lanzó una ofensiva militar contra las bandas del crimen organizado el 11 de diciembre del 2006, tan sólo a 10 días de haber asumido la presidencia. Esa decisión de enfrentar a la delincuencia organizada fue lo que marcó su sexenio, y fue también el blanco de las mayores críticas por emplear al ejército en tareas de seguridad nacional. Esa lucha anticrimen dejó más de 47 mil muertos, según cifras oficiales, pero para algunos medios esa cifra ha sido superada. Calderón defendió su política anticrimen. En Michoacán, donde empezó la “guerra” el 11 de diciembre de 2006, Calderón dijo que a pesar de las crisis, las limitaciones, el azote de la violencia y hasta la influenza, “actué siempre pensando en el bien de México y Michoacán”. Calderón responsabilizó a las bandas delincuenciales de la violencia: “Me queda muy claro que quienes son responsables de todas esas muertes son los delincuentes, y tienen que pagar por ello”. Calderón dijo que hay una gran incomprensión de lo ocurrido en su sexenio en materia de seguridad. Porque, dijo, “se trata de una violencia y de unos homicidios que son responsabilidad de una delincuencia que se prohijó, se toleró y se permitió, y que cuando brotó como una terrible supuración, cuando ésta estalló, pues había sido verdaderamente mucho tiempo perdido para hacerle frente”. El gobierno y el propio Presidente anunciaron con bombo y platillo que la mayoría de los delincuentes más buscados fueron detenidos en estos seis años de gobierno. Ciudad Juárez es la más violenta ciudad de México, aunque los últimos recuentos oficiales, de medios y de organizaciones civiles, hablan de una disminución de la violencia. Pero los números de homicidios relacionados con el crimen organizado se mantienen intactos –casi mil en enero de 2012–, mientras de norte a sur del país la inseguridad ha tomado otros estados y ciudades en donde el problema no se había manifestado antes. Ahora, el Estado de México y Morelos son las entidades con mayor número de violaciones, por ejemplo. Y una población, Yautepec, un municipio dedicado a la agricultura y en donde los habitantes de la Ciudad de México habían establecido casas de descanso, encabeza esta lista. Tampoco el Distrito Federal se salva del avance de la violencia: la delegación Cuauhtémoc tiene la tasa más elevada de robos con violencia, aunque es apenas 0,14% superior a la de Cuernavaca, que ocupa el segundo lugar nacional. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), los dos municipios con más homicidios están totalmente alejados uno del otro: el primero es Acapulco, en Guerrero; el segundo, Lerdo, en Durango, ambos escenarios de una guerra sin cuartel entre grupos del crimen organizado y las fuerzas federales y locales. De los 20 municipios con las tasas más elevadas de homicidios, cinco corresponden a Guerrero y cuatro a Morelos. Tampico, en el estado de Tamaulipas, destaca como el municipio con la tasa más elevada de secuestros y supera en un 52% a Victoria, que ocupa el segundo lugar. En Tamaulipas se encuentran cinco de los 20 municipios donde hay más secuestros, seguido por Michoacán con tres y Tabasco también con tres. Oaxaca es el municipio con la tasa más elevada de golpes y lesiones dolosas, mientras que de los 20 municipios con las tasas más elevadas de golpes y lesiones dolosas, 10 corresponden al Estado de México y cuatro a Tabasco. El 2012 ha sido un año especialmente preocupante para la libertad de expresión en el país. El sexenio de Felipe Calderón cerró con el año más violento para la prensa, superando la cifra más alta de la que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) tiene registro desde 2009, año en el que se cometieron 244 agresiones contra la libertad de expresión. Por un lado, las agresiones se han incrementado en número, rompiendo las cifras más altas alcanzadas en años pasados y por otro, sigue siendo una preocupación que las agresiones graves no hayan disminuido, tan solo en 2012 fueron confirmados ocho asesinatos y cuatro desapariciones así como nueve casos de ataques a instalaciones de medios con explosivos. La vieja guardia política mexicana encontró un camino de vuelta al poder luego de doce años de viudez presidencial cuando el conteo rápido de la autoridad electoral mexicana dio la victoria a Enrique Peña Nieto. El candidato que le siguió en los resultados de dicho conteo, Andrés Manuel López Obrador, se negó a conceder su derrota a la espera del conteo electoral final y de su validación legal. El virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, obtuvo un triunfo con algo más del 37,9%. En segundo lugar había quedado Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo un 31,2%. La aspirante del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, logró el 25,4%. En último lugar figuraba Gabriel Quadri, el candidato del Partido Nueva Alianza (Panal), con el 2,3%. Donde la coalición de izquierda se mantuvo fue en el Gobierno del Distrito Federal. El candidato izquierdista Miguel Ángel Mancera obtuvo el 63% de los votos. En la segunda posición estuvo la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, con casi el 20% de los votos, seguida por la aspirante de Acción Nacional (PAN), Isabel Miranda de Wallace, con el 13,6% de los sufragios. En cuarto lugar se colocó la aspirante del minoritario Partido Nueva Alianza (Panal), Rosario Guerra, con el 1,2% de los votos. Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación logró que se eliminaran las excepciones que habían disminuido históricamente el desempeño de las cuotas de género en México. Como resultado, los partidos postularon 40% de candidaturas de mujeres (como lo exige la Ley). Los votantes ratificaron la importancia de contar con liderazgos femeninos, pues eligieron un 33,5% de representantes mujeres en el Senado y un 36,8% en la Cámara de Diputados. El voto ciudadano probó su efectividad para elegir el rumbo a cualquier nivel de gobierno. De la elección de 2006 a la fecha, 14 entidades federativas cambiaron de partido en la gubernatura, sin que ello implicara convulsión política o social alguna. El cambio de timón es ya parte de la normalidad democrática.
En el último año de gobierno, el presidente Calderón había enviado al Congreso de la Unión dos iniciativas preferentes, que fueron aprobadas: la laboral y la de transparencia para el gasto público, pero también concluyó su mandato con la iniciativa de que los Estados Unidos Mexicanos simplemente se llame México, como en los hechos todo mundo conoce y denomina al país.
Durante el sexenio del Presidente Calderón se logró una reforma constitucional de gran consenso, que fue la reforma electoral, con la cual se resolvió un problema fundamental de la elección de 2006: la inequidad. Lo logró por tres vías, limitando la comunicación gubernamental en procesos electorales; restringiendo la propaganda personalizada de funcionarios públicos, y estableciendo un nuevo modelo de comunicación política que prohibió la adquisición de tiempos en radio y TV para la promoción política. El mercado de spots políticos dejó de existir. Si bien hubo conflictos entre las televisoras y las instituciones, en razón del nuevo modelo de comunicación, lo cierto es que la población estuvo informada y los promocionales (en tiempos del Estado) se transmitieron oportunamente. En el proceso 2011-2012, se transmitieron 44 millones de mensajes en radio y televisión. En 2011, 13 entidades federativas hicieron cambios a su ley comicial. En 2012 fueron 18. Ello quiere decir que en 31 entidades, la ley es relativamente reciente.
La reforma política de abril de 2012 reconoce instrumentos de democracia directa que se espera serán útiles para dar mayor contenido a la democracia mexicana. Durante la administración calderonista hubo varios escándalos de corrupción que saltaron a los medios, como el del monumento conocido como la Estela de Luz que sirvió para conmemorar los 200 años de la Independencia de México y los 100 años de la Revolución Mexicana. La obra no estuvo a tiempo y tuvo un sobrecosto de 375 millones de pesos. Otro de los casos en el ámbito de la corrupción tuvo que ver con la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno, quien era director de Operaciones de la paraestatal, recibió sobornos para favorecer a una empresa de Estados Unidos. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 17 años y seis meses a Moreno y lo obligó a pagar una multa, junto con el ex subdirector de Información y Administración de energía del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); el ex gerente de Información y Administración de Energía; el ex gerente de Informática y Telecomunicaciones y el ex jefe de la unidad de Operación y Evaluación Comercial.
Al gobierno de Felipe Calderón le faltó, para cumplir sus metas, que más de un millón de personas entre 15 y 39 años concluyeran la secundaria, y medio millón de niños indígenas asistieran a preescolar y a primaria. Además, no lograba cumplir su promesa de equipar un total de 189.126 aulas con tecnologías de la información en primarias, secundarias y telesecundarias.
De acuerdo con el informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, en su última etapa, del primero de julio al 30 de noviembre del 2012, la administración calderonista prometió lograr que 3 millones de jóvenes y adultos de 15 a 39 años en rezago educativo concluyeran la secundaria. De ese total, 1.9 millones lograron el certificado, lo que representó 62,8% del objetivo. En el reporte, la dependencia indicó que lo que no permitió mayor avance fue que la consolidación del programa Por un México sin rezago en todos los estados de la República “no se llevó a cabo”, lo que dio por resultado que las aportaciones programadas en los convenios de colaboración “se redujeran o desaparecieran”. Y la otra causa que impidió avanzar fue que no se respetó el incremento presupuestal de 300 millones de pesos anuales que, aunado a los recortes que sufrió el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), le impidieron contar con personas y materiales para ese fin. El gobierno estableció la meta de equipar con tecnologías de la información y la comunicación a 65.420 aulas en telesecundaria; sin embargo, sólo logró hacerlo en 9.199 salones. Según el reporte, la causa principal del rezago ha sido la falta de recursos, pues para alcanzar la meta programada se requiere una inversión de 14 mil 789 millones de pesos.
El sexenio del presidente Felipe Calderón finalizó con 60 millones de personas que no ganan lo suficiente para cubrir necesidades de alimentación y vestido, según el estudio "2012: los retos de México ante el cambio de Gobierno". Uno de cada cuatro pobres en el país se sumó a esta estadística durante el sexenio. Los salarios y las prestaciones sociales también disminuyeron, actualmente 30 millones de empleados tienen ocupación laboral pero carecen de acceso a la seguridad social. De acuerdo con el Indicador de Tendencia de la Pobreza Laboral (ITPL), para el segundo semestre de 2012 la situación de precariedad en la que viven los mexicanos es la más elevada desde 2005, cuando comenzó a realizarse esta medición. La particularidad de esta medición, es que se contabiliza la pobreza causada por las malas condiciones del mercado laboral.
Las bajas operadas se produjeron en todas las variables que componen esta sub dimensión, excepto en el indicador de Libertad Económica.
Calderón finaliza su sexenio en materia económica con la consolidación de la estabilidad macroeconómica, que se refleja en tasas de inflación bajas, equilibrios externos y fiscales, una mayor acumulación de reservas internacionales y un tipo de cambio flexible que ya ha funcionado muy bien para contrarrestar los embates externos. Sin embargo, no se pueden pasar por alto algunas debilidades preocupantes que podrían ser fuente de problemas futuros. En especial, la situación fiscal, que es menos favorable de lo que aparenta en una primera lectura.
El gobierno del PRI, que inició el 1 de diciembre de 2012, encuentra un entorno económico de contrastes: por un lado, según el Banco de México la crisis financiera de Europa no le afectó tanto, pero al mismo tiempo las cifras oficiales de la economía interna no parecen muy favorables. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 46,2% de la población, unos 52 millones de mexicanos, viven en condición de pobreza. El desempleo alcanza al 4,8 % de la población económicamente activa, pero según el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas más de 14 millones de personas sobreviven en la economía informal. Para mejorar la economía el presidente electo plantea aumentar la participación de inversión privada en la industria energética, especialmente la extracción y procesamiento de petróleo, con un modelo parecido al de la paraestatal brasileña Petrobras. También propone una reforma fiscal con impuestos progresivos. La reforma laboral -que busca la creación de empleos- fue incluso aprobada antes de que tomara posesión. En su estrategia pretende mantener los programas y subsidios sociales del gobierno saliente de Felipe Caderón, como el llamado Oportunidades que ofrece empleo temporal a jóvenes en situación de pobreza. Además en su propuesta ofrece crear un fondo especial de unos US$80 millones para apoyar a pequeñas empresas, así como créditos bancarios especiales para mujeres emprendedoras. Pero los mayores desafíos para la economía mexicana residen en el logro de una buena tasa de crecimiento y una mejor tasa de equidad. El crecimiento es un desafío complejo en el que intervienen varios factores externos. En cuanto el segundo, la inequidad ha sido hasta ahora un dato de la realidad política y social de México que no ha tenido grandes avances en ninguna de las gestiones democráticas. |
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El puntaje alcanzado en la Dimensión de derechos y libertades, que mide la democracia de los ciudadanos ha sido más alto que el obtenido el año anterior y supera el valor promedio de la serie (Gráfico 3.52). México ocupa el 8º lugar en el ordenamiento regional de este año, ascendiendo cuatro escalones con respecto al año anterior. Este avance es producto principalmente de un mejor resultado en los indicadores de Adhesión Política, que resultó de la participación ciudadana en las elecciones de 2012 y de la variable que mide la participación de la mujer en el Gobierno, a pesar que mantiene los críticos valores que muestran los indicadores que miden el respeto de las libertades civiles y los derechos políticos y el de condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad.
El valor obtenido en Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, ha disminuido levemente (Gráfico.3.53), en el orden de un 3,5%. Este comportamiento se explica por los retrocesos en los indicadores de Accountability y Desestabilización de la democracia. La única variable que tuvo un comportamiento positivo ha sido la que mide la percepción de la corrupción. A raíz de este descenso, el país pierde dos lugares en el ranking regional, pasando del 7º al 9° lugar.
En la Dimensión IV, Poder Efectivo para Gobernar, las dos sub dimensiones que la componen tuvieron comportamientos similares. El subíndice social presenta una mayor caída que la variable económica, consecuencia de las pérdidas en gasto en salud y en educación, a pesar de los mejores resultados que muestran las variables de mortalidad infantil, matriculación secundaria, desempleo y población bajo la línea de la pobreza (Gráfico 3.54). El hecho que algunos países hayan avanzado fuertemente en esta sub dimensión, arrastra hacia abajo a aquellos que no muestran resultados positivos. México pierde el sexto lugar del ranking regional, pasando a ocupar el 9°. El valor alcanzado este año es el peor de la serie, en tanto que el mejor fue el obtenido en el año 2007. Su puntuación ubica a México por debajo del promedio latinoamericano.
En la restante sub dimensión de la Dimensión IV, que da cuenta de la Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica, el país muestra una peor puntuación y recibe el peor puntaje de toda la serie, cayendo incluso por debajo del obtenido en el 2002 (Gráfico 3.55). Ese comportamiento implica también la pérdida del liderazgo que tuvo en esta sub dimensión por varios años, descendiendo al tercer lugar del ranking regional, siendo superado por Chile y Uruguay.
