IDD-Lat 2013 |
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Honduras |
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El presidente Porfirio Lobo reconocía graves falencias en la estructura democrática del país al presentar el informe de su tercer año de gobierno, en enero de 2013, asegurando que, aunque el país había logrado superar la crisis que siguió al golpe de Estado del 2009, aún enfrentaba grandes retos como un elevado déficit fiscal, la amenaza de la violencia y la desigualdad social. Puso de relieve que, en su criterio, uno de los problemas económicos más difíciles que enfrenta el país es el déficit fiscal, que en el 2012 llegó a un 6% del PIB. Asimismo, lamentó la desigualdad social que prevalece en Honduras, donde el 20% de la población (8.4 millones de habitantes) acapara el 80% de los ingresos, según datos de la iglesia católica. Lobo dijo que uno de los mayores problemas que le ha tocado enfrentar es la ola de delincuencia del narcotráfico, determinada por la posición geográfica que ocupa el país, que lo ubica entre quien produce y quien consume.
No obstante, la tasa de homicidios que según Naciones Unidas es la más alta del mundo, 92 por cada 100,000 habitantes, ha ido bajando, aseguró Lobo sin precisar cifras. El gobierno de Lobo comenzaba, en Enero de 2013, la recta final (últimos 12 meses) con más promesas incumplidas que con respuestas a las grandes mayorías que todavía esperan trabajo, salud, educación y seguridad, esenciales para reducir los índices de pobreza y mejorar la calidad de vida del conjunto. A fines de 2012 la opinión pública calificaba a su presidente con una nota de 4.07 (en escala de 0 al 10) por su desempeño en su tercer año de gobierno. Esta percepción parece estar vinculada con que Lobo no ha resuelto las demandas de la población y ha tenido escasos logros en su gestión y especialmente con la percepción de que el gobierno no está sacando a Honduras de la crisis. El 75,3% de los hondureños opinaba que el gobierno poco o nada había resuelto sus demandas, mientras el 23,1% consideraba que las había resuelto algo o mucho. Mientras que nueve de cada 10 hondureños consideraban que la violencia se había incrementado o seguía igual que en 2011. El problema de la inseguridad es considerado por la población como uno de los principales fracasos del gobierno y el 90,8 por ciento de la población consideró que se incrementó el año anterior. Todo indica que durante 36 meses los esfuerzos de la gestión Lobo han sido insuficientes para mejorar las expectativas de los hondureños que resienten a diario la falta de oportunidades de empleo, los índices de violencia, la carencia de medicamentos en los hospitales, el cierre de las aulas de clases y el encarecimiento de la canasta básica. Los problemas de la corrupción, la confrontación entre poderes y el descalabro de las finanzas del Estado son elementos que sobresalen en el comienzo del último año de gobierno de la actual administración. El colapso de las finanzas públicas, incluso, impidió en diciembre de 2012 la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que por primera vez en el actual gobierno fue pospuesto para enero.
Uno de los grandes pilares de la propuesta inicial del gobierno de Lobo Sosa se refiere a la seguridad ciudadana y jurídica, “para que tanto la población en general como la empresa privada, se sientan en la libertad de convivir y realizar sus respectivas actividades en un ambiente de paz”. Lejos de aquella propuesta, Honduras sigue siendo catalogada como una de las naciones más violentas del mundo, donde se registran cifras superiores a los 90 homicidios por cada cien mil habitantes, según informes de entidades internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
La situación de violencia es tan grave que sólo en el primer semestre del 2012, se reportaron unos 3.373 asesinatos y, de mantenerse esa tendencia, las cifras anuales superarían las 6 mil defunciones violentas, aunque aún no se cuenta con las cifras definitivas. Los datos oficiales revelan que durante los tres años de la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa, unas 16.716 muertes violentas habían sido documentadas hasta junio de 2012. De acuerdo a estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 7 de los 18 departamentos del territorio nacional (Atlántida, Cortés, Copán, Colón, Ocotepeque, Yoro, Francisco Morazán), presentaron tasas mayores a las 86,5 muertes por cada cien mil habitantes, lo que significa un promedio de 19 crímenes al día. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), estima que cada 78 minutos se genera un hecho violento en el país a vista y paciencia de los entes de seguridad. Más de 49.269 muertes violentas han ocurrido en todo el territorio nacional en los 12 últimos años, según estudios del Conadeh. Como correlato de la violencia social, también la política se expresa en esos términos. En efecto, en diciembre de 2012, el Presidente Porfirio Lobo reiteraba que existía una conspiración contra su gobierno y advertía a sus opositores que si persistían en los planes que han diseñado en su contra, “vamos a volver a la violencia” como en el 2009. En una comparecencia en el Campo de Parada Marte, durante el 187 aniversario de las Fuerzas Armadas de Honduras, el mandatario insistió que un grupo de empresarios liderado por el propietario de dos medios de comunicación “están en colusión con la Corte Constitucional para atentar contra la institucionalidad”. Agregó que “si no desisten de lo que piensan hacer, de desestabilizar Honduras, se van a arrepentir. Les estoy advirtiendo, no hagan lo que piensan hacer. El plan está diseñado, pero esta democracia no nos la van a quitar. Todos estamos sintonizados con la depuración de la Policía porque no puede haber operadores de justicia, como el caso de la Policía, que son hombres y mujeres en armas, que en lugar de proteger a la población atenten contra ellos”. La advertencia del Presidente estaba relacionada con el clima de confrontación institucional que se daba entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como consecuencia del fallo del alto tribunal contra la Ley de Depuración de la Policía.
Políticamente el Presidente Lobo, pese a la tensión existente, intentó avanzar en la resolución del conflicto latente tras la crisis de 2009 e institucionalizó a la oposición, sobre todo a la resistencia surgida tras el golpe, a la que le reconoció su legalidad, y a Manuel Zelaya su retorno al país. Zelaya no sólo regresó al país, sino que lidera el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y el partido Libertad y Refundación (Libre), surgidos tras su derrocamiento. Además de Libre, en 2011 surgieron otros cuatro partidos políticos, incluso uno al frente de uno de los altos mandos militares implicado en el golpe de Estado de 2009. Con los cinco partidos políticos surgidos tras la crisis que dejó el golpe de Estado, suman nueve los que participarán en los comicios generales de 2013, que serán los novenos consecutivos desde que el país retornó a la democracia en 1980 y los segundos tras el golpe contra Zelaya.
Pese al desgaste político y sin haber cumplido sus promesas de campaña, Lobo apuesta para las elecciones de 2013 por un segundo triunfo consecutivo del gobernante Partido Nacional, que tiene como candidato al presidente del Parlamento, Juan Hernández.
En septiembre de 2012, el gobierno de Lobo dio luz verde al polémico proyecto, de las ciudades modelos en el país con el propósito de impulsar el desarrollo, pero sus críticos hablan de nada menos que de privatización del suelo hondureño: las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. Sin embargo, defensores de las ciudades modelos desmentían esta versión. "El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio", dijo el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández. En octubre de 2012, por mayoría de votos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo No. 283-2010 que creaba las ciudades modelos. Los 15 magistrados que integran el pleno resolvieron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto hacía exactamente un año por la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho. Este fallo, unido a otro de inconstitucionalidad contra las pruebas de confianza que se aplican a la policía, les costó el puesto a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel. El 12 diciembre 2012, con un total de 97 votos a favor y 31 en contra, el Congreso de Honduras aprobó la destitución inmediata de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los cuatro magistrados fueron destituidos por el Congreso Nacional, acusados de fallar en contra de la ley que buscaba depurar a la Policía. El presidente Lobo se había quejado que los cuatro magistrados de la Sala Constitucional habían declarado inconstitucionales varias leyes que había enviado al Parlamento y que habían sido aprobadas por los legisladores. Previamente a la destitución de los cuatro magistrados, el Gobierno había enviado cientos de soldados y policías a las inmediaciones de la sede del Parlamento. El desplazamiento fue considerado por varios legisladores como una acción para "amedrentar" al Congreso Nacional. La destitución de los cuatro magistrados fue criticada por expertos constitucionales, como el diputado Oswaldo Ramos Soto, que señaló que el Parlamento hondureño no tenía atribuciones para destituir a ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, una mayoría calificada de 93 de 128 diputados votó por la salida de los jueces. Como ya se mencionara, en 2012 se han inscrito en el Tribunal Supremo Electoral cuatro nuevos partidos políticos, un hecho sin precedentes que ha derivado en un aumento considerable de su número en un tiempo relativamente corto para la experiencia hondureña. Ellos son el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Alianza Patriótica Hondureña (LA ALIANZA) y, el Partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER). Las preocupaciones y objetivos de los actores de esta nueva oleada partidista son diversas y surgen como consecuencia de tensiones existentes en los partidos preexistentes, tanto de izquierda como de centro y de derecha, ampliando el arco de representación política, pero también diversificándola y fragmentándola. Este proceso pone en evidencia el agotamiento del sistema de partidos preexistente, que se profundizó a partir de la crisis del Golpe de Estado de 2009. Por un lado, los partidos políticos tradicionales tienen una distancia significativa con la sociedad hondureña, que los percibe exclusivamente preocupados por el control de los recursos del Estado, sin que exista un correlato con una mayor construcción de espacios políticos para que la sociedad opine y decida sobre los asuntos económicos, sociales y políticos más allá del limitado espacio de decisión que otorga el voto en la democracia electoral. Por otro lado, la sociedad hondureña es más plural y diversa; hace tres décadas, las identidades ciudadanas se agrupaban de manera significativa en los campesinos, obreros, maestros, estudiantes y pobladores. Actualmente esas identidades siguen existiendo e incluso, se han ampliado a grupos sustantivos como las mujeres, jóvenes, indígenas y afro descendientes, adultos mayores, personas con capacidades especiales, diversidad sexual, ambientalistas, grupos religiosos, territorios, entre otros. Sin embargo, estas nuevas identidades ciudadanas no han encontrado en los partidos políticos interlocutores válidos para canalizar sus demandas y exigencias al Estado. La abstracción de los partidos en el proceso de diversidad, ha llevado a grupos con esas "nuevas identidades socioculturales" a construir espacios de participación por fuera de ellos y por fuera del espacio electoral, acumulándose como oposición a los partidos políticos que se han alejado de la sociedad. Por otra parte, en el marco del Golpe de Estado de 2009, la diferencia más significativa entre sus tradicionales agrupaciones políticas: Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN), su posición frente a los gobiernos militares y los Golpes de Estado, había llegado a un punto de extrema confusión. Históricamente el PL siempre había asumido una posición de rechazo a la participación militar y el PN una posición de apoyo, lo cual permitía que las crisis de la democracia desembocaran siempre exclusivamente por dentro del bipartidismo y, que la participación social de rechazo se canalizara hacia y desde el PL con el apoyo de los movimientos sociales. Sin embargo, en el Golpe de 2009, el PL y PN se alinearon y dejaron de hacerse oposición, sumándose también el Partido Demócrata Cristiano (PDCH) y el Partido Innovación y Unidad (PINU), canalizando a través de ellos las expresiones participativas de apoyo al rompimiento democrático y dejando de lado las amplias expresiones ciudadanas de rechazo, lo que provocó un vacío partidista para la oposición, que obligó a estas expresiones participativas a aglutinarse en un movimiento de resistencia popular y a crear sus propios espacios de representación partidista. La consolidación del alineamiento bipartidista provocó una saturación partidista que condujo a la fatiga de ambos partidos políticos, con mayores efectos adversos en el PL, por la contradicción con su historia de defensa institucional, estimulando la necesidad de crear nuevos espacios de representación partidista que expresaran al emergente movimiento de resistencia popular.
El combate a la pobreza, el mejoramiento de los servicios de salud y el fortalecimiento de la educación son las grandes tareas incumplidas, de momento, en la administración del presidente Porfirio Lobo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2010, cuando inició el gobierno del presidente Porfirio Lobo, el 66,2% de la población vivía en condiciones de pobreza y un 45,3% por ciento en condiciones de extrema pobreza. Durante el 2010 el 60% de los hogares hondureños vivían en condiciones de pobreza y el 39.1% en condiciones de extrema pobreza. Dos años más tarde la situación no es muy diferente en el país en virtud de que la pobreza, lejos de disminuir tiende a incrementar, generando una enorme deuda social del gobierno con los hondureños. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza alcanzó el año anterior al 67% de la población hondureña. En agosto de 2012 se conoció el último Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual Honduras se coloca en el tercer lugar entre los países del continente que sobresalen por su mayor margen de inequidad económica y social, solo por debajo de Haití (primer puesto) y Colombia. El gobierno ha enfocado sus esfuerzos en hacer efectiva una transferencia de 10 mil lempiras anuales a las familias de escasos recursos para garantizar que los niños y niñas al menos tengan acceso a los servicios de salud y educación. La transferencia es realizada a través del programa bono 10 Mil, con el cual el gobierno pretende alcanzar el objetivo de asistir a unas 600 mil familias de escasos recursos hasta el 27 de enero de 2014. Varios analistas coinciden en que pudiera estarse echando sal en el mar, porque no se conoce que exista un control y supervisión en la entrega de este bono, por lo que se teme que mayoritariamente esté estimulando el paternalismo y el clientelismo político. En términos de salud, la población hondureña continúa resintiendo los problemas de falta de medicamentos en los hospitales del país, la pésima atención del personal médico y las deficiencias que enfrentan los centros de salud a nivel nacional. Una de las medidas adoptadas por la administración del presidente Porfirio Lobo es el traspaso del hospital Escuela y Materno Infantil a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Si bien la medida es aceptada por miles de hondureños, la falta de recursos mantiene en crisis dicho centro asistencial en donde se requiere de equipo, personal médico, medicamentos y otra serie de medidas para garantizar un servicio de calidad a la población. Al inicio de su gobierno, Lobo prometió “incrementar el acceso de la población a servicios de salud con calidad, equidad, eficiencia y oportunidad, a fin de lograr impactos en su bienestar a través de la implementación de un modelo plural e integrado del sistema de salud”. Una de las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar la salud de los hondureños es la creación del Programa Nacional de Atención Primaria en Salud a través del cual se enviarían médicos, enfermeras, estudiantes y profesionales al campo para atender y prevenir los problemas de salud de la población, pero sus efectos no son todavía evidentes en las estadísticas. En materia de Educación, aunque se han emprendido acciones para subsanar el caos existente en el sistema en los últimos tres años, tampoco se ha logrado el cumplimiento de los 200 días de clases en el sistema educativo. Cada año miles de nuevos estudiantes se suman al sistema, pero no se construyen más aulas de clases ni se adquieren más y nuevos textos escolares ni se contratan más maestros. De igual forma, al tiempo que la tecnología aplicada al aprendizaje se convierte en un fenómeno imperativo por aplicar en los países en procesos de desarrollo, eso no ha sido lo que ha ocurrido en Honduras. El informe “Estado de la Educación en Honduras”, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN) y del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (Iniess) revela que el país no podrá cumplir con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) en el área de educación. Honduras se planteó para 2015 alcanzar una tasa de matrícula neta en la educación primaria de un 95 por ciento, pero eso no será posible. Tampoco se cumpliría la meta de la tasa de alumnos que completan el sexto grado ni la alfabetización de personas entre 15 y 24 años. También el informe “Impacto de las escuelas secundarias alternativas en adolescentes rurales”, elaborado por investigadores nacionales e internacionales de la Universidad de California, Berkeley, señala otras deficiencias en el sistema. La precariedad de las zonas rurales en materia educativa se evidencia una vez más en el estudio que revela que solamente dos de cada diez estudiantes logran completar la educación básica. Los resultados poco tienen que ver con el esfuerzo, ya que Honduras se ha constituido en un país con fuerte inversión en Educación al destinar cada año más de 20 mil millones de lempiras como presupuesto para sostener un sistema con graves deficiencias, incluso, en el tema de pago a los maestros.  En lo relativo a su desarrollo económico, el otro componente de la Dimensión IV, Poder Efectivo para Gobernar, las mejores puntuaciones recibidas en las variables de Endeudamiento e Inversión logran compensar las caídas registradas en los indicadores de Libertad Económica, PIB per cápita y Brecha de Ingreso, y esto ha generado que Honduras muestre un leve ascenso en esta sub-dimensión (Gráfico 3.50). No obstante, este mejor desempeño no le alcanza para ascender en el ranking, ya que mantiene el lugar 16º; que ya había ocupado por dos años consecutivos y que también había ocupado en el 2008. El promedio de su propia serie histórica lo ubica en torno a los 1,000 puntos por debajo del promedio regional latinoamericano en esta dimensión.El gobierno de Porfirio Lobo Sosa no pudo sostener en su tercer año de gestión la senda de crecimiento económico que había registrado en el bienio 2010-2011. En efecto, luego del retroceso del PIB, que reportó en 2009 una caída de -2,1% por los eventos internos y por la crisis financiera mundial, en 2010 observó una recuperación de 2,8% y en 2011 fue de 3,6%, pero en el 2012 experimentó una desaceleración y cerró en 3,1%, según el Banco Central de Honduras (BCH), cifra que muestra un desempeño favorable, aunque insuficiente, de la economía. El Programa Monetario 2012-2013 indicaba que el crecimiento del PIB sería cercano al 4%, comportamiento fundamentado en la evolución esperada por sectores como la construcción, agricultura, manufactura, banca y seguros. El desempeño favorable que la economía mostró en los primeros dos años estuvo enmarcado en los compromisos adquiridos en la Carta de Intenciones 2010-2012 firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la que expiró el 31 de marzo del 2011.
La incertidumbre generada por las medidas como las expropiaciones de tierras y las constantes reformas tributarias profundizaron la desaceleración en rubros claves de la producción nacional como la agricultura, el comercio y la banca, lo que impactó de forma directa en el comportamiento económico del año 2012. A lo anterior hay que agregarle el poco interés mostrado por el gobierno por alcanzar un rápido acuerdo con el FMI, lo que provocó el descarrilamiento de las finanzas públicas, caracterizada por una histórica situación de insolvencia. En ese marco, caen las inversiones de mediano y largo plazo y se detienen planes de inversión pública y privada desacelerando la expansión de la economía. |
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La Dimensión II, que mide el Ejercicio de Derechos Políticos y Libertades Civiles, la democracia de los ciudadanos, mejora apenas un 0,6% con respecto al año anterior (Gráfico 3.47). Esta ínfima variación positiva es producto de un leve incremento en el indicador que mide la participación de la mujer en el Gobierno. El resto de los indicadores se mantuvo en los mismos valores que había obtenido en años anteriores, con lo cual Honduras continúa en el último lugar del ranking latinoamericano de esta dimensión, con el segundo peor valor de su propia serie histórica y lejos del promedio de la región. En este marco de deterioro destacan la baja puntuación recibida en el índice de libertades civiles y de derechos políticos y los altos niveles de inseguridad que sufre la ciudadanía hondureña, cuyos leves avances no alcanzan para revertir la terrible situación de restricción de derechos y libertades como consecuencia del clima de violencia.
El valor obtenido en Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, es prácticamente igual al puntaje logrado en 2012, con una mejora de sólo un 1,8% (Gráfico 3.48). El leve aumento se explica por la mejor puntuación obtenida en el indicador que mide Percepción de la Corrupción. El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores relativamente bajos, excepto la variable de Accountability, que ha descendido un 2%. En esta dimensión, Honduras continúa ubicada por debajo del promedio regional. No obstante, el bajo rendimiento de muchos países de la región, le permite ascender una posición en el ordenamiento regional latinoamericano de esta dimensión, pasando del 9º al 8° lugar.
La fuerte caída de Honduras en la Sub dimensión Social hace que se aleje del promedio regional al que había superado levemente los dos años anteriores (Gráfico 3.49). Esta situación se origina en un pobre rendimiento del país en los indicadores de Gasto Social en Salud y en Educación, por un lado, y además porque aún cuando las restantes variables se mantuvieron estables lo hicieron en puntuaciones muy negativas, especialmente en las que se utilizan para evaluar la Matriculación Secundaria y la Mortalidad Infantil. Y por último como algunos de los países de la Región están avanzando con mejor ritmo en la búsqueda de sociedades más inclusivas e igualitarias, ponen en evidencia a aquellos que no están avanzando con la misma velocidad en esa dirección. Honduras desciende varias posiciones en el ranking regional, pasando del 7º al 11° lugar, alejándose de la puntuación promedio de la región.
