IDD-Lat 2013 |
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Guatemala |
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Cuando tomó posesión como Presidente de la República, el 14 de enero del 2012, Otto Pérez Molina se comprometió especialmente con tres pactos: de seguridad y justicia, contra el hambre, y el fiscal. Asimismo, ofreció que su gobierno se esforzaría por garantizar la transparencia en la gestión pública, para rescatar la institucionalidad del Estado del desorden y la corrupción. Adicionalmente, el presidente promovió otras acciones que no estaban contempladas en su oferta inicial, tales como una reforma constitucional, que tuvo poco apoyo de parte de la sociedad civil, y la propuesta de despenalizar las drogas, como forma alternativa para combatir el narcotráfico, que recibió gran atención en foros internacionales. Aunque estos planteamientos no lograron los resultados esperados, tampoco significaron un desgaste importante para el gobierno.
El gobierno cumplió sus primeros cien días con la aprobación del 82% de los guatemaltecos, que le dieron el beneficio de la duda. Luego del primer semestre, la nueva administración obtuvo el 69% de satisfacción por parte de la población. El resultado sorprendió porque la percepción que se tenía era de un desgaste mayor en el primer año de gobierno, por las diferentes controversias y cuestionamientos que afrontaba esta administración. Al cumplirse el primer año del gobierno del PP, la mayoría de la población creía que se estaba haciendo un buen trabajo, aunque mantenía su preocupación por la inseguridad y la economía. Pérez Molina reconoció que su Gobierno no había logrado hacer lo suficiente para desterrar la corrupción que se ha incrustado "en el 50% de las instituciones del Estado", según sus propias palabras, y tampoco había sido eficiente en blindar a esas instituciones de la infiltración de narcotraficantes y del crimen organizado. El mandatario sostuvo que su segundo año de Gobierno, "será el mejor" de los cuatro para los que fue elegido, ya que entonces los ciudadanos empezarán a observar y apreciar los resultados de sus políticas de seguridad, económicas y sociales. El impulso para despenalizar la droga, el rol asumido durante el terremoto y la permanencia de su Gabinete –aunque carente de cohesión– fueron puntos favorables en términos políticos para Otto Pérez Molina, que ayudaron a sostener un imagen ante la opinión pública. No así, la reforma constitucional y la ley de Desarrollo Rural.  El valor obtenido en la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, aunque crece levemente, sigue estando por debajo del promedio regional, aunque alcanza uno de los mejores valores de la serie, que fluctúa permanentemente en valores muy bajos, en torno a los 3,000 puntos (Gráfico 3.42); y muestra de ello es que Guatemala ocupa, nuevamente, el lugar 17º en el ordenamiento regional, superando solamente a su vecina Honduras. En general, casi todos los indicadores se han mantenido en los valores habituales, de escasa magnitud. Sólo ha avanzado el indicador que mide el Condicionamiento de las Libertades por Inseguridad y ha retrocedido levemente el de Género, explicando su escasa mejoría en la puntuación lograda en esta Dimensión, pero queda claro que este avance no significa que el país pueda exhibir con orgullo estos resultados. Muy por el contrario, la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores muestra resultados pobres en todas las áreas que abarca esta dimensión; especialmente aquellas relativas a la inseguridad y a los derechos políticos.
De momento, el Presidente tiene buenos resultados que mostrar en la reducción, en casi un 10%, de los asesinatos violentos ocurridos durante los primeros doce meses de gestión, gracias en parte a las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno anterior, entre ellas, refuerzo de los patrullajes, uso de las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad, medidas que tuvieron dividida a la opinión pública con sectores que aplaudían las medidas y otros que las rechazaban. Guatemala redujo en 2012 su tasa de homicidios en cinco puntos, al descender de 37 a 32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). Por otra parte, de acuerdo con el informe, se registró un total de 5.174 muertes violentas, lo cual representa un descenso del 8,93 % respecto a las 5.681 muertes registradas en 2011.
La promesa de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública no logró avances significativos, mientras que la seguridad alimentaria, la lucha contra la inseguridad y el abordaje de los focos de conflictividad fueron tareas que enfrentaron enormes dificultades. Como ya se indicó, Pérez Molina reconocía que su Gobierno no había logrado hacer lo suficiente para desterrar la corrupción que estaba incrustada, según sus propias palabras, “en el 50% de las instituciones del Estado" y tampoco limpiarlo de la infiltración de narcotraficantes y del crimen organizado.
En el 2012 los medios de comunicación publicaron diversos señalamientos de corrupción y falta de transparencia en el Ejecutivo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012, Guatemala ocupa el puesto 113 de 174 países, lo que muestra que los guatemaltecos perciben poca transparencia en la administración de los recursos públicos. A pesar de ello, al cumplir un año de gobierno, Otto Pérez Molina gozaba del 70% de aprobación ciudadana, de acuerdo con la encuesta elaborada por Prodatos para Prensa Libre. Esto es significativo, pues contrasta con las calificaciones obtenidas por gobernantes anteriores en su primer año de gestión: Álvaro Colom, 44%; Óscar Berger, 38,3%; Alfonso Portillo, 29,4%. Uno de los elementos que se califican como “cuestionables” es la promoción de la aprobación de leyes tales como la de Telecomunicaciones, que extiende el tiempo para uso del espacio radiofónico para quienes ya tienen frecuencias; otro acto señalado como "poco transparente" fue el otorgamiento del usufructo a una empresa de interés español en la finca de la Empresa Portuaria Quetzal. La distribución de los fertilizantes fue otro caso señalado por su poca transparencia, pues aunque el Gobierno convocó a varias empresas para realizar el reparto de esa ayuda social, el proceso estuvo repleto de irregularidades. En materia internacional y de seguridad, Pérez Molina logró inquietar a Estados Unidos al denunciar el fracaso de la guerra convencional contra el narcotráfico, y proponer la discusión de nuevas estrategias de abordaje para combatir ese flagelo mundial, entre ellas la despenalización de las drogas. La participación de miembros del Ejército en la muerte de siete campesinos indígenas, en octubre de 2012, así como su frustrada intención de limitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos ocurridos antes de 1987, fueron momentos difíciles para la gestión de Pérez Molina. Analistas y opositores señalan que ambos momentos pusieron en evidencia su compromiso con las Fuerzas Armadas, incluso en contra de los intereses de la sociedad, al pretender defender a los soldados involucrados en la matanza. En este período resalta una mayor judicialización de las demandas sociales, dado que estas han trascendido de las manifestaciones públicas y han sido planteadas en los tribunales y la Corte de Constitucionalidad, como acciones administrativas y penales, junto con el recurso de amparo anunciado por grupos ambientalistas, contra la concesión de dos licencias de explotación minera. Aunque es positivo que se busquen dirimir conflictos por la vía legal, esto supone un reto para un saturado sistema de justicia, que deberá responder con agilidad y eficacia. Por otro lado, las constantes manifestaciones realizadas durante el año, por demandas históricamente desatendidas, provocan la percepción del aumento en las tensiones sociales, a la vez que polarizan a la sociedad. Empero, este hecho podría atribuirse a dos factores opuestos: las altas expectativas de algunos sectores de la población con respecto al nuevo gobierno, y en el otro extremo, el rechazo a un presidente ex militar, que exacerbó los ánimos de organizaciones indígenas y campesinas para redoblar sus protestas y exigir ser atendidas reclamando diálogo y respeto a los derechos humanos. Las tensiones sociales han tenido puntos álgidos durante el año. Dos casos tuvieron mayor relevancia: uno, en mayo, cuando el Ejecutivo decretó Estado de Sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, en respuesta a disturbios registrados en ese lugar, luego de que fuera asesinado un campesino, supuestamente por un guardia de la empresa Hidro Santa Cruz. El día de su muerte, varios pobladores participaron en el saqueo de un hotel, donde se creía que se hospedaban los guardias de la hidroeléctrica. Luego se dirigieron al destacamento militar de la localidad para protestar contra los soldados. Al día siguiente, miembros de algunas familias del pueblo detuvieron ilegalmente a nueve personas. El segundo, ya mencionado, fue en octubre en Totonicapán, cuando durante una protesta contra el alza de la energía eléctrica y en contra de la reforma constitucional y educativa, murieron siete campesinos a causa de disparos lanzados por militares que apoyaban a los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. Por esto fueron detenidos nueve militares, acusados de ejecución extrajudicial y, aunque se determinó que sus acciones no respondieron a una deliberada política de Estado, sí quedó en entredicho la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. El año 2012 ha sido complejo también en cuanto a las relaciones entre el gobierno y los sectores campesinos, por la negociación que se dio luego de la Marcha Campesina del mes de marzo. Los temas planteados por estas organizaciones fueron escuchados por el Gobierno pero eso no se ha traducido en resultados concretos. El tema se dejó en manos del Sistema de Diálogo Nacional y Desarrollo Rural, que sería limitante porque ambas entidades no tendrían capacidad operativa ni presupuestaria. Aunque en la iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo al Congreso se incluía el tema indígena en cierta medida, finalmente resultó un gesto importante pero insuficiente, porque se hacía un reconocimiento de las poblaciones que integran el país y se avanzaba en algunas cuestiones constitucionales, pero hubo elementos que quedaron fuera de la propuesta. Otro elemento limitante de la inclusión de vastos sectores en la representación política, durante este primer año de gobierno, fue la dificultad para incluir indígenas dentro del Gabinete de ministros, que habría dado operatividad concreta al diálogo y la posibilidad de articulación. Tras la muerte de campesinos indígenas k’iches, en octubre, el presidente Otto Pérez Molina prohibió que el ejército intervenga en la contención de manifestaciones. El presidente ordenó a sus ministros que en las protestas o manifestaciones de este tipo no se utilice al Ejército como medio de disuasión. Igualmente, dispuso que se publiquen los protocolos que deberán ser seguidos por la fuerza pública durante las manifestaciones para que sean de conocimiento de la población. Guatemala afrontó el tercer intento de reforma de su constitución, de los últimos 18 años, elaborada en 1985. El gobierno de Otto Pérez Molina se puso al frente de la iniciativa de reforma con alcances sobre los que no había consenso en torno a si debían impulsarse mediante una reforma constitucional desde el actual legislativo o convocando una Asamblea Constituyente. La reforma de la Constitución de 1985 es un viejo proyecto del actual presidente que ya lo planteó en 2006, durante la campaña que le enfrentó a Álvaro Colom. Ya entonces hablaba de refundar el Estado de Guatemala y acabar con la politiquería reduciendo el número de diputados y dando autonomía a los poderes locales.
Esta propuesta, que algunos vieron como el camino para permitir una reelección, no tuvo tanto peso durante su campaña de 2010 pero ahora ya como presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina la ha reactivado al plantear la necesidad de una “reforma constitucional profunda” que abarque los ámbitos de seguridad, justicia, partidos políticos, legislativo y fiscal. Pérez Molina hizo el planteamiento durante un discurso por el 27 aniversario de la Carta Magna de 1985, con la que se puso fin al régimen militar. A la hora de llevar a cabo este cambio, Otto Pérez Molina parece no querer convocar una Asamblea Constitucional, ya que “el pueblo rechaza una Asamblea Nacional Constituyente, porque no desea asistir nuevamente a elecciones”. Su propuesta es cambiar la parte orgánica de la Carta Magna, del Artículo 47 en adelante, para lo cual no se requeriría convocar a una Constituyente. Sus propuestas se enfocan en seguridad y justicia, transparencia, solidez fiscal y cambios en la parte política, temas que podrán aprobar los legisladores. De acuerdo con el Presidente, el primer bloque de reformas incluiría temas de seguridad y justicia, pues “todos demandamos justicia pronta y cumplida, porque queremos vivir en paz”. Mencionó controles “en un Estado moderno” para evitar delitos como el enriquecimiento ilícito y que se pueda castigar a los funcionarios para que no se considere el erario público como un botín. La reforma constitucional contempla una reforma política a fin de que las campañas no sigan siendo financiadas por sectores privados, sino por el Estado. Sus reformas incluyen fijar un número menor de diputados, que los distritos sean uninominales y que los gobernadores departamentales sean electos por la población. Pérez Molina apunta además a una modernización fiscal “que responda a las necesidades de Guatemala, que cuenta con un 50 por ciento de habitantes que vive en pobreza y pobreza extrema”. Uno de los principales avances fue la aprobación de la actualización tributaria y de la Ley Antievasión II, porque representan pasos en la dirección correcta en política fiscal. El principal retroceso es la destrucción de la institucionalidad vinculada a la transparencia; no solo la eliminación del Viceministerio de Transparencia sino una Secretaría Inconstitucional que deja un vacío importante frente a la obligación de rendición de cuentas que tiene el Gobierno con los ciudadanos. Una prueba para el sistema de justicia la constituye el juicio que se efectúa a Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio en el área ixil de Quiché. Los resultados del juicio, que se desarrolla en medio de polarización social y bajo la mirada de la comunidad internacional, tendrán implicaciones importantes, tanto para la justicia guatemalteca, como para el país y su sociedad. Asimismo, aunque los hechos por los que se juzga a Ríos Montt datan de hace 30 años, el proceso y la polarización que genera en la sociedad, puede también afectar al gobierno actual, por ser Otto Pérez un militar retirado que participó en el conflicto armado, y fue comandante del destacamento militar de Nebaj, Quiché, en 1982. El proceso contra Ríos Montt ha puesto de manifiesto posturas contradictorias que polarizan a la sociedad, en particular en torno a visiones de derecha e izquierda, a favor o en contra del Ejército, que se mezclan con cuestiones étnicas y de racismo. Tal división puede afectar la credibilidad del gobierno, pues se suma a las tensiones sociales que, como se mencionó antes, han llegado a puntos álgidos, en parte, por ser el presidente un militar retirado, que genera rechazo en algunos sectores de la sociedad, que reclaman ser atendidos en un marco de respeto a los derechos humanos. En cuanto al juicio, este resulta histórico, pues es la primera vez que se juzga un caso de genocidio en una corte local y no internacional, y que en el país, se juzgan a militares de alto rango.
La propuesta de Pérez Molina en enero del 2012, giró en torno a institucionalizar los programas sociales que se agrupaban en el Consejo de Cohesión Social, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), aprobado por el Congreso de la República. El inicio de la ejecución de los programas se pospuso varias veces, debido a que el relanzamiento necesitaba de la depuración de los listados de beneficiarios, para que luego el aporte estatal le llegara a la población que en realidad lo necesita. Los programas fueron, en general, dando continuidad a los pre existentes, rebautizados con palabras como “seguro”. A partir de junio, el recién estrenado Ministerio de Desarrollo Social (Mindes) absorbió cuatro de los anteriores programas, siendo éstos: Mi Bono Seguro, Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro, Beca, y Jóvenes Protagonistas. Los dos primeros programas, son complemento importante del Pacto Hambre Cero, en el que participan nueve ministerios, cuatro secretarías e instituciones como el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y el Instituto de Fomento Municipal (Infom). El propósito del Pacto Hambre Cero es reducir 10% la prevalencia de desnutrición crónica infantil, al finalizar el 2015, focalizando las intervenciones en los 166 municipios priorizados de acuerdo con los resultados del Tercer Censo de Talla en escolares de primer grado, del 2008/2009. El programa de la “Súper Tortilla” dio inicio en el mes de octubre. Miembros de la SESAN consideran que la distribución de harina fortificada no logrará resolver el problema de la desnutrición, sin embargo existen fuertes expectativas de éxito desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA. Dentro del programa se beneficiará a 8.771 niños de 1 a 5
años y madres embarazadas. Funcionará como plan piloto durante 6 meses y durante ese lapso se entregarán a cada beneficiario 2 sacos de harina fortificada al mes. Los resultados de este plan piloto aun están a la espera.
Se repartieron 12 mil toneladas métricas de alimentos en apoyo a la población con desnutrición, los afectados por el sismo, la sequía y los fenómenos climáticos de años anteriores. La tasa de desnutrición crónica se redujo de 22 por cada mil afectados, a 11 por cada mil. Por medio del Pacto Hambre Cero se trabajó para reducir la desnutrición en 213 municipios. Se crearon 123.847 nuevos empleos formales que representan una variación de un 20,7% comparado con el 2011. Muchos de estos avances numéricos anunciados por el gobierno no tienen todavía su correlato en indicadores estadísticos que los pongan en evidencia.  Nuevamente, el valor de la Sub dimensión Económica vuelve a estar por debajo del promedio, aunque en esta ocasión la puntuación general presenta una leve mejora, resultando insuficiente para colocar a Guatemala entre los países con desarrollo democrático mediano (Gráfico 3.45). Aún está lejos de alcanzar los mejores valores de la serie, alcanzados en 2007 y en 2004. Los indicadores que motorizan el leve aumento de este año son: Inversión y Endeudamiento. El resto de las variables presenta resultados negativos y ellos son: Puntaje en el Índice de Libertad Económica, PIB per cápita y Brecha de Ingreso. A pesar de esta variación positiva, Guatemala mantiene su ubicación en el ranking regional, ocupando el 13º lugar entre los 18 países evaluados.En el tema económico de este primer año de gestión de Pérez Molina, no se han visto los resultados que se prometieron, pero hay que reconocer que su gobierno no recibió el mejor escenario. Otto Pérez si ha lanzado políticas, ha anunciado programas y ha colocado sus naves en un mismo rumbo. Entre sus principales logros se cuentan: una cierta confianza entre inversionistas y consumidores, el retorno de políticas económicas generales que parecen ir en camino correcto, como las políticas de empleo; y la aprobación de una reforma tributaria. El Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de San Carlos destaca la incongruencia entre el bienestar de la macroeconomía frente a las condiciones de pobreza en que viven más del 52% de los 14,4 millones de habitantes del país. Guatemala cerró 2012 con un incremento del PIB de un 3% y una inflación de un 3,45%. La reforma fiscal, aprobada en febrero de 2012, a la que Pérez Molina había presentado como uno de los más importantes logros de su primer año de Gobierno, era criticada desde la izquierda como tibia, porque no alcanzaba a los grandes empresarios, sino que se conformaba con exprimir más a la ya desprotegida clase media.
En 2012, Guatemala recibió $4,782 millones por concepto de remesas. Esta es la cifra más alta en los últimos 18 años en las transferencias de dinero por remesas familiares; en su mayoría, procedentes de Estados Unidos. El Banco de Guatemala (Banguat) informó que ese comportamiento significa un crecimiento de 9,3% en relación con 2011, cuando ingresaron $4.378 millones, es decir, que en 2012 las divisas por remesas aumentaron $404 millones. El sueldo mínimo fue aumentado en 5%, luego que la Comisión Nacional del Salario llegara a un acuerdo. El incremento para los empleados de actividades agrícolas y no agrícolas será de Q3.40 diarios. Con ese aumento, el salario pasará de Q68 a Q71.40 diarios. El sueldo mensual es de alrededor de 2.171,75 quetzales, más una bonificación de Q250. El Índice de Confianza de la Actividad Económica comienza a recuperarse luego de una caída que tuvo durante el año, según la Encuesta de Expectativas Económicas al panel de analistas privados del Banco de Guatemala. A diciembre de 2012, este indicador llegó a 68.27 puntos, un 15,3% más que lo registrado en noviembre, cuando estaba en 59.22 puntos.
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La Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, no presenta la misma tendencia que la que mide los derechos y las libertades; desciende casi un 10%, perdiendo parte de lo que había recuperado el año anterior (Gráfico 3.43). Guatemala muestra una curva con importantes variaciones, arranca en el 2002 con una puntuación cercana a los 6 puntos y llega tres años después a superar apenas los 2 puntos. Los datos de este año vuelven a mostrar esa inestabilidad. La caída en esta medición es producto de retrocesos en los indicadores de Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y de Accountability. La variable que presenta un comportamiento positivo es el Índice de Percepción de la Corrupción. Uno de los problemas que sigue enfrentando Guatemala es que el puntaje recibido en el indicador de Desestabilización de la democracia es altamente negativo, lo que produce que no logre avanzar en esta dimensión, a pesar de los pequeños pasos que va dando hacia un mayor desarrollo democrático. Guatemala bajó del 11º lugar del ranking regional al 12º, con una puntuación de 3,975. Con este descenso, el país vuelve a alejarse del promedio regional.
Con respecto a la Sub dimensión Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, Guatemala ha empeorado la puntuación del 2012, aunque sin alcanzar el peor valor de la serie, obtenido en el 2011, ya que el descenso es sólo del 6% (Gráfico 3.44). Se aleja del promedio regional. Su rendimiento en esta sub dimensión se explica, no solo por el descenso de la variable que mide el gasto público en educación; si no también por el avance de otros países de la región que mejoraron el promedio de la sub dimensión. De hecho Guatemala presenta incremento en algunas variables, como las correspondientes a Mortalidad Infantil, Población bajo la línea de la pobreza y Matriculación Secundaria. El resto se mantuvo estable, como en el caso de Gasto en Salud. Guatemala tiene mucho camino por recorrer hasta lograr valores similares al promedio de la Región. Su puntuación final ubica al país en el puesto 17º del ranking regional, bajando un peldaño con respecto al 2012.
