IDD-Lat 2013 |
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El Salvador |
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La única dimensión del desarrollo democrático donde el país supera el promedio regional, es la que corresponde a la democracia de las instituciones, con 6,224 puntos. En todas las otras, el país se encuentra por debajo.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, cumple el tercero de sus cinco años de mandato entre las críticas naturales de la oposición, pero con una buena evaluación por sus logros sociales, evidenciando roces con quienes lo apoyaron para su llegada a la presidencia del país y cuando empiezan a notarse los aprontes de la campaña para elegir a su sucesor en 2014. El FMLN y Funes habían arrebatado el poder al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó durante 20 años consecutivos y que se ha fortalecido pronto en la oposición, pues ganó los comicios legislativos y municipales del 11 de marzo de 2012. Para el FMLN el rasgo característico, esencial, de este Gobierno es la elevación del gasto social, con prioridad en los sectores más pobres. Funes alcanzó su tercer año de mandato con un respaldo popular del 65 por ciento y con el reconocimiento por sus programas sociales para los salvadoreños más pobres, según encuestas publicadas, que también señalaron el agravamiento de la crisis económica y la inseguridad. Durante el tercer año, existe un evidente debilitamiento de la base de sustentación del Presidente Funes principalmente en el plano orgánico partidario tanto a nivel de la cúpula del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, como en su militancia y grupos afines. Si bien el acuerdo entre los partidos FMLN, Gran Alianza Nacional - GANA, y Concertación Nacional - CN, permite la sustentación de la gobernabilidad legislativa en beneficio del mandatario, el deterioro de la relación entre el Presidente Funes y el Frente que lo llevó al poder, se ha precipitado en función de tres factores: los resultados electorales de los comicios para alcaldes y diputados celebrados en marzo de 2012; la sustitución de los miembros del partido oficial en el gabinete de seguridad; y el debate por la selección del candidato presidencial del Frente que competirá en los comicios de 2014. Durante el discurso que dirigió a la Asamblea Legislativa dando comienzo al cuarto año de gobierno, el mandatario prometió que en los dos años de gestión que le restan de su gobierno, continuará profundizando los cambios iniciados en su administración. Funes afirmó que seguirá trabajando por solucionar los principales problemas del país, como la inseguridad, la falta de empleo, el combate al crimen organizado y la inseguridad que se vive en todo el territorio nacional. "Les pido a todos los sectores un juego limpio para enfrentar los desafíos que vienen por delante", solicitó el mandatario. El gobernante dejó claro que no dará ni un paso atrás en el subsidio de los programas sociales. "Los zapatos, uniformes, el vaso de leche, el refrigerio escolar que se da a los estudiantes, y la semilla mejorada ya no se adquieren más a grandes empresas que se importan", dijo el gobernante.
El tercer año de gobierno del presidente Funes estuvo determinado por los vaivenes de la economía doméstica y la utilidad de una tregua entre las principales pandillas, que aparentemente contribuyó a reducir la ola de violencia. Un viraje importante en el enfoque y la estrategia de seguridad, la decisión del presidente Mauricio Funes de relevar a todos los cuadros del FMLN en el gabinete de Seguridad y de poner esa tarea en manos de mandos militares; lo anterior aunado a medidas de represión del delito combinado con el pacto entre las principales pandillas MS-13 y la mara 18, han incidido en la baja de homicidios.
A pesar del debate generado en los diversos sectores de la sociedad sobre la conveniencia o no de tomarle la palabra a los dirigentes de las pandillas sobre la tregua pactada entre ellas, bajo la mediación de la Iglesia Católica, se debe destacar la baja en las estadísticas de homicidios. Importantes iniciativas son el despliegue de elementos policiales en los centros escolares como parte del plan Escuelas Seguras, priorizando la presencia policial en 166 escuelas consideradas de más alto riesgo.
El Presidente Funes destacó que desde enero al 28 de diciembre de 2012 se registraron 1,785 homicidios menos que en 2011, lo que representa una reducción del 41%. Si las cifras se comparan desde el 11 de marzo, día en que inició la tregua entre pandillas, y el 28 de diciembre, último día que se tiene contabilizado, la reducción ronda el 54.4%, registrándose 1,917 homicidios menos que en el mismo período del año anterior, según datos enunciados por el gobierno. El Salvador redujo el índice de homicidios de un promedio de 14 diarios a 5.5 y dejó de ser el segundo país más violento del continente, dijo el Jefe de Estado.  En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, el país logra una nueva recuperación, que lo lleva a superar nuevamente el promedio regional, como había sucedido en el período 2002-2008, pero todavía muy distante del mejor valor obtenido en 2003 (Gráfico 3.38). La puntuación de este año creció en más del 17% respecto del año anterior. El Salvador se ubica entre los primeros cuatro países, precedido por Uruguay, Costa Rica y Chile, que muestran mejor comportamiento en esta dimensión. En el caso que aquí analizamos, los indicadores que muestran un signo positivo han sido los correspondientes a Índice de Percepción de la corrupción y Desestabilización de la democracia. El que se ha mantenido estable ha sido el de Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y sólo ha empeorado el de Accountability. Con su mejor puntuación, ha ascendido en el ranking regional de esta dimensión, dos lugares, pasando de la 6º ubicación a la 4°.Respecto de la gobernabilidad en el ámbito legislativo, no obstante el distanciamiento entre el mandatario y el FMLN, el presidente ha contado al igual que en el segundo año de gestión, con el apoyo de la fracción oficial, el de GANA y el de CN.
Desde el inicio de la gestión gubernamental el binomio Partido-Gobierno se ha desarrollado en un ambiente de poca armonía y escasa sintonía en la visión de cómo hacer gobierno, ya que si bien el FMLN comparte varias áreas o ministerios del gobierno liderado por Mauricio Funes, este último ha conducido la gobernabilidad bajo su propio estilo y autonomía, lo que sin ser necesariamente malo, expresa las dificultades que ambos han tenido para coincidir en un proyecto único y concertado de gobernabilidad para el país y para la gestión de gobierno. Esto les ha llevado a cometer algunos errores políticos tanto al presidente como al partido, como queda en evidencia en los casos de la precipitada sanción del decreto 743 y de los cuestionados pactos entre el FMLN Y GANA en la Asamblea Legislativa El presidente había obtenido, en agosto de 2012, un trabajoso acuerdo entre los partidos políticos que acabó con la crisis de poderes. El convenio, firmado por los seis partidos con representación legislativa y el presidente Funes, tras 17 rondas de negociaciones iniciadas el 24 de julio, produjo satisfacción en organismos de derechos humanos, sectores políticos y en el Poder Judicial, hasta entonces dividido por la disputa política. Al cierre de su tercer año, debe destacarse que la corrupción en las instituciones del estado ha estado ausente, al menos en términos de los escándalos públicos de peculado y malversación de fondos que se dieron durante las cuatro gestiones de los gobiernos de ARENA. El Presidente Funes ha denunciado que más de 300 casos con indicios de corrupción, unos de la actual administración y otros de la anterior, han sido investigados por su Gobierno. De ellos ciento once han sido trasladados a la Fiscalía, que de momento no parece haber hecho mayor cosa por investigarlos. La información presidencial es importante y advierte de un problema grave. Hasta ahora las denuncias de corrupción venían de la sociedad civil. Hoy podemos decir que la corrupción es un hecho oficialmente reconocido y denunciado en El Salvador. Una de las mayores crisis del año se dio en el plano institucional de la Justicia. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados del 2006 y de abril del 2012 (cinco propietarios y sus respectivos suplentes en cada momento), y ordenó a la nueva Asamblea Legislativa, que había asumido el 1° de mayo, repetir ambos procesos. El acuerdo político alcanzado, establecía que la Asamblea iba a elegir a un nuevo presidente de la Corte, ratificando a los magistrados del 2006 y designando a los del 2012 entre los mismos 11 propuestos en abril. El Salvador había quedado prácticamente con dos cortes supremas de justicia, una integrada por la Sala de lo Constitucional ampliada, y la otra por 10 magistrados cuya elección fue anulada por esa dependencia en una acción que desencadenó una crisis institucional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elegido por el Congreso el 24 de abril de 2012, Ovidio Bonilla, asumió sus funciones en sustitución de Belarmino Jaime, cuyo mandato de tres años había terminado en julio. Jaime desconoció a Bonilla y a los magistrados que le acompañaban, le entregó la Presidencia de la CSJ a su colega Florentín Meléndez, en condición de “provisional”. La Sala ordenó el 5 de junio que el Parlamento eligiera de nuevo a los magistrados, cuyas designaciones había anulado con el argumento de que una misma legislatura no puede llevar a cabo elecciones de segundo grado en dos ocasiones y ya se había cumplido la primera. Bonilla asumió sus funciones mientras centenares de activistas, unos a favor de él y otros en contra, rodeaban las instalaciones del Poder Judicial en presencia de decenas de policías. El 23 de Julio, representantes de todos los partidos políticos acudieron al llamado del presidente de la República, para encontrar una solución al conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Durante la reunión sostenida, Funes pidió a las instituciones “sensatez” y que en “definitiva” acaten los fallos de la Corte Suprema de Justicia, “sobre la base del respeto al texto de la Constitución, particularmente en cuanto a la separación de atribuciones de los órganos de gobierno y el reconocimiento pleno de que el único mecanismo para modificar la Constitución es el previsto en el Artículo 248 de la Constitución de la República”. El mandatario llamó a que la “salida política” que había propuesto para solucionar el conflicto debía respetar el “marco legal y constitucional”, mediante acuerdos políticos que debían encontrarse en el más corto plazo y sin vencedores ni vencidos. Finalmente, la enconada pugna tuvo una salida el 20 de agosto. El compromiso se cumplió rigurosamente en una sesión extraordinaria de la Asamblea, en la cual fueron ratificados por unanimidad los jueces de 2006, cinco propietarios y tres suplentes. De manera similar ocurrió con los de abril, aunque en los casos de los abogados Padilla y Ovidio Bonilla, uno de los diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), votó en contra. La pobreza y la impunidad persisten en El Salvador al cumplirse los 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz que acabaron con la guerra civil (1980-1992), señaló el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna. "Se terminó el conflicto armado, pero las causas estructurales que lo originaron no se han resuelto totalmente: como la pobreza, impunidad, crisis económica, inseguridad", entre otras, dijo Luna, quien, además, pidió la derogación de la Ley de Amnistía, emitida en 1993, que protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto. El Gobierno, en reiteradas ocasiones, ha pedido perdón por masacres y otros crímenes cometidos durante la guerra civil, pero Luna consideró que ya es tiempo de pasar a acciones concretas.  El comportamiento de los Indicadores de la Sub dimensión “Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar” muestra en este informe una nueva caída que interrumpe el ciclo de dos años de mejora de los años anteriores. En 2012 El Salvador había alcanzado su mejor puntuación de toda la serie (Gráfico 3.39). De hecho, el puntaje general recibido muestra una pérdida de más del 30% respecto del año anterior, lo que lo aleja del promedio regional, aunque todavía muy lejos del peor valor de la serie, obtenido en 2002. El descenso de este año se origina en el retroceso de los indicadores que muestran el Gasto social en Salud y en Educación. Como dato significativo resalta un nuevo avance en el desempeño de los indicadores más sensibles para la pobreza y la exclusión: Desempleo y Población bajo la línea de la Pobreza, como una muestra de la aplicación de buenas políticas sociales. El país desciende en el ranking regional latinoamericano del desarrollo social, pasando del 9º al 12º lugar.Una encuesta del mes de mayo de 2012, del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), señalaba que la entrega de paquetes escolares era el programa mejor evaluado por la población en los tres años de Gobierno del Presidente Mauricio Funes. El estudio indicaba que el 34.5% de los salvadoreños tenía una opinión positiva de este esfuerzo. Asimismo, la ayuda a las comunidades pobres, la pensión a los adultos mayores y los programas de salud eran otros logros salientes de la gestión gubernamental. Según la valoración de los encuestados por IUDOP, uno de los principales fracasos en estos tres años había sido el combate de la delincuencia, con un 17.6%. Mientras que la situación económica era la segunda causa con un 13.3%. Pese a los avances estadísticos en la materia, la población consultada afirmó que la generación de empleos es una de las propuestas de campaña, que el actual Gobierno no cumplió hasta el momento.
La situación de crisis económica y la situación de extrema pobreza en vastos sectores del país, heredada de los gobiernos anteriores, persisten entre los mayores desafíos para el gobierno. Aunque no se puede negar el impacto positivo de algunas medidas económicas como la regulación del Subsidio al Gas Propano, el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), las reformas a la Ley de declaración de la Renta y el Patrimonio, entre otros, estas medidas sólo son un paliativo que aún no atacan de fondo el problema de la concentración de la riqueza y de los medios de producción en pocas manos. En lo Social, sin embargo, se han registrado importantes avances. En Educación, los paquetes escolares, uniformes y zapatos que reciben los estudiantes de las escuelas son un alivio para el bolsillo de las familias salvadoreñas cada año. En materia de Salud, hay que reconocer la apuesta de la Ministra de Salud a la Reforma integral de Salud con la creación de los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), que están comenzando la gran misión de llevar salud preventiva y curativa básica a las familias más pobres del campo, algo que jamás se había visto en la historia del país. El presidente Mauricio Funes defendió, en octubre de 2012, el anteproyecto de presupuesto para 2013, destacando que el financiamiento de los programas sociales es prioridad para su administración. Agregó que a pesar de la difícil situación fiscal que atraviesa el país, el gobierno mantendrá los subsidios al agua, la energía eléctrica y el gas propano, los cuales benefician directamente a los ciudadanos de menores ingresos, y mantendrá en marcha los distintos programas sociales. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2012 presentó una disminución del 6,05 % en el índice de pobreza durante 2012 y mostró una reducción en el nivel de pobreza a nivel nacional con un 34,5% de la población en esa situación, a diferencia del 40,55% del año anterior. Por otro lado, en los resultados presentados por el EHPM, se indicó que 2.5 millones de salvadoreños se encuentran en el nivel de pobreza. Según manifestaron los funcionarios de gobierno, uno de los factores de la pobreza es el encarecimiento de los alimentos. En relación con la pobreza extrema, en 2001, 8,9 de cada 100 hogares urbanos salvadoreños y 18,4 de los rurales estaban en esa condición. En contraste, en el primer semestre de 2012, la pobreza extrema rural se redujo a una tasa de 13,6%. El Salvador, también, ha registrado una leve disminución en el desempleo de cinco décimas porcentuales durante el año 2012. En El Salvador la población laboralmente activa es de 2,724.754 personas, lo que indica una reducción del desempleo al 6,7%, siendo una de las menores tasas en los últimos 12 años. En agosto de 2012, la CEPAL sostenía que El Salvador ha hecho esfuerzos para reducir la brecha de la desigualdad, pero hacía un llamado a vigilar el gasto sin afectar demasiado la parte social. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideraba que el país ha evolucionado positivamente en materia de desigualdad y destacó que es uno de los países que más ha invertido en materia social, ya que ha logrado superar el 13% del PIB en gasto social.  En la Dimensión IV, los indicadores que dan cuenta de la capacidad de generar políticas que aseguren eficiencia económica han tenido un peor comportamiento en comparación con el año anterior , registrando la cuarta caída consecutiva desde el año 2009, aunque todavía se encuentra lejos del peor valor de la serie obtenido en el año 2002 (Gráfico 3.40). Esto fue producto, fundamentalmente, de la caída de los indicadores de Libertad Económica, PIB per cápita y Brecha de Ingreso, a pesar de los avances en las variables de Endeudamiento e Inversión. Como consecuencia del magro desarrollo producido en esta Sub dimensión, El Salvador descendió en el ranking regional latinoamericano, pasando al lugar 15º. El valor obtenido continúa ubicando a este país por debajo del promedio de la región y entre los países con bajo desarrollo democrático.Un punto sobresaliente y favorable del Presidente Funes fue su impulso a un proyecto de ley de Asocios Público-Privados, que fue una apuesta del gobierno por la inversión y la productividad del país. El mismo nació luego de varios meses de discusión en el seno del Consejo Económico Social (CES) en búsqueda de impulsar proyectos de interés público, en especial, proyectos de infraestructura, en los cuales exista una estrecha coordinación entre el Gobierno y el sector privado. Con el respaldo de la CES, el anteproyecto fue presentado en enero de 2012, pero se encuentra estancado en el Órgano Legislativo, pues algunos diputados, incluidos los del FMLN, tienen sus reservas y objeciones sobre los alcances de dicha propuesta.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), al finalizar su misión evaluatoria en El Salvador, concluyó que el país no lograba una plena recuperación de la última crisis internacional. “Tras la crisis de 2008-2009, la economía salvadoreña ha crecido lentamente como resultado de la baja inversión doméstica y el impacto de choques climáticos”. En 2012, de acuerdo al FMI, El Salvador presentó una tasa de crecimiento económico del 1,5% del PIB, una tasa idéntica a la que el país había alcanzado en 2011. Respecto al déficit fiscal, el FMI aseguraba que el mismo, en 2012, se había mantenido en una tasa similar a la de 2011, de un 4% del PIB, equivalente a poco más de $900 millones. La deuda pública del país alcanzó el 55% del PIB (poco más de $13.000 millones), de los cuales el 10% sirvió para el pago de pensiones. "Las autoridades y la misión coincidieron en que los principales desafíos que enfrenta la economía son los de alcanzar un mayor crecimiento económico y que éste sea más inclusivo, asegurar la sostenibilidad fiscal, y reforzar las defensas macroeconómicas para proteger la economía de futuros choques adversos”, sostuvo el comunicado divulgado por el FMI. “Las autoridades deben actuar decididamente para adoptar su estrategia de crecimiento para 2013-14, en particular fomentando la inversión privada en sectores clave de infraestructura (aeropuerto, puerto, transporte público, y generación de electricidad), pero evitando contingencias fiscales”, añadió. Los intentos del gobierno por reducir el déficit llevaron a recortes en los gastos y subsidios, medidas aplaudidas por algunos pero criticadas por otros por los conflictos sociales derivados del ajuste. En definitiva, el desafío es enfrentar las falencias de estructura económica del país con inversión estatal y privada, sin que ello signifique desatender las políticas sociales y la lucha contra la enorme inequidad existente. |
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La puntuación obtenida en la Dimensión II, que mide el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, decrece en un 5% respecto de la medición anterior y se mantienen lejos del mejor valor obtenido en la serie que fue el correspondiente a 2003 (Gráfico 3.37). El descenso de este año es producto de un peor resultado en el indicador de Género, de una caída en la puntuación de la variable de Condicionamiento de libertades por inseguridad, y de la estabilidad en valores similares al año anterior en el resto de los indicadores. Este retroceso lo sitúa a El Salvador 6 lugares por debajo de donde estaba ubicado en el ranking regional, ocupando ahora el 16º lugar. Su puntuación sigue por debajo del promedio regional.
