IDD-Lat 2013 |
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Chile |
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El Presidente Sebastián Piñera entregó su mensaje de fin de año repasando los logros y desafíos de su Gobierno, que se acerca a los 3 años. Su punto de partida, destacó el Primer Mandatario: las consecuencias del Terremoto del 27/F y la crisis económica mundial.
Según el Presidente Piñera, antes de su llegada a La Moneda, “Chile venía dando signos de fatiga y estaba perdiendo el liderazgo y el dinamismo, lo que había debilitado nuestra capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza y también había postergado múltiples y justificadas reformas y demandas de los ciudadanos”. El presidente repasó los positivos números de la economía nacional, donde recordó que durante su mandato se "han creado más de 700 mil nuevos trabajos y nos estamos acercando al pleno empleo". Además, indicó que "hemos logrado reconstruir más del 80% de lo que el terremoto y maremoto destruyeron" el 27-F. Pero el balance desde fuera del oficialismo presenta una mirada bien diferente: “El drama de este gobierno es que cumple su programa, tiene una tarea legislativa eficiente, una economía con cifras más que buenas, y sin embargo tiene un 30% de aprobación en las encuestas y un 33% de respaldo electoral”, dijo el ex ministro Francisco Vidal, en el contexto del balance legislativo de la actual administración. Vidal indicó que este resultado se relaciona directamente a la percepción de cómo el Ejecutivo ha llevado adelante su gestión en la economía, donde solamente un porcentaje pequeño de la población, mayoritariamente en los sectores más acomodados, es el que evalúa positivamente al gobierno. Por su parte, la directora ejecutiva de Chile 21, María de los Ángeles Fernández, dijo que “Efectivamente, las cosas que está haciendo el gobierno no se acoplan con lo que hoy realmente está esperando la ciudadanía. Hay una demanda sentida de redistribución; el tema de la desigualdad está muy fuertemente colocado, a cada rato la OCDE nos los recuerda, y si bien el gobierno va cumpliendo con distintas cosas, no se cumple con las expectativas que tiene la ciudadanía”, dijo.
Con el debut del voto voluntario por primera vez en la historia de Chile, se realizaron las elecciones municipales con una alta abstención, cercana al 60% y muy superior a la vaticinada por los expertos. Si en todo Chile más de 13 millones 388 mil personas tenían derecho a ejercer su voto, sólo se presentaron 5 millones 790 mil. A la sorpresa por el abstencionismo, se sumó la inesperada y dura derrota de la coalición de gobierno a manos de la Concertación. La alianza opositora subió de 147 a 168 el número de comunas gobernadas, mientras que la Coalición por el cambio bajó de 144 a 118. Las listas de la Concertación (más el Partido Comunista) obtuvieron un 43% de los sufragios en alcaldes y casi 50% en concejales, subiendo de forma significativa en comparación con el 2008 (donde había conseguido un 38% y 46% respectivamente). En tanto, la Coalición oficialista bajó un 4% en concejales y un 2% en alcaldes (hasta 32% y 38% respectivamente). Asimismo, numerosas comunas “emblemáticas” pasaron a manos de la oposición, entre las que destacan Santiago, Providencia, Recoleta, Concepción y Punta Arenas. En lo que respecta a las capitales regionales, el balance arroja que la Alianza conserva sólo 5 de 9 alcaldías, y la Concertación pasó de 2 a 6. Las restantes se dividen en 1 para el PRO, 1 del pacto "Fuerza del Norte", 1 independiente, y 1 del PRI.
La última encuesta nacional de seguridad ciudadana de 2012 arrojó que un 31,1% de los hogares chilenos fue víctima de algún robo o delito en el último año (lo que representa un aumento de 2,9%). Y además, subió a un 82,5% la cifra de quienes creen que entre 2010 y 2011 hubo un alza en la inseguridad. En estas cuestiones, las comunidades se comparan a sí mismos con su pasado y poco importa lo que esté sucediendo en otras latitudes. Las encuestas sobre inseguridad habían marcado una baja en las cifras hasta 2010, que se compensaron con un alza en 2011, por lo que Chile está en una posición relativamente buena respecto de las estadísticas en otros países, pero probablemente no lo está respecto de las expectativas que se levantaron en un comienzo durante el gobierno de Piñera. Por otra parte, concurrentemente con la inseguridad, aparece un mayor grado de conflictividad social. Por caso, se produjo un controvertido cierre de la Universidad del Mar, en el sensible frente de la relación del gobierno con los jóvenes estudiantes. El presidente sostuvo que "los estudiantes afectados mantendrán sus beneficios económicos y serán reubicados en otras instituciones. Comprendo la incertidumbre y angustia que los afecta por lo que este gobierno protegerá los derechos de los estudiantes", tratando de minimizar los efectos de la medida. Además, el jefe de Estado añadió que el Ejecutivo trabaja en un profundo cambio de la institucionalidad para tener un nuevo sistema de acreditación y fiscalización de la educación superior y advirtió sobre el eventual cierre de otras casas de estudios "si fuera inevitable".. Es necesario tomar como alertas los conflictos que suceden en el interior del país, como por ejemplo en Araucanía, el conflicto estudiantil que no ha terminado, muchos sectores sociales están movilizados y los disturbios en el espacio público empiezan a marcar un precedente.
Las tensiones sociales mantuvieron su protagonismo durante el 2012. En enero, parlamentarios de la Concertación cuestionaron la invocación por parte del Gobierno de la Ley Antiterrorista para los responsables de los incendios en Carahue. Al mismo tiempo se producía el avance a Tercer Trámite de la ley de resguardo de antecedentes comerciales de las personas para evitar discriminarlas en algunos de sus derechos y el aumento de sanciones para quienes conducen en estado de ebriedad
Durante febrero de 2012 se habían realizado protestas en la Región de Aysén por el Movimiento Social por Aysén, que agrupa a alrededor de 20 organizaciones, entre ellos pescadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Patagonia sin Represas. El objetivo de la protesta era reclamar por las bajas cuotas de pesca en la zona, y exigir un incremento de éstas. Se extendió la ola de protestas, algunas de ellas con enfrentamientos violentos entre los ciudadanos y los carabineros. Al mismo tiempo se puso en vigencia la llamada Ley Dicom por la que quedaban eliminadas del registro las personas que mantuvieran deudas menores a las 2,5 millones de pesos y sólo podrían acceder al listado las compañías del rubro crediticio, impidiendo el acceso a empleadores, centros de salud o establecimientos educacionales. Los registros de morosidad que manejaba la empresa Dicom se habían convertido en la pesadilla de millones de chilenos. Y el problema no pasaba sólo por el conocimiento público de los antecedentes comerciales, sino por la consulta excesiva de este listado que, en algún momento, llegó a condicionar la entrega de puestos laborales, la atención médica o la matrícula en establecimientos educacionales. En marzo, la calma se rompió con las protestas de los pescadores artesanales contra la ley del sector. Los pescadores artesanales movilizados agudizaron sus protestas el 11 de julio, después que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobara cada una de las 800 indicaciones al nuevo proyecto de Ley. A principios de abril, tras el asesinato de un joven gay, y en una estrecha votación, la Cámara de Diputados aprobó la mayoría de los asuntos de una ley antidiscriminación, cuyo trámite había demorado siete años. Se realizó un paro nacional en centros de enseñanza de todo el país, en agosto, y numerosas movilizaciones en Santiago, que se saldaron con enfrentamientos entre grupos de inconformes y carabineros, todo ello marcó el punto culminante de un período caracterizado por protestas estudiantiles, por tomas de escuelas y de edificios públicos y por violentos desalojos realizados por las fuerzas del orden. La situación de descontento y movilizaciones, contrariamente a los cálculos y pronósticos de las autoridades, permite ponderar la vigencia e intensificación del conflicto estudiantil y social, que se expresa desde mediados del 2011 en demanda de una educación gratuita y de calidad. También en agosto, el Gobierno promulgó la reforma tributaria que buscaba incrementar la recaudación fiscal en 1.000 millones de dólares anuales para financiar mejoras en el sistema educativo. Entre sus aspectos centrales, la reforma sube de un 17% a un 20% el impuesto a las grandes empresas y modifica la carga impositiva para las personas, al establecer una rebaja adicional para los tramos de menores ingresos. Asimismo, la normativa fija un mecanismo de descuento tributario para las familias que tengan hijos estudiando, sistema sobre la base del cual se le devolverá dinero por concepto de impuestos. Con esta norma, el gobierno buscaba sumar el apoyo popular que le había sido esquivo, tras soportar las ya citadas manifestaciones en demanda de una educación gratuita. Además buscaba fortalecer a su alianza política de cara a la contienda presidencial del 2013. Pese a ello, lejos de ser un triunfo, la norma no fue bien recibida por los estudiantes, puesto que sus exigencias de una educación gratuita en el país no habían sido atendidas.  En la Dimensión que mide el Poder Efectivo para Gobernar de la democracia chilena, en la Sub dimensión que mide el desarrollo social y humano, muestra un retroceso fuerte en dos indicadores que miden el esfuerzo del Estado en gasto social, en este caso en salud y en educación; el resto de los indicadores presenta un leve incremento, y el que muestra la puntuación en el índice de Mortalidad Infantil todavía se ubica como el mejor valor de la Región. En esta Sub dimensión Chile sigue ocupando el 4º lugar del ranking latinoamericano, aunque alejándose más de los países que lo preceden, fundamentalmente de su vecina Argentina. Su puntuación supera el comportamiento medio de los países de la región.El presupuesto 2012 experimentaría hacia fines del año, según un anuncio del presidente de la República, un aumento en el gasto público de 5%, porcentaje inferior al crecimiento del año precedente, llegando a US$60.145 millones, con un déficit en el ejercicio de US$1.082 millones. La expansión del gasto fue calculada en comparación con el presupuesto original del 2012, que había experimentado luego en marzo un recorte de US$750 millones. Por tanto, su incremento es todavía menor si la comparación se realiza con la ley de Presupuesto de 2011 aprobada por el congreso.
A educación se destinan US$11.650 millones, con un incremento de 7,2%, lo cual resulta insuficiente para enfrentar las demandas efectuadas por la gran movilización nacional realizada reclamando en este sector transformaciones de fondo. En 2011, el porcentaje de aumento en educación había sido superior, alcanzando un 7,6%. "Una mejor educación y un aumento de la competitividad de los mercados serían necesarios para impulsar la productividad y reducir las desigualdades en Chile". Así la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evaluó la situación del país, sentenciando que Chile podría erradicar la pobreza si invierte en gasto social el 1% del PIB. Según la OCDE, que preveía un crecimiento de la economía chilena del 4% en 2012 y del 5% en 2013, los retos que el país debe afrontar son la reforma del sistema educativo, la redistribución de la riqueza y el aumento de la productividad. El estudio afirma también que el Gobierno de Sebastián Piñera ha tomado muchas medidas, como el incremento de las ayudas para los estudiantes más pobres, la profesionalización en la contratación de profesores y directores o la aplicación de primas para que los mejores estudiantes se dediquen a la enseñanza. Asimismo, en los últimos años se ha producido un progreso bastante importante en materia de educación, aunque los resultados de Chile aún están por debajo de la media de la OCDE. La desigualdad sigue siendo una característica estructural de la democracia chilena. El fenómeno responde, en parte, a que el sistema impositivo hace muy poco para redistribuir la riqueza; a pesar del robusto crecimiento económico, la desigualdad ha sido muy persistente en los últimos veinte años. Según el informe “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe” elaborado por la CEPAL y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Chile en el primer semestre del 2012, registró una tasa de desempleo del orden del 6,6%, inferior al 6,7% promedio de la zona. Con este resultado, el país mejora su posición en comparación a los demás países de la región, y se ubica, junto a Colombia, como el tercer país de Sudamérica con mayor caída en el nivel de desempleo, con una contracción de 0,6 puntos porcentuales en un año. En el informe elaborado en 2012 por la CEPAL: “Panorama Social de América Latina”, se indica que la pobreza disminuyó medio punto porcentual entre el año 2011 y el anterior, llegando así a un 11%, mientras que la situación de indigencia se ubicó en el 3,1%. Estas cifras, presentan diferencias con las presentadas por los resultados de la Encuesta Casen, las cuales indican que la pobreza en Chile es de un 14,4%, sin embargo, algunos economistas explican que esta brecha se debe a que la encuesta de gobierno incorpora en sus cálculos los ajustes de la inflación en el precio de los alimentos. Según el organismo internacional, la pobreza en el país ha disminuido en 34 puntos porcentuales desde 1987, en donde un 45,1% de la población se encontraba en situación de pobreza. Y la indigencia, cayó de un 17,4% a un 3,1% en los mismos periodos. Los parlamentarios de la Concertación cuestionaron, en julio, los resultados de la última encuesta Casen entregados por el Gobierno, los cuales indicaban que había descendido el nivel de pobreza en el país, ya que a juicio de los legisladores la metodología de este estudio ya está "obsoleta". Señalaron que "la Casen está obsoleta, hasta el actual ministro de hacienda refutó sus resultados el 2006 con un estudio de su autoría. Sin embargo ahora usa el mismo criterio, la misma metodología y ni siquiera da una explicación", sostuvieron. También consultores y expertos se sumaron a las críticas sosteniendo que la metodología genera un sub dimensionamiento del problema de la pobreza.  La Sub dimensión Económica, luego de su importante caída en la medición de 2009, muestra una continuidad de la línea de recuperación iniciada en la medición del 2010 (Gráfico 3.30), con mejores resultados en los indicadores de PIB per Cápita y Endeudamiento. Sólo se mantuvo estable la variable de Libertad Económica y bajaron los indicadores de Brecha de Ingreso y el de Inversión. Lidera el ranking latinoamericano, dejando el 2º lugar que había ocupado anteriormente. Supera holgadamente el promedio regional.En el análisis de la gestión de gobierno, algunos, hablan "de deficiencia política desde el día 1"; otros se detienen en las "piñericosas"; otros hablan de déficit comunicacional; otros, de la falta de empatía política del gobernante, etc. La respuesta a esta paradoja podría estar en que si bien Chile ha crecido, los frutos de ese crecimiento siguen distribuyéndose muy mal, y en consecuencia, para la mayoría de la población las buenas cifras macroeconómicas no cambian su cotidianeidad. De acuerdo a la última encuesta Casen 2011, la distribución de ese crecimiento de ingresos es indecente. El 10% de mayores ingresos de la población captura el 43% del ingreso total, aún más, el 1% más rico captura el 11,6% del ingreso total; mientras que el 10% más pobre, captura menos del 2% del ingreso total. En definitiva, la contradicción entre el crecimiento y la mala distribución se traduce en impopularidad para le gestión de gobierno. El 50% de los hogares tiene ingresos inferiores a $500 mil (unos 1.000 dólares) al mes; el 75% de los hogares tiene ingresos inferiores a $1 millón al mes; el 95% de los hogares tiene ingresos inferiores a los $2 millones al mes. Con estos antecedentes se dificulta que una familia perciba en las cifras macroeconómicas elementos de cambio en su realidad. El ABC1, que en lenguaje común agrupa la clase "alta" y "media alta", es sólo el 5,4% de los hogares en Chile. Su contracara, el grupo D, que en lenguaje común es la clase "popular", representa el 41,1% de los hogares; y el grupo E, que está en la marginalidad, representa el 22,4% de los hogares La agencia Standard & Poor’s otorgó a Chile en el 2012 una buena nota de calificación de riesgo que lo dejó en el mejor nivel regional y con niveles comparables a los de países como Japón o Corea del Sur. A pesar del contexto de crisis económica internacional, Chile ha tenido un alto nivel de crecimiento de la economía; pero no sólo el crecimiento económico es factor de este logro sino también la estabilidad política y la generación de políticas contracíclicas. Sin embargo, esto no significa que pueda compararse con países desarrollados, porque otros indicadores de desarrollo y equidad se encuentran todavía muy distantes de los logrados por aquellos países. El PIB chileno se expandió a una tasa del 5,5% anual, medio punto porcentual menos en comparación al año 2011. Esta expansión fue explicada principalmente por el positivo desempeño de la demanda interna, con incrementos anuales cercanos al 8%, la cual compensó de cierta forma, el menor dinamismo en las exportaciones, que tuvo como disminución un 6% con respecto al año 2011.
Uno de los grandes desafíos que debe seguir enfrentando el país de cara al 2013, es reducir los índices de desigualdad en la distribución del ingreso, ya que según un estudio de la CEPAL publicado en Noviembre del 2012, Chile se encuentra entre los países con mayor desigualdad en América Latina. Según el informe, aunque en los últimos 10 años la desigualdad en términos de distribución del ingreso disminuyó, sigue siendo uno de los retos fundamentales del país. Los resultados arrojan que el 10% de los chilenos con mayores ingresos, es decir 1,7 millones de personas, se llevan el 40% de la riqueza del país, mientras que el 40% de las personas que perciben los menores ingresos absorben apenas el 12% de los ingresos generados. Con ello, Chile junto a Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Republica Dominicana, integran el grupo de países que presentan mayor concentración de la riqueza, dentro de la región. Con relación a la evolución que presenta el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en un país, siendo 0 de igualdad absoluta y 1 de desigualdad total, Chile desde el año 1990 a la actualidad ha mantenido un coeficiente alrededor del 0,55, ubicándose como el país más desigual dentro de los pertenecientes a la OCDE. |
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En la Dimensión II, que evalúa el comportamiento de derechos políticos y libertades civiles, la democracia de los ciudadanos, nuevamente el país, aunque sigue liderando el ranking con el máximo valor regional, desciende levemente con respecto al año anterior (Gráfico 3.27), por el avance de otros países en los indicadores que componen la dimensión de Condicionamiento de Derechos y Libertades, y además porque no presenta avances en ninguna de las variables, destacando que, en algunos de ellos, Chile alcanza el mayor puntaje regional.
En Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, Chile continúa posicionado en el 3º lugar en el ranking regional, a pesar de sufrir un retroceso en su puntuación, del orden del 12%, con respecto al 2012. La puntuación obtenida es muy cercana a la peor obtenida en el 2008. Se observa que, tras las mejoras de 2009 y 2010, Chile inicia una curva negativa, que se confirma en la actual medición con una profundización de la caída (Gráfico 3.28). El descenso se fundamenta en el peor desempeño en los indicadores de Accountability y de Desestabilización. El resto de los indicadores se mantuvo estable. Aún supera ampliamente el promedio regional y se ubica en el grupo de países de alto desarrollo democrático en esta dimensión.
