IDD-Lat 2013 |
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Costa Rica |
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Las condiciones estructurales que caracterizan a Costa Rica entre las mejores democracias de la región, no logran ocultar los déficits y problemas que subsisten en el país. En efecto, el Gobierno de Laura Chinchilla vivió un 2012 cargado de polémica por denuncias de corrupción, renuncias de ministros, problemas de infraestructura y protestas que tienen en números rojos la popularidad de la presidente a poco más de la mitad de su mandato. Según datos del Programa del Estado de la Nación, Chinchilla es la gobernante que ha debido hacer frente a más manifestaciones callejeras en casi 20 años. Las razones fueron tan diversas como los grupos que salían prácticamente a diario a reclamar en alguna parte del país: situación económica de instituciones públicas como el Seguro Social, recortes al presupuesto para disminuir el déficit fiscal, derechos de los homosexuales, cobro de impuestos, corrupción, injerencia en los poderes del Estado y hasta la entrega de permisos para taxis. Ante este panorama, los números son claros: de acuerdo con la encuesta de Unimer, publicada a mediados de noviembre de 2012, el 53% de los costarricenses calificaba la labor de su presidente como "mala" o "muy mala", y un 34% consideraba que su trabajo era apenas "regular". Tras cumplir más de la mitad de su mandato, Chinchilla, que en 2010 ganó con holgura las elecciones, contaba con el apoyo de solo el 12% de la población. La mandataria sostenía que su administración probablemente había fallado en la comunicación de sus logros y atribuía a esta debilidad la mala imagen que tenía ante la ciudadanía. Por esa razón, Chinchilla anunció que para 2013 contaría con expertos, especialmente en redes sociales.
La Asamblea Legislativa aprobó una Ley contra Delitos Informáticos que incluye normas que pueden atentar contra la libertad de prensa y expresión. Concretamente en el marco de la ley, se amplió la pena para el delito de espionaje político, incluido en el Código Penal hace 42 años. Ahora, la nueva norma prevé mayores sanciones de cárcel a quien “procure” u obtenga “indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad”. Las críticas vertidas en contra de esta norma, surgidas desde distintos actores de la sociedad, encabezados por el Colegio de Periodistas, que incluso han llegado a denominarla “Ley Mordaza”, en simultáneo con su entrada en vigencia, generaron un proceso de revisión de los artículos más polémicos. Este esfuerzo se ha venido haciendo entre representantes de los Supremos Poderes y directores de medios y representantes del Colegio de Periodistas y al cierre de 2012 no se había logrado materializar un proyecto de texto sustitutivo que satisficiera a todas las partes.
A inicios del año analizado, el Ministerio de Seguridad informaba que en 2012 se iban a invertir 338,26 millones de dólares en seguridad ciudadana y en combatir la criminalidad, un 11 % más que en 2011. Las autoridades indicaron que el 92% de ese presupuesto se destinaría a reforzar las labores operativas de la Policía civil, pues este país carece de Ejército. El restante 8% se destinaría a la gestión administrativa de los diversos cuerpos policiales. Las prioridades de 2012 son: el mejoramiento de la seguridad ciudadana, combatir el narcotráfico y actividades conexas y el desarrollo institucional, que incluye la profesionalización y capacitación policial. Diversas encuestas revelaban que los costarricenses consideraban que el mayor problema del país era la inseguridad, tema que fue uno de los ejes de campaña de la presidente Laura Chinchilla. La tasa de homicidios de Costa Rica, que aumentó de 7 por cada 100 mil habitantes en 2006 a 11 por cada 100 mil en 2010, cayó un 43% en 2011. La incidencia de robos, hurtos y asaltos también disminuyó, de 12,5 incidentes por cada 100 mil habitantes en 2010 a 9,5 cada 100 mil en lo que va de 2012, según informó la misma Presidente Chinchilla. El porcentaje de hogares de Costa Rica en los que miembros de la familia informaron ser víctimas de un delito disminuyó por debajo del 20% el 2011, la tasa más baja en 10 años, expresó el Ministerio de Seguridad. "El objetivo al principio de mi gobierno era ambicioso, por lo menos contener el crecimiento de las tasas de criminalidad y la inseguridad que experimentamos en la última década. Puedo decir con satisfacción que estamos empezando a observar los resultados positivos, aunque todavía hay margen para mejorar", afirmó Chinchilla
La inestabilidad fue la principal característica del Gabinete de Laura Chinchilla durante 2012, en el que debió enfrentar la salida de ocho de sus Ministros y dos de sus Presidentes Ejecutivas, por escándalos de corrupción en sus carteras ministeriales e incluso involucramiento personal en esas denuncias, así como por su disconformidad con la dirección de Administración del gobierno e, incluso, por razones personales.
En el primer Consejo de Gobierno de 2012, William Todd presentaba su renuncia al cargo de Ministro del Deporte, debido a un cuestionamiento relacionado con varias entradas al Estadio Nacional. La siguiente cartera en quedar sin jerarca sería la de Planificación, Laura Alfaro indicó que debido a que se había vencido su permiso en la Universidad de Harvard, donde era profesora, debía dejar el puesto y regresar a Estados Unidos con su familia. Se acercaba la Semana Santa, para esos días el Gobierno luchaba incansablemente por lograr la aprobación del plan fiscal, le pedía a los costarricenses un mayor sacrificio para poder superar la crisis que vivía el país; el rostro de esa lucha era Fernando Herrero, ministro de Hacienda, quien terminó siendo cuestionado por evadir los impuestos que tenía que pagar su empresa, lo que desembocó en que debiera presentar su renuncia.
Francisco Jiménez había superado varias crisis como ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), “la platina”, el robo de armas, entre otros, y parecía casi intocable en su puesto, hasta que llegó el turno de “La Trocha”. La misma Presidente de la República anunció la supuesta comisión de actos de corrupción en la construcción de la que era su obra estrella, la “Trocha Fronteriza”, y aunque aseguró que Jiménez no estaba involucrado indicó: “le he pedido la renuncia, porque él era la cabeza del Ministerio”. Días después llegaría Luis Lach, quien también debió dejar el cargo, en este caso por razones de salud. Finalmente, durante 2012 se engrosó la lista de renuncias: Hernando París, ex ministro de Justicia y Paz, Sandra Pizk de Trabajo e Irene Campos de Vivienda, todos por diferentes razones personales. Pero no solo Ministros se fueron durante 2012, ya que Eugenia Vargas, presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) presentó su renuncia debido a diferencias con el resto de la Junta Directiva. La otra alta ejecutiva en dejar su cargo fue Marielos Hernández, presidente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por diferencias con la Mandataria, quien le solicitó la renuncia con el fin de realizar “urgentes ajustes en su funcionamiento, que permitan cumplir de forma más eficiente y oportuna su misión de protección de la niñez costarricense”. El 75% de los costarricenses consideraba que el Gobierno de Chinchilla es "corrupto", escándalos relacionados con posibles actos de corrupción afectaron sensiblemente la valoración ciudadana de la Administración Chinchilla. Destacaron los siguientes hechos que, en su mayoría fueron dados a conocer por la prensa: 1- Conflicto con el proceso de construcción de la vía de comunicación terrestre paralela a la frontera natural con Nicaragua, conocida como Carretera 1856, popularmente mencionada como “la Trocha” y que fue ordenada por la Presidente Chinchilla a finales de 2010, en el marco del conflicto limítrofe generado con aquel país, por el territorio conocido como Isla Calero. 2- El Ejecutivo sufrió la salida de su ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero, luego de conocerse que una empresa fundada por él y por su esposa, la ex asesora presidencial Flor Isabel Rodríguez, omitió ingresos por ¢50 millones en una declaración de impuestos. Las denuncias contra Herrero salieron a la luz al tiempo que el Ejecutivo impulsaba el que era su proyecto estrella ese año, una reforma fiscal con la que se pretendía solventar el déficit de cerca del 4,5% del PIB proyectado para ese año. 3- Miembros de la bancada legislativa del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) resultaron salpicados cuando la prensa informó sobre aparentes anomalías en la liquidación de gastos de campaña del PLN, correspondiente a las elecciones presidenciales del 2010. Otro caso de corrupción gubernamental que alcanzó exposición pública fue el caso de las cartas de recomendación presentadas por la empresa Procesos Investigación y Asesoría C.A., en la que estaban vinculados el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, y el Vicepresidente de la República, Luis Liberman. Procesos, empresa propiedad de Florisabel Rodríguez, esposa del ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero, presentó varias cartas de recomendación como parte de los requisitos para participar en un cartel de licitación para una asesoría en comunicación para RECOPE. En dicha licitación, Procesos concursó junto con otras tres empresas de ferretería y construcción. Procesos ganó la licitación y RECOPE indicó que la invitación a las empresas constructivas había sido por un “error de dedo”.
Tras el mencionado escándalo con ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero, el proyecto de reforma fiscal enfrentó serios obstáculos en el Congreso y finalmente fue descartado por la Sala Constitucional, con la que el Ejecutivo, y especialmente el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), tuvieron serios roces en noviembre por no reelegir a uno de sus magistrados. La bancada del PLN lideró una votación legislativa para sacar de la Sala Constitucional al magistrado Fernando Cruz, caracterizado por su independencia, a lo que el Poder Judicial reaccionó acusando al Congreso y al PLN de querer politizar la justicia. En una histórica votación, 38 diputados de un total de 57 que conforman el Parlamento Unicameral costarricense, por primera vez no reeligieron a un miembro de la Corte Suprema de Justicia; concretamente no avalaron la reelección del Magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores de Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario, una parte de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional y Renovación Costarricense votaron en contra de la reelección de Cruz por otro período de ocho años. Esta decisión causó hondas manifestaciones de rechazo social y muchos sectores sociales lo interpretaron como una interferencia de poderes. No obstante un recurso de amparo elevado a la Sala Constitucional restituyó al Magistrado Cruz en el cargo. Empero es hecho enrareció la relación entre poderes, especialmente entre el Legislativo y el Judicial.Luego de lograr en mayo del 2011 la presidencia de la Asamblea Legislativa, la Alianza Por Costa Rica de partidos de oposición parecía encaminada a sentar las bases de una coalición para el 2014. El único proyecto en el que tenían consenso, oponerse al plan fiscal, al final los dividió, luego de que Ottón Solís alcanzó un acuerdo con la presidente Chinchilla para impulsar la reforma en setiembre del 2011, y llevó a que la alianza perdiera el Directorio Legislativo en mayo del 2012, tras solo un año del experimento. Rodrigo Arias Sánchez, ex Ministro de la Presidencia del Gobierno de Óscar Arias, renunció a la precandidatura presidencial en el PLN, dejando el camino totalmente libre al Alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien en 2013 será ratificado como el Candidato Presidencial del partido que aspira ganar una tercera elección presidencial consecutiva en Costa Rica, situación que no ocurre desde la década de los cuarenta.
La pobreza en 2012 alcanzó al 20,6% de los hogares del país, lo que representa un descenso de un punto porcentual en comparación con el 21,6% registrado en 2011, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). No obstante, debido al crecimiento de la población, 1.140.435 personas son pobres, cifra máxima en la historia del país. El 2012 cerrará con un total de 280.000 hogares pobres en el país (20,6%), una disminución de un punto porcentual (21,6%), según la Encuesta Nacional de Hogares del 2012 (Enaho), realizada en junio 2012. La disminución en la cantidad de hogares costarricenses que viven en pobreza, estadísticamente, no es significativo. Esta situación señala una estabilidad o estancamiento en el indicador. El sostenimiento en niveles estables del ingreso per cápita de la población es la principal causa para que la pobreza nacional no suba ni baje drásticamente. Los hogares no perdieron poder adquisitivo durante el 2011; al contrario, los ingresos por persona fueron levemente superiores a la inflación interanual. El promedio de ingreso total por hogar creció en 6,9% con respecto al 2011, ubicándose en ¢859.974, un aumento que compensa el crecimiento de precios que se dio en el periodo contemplado en los datos de la Enaho (junio 2012).
Según dicha encuesta, las ganancias de la población más acaudalada (quintil V) son 18 veces mayores que las de los hogares más pobres (quintil I). Aunque la inequidad no es de las mayores de la región, no se observa una tendencia progresiva que indique avances que la distribución de los ingresos sea equitativa. Esta desigualdad se refleja además en el ingreso que acumulan los hogares: mientras los del primer quintil en su conjunto perciben el 4,2% del ingreso total, los del quintil V concentran el 50,9%. Si se viera la desigualdad por regiones, la Brunca y la Chorotega continúan presentando la mayor proporción de hogares en pobreza, en contraposición a la región Central y Huetar Norte donde la incidencia es menor. Esto también se explica por niveles de ingresos, pues las zonas rurales persisten como la parte más pobre del territorio. En el caso de las regiones Brunca y Chorotega el trabajo asalariado tiene un menor peso relativo en la economía regional. En julio del 2012, 60 de cada 100 personas de 15 años y más estaban en la fuerza de trabajo del país y el 55,4% estuvo empleada. Las personas desempleadas por su parte, representaron el 7,8% de la Población Económicamente Activa PEA. Por regiones, la Chorotega presenta la tasa de desempleo más alta (11,4%), seguida por la Pacífico Central (10,7%), y la Brunca (8,5%). Asimismo, en la región Central se observa la segunda tasa de desempleo más baja (7,3%) y la tasa de ocupación más elevada (57,9%). Por otra parte, la Huetar Norte arrojó la menor tasa de desempleo entre todas las regiones (6,9%) y su tasa de ocupación es la segunda más alta. Estas dos regiones presentan mejores condiciones, lo que se ve reflejado en las tasas de incidencia de la pobreza más bajas del país.
La presidente Laura Chinchilla, destacó los logros económicos del país en 2012 y anunció que continuará con una política agresiva para mantener o mejorar el crecimiento de la economía de un 5%, registrado el 2011. La mandataria también subrayó que el año anterior se habían creado 170.000 empleos, casi todos en el sector privado, y que la inflación se ubicaba en torno al 4,5%, lo cual se encontraba dentro de la meta oficial de terminar el 2012 entre un 4% y un 6%. El año concluyó con una tasa de ocupación del 56,1%, 1,5 puntos porcentuales mayor que la del cuarto trimestre del 2011. La tasa de desempleo mostró una tendencia a disminuir en el transcurso del año 2012, siendo para el cuarto trimestre de 9,8%. Asimismo, el mayor incremento de la ocupación obedeció principalmente al crecimiento de personas en jornadas inferiores a 40 horas, gran parte en forma involuntaria, que incidió en la alza del subempleo. El porcentaje de subempleo pasó de 9% en el cuarto trimestre 2011 a 12,4% en el mismo trimestre del 2012, aumento que se observa tanto para los hombres como para las mujeres. El subempleo prevalece como un problema que afecta en mayor medida a las mujeres, aumentando el porcentaje en 5,1%, para ubicarse en 17,4% de mujeres ocupadas con subempleo. El subempleo masculino tuvo un incremento de 2,3% entre el cuarto trimestre del 2011 y del 2012, llegando a 9,3%.
En 2012 la inversión extranjera directa rondó los 2.170 millones de dólares, mientras las exportaciones hasta noviembre de ese año sumaron 10.451 millones de dólares, 8,2% más en comparación con los 9.656,6 millones de dólares del mismo periodo de 2011. El déficit fiscal, cerraba el año en torno al 4,5 % del PIB, debido a que los gastos (en particular remuneraciones y transferencias) habían superado la recaudación tributaria en virtud del menor nivel de importaciones, así como del menor dinamismo de la producción, Chinchilla dijo que ese "desbalance tributario tendrá que ser atendido por el próximo Gobierno", que asumirá en mayo de 2014. La presidente manifestó que "es muy difícil" que en un año de campaña electoral se logre aprobar una reforma tributaria, aunque le gustaría "construir un acuerdo viable que el próximo Gobierno someta a votación". Chinchilla asumía el fracaso de una reforma fiscal que pretendía aumentar la recaudación un 1,5% del PIB, que promovió en el Congreso pero no tuvo éxito. En el caso de la formación bruta de capital fijo, es decir la adquisición de maquinaria, compra de equipo e inversiones en nuevas construcciones, esta registró un incremento significativo al pasar de 3,7%, durante el segundo trimestre del 2011, a más del 11% al segundo trimestre del 2012, constituyendo un buen augurio para el crecimiento en los meses siguientes. |
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