IDD-Lat 2013 |
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Colombia |
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El 23 de abril de 2012, el semanario Time le dedicó por primera vez su portada a un presidente colombiano. La revista tituló: “El regreso de Colombia: de un Estado casi fallido a un emergente jugador global en menos de un década”. En esa misma fecha, Santos anunció un ambicioso plan de construcción y entrega de 100.000 viviendas gratis para los sectores más pobres en un plazo de 24 meses.
La imagen presidencial de Juan Manuel Santos ha sufrido altibajos en el 2012, debido a crisis políticas, el proceso de paz, el fallo de La Haya, entre otros actos, diversos eventos con diversa valoración de la opinión pública, que han llevado a los colombianos a que su opinión sobre el presidente y su gestión fuera variable. El 2012 era el año de la ejecución de una agenda ambiciosa, tras 16 meses de éxitos militares, alta popularidad, una aplaudida política exterior, mayorías parlamentarias sólidas y la aprobación de audaces reformas; pero ese año las cosas cambiaron para que el presidente Santos enfrentara un camino con muchas complicaciones. Prácticamente en cada uno de estos frentes destacados sufrió frenos y retrocesos. De acuerdo a la encuesta Colombia Opina el año arrancó con una imagen positiva presidencial cercana a 60 por ciento y la mitad de los colombianos pensaba que el país marchaba por un buen camino. Paradójicamente el primer tropezón se dio en medio de lo que el gobierno pensó que sería un momento de consagración internacional: la Cumbre de las Américas en Cartagena. Con todos los reflectores puestos en el punto más alto de la política exterior de Santos, los indicadores de gestión y respaldo popular caían más de diez puntos. Una de las razones de la caída de la popularidad del presidente Santos está relacionada con la brecha existente entre su ambiciosa agenda reformista y la complicada ejecución. Si bien el gobierno cuenta en su haber con avances en políticas sociales y urbanas, distribución de regalías, acuerdos comerciales y hasta empleo, su gobierno ha sido incapaz de traducirlos en un mensaje potente hacia la sociedad. Conceptos como la “prosperidad democrática” aún no son entendidos a plenitud por el electorado mientras que la poca ejecución ha frenado los motores de algunas de las ‘locomotoras’.
Durante 2012 el legado presidencial experimentó transformaciones. Hasta fines de 2011, Santos había gestionado en base a la consolidación de tres pilares: el social con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; el económico con las “locomotoras”; y el político con la Unidad Nacional. En 2012 la combinación entre el anuncio de los diálogos de paz de La Habana y el lento arranque de la institucionalidad de víctimas han hecho perder impulso al primer pilar. En el segundo, específicamente lo que concierne a infraestructura y obras de inversión local, las reformas no cuajaron con la velocidad necesaria y ese vacío se notó. En el tercero, la coalición mayoritaria no solo dejó de ser el aliado incondicional del gobierno, sino que protagonizó uno de los escándalos más indignantes del año: la fallida reforma a la Justicia. Así, el Congreso perdió su papel de coequipero de las reformas santistas y, en el segundo semestre del año, trabajó a media máquina e incluso obstaculizó propuestas del Ejecutivo.
Los cambios en su propio gabinete parecen haber debilitado el manejo de la política. Con la irrupción de numerosos consejeros en la Casa de Nariño se debilitaron también los liderazgos ministeriales. El presidente Santos, nombró en septiembre de 2012 nuevos ministros del Interior y del Medio Ambiente, con lo que concluyó un cambio de su gabinete dirigido a reorientar políticas para lo que había denominado el "segundo tiempo" de su Gobierno, en el que busca negociar la paz con la guerrilla. El flamante ministro del Interior, es quien se encargará de manejar las relaciones del Gobierno con el Congreso, tendrá el reto de lograr la aprobación de leyes que permitan implementar el marco jurídico para la paz, fundamentales para la eventual negociación con las FARC con la que se busca poner fin al conflicto interno de casi 50 años. El principal lunar del primer tiempo del Gobierno fue la percepción de inseguridad. Aunque las cifras indiquen lo contrario. Desde muy temprano, distintos sectores, inclusive aliados suyos como el Partido Conservador, comenzaron a alertar al Gobierno sobre el incremento de un indicador que hasta hace poco no era tan determinante en la política colombiana: la percepción de inseguridad. Pocas razones existen para explicar que un gobierno que logró abatir en poco más de un año a los dos máximos jefes de las Farc; que sacó de combate a los dos cabecillas de las bandas más grandes, y que ha logrado mantener la tendencia a la baja de los homicidios hasta cifras históricas, termine desaprobado por la opinión pública en el manejo de la seguridad. El mismo Presidente busca sus razones en el reconocimiento de que hay "regiones donde la seguridad no ha mejorado" y "otras donde inclusive ha retrocedido", aunque a renglón seguido señala que el tema "sigue mejorando". Trece jefes de frentes de las Farc dados de baja en combate durante ese año y 15.514 personas pertenecientes a grupos armados ilegales neutralizados hasta junio de 2012 son algunas de las cifras que muestra el Gobierno para sustentar su tesis de que se sigue avanzando, aunque es evidente que su capacidad de comunicar sus éxitos no logra torcer la percepción social de inseguridad. Colombia ha empeorado su desempeño en Calidad Institucional y Eficiencia Política en casi un 9% respecto del año anterior (Gráfico 3.18) y se distancia fuertemente del promedio regional. Bajó cinco lugares en el Ranking con respecto al año anterior y ocupa el 15º lugar, fundamentalmente por los peores resultados en los indicadores de participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y de Desestabilización. Los indicadores que han mostrado mejores desempeños son el de Percepción de la Corrupción y el de Accountability, aunque sus incrementos no logran compensar la caída del resto de las variables y no permiten que Colombia avance en esta dimensión, a pesar de los esfuerzos del presidente Santos en otorgar a la democracia colombiana un clima de mayor paz.
Según confirman las encuestas, algunos reveses han distanciado al presidente Santos de la opinión pública. De hecho, para intentar revertir esa tendencia, inició la “Vuelta a Colombia”, que lo ha llevado a remotos pueblos a rendir cuentas de su obra. Uno de los mayores activos con que ha contado Santos, su amplia gobernabilidad, comenzó a dar muestras de debilitamiento. Aunque hizo jugadas tan hábiles como meter a los Verdes (sus grandes contradictores en la campaña presidencial) a la Mesa de Unidad Nacional, los episodios en el Congreso lo llevaron a frenar la presentación de una agenda legislativa más acorde con el momento político.
A mediados de agosto, los rumores comenzaron y corrieron como pólvora. Pocos días después fue el propio presidente el encargado de confirmarlos: su gobierno había entablado conversaciones con las FARC para tratar de terminar con un conflicto de cinco décadas de duración. El proceso de paz se convirtió en el principal acontecimiento de 2012 en el país. Los encuentros personales entre delegados de ambas partes comenzaron en estricto secreto en febrero de 2012 en Cuba y avanzaron hasta la definición de una agenda de diálogo. La primera fase de las conversaciones terminó sin que el país se enterara de lo que estaba ocurriendo, pero la segunda etapa arrancó precisamente con el anuncio conjunto del gobierno y las FARC: con unos temas previamente establecidos, las partes comenzarían formalmente las negociaciones el 18 de octubre en Oslo. Los delegados acordaron que el diálogo giraría en torno al desarrollo rural, garantías para la oposición, fin del conflicto armado, lucha contra el narcotráfico y derechos de las víctimas. Con Cuba y Noruega como garantes y Chile y Venezuela como "acompañantes", las negociaciones se instalaron en Oslo en medio de posturas de los colombianos que iban desde el marcado optimismo hasta el escepticismo total. Santos advirtió que el inicio de un proceso de paz no significaba que el Estado reducirá la ofensiva contra las FARC e incluso fue reiterativo en ordenar a la fuerza pública que ataque "sin contemplaciones". Las conversaciones en la capital cubana arrojaron el primer acuerdo a finales de noviembre, cuando las partes anunciaron un foro que se realizó en Bogotá antes de que terminara el año, a fin de escuchar propuestas sobre políticas de desarrollo agrario integral. Un clima de persistente mal humor social encontró en la debacle de la reforma a la Justicia, en junio, razones para un mayor descontento. La fallida iniciativa no solo dejó mal paradas a las tres ramas del poder en Colombia, sino también abrió brechas profundas en el mapa político. El escepticismo popular se evidenció en un “castigo” de la opinión pública a todas las instituciones y en todos los indicadores. Mientras los logros de Santos en materia de reducción de la pobreza y blindaje de la economía no estaban siendo bien transmitidos a los colombianos, la figura del ex presidente Álvaro Uribe crecía como voz cantante de la oposición. La imagen del presidente Santos sufriría un último desplome antes de terminar 2012. El fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el mar de San Andrés voltearía nuevamente el ánimo nacional contra el primer mandatario. Menos de la tercera parte de los colombianos piensa que el país marcha por buen camino y Santos cayó a su nivel más bajo registrado: el 45 por ciento de favorabilidad. De hecho, un nivel de pesimismo de esa magnitud no se vivía en Colombia desde hace una década. El 12 de octubre, estudiantes de universidades públicas y la policía antimotines se enfrentaron en la capital de Colombia durante una marcha realizada en culminación de la llamada Semana de la Indignación. Movidos por la idea de protagonizar una gran jornada nacional de protesta social, al llamado de los “indignados” se sumaron en el mismo día sindicalistas, transportadores, estudiantes, educadores y funcionarios judiciales, que rechazaron algunas de las políticas del Gobierno que, aseguraban, iban en contravía de las grandes mayorías del país. Las protestas respondieron al interés del movimiento Marcha Patriótica de impulsar su proyecto político bajo la figura de los indignados y promovido por la influencia chavista. No fue casual que se programara a menos de una semana del inicio de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en Oslo. En ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga miles de personas salieron a calles para reclamar mejores condiciones laborales, inversión en educación o nivelación salarial para poner fin a un paro de empleados judiciales. En las movilizaciones se rechazó el paquete legislativo en temas como la reforma tributaria y previsional. Las manifestaciones transcurrieron con normalidad en las grandes ciudades, salvo en Bogotá, donde manifestantes con los rostros cubiertos, protagonizaron choques con la policía antimotines, dejando ocho lesionados. El Ministerio de Interior indicó que además de los lesionados, entre ellos un uniformado, 71 personas fueron arrestadas por los disturbios. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes encapuchados, causaron daños en decenas de comercios del centro de la ciudad.  En lo relativo a la Dimensión IV, que evalúa el Poder Efectivo para Gobernar, en la Sub dimensión Social, el valor que obtiene Colombia vuelve a caer por quinto año consecutivo (Gráfico 3.19), alejándose aun más del promedio regional. En esta oportunidad, la caída se produce por los resultados en los indicadores que miden la eficiencia y el gasto en salud y en educación. El resto de las variables ha mostrado mejores puntuaciones respecto del año anterior, fundamentalmente los que se relacionan con el desempleo y la pobreza, pero no alcanzan a revertir la caída general. Colombia retrocede dos posiciones ocupando en este informe el puesto 15 en el ranking regional de esta Sub dimensión.
En mayo de 2012 Santos sancionó la nueva Ley de Regalías, que, según dijo, permitirá un reparto más justo de los recursos del Estado que provienen de la explotación de petróleo, gas y minerales. Con este esquema, prácticamente todos los departamentos y municipios reciben recursos. El año había comenzado con una intensa ofensiva guerrillera en varias zonas del país y con las obras de reconstrucción producto del invierno a un ritmo lento. Por otra parte, las altas expectativas generadas por las reformas sociales prometidas por el gobierno no se tradujeron en resultados tangibles. La ejecución de los programas se convertía en el talón de Aquiles y para contrarrestarlo el jefe de la política, Germán Vargas, se trasladó al ministerio de Vivienda para construir casas para los más pobres. Los avances en el crecimiento económico de Colombia, entre otras razones, ha permitido la reducción de los niveles de pobreza e hizo que entre 2010 y 2011 se hayan registrado 1.2 millones menos de pobres, es decir, que la incidencia de la pobreza nacional pasó de 37,2% a 34,1% y la incidencia de la pobreza extrema nacional pasó de 12,3% a 10,6%, lo que significa 720 mil personas menos en esa condición. Por su parte el coeficiente de Gini a nivel nacional para el 2011 fue de 0.548 frente a 0.560 en 2010, mostrando una reducción de 0.012 puntos. En la última década, el país disminuyó su tasa de pobreza en cerca de 20 puntos, pasando de una tasa del 50% en 2002 a una tasa de 34% y, la desigualdad, si bien continúa en altos niveles, en el último año tuvo un comportamiento favorable. La mortalidad infantil en Colombia y las cuatro principales capitales mostraban una tendencia hacía la disminución en el período 2006-2010, como ya venía ocurriendo en períodos anteriores. Solo en Cali se presentaba una desmejora en 2010 con respecto a 2009. Barranquilla era la única de las cuatro principales capitales del país que presentaba una tasa de mortalidad infantil por encima del promedio nacional y Medellín se mantenía con la menor tasa de mortalidad infantil entre estas cuatro ciudades.
El año 2012 comenzó con unas expectativas optimistas en materia de crecimiento económico. Se pensaba, tal vez influenciado por los excelentes resultados de finales del 2011, que las cosas, aunque un poco menos sobresalientes, podrían ser favorables. Con el paso de los meses, el país y las autoridades económicas se dieron cuenta de que las condiciones internas y externas no favorecían un crecimiento sostenido. Esto llevó a una revisión a la baja de los pronósticos. Al momento, las previsiones para el año completo se ubican, en promedio, alrededor del 4,0%. De esta forma, la desaceleración progresiva de la economía fue el fenómeno predominante durante 2012.
Con el paso de los meses, y por diversas circunstancias, las denominadas locomotoras del desarrollo perdieron potencia, como es el caso de la minería, o no lograron avanzar al ritmo esperado, como ocurrió con la infraestructura, la construcción y la agricultura. En materia de generación de empleo, en 2012, las cosas no empeoraron y durante los últimos meses el desempleo se ha mantenido en niveles de un dígito. El problema que se tiene es que los nuevos puestos de trabajo que se crean no son de buena calidad y predomina la informalidad. La inversión extranjera se mantiene en niveles altos, lo que indica que continúa la confianza externa en el país.
El manejo responsable del auge económico que ha fortalecido sectores como el minero y el energético, es uno de los puntos a favor del gobierno de Santos. En el primer trimestre de 2012 esos sectores crecieron 12,4% frente al año anterior. El PIB de minas y canteras en el 2011 se incrementó en un 15,2%. Las reformas que logró pasar el Presidente sobre regalías, regla fiscal y sostenibilidad son fundamentales para hacer bueno uso de los recursos y fortalecer el manejo económico del país. A esto se suma que hay un aumento en el ingreso per cápita de los colombianos, creció la clase media, hay un mayor consumo y esto acompañado de una menor inflación para mejores resultados. Empresarios y gremios coinciden que en materia de infraestructura no se ha logrado avanzar de forma significativa. Durante el primer año de Gobierno el ministerio de Transporte se pasó haciendo estructuraciones de los proyectos y han salido licitaciones por $4 billones. Colombia sólo invierte entre 3,5% y 4% del PIB por año en infraestructura y para alcanzar la modernización deseada se requiere un mínimo de 6% del PIB por año. |
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La Dimensión II que evalúa el Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, democracia de los ciudadanos, ha elevado su puntaje en alrededor del 4%, aunque todavía muy distante del mejor valor de la serie, obtenido en 2002 (Gráfico 3.17). Esta débil mejora no logra traducirse tampoco en una mejor ubicación en el ranking regional, por el contrario y como producto de la mejora de otros países ocupa el lugar Nº 13. Explican esta situación: por un lado, su caída en el indicador de Condicionamiento de Libertades por Inseguridad, por el otro, porque mantiene los mismos resultados en el resto de los indicadores en niveles que son bastante modestos, peor aún en el caso de la Puntuación en Derechos Políticos donde Colombia recibe una de las peores calificaciones junto con Venezuela. El único indicador que ha mostrado un leve avance es el que mide Género en el Gobierno. Esa situación genera que el país continúe por debajo y alejado del promedio regional.
Se observa mejor desempeño en casi todos los indicadores, excepto en el referido al PIB per cápita. Las variables que más han avanzado son las que miden endeudamiento e inversión. A pesar que el indicador que mide la desigualdad muestra un ligero avance, evidenciando los esfuerzos estatales, sigue siendo uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana, que continúa sin resolverse.
