IDD-Lat 2013 |
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Bolivia |
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En el IDD-Lat 2013, Bolivia alcanza un valor de 3,663 puntos y sigue muy por debajo del promedio regional, por lo tanto, continúa en la franja de países con bajo desarrollo democrático. Incluso se encuentra todavía a casi 1,000 puntos de su mejor marca, obtenida en 2002.
Contrariamente a lo que expresan los indicadores, ni oficialistas ni opositores trazan un balance positivo del transcurso del año 2012, un año de transición que deja atrás el bienio 2010-2011 que había significado la consolidación tras la victoria de Evo Morales con el 64% de los votos en diciembre de 2009, inaugurando un nuevo bienio 2013-2014, que desembocará en las elecciones presidenciales de diciembre de 2014. En los duros reveses sufridos por el MAS en la gestión de gobierno no hubo protagonismo opositor. En efecto, los partidos y dirigentes opositores no tuvieron protagonismo ni en la investigación de los casos ni en su denuncia. Su participación se limitó únicamente a ampliar el eco periodístico de esas situaciones lo que les impidió emerger como una opción confiable para el electorado. Como consecuencia de esa situación Evo Morales, mantenía blindada su popularidad pese al auge de protestas sociales y hechos de corrupción. Una medición hecha por la empresa Ipsos Opinión, el 26 de noviembre, establecía un repunte de la popularidad del Presidente de un 48 a un 59 %. Por su parte, la oposición política lograba un 24 % de apoyo a dos años de las elecciones de diciembre de 2014 en las que el presidente Morales buscará ser reelecto para el período 2014-2019. Bolivia alcanza a superar su propio promedio de medición del índice en el período 2002-2013 (3,179 puntos).
En el campo de los derechos y libertades se suceden diversos acontecimientos que indican precariedad en su ejercicio: La Ley 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación fue utilizada para batallas legales entre oficialistas y opositores, como también en contra de medios de comunicación.
El Senador opositor Roger Pinto se asiló en la Embajada del Brasil porque sufría, según él, persecución política. Posteriormente la presidente del Brasil, Dilma Rousseff confirmó su asilo; pero el gobierno boliviano descartó el salvoconducto a Pinto quien permaneció todo el año en la embajada de Brasil. Otros hechos significativos en cuanto a derechos y libertades fueron: la promulgación de la Ley de Trata y Tráfico en julio, la negación de los Estados Unidos al pedido de extradición del ex presidente Sánchez de Lozada en septiembre y la eliminación del delito de desacato del Código Penal, por parte del Tribunal Constitucional, ya que bajo esa figura se había procesado a varios miembros de la oposición.
La consulta por la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) marcó el clima de conflicto social y político en el país. A fin del 2012, en diciembre, un informe preliminar de la comisión interinstitucional de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) estableció que la consulta por el TIPNIS no había sido libre ni de buena fe, y que no se había ajustado a los estándares de consulta previa y su realización había contado con prebendas. Contrariando la visión oficial, el resumen especifica que 30 de las 36 comunidades visitadas expresaron su rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, a la que “históricamente” se opusieron los pueblos indígenas desde la década de 1990 y como lo manifestaron en la VIII y IX marcha. Este informe se sumaba al que había publicado el defensor del Pueblo, que estableció que la consulta gubernamental se había realizado “de manera unilateral, desde una perspectiva “autoritaria y colonialista”.
Otros conflictos sociales de relieve se presentaron con médicos, policías y mineros. A inicios de mayo, el Presidente emitió el decreto supremo 1126 que dictaba que los médicos debían trabajar ocho horas en lugar de seis; esto generó una masiva protesta nacional. El 21 de junio, durante el feriado del Año Nuevo Aymara, varios policías, sargentos y uniformados de baja graduación, conjuntamente con sus cónyuges, tomaron las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en las ciudades de La Paz y Cochabamba en demanda de obtener un aumento salarial, conjuntamente con la anulación de la Ley 101, que impedía a los efectivos subalternos el derecho a la defensa y el debido proceso que garantiza la Constitución Política del Estado. Tras las protestas y un acuerdo que fracasó, el vicepresidente Álvaro García Linera denunció un supuesto "intento de golpe de estado contra el Gobierno de Evo Morales". Se logró llegar a un acuerdo entre el Gobierno y las bases policiales entre las cuales se tomaba en cuenta el Tratamiento de la ley 101 y la creación de la defensoría del policía, la nivelación salarial conforme a la estructura salarial del funcionario público boliviano y la jubilación con el 100% del haber mensual conforme al art. 126 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana.
Un conflicto minero con enfrentamiento entre trabajadores había estallado en mayo. Asalariados y cooperativistas se enfrentaron por el control de la veta Rosario, un rico yacimiento de estaño en la mina Colquiri, en el sudoeste de Bolivia. Los primeros pedían la nacionalización de la mina, en tanto los segundos pretendían que se les concediera la explotación de la misma. En el marco de los enfrentamientos por Colquiri y Mallku Khota, una protesta iniciada el 30 de agosto por trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se cobró la vida de un trabajador en La Paz, tras la explosión de un artefacto que fue lanzado por socios de la Cooperativa 26 de Febrero, el otro sector que pugnaba por explotar la veta Rosario. A fines de septiembre, dirigentes de ambos sectores firmaron un acta de entendimiento en el que, además del compromiso de convivencia pacífica, los asalariados reconocían la actividad minera cooperativista y el Gobierno se comprometía a elaborar un proyecto de ley para penalizar los avasallamientos. El descubrimiento de una red de corrupción que extorsionó a un ciudadano norteamericano, detenido desde junio de 2011, lesionó la imagen del gobierno en uno de sus flancos importantes, pues la lucha contra la corrupción había sido uno de
los pilares discursivos del MAS, con la creación de un Ministerio específico para la materia. La corrupción también salpicó las inversiones estatales en el sector de hidrocarburos, en lo que respecta a la construcción de una planta separadora de líquidos para enviar más gas a Argentina y Brasil. Morales expresó su preocupación por los casos de corrupción que frenan la inversión en áreas estratégicas como en el caso de la petrolera YPFB. De acuerdo con el mandatario, existen “sabotajes internos y externos”, además de “gente infiltrada” que intenta perjudicar su gestión.
Por otra parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, reportó 15 agresiones físicas, 14 amenazas verbales, un atentado (el perpetrado contra el director de radio Popular, Fernando Vidal, en la localidad fronteriza de Yacuiba), y una demanda judicial por el delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación” contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), “Página Siete” y “El Diario”. La relación del gobierno con la prensa independiente ha continuado en tensión, donde Evo Morales denuncia conspiraciones y los medios de comunicación, persecuciones. En el plano institucional, el año comenzó con la posesión de los nuevos magistrados que habían sido elegidos el 16 de octubre de 2011 por voto popular para conformar el Tribunal Supremo de Justica, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura. Era la primera vez que los bolivianos elegían a los magistrados. Cincuenta y seis magistrados electos fueron posesionados en el Tribunal Supremo Plurinacional de Justicia. Los candidatos fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría oficialista, mecanismo que fue insistentemente cuestionado por la oposición que acusó al MAS de intentar controlar la justica boliviana. El proceso fue calificado de un proceso único en el continente por observadores electorales que representaron a diversos organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), entre otros. El nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, que sustituirá al Tribunal Constitucional en el marco de la transición del Poder Judicial al Órgano Judicial, está conformado por 14 juristas que, a juicio del Ejecutivo y legisladores, representarán la implementación de la pluralidad y equidad de género en la justicia boliviana. La nueva Justicia plurinacional arrancó con tropiezos en sus primeros pasos, la primera crisis fue por una presidencia. Pese a todos estos enunciados, ya a fines de febrero se planteaba un pedido de Juicio de responsabilidades contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y retardación de justicia.
Contrariamente al conflictivo panorama político e institucional, 2012 ha sido un buen año en lo social y económico. Casi dos millones de niños beneficiados por el bono Juancito Pinto; ochocientos mil ancianos recibiendo una importante ayuda monetaria; el avance en programas de salud y educación pública, constituyen un indicio de avance pese al déficit estructural en materia social. Sin embargo, las mejoras trajeron mayores demandas y una marcha de Personas con discapacidad demandando una renta de Bs 3000, fue reprimida por la policía.
El Bono Juana Azurduy ayudó a disminuir la mortalidad infantil en Bolivia de 27% a 15,5%. “Para nosotros luego de cinco años de implementación es un logro que ha permitido bajar los índices de mortalidad infantil de 27 a 15,5 por ciento, y además ha beneficiado a las madres para que puedan tener mejores condiciones de vida", dijo el Ministro de Salud. El bono garantiza a las mujeres embarazadas atención médica durante el proceso prenatal y les entrega 50 bolivianos por cada uno de cuatro controles, luego la apoya en el parto con 120 bolivianos, y finalmente recibirán cada dos meses 125 bolivianos para la alimentación de la criatura hasta los dos años de edad. Por décadas Bolivia era comparada con Haití en cuanto a nivel de la pobreza, pero su progreso en los últimos años la ubica ahora con Paraguay, el Salvador y Nicaragua aunque todavía está lejos de sus vecinos como Chile, Perú o Argentina. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubica a Bolivia entre países con Desarrollo Humano Medio junto a El Salvador, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En el caso boliviano, un incremento del 3% en el ingreso per cápita en los dos últimos años; un aumento de la esperanza de vida al nacer en 14,9 años entre 1980 y 2012 y un incremento en el promedio de escolaridad en 4,7 años, son las razones que cita el PNUD; que a su vez sostenía que el “estrato medio” en Bolivia creció en 33% de 2,4 millones a 3,6 millones de personas en las últimas tres décadas. Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio cuenta que Bolivia se encuentra entre los siete países que incrementaron en más del 50% la prioridad macroeconómica del gasto social. Un crecimiento del 4,8% en promedio en los últimos siete años por efecto de los buenos precios de las materias primas (gas natural, minerales y productos agrícolas) y adecuadas políticas macroeconómicas han sido las razones de la mejora, según el gobierno, expertos y agencias independientes. No obstante el país figura entre los con mayor desigualdad en el continente. Un 20% del estrato más rico recibe 60 veces más del ingreso que el 20% más pobre, ha reconocido hace poco el presidente Evo Morales. Morales atribuye los buenos resultados sociales a sus políticas estatistas que han permitido que la participación del Estado en la economía crezca del 18% hace siete años al 30,6% el 2012, pero expertos independientes dicen que la creación de subsidios para sectores pobres financiados por la renta petrolera no son sostenibles en el tiempo debido a la variación de precios en los mercados.
Los indicadores Brecha de Ingreso, Nivel de Endeudamiento e Inversión son los que han presentado mejor desempeño.
Bolivia creció a un ritmo de un 5,2% anual (por encima de la tasa de Brasil, México o Uruguay por ejemplo), y el PIB per cápita se ha incrementado en 2012 hasta los $us 2.238, el doble del que se tenía en 2006 ($us 1.182). Las reservas internacionales superaron los $us 14.000 millones, prácticamente un 50% del PIB nacional, convirtiendo a Bolivia en el país con mayor nivel de reservas en porcentaje de PIB de toda la región. Asimismo, la inversión pública va a superar en 2012 los $us 2.000 millones frente a los $us 879 millones de 2006. En el caso de la deuda externa, esta se incrementó de $us 3.492 millones a $us 3.978 millones. Esto debido a los $us 500 millones en bonos soberanos que fueron colocados por Bolivia en mercados externos.
El año económico concluyó con una decisión impactante del gobierno: el presidente decretó la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. "Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en el departamento de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana", afirmó Morales. Recordemos que el 2012 había iniciado con otro comportamiento similar por parte del gobierno, cuando expropia acciones de la petrolera Argentina Pan American Energy y la Mina Himalaya, ésta última había estado tomada por comunarios durante 4 años y 3 meses. En marzo el gobierno había retenido todos los ingresos de la aerolínea AEROSUR para que pague deuda tributaria, tras los cual la empresa entró en crisis financiera, hasta que finalmente dejó de volar y presentó su quiebra en mayo. También en mayo, Morales nacionalizó la Empresa Transportadora de Electricidad y subió el salario mínimo a Bs 1.000. En ese mismo mes, la economía boliviana logra credibilidad internacional, Standard & Poor´s eleva la calificación del país de B a BB-. En junio, la calificadora Moody´s sube la evaluación sobre deuda soberana de B1 a B3 con lo que el país tiene mayores posibilidades de acceder a financiamiento. Posteriormente también Fitch Ratings sube la calificación del funcionamiento de la economía. Tras estas buenas noticias internacionales, Bolivia coloca bonos soberanos a 10 años por $US 500 millones en el mercado mundial de capitales. En julio, la empresa india Jindal adjudicataria de la explotación de hierro en El Mutún deja el país, por no aceptar las condiciones de inversión del gobierno. No obstante, al cerrar el año económico, las exportaciones se acercan a otro record ($US 10 mil millones). La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, aseveró que la extrema pobreza y la desigualdad en Bolivia se redujeron considerablemente gracias a las políticas sociales implementadas por el gobierno. Desde el 2007 a la fecha, la pobreza en Bolivia bajó del 60,1 por ciento al 49 por ciento y la pobreza extrema bajó del 34 por ciento al 25,4 por ciento. Bolivia está realizando grandes esfuerzos para conseguir reducir la brecha entre ricos y pobres de manera importante. Bolivia es uno de los pocos países que ha logrado reducir la desigualdad, de 18 países de América Latina, Bolivia logró reducirla casi del 0.6 por ciento del gini al 0.5 por ciento del gini, con la consecuente disminución de la brecha entre ricos y pobres. La macroeconomía en Bolivia, beneficiada por los precios internacionales, está en un ciclo de desarrollo, sin embargo, en la microeconomía las Pymes no cuentan con un buen apalancamiento estatal ni financiero, son necesarios más recursos para la convergencia productiva, y es necesarios volcar más recursos en la inversión para los sectores productivos ya que el gasto corriente, aunque incrementa momentáneamente la demanda, tiene corta vida.
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En la Dimensión Respeto de los Derechos Políticos y las Libertades
En la Dimensión Calidad Institucional y Eficiencia Política, democracia de las instituciones, luego de quebrar su curva ascendente del período 2009-2011, en el 2012, donde Bolivia había obtenido el peor valor de la serie, ahora logra un mejor puntaje incrementándolo en más del 40% con respecto al año anterior, pasando de 2,806 a 3,945 puntos (Gráfico 3.8). Ha subido cinco lugares en el ranking, pasando del 15º lugar al 10º. Este importante avance es producto principalmente de una mejora en el indicador de accountability y de que haya salido del castigo derivado de la aplicación del factor de anormalidad democrática aplicado el año anterior. El resto de los indicadores se mantuvo en los mismos valores, que no fueron demasiado positivos. Incluso, el indicador de participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo muestra un retroceso, como expresión de una incipiente fragmentación en el Parlamento, desdibujando una de las características de la democracia boliviana, donde existían pocos partidos políticos.
En la Sub dimensión económica, aunque Bolivia mejora nuevamente, continúa siendo el país de peor comportamiento en esta materia en América Latina y sigue ocupando el último lugar del ranking. Lejos todavía de su mejor medición, alcanzada en 2002, aunque tambié de lo que fue su peor año (2008), logra alcanzar el nivel obtenido en la medición del 2004 (Gráfico 3.10), ubicándose en torno a los 1,500 puntos por debajo del promedio regional.
